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Sentencia RP-715-20 — Registro 18893

Resumen

Recurso de revisión interpuesto contra sentencia condenatoria, fundamentado en hecho nuevo consistente en una Acta Notarial que contiene la declaración de menor donde manifiesta que declaro falsamente, por manipulación o inducción de terceras personas con el fin de perjudicar a revisionista con relación a la causa que se instruyó contra recurrente, por el delito de Parricidio, considerando la Sala Constitucional esta Sala aprecia, que, durante el proceso penal, mediante plena prueba se acreditó la autoría del hecho delictivo que recayó en el ahora impetrante, lo que no podría ser desacreditado con los medios de prueba invocados en el motivo de revisión. Por tales razones no procede este motivo invocado ya que desnaturalizaría el Recurso de revisión Penal y pondría en precaria la seguridad jurídica.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

(8) Que, analizado el motivo invocado por el Revisionista, contenido en el artículo 96 numeral 6) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, junto con el acervo probatorio que obra en el expediente de mérito, así como escuchada la representante del Ministerio Público, quien se opone a la pretensión del revisionista. Respecto del motivo invocado por el recurrente “Un nuevo examen, una nueva revaloración de la prueba ya incorporada y valorada oportunamente en el juicio, no es sujeto de nueva valoración, pues solo puede confrontarla o relacionarla con nuevos elementos probatorios para apreciar si el resultado del análisis modifica el sentido de la decisión, por esa razón es necesaria la aparición de evidencias distintas a las ya incorporadas al proceso, de modo que por sí solas o unidas a las ya examinadas modifiquen sustancialmente la situación procesal del condenado, motivo por el cual es improcedente la revisión cuando está orientada a revisar cuestiones que ya fueron valoradas en la sentencia impugnada”.En el caso sub-judice, el impetrante, primeramente, se refiere a una serie de actos llenos de contradicciones procesales que pudieron ser alegados en las instancias de enjuiciamiento. A la vez pretende que sean revisados como nuevos elementos de prueba entre otros, una Acta Notarial que contiene la declaración de la menor donde manifiesta que declaro falsamente, por manipulación o inducción de terceras personas con el fin de perjudicar a su padre, Evaluación Psicológica practica a la menor, que acredita que esta fue manipulada, abusada física y psicológicamente y engañada con un ofrecimiento de una pizza a cambio de declarar contra el procesado; Sin embargo, estos nuevos medios de prueba presentados por el recurrente, con la pretensión de demostrar que el condenado no cometió el delito, no son de recibo, en virtud de que durante el juicio oral y público, estos medios de prueba como ser: Documental, Pericial, Testifical incluida la declaración de la menor, mediante figura de prueba anticipada, pasaron bajo el tamiz de los principios de inmediación, contradicción, oralidad y valoradas con arreglo a la sana crítica, por el órgano sentenciador que dieron por acreditados que el imputado cometió el delito de parricidio. Aunado a lo anterior la Sala de lo Penal, conociendo del recurso de casación por infracción de ley, dejo establecido en su fallo que la declaración brindada por la menor, bajo el protocolo del figura anticipada (Art 277 CPP) e incorporada a juicio mediante lecturas autorizadas, esta fundamentada en el artículo 331.1 de la ley adejtiva, y se debió precisamente porque la testigo no pudo ser localizada, además la defensa privada tenía pleno conocimiento no solo de su existencia sino de su contenido, razón por la cual declara sin lugar el recurso de casación impetrado. En ese orden de ideas, esta Sala aprecia, que, durante el proceso penal, mediante plena prueba se acreditó la autoría del hecho delictivo que recayó en el ahora impetrante, lo que no podría ser desacreditado con los medios de prueba invocados en el motivo de revisión. Por tales razones no procede este motivo invocado ya que desnaturalizaría el Recurso de revisión Penal y pondría en precaria la seguridad jurídica. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala considera, que No se cumple con los requisitos exigidos por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que No es Procedente la reversión de la sentencia a favor del señor JUNIOR EMERZON FLORES MENDOZA

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 N.6 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 N.6 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los treinta días del mes de enero del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado FAUSTO FRANCISCO FORTIN ALVARENGA, a favor del señor JUNIOR EMERZON FLORES MENDOZA, contra las sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia Tegucigalpa, del departamento de Francisco Morazán, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), con relación a la causa que se instruyó contra el señor JUNIOR EMERZON FLORES MENDOZA, por el delito de PARRICIDIO, en perjuicio de EYBY YOLIBETH TORRES MENDOZA. ANTECEDENTES1)Que en fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor JUNIOR EMERSON FLORES MENDOZA, por el delito de FEMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de EYBY YOLIBETH TORRES MEZA.- (Folios 01 al 03 de la pieza del Juzgado) 2)Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: “PRIMERO: Que debemos CONDENAR al justiciable JUNIOR EMERSON FLORES MENDOZA, cuyas generales de identidad ya han sido relacionadas en el preámbulo de esta sentencia como autor penalmente responsable del delito de PARRICIDIO, en perjuicio de EYBY YOLIBETH TORRES MEZA, a cumplir una pena de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSION, debiéndose descontar el tiempo que ha permanecido en efectiva prisión preventiva por esta causa, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que designe el Juzgado de Ejecución.- SEGUNDO. Condena al justiciable JUNIOR EMERSON FLORES MENDOZA, A LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal así como también a trabajar por dicho termino, en obras públicas o en labores dentro del Establecimiento Penitenciario de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario Nacional.- TERCERO: Se declara Civilmente responsable al condenado JUNIOR EMERSON FLORERS MENDOZA, obligación que deberá determinarse por el Juez de Ejecución Penal en la base de cumplimiento de esta sentencia.- CUARTO : NO procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio, al condenado JUNIOR EMERSON FLORES MENDOZA. QUINTO Se declara el comiso de un arma de fuego tipo pistola, marca Glock modelo 22, Calibre 40 S&W, SERIE NUMERO DPU 909, la que se encuentra en el Almacén de evidencias del Ministerio Público.- SEXTO: Se absuelve al condenado JUNIOR EMERSON FLORES MENDOZA, por el delito de FEMICIDIO, en perjuicio de EYBY YOLIBETH FLORES MEZA, por el cual venía siendo acusado por el Ministerio Público…”.- (folio 219 al 236 de la pieza del Tribunal de Sentencias).3)Que el recurrente Abogado FAUSTO FRANCISCO FORTIN ALVARENGA, compareció ante este Tribunal en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veinte (2020), presentando recurso de revisión penal a favor del señor JUNIOR EMERSON FLORES MENDOZA, contra la sentencia condenatoria en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal de Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán.4)Que en fecha uno (1) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva.5)Que en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado FAUSTO FRANCISCO FORTIN ALVARENGA, en su condición de apoderado legal del señor JUNIOR EMERZON FLORES MENDOZA y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión NO SE OTORGUE, en la presente acción de revisión, en virtud de que lo peticionado por la revisionista está conforme a la Ley.CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de Revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede cuando existan hechos o elementos nuevos que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma más favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo; Dispuesta en el numeral seis de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía, que se declare sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Recursista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Que el recurrente interpone el Recurso de Revisión Penal, fundando su petición en lo preceptuado en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: “Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes cuando: 1)… 2)… 3)… 4)… 5)… 6).”Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solo o unidos a los ya examinados en el proceso hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma más favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo”. I. El Revisionista fundamenta su solicitud de revisión en nuevos hechos o elementos de prueba, señala, que han sobrevenido después de la condena nuevos elementos de prueba que unidos a los ya practicados en el proceso anterior hacen evidente que el señor JUNIOR EMERZON FLORES MENDOZA, no cometió el delito por el cual fue condenado. Manifiesta el recurrente: “que la MENOR declaró falsamente contra su padre(representado), porque la menor fue objeto de maltratos, coacciones, engaños e intimidaciones por los señores, José del Carmen Gallegos y Carla Azucena Rivas Meza (Testigos de la Fiscalía en el proceso penal contra Junior Emerzon Flores Mendoza), quienes la tenían a su cuidado en su casa de habitación por intereses propios y contra la voluntad de la niña, luego de la muerte de su madre, su padre en prisión y previo al otorgamiento la guarda y cuidado provisional otorgada a su abuela paterna por parte del Juzgado de Familia, hechos que se averiguan ya estando con su abuela paterna y pasando situaciones de angustia, miedo y temor, la menor le manifestó a su abuela que durante el tiempo que estuvo con la pareja de esposos Gallegos-Rivas en la casa de ellos, sufrió malos tratos, crueles e inhumanos. Hecho Nuevo que se acredita y consta en el expediente numero 1541710982-2018 de la denuncia investigativa ante la Fiscalía Especial, de la Niñez del Ministerio Público, y dentro del cual se incorpora el expediente de denuncia completa número 1552077488-2019, expediente que contiene los dictámenes de evaluación física, examen radiológico, evaluación mental, evaluación psicológica, evaluación médico legal, y declaración de la ofendida ante la Fiscalía Especial de la Niñez del Ministerio Público….” Señala que con este HECHO NUEVO consistente en el ACTA NOTARIAL que contiene la declaración de la menor, demuestra que la declaración testifical como prueba anticipada es falsa y fue por Manipulación o Inducción, asimismo que los testigos de referencia o de oída, que oferta el Ministerio Público en el proceso penal actuaron de mala fe, falsamente, malintencionadamente y con el propósito de incriminar a mi representado injustamente, ya sea por la supuesta afinidad o amistad manifiesta con la victima por alguna venganza personal contra mi defendido o por el hecho de que la victima y madre de la menor, deja aproximadamente 33.72 manzanas de terrenos en el Departamento de Olancho, supuestamente con siembra de café y que la menor heredara….” II. Presenta como otro Hecho Nuevo “EVALUACIÓN PSICOLÓGICA de la menor, elaborado por la Licenciada Farinia Rubí Sierra Moncada donde se acredita que MENOR, fue manipulada y abusada física y Psicológicamente y que a la fecha lo es, no digamos a la edad de 3 añitos, fecha en que se le obligo a declarar contra su padre por la vulnerabilidad de su edad, por los hechos acontecidos, por su inocencia, miedo, intimidación y otros factores dañinos a su salud mental.” III. Otro Hecho Nuevo, según el revisionista, es la Falta de Incorporación de una certificación de acta de defunción y que se relaciona con el hecho de que, el 24 de octubre del año 2014, la Fiscalía del Ministerio Público formaliza requerimiento fiscal contra mi patrocinado por el delito de Femicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa; luego en fecha 22 de diciembre del 2014, en la audiencia inicial modifica el requerimiento fiscal, pero lo raro del caso es que dicha modificación de delito se hace SIN HABER ACREDITADO LA MUERTE REAL DE LA OFENDIDA CON EL ACTA DE DEFUNCION CORRESPONDIENTE”. IV.” Dos partidas de nacimientos que relaciono con el documento de acta de levantamiento de cadáver, donde se consigna una narración hecha por Nahomi José Gallegos quien se hace pasar por hermano de la víctima, pero que es hijo de los testigos Carla Azucena Rivas Juárez y José del Carmen Gallegos, asimismo este es hermano de Eni Maria Gallegos quien firma en la supuesta declaración o denuncia de la menor en sede administrativa.” V. “Auto de Libertad que no lo incorporaron a la causa como medio probatorio, violentando el Ministerio Público el artículo 93 párrafo segundo del Codigo Procesal Penal, que habla de la objetividad en sus investigaciones, medios de prueba que acompaño para que sean agregados al expediente de revisión.” Todo lo anterior, según el recurrente son hechos nuevos que presenta para acreditar la inocencia de su representado. CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado FAUSTO FRANCISCO FORTIN ALVARENGA, en su condición de apoderado legal del señor JUNIOR EMERZON FLORES MENDOZA, quien manifestó lo siguiente:” Que ratifica en cada una de sus partes el recurso de revisión interpuesto, en virtud que durante el proceso se incurrieron en muchos actos violatorios al derecho de la defensa y acciones procesales, en contra de mí patrocinado”. La Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público expreso lo Siguiente: “Que del análisis de la sentencia de mérito se aprecia que los medios de prueba de cargo presentado por el Ministerio Público fueron útiles, pertinentes, y proporcionales, los cuales fueron debidamente valorados por el Ad-Quo y revisados en segunda instancia por la Sala de lo Penal que confirmó la sentencia de mérito, cuyos hechos declarados probados fueron sustentados en base a la prueba evacuada en juicio oral y público, sin quedar duda acerca de la participación del condenado Junior Emerzon Flores Mendoza, por lo cual fue condenado a la pena de 30 años de reclusión, siendo del criterio que no se otorgue la presente acción de revisión.”CONSIDERANDO CINCO (5) Que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, conociendo del recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, por la incorporación según el recursista de un medio de prueba obtenido de manera ilícita; e Introducción por lectura de un medio de prueba en violación a las normas de procedimiento. En la parte conducente del fallo establece lo siguiente: “Esta Sala de lo Penal teniendo presente el principio convencional de la tutela judicial efectiva, se da licencia en hacer análisis de las actuaciones procesales que se realizaron en torno del medio de prueba que ahora se cuestiona, ya que fuera de la designación indebida de la vía recursiva y la consecuente omisión de la nominación de la vía correcta, los aspectos objeto de denuncia opuestos por los recurrentes le resulta claro a este Tribunal de Casación, por lo que procederá a dar respuesta de fondo al asunto. Para poder tener; una visión panóptica del asunto planteado se requiere hacer un recuento del conjunto de las actuaciones procesales que constan en el acumulado judicial, pues ello permitirá develar la razón o la falta de ella respecto a lo planteado por los recurrentes. En fecha 04 de noviembre de 2014, el Ministerio Público presento requerimiento fiscal en contra del acusado Junior Emerzon Flores Mendoza, por suponerlo responsable a titulo de autor de un delito de Femicidio tentado, en perjuicio de la señora Eyby Yolibeth Torres Meza, señalando en el libelo que los hechos habían ocurridos en la presencia de la niña MENOR, de 3 años de edad en ese entonces, por lo que en el mismo escrito se solicitó la toma de su declaración bajo el protocolo de prueba anticipada; dicho requerimiento fue admitido en auto de fecha 06 de noviembre del mismo año, en donde además se accedió a la practica de la diligencia de prueba anticipada, la que se verifico en audiencia de fecha 07 de noviembre a la cual acudieron la Jueza de Letras asociada con el Secretario del despacho, un representante del Ministerio Público y un representante de la Defensa Pública, este último como consecuencia de que para ese entonces el acusado no se había presentado al estrado judicial y por tanto no había designado apoderado defensor privado, por lo que la Defensa Pública fue requerida en respeto del derecho de defensa del ausente, y la observancia del debido contradictorio, además a la audiencia acudió la menor acompañada de su tía Carla Azucena Rivas Juárez, rindiendo declaración la primera bajo el control jurisdiccional. Es de resaltar que en ese momento no se interpuso ninguna objeción tanto a la disposición judicial de la toma del medio de prueba, como el procedimiento observado para ello. En fecha 16 de noviembre de 2014 y como consecuencia de la ejecución de la orden de aprehensión, el acusado fue llevado a estrados judicial, celebrándose al día siguiente: 17 de noviembre, la audiencia de declaración de imputado, en la cual participaron la Jueza de Letras, un Agente del Ministerio Público y el Abogado Abel Orellana Manzanares como Apoderado Defensor Privado del acusado, quien diligenció la audiencia, sin que en ella haya presentado objeción sobre actuaciones previas en el proceso penal, en particular en contra de la toma de la declaración de la niña MENOR bajo el protocolo de prueba anticipada, por lo que cualquier supuesto vicio que pudiese tener esta actuación quedo subsanado desde esa fecha…, la audiencia de debate se celebró en fecha 29 de julio de 2016, con la participación de la señora Juezas de Sentencias, un agente el Ministerio Público y el Abogado Jesús Elfidio Chinchilla, como Apoderado Defensor del acusado. Al inicio de dicha audiencia la agente Fiscal dio cuenta que la menor, no había sido localizada aun, para hacer llevada al estrado judicial, por lo que resolvió la publicación de edictos citando a la persona que en ese momento tenia la guarda y custodia de esta: su abuela materna. Con este anuncio y sin que se haya presentado incidente por parte de la defensa privada, se dio marcha a la audiencia de debate, informándose posteriormente que aun con la publicación de edictos no fue posible la localización de la menor, por lo que el Ministerio Público solicito la introducción por lectura de la declaración previa dada por esta bajo el protocolo de prueba anticipada, citando como fundamento el artículo 311.2 del Codigo Procesal Penal, teniendo como respuesta de la defensa privada su oposición, planteando dos alegatos distintos: i.- Se alega por primera vez en todo el proceso penal la ilicitud del medio de prueba por la forma que fue practicado; ii.-Se alega la improdencia de la “admisión” del medio de prueba. El recuento de actuaciones procesales pone en evidencia que lo alegado por los recurrentes en sede casacional carece de fundamento legal, lo que tiene como consecuencia que el recurso deba ser denegado. la Sala de lo Penal llega a la anterior conclusión con base en las siguientes razones: Se alega violación del artículo 88 de la Constitución la República sin que se explique en que o como se dio dicha violación, en especial porqué dicha norma superior regla exclusivamente lo atinente a la declaración de la persona imputada en el proceso penal, sin tener relación alguna con la deposición de testigos y mucho menos con el recibiendo con testigos bajo el protocolo de prueba anticipada; Se señala como violentado el artículo 228.1 y 331 del Codigo Procesal Penal, que establece las personas que tiene el derecho de abstenerse a declarar cuando dicha declaración sea en un proceso penal cuyo imputado tenga un grado de parentesco con el declarante dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.- Denuncia que no es de recibo por cuanto la Sala de lo Penal ha explicado que por encima de dicha norma priva el Principio del Interés Superior del Niño (artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño) y la obligación del Estado de investigar y sancionar a toda persona agresora de sus intereses y derechos, y que por ello cuando un menor de 18 años comparezca al estrado judicial no se le hará conocer sobre su derecho de abstenerse a declarar en contra de dicha persona, como ocurre en el presente caso, en donde conforme a la acusación el señor Junior Emerzon López realizó un acto violento en contra de su pareja, todo frente a su menor hija dependientes de ambos y también victima según lo define el artículo 17 del Codigo Procesal Penal. El artículo 277 del Codigo Procesal Penal regla de la figura de prueba anticipada como actuación preventiva ante la posibilidad de que un medio de prueba no pueda ser reproducidos cuando llegue el tiempo de la audiencia de debate. Manda el artículo 311.1 del mismo cuerpo legal que al tiempo de llegarse la audiencia de debate se deberá procurar la evacuación del medio de prueba de manera directa en respecto del Principio de Inmediación y Oralidad, a menos de que el riesgo que haya motivado la toma de la prueba de manera anticipada se haya materializado o haya acontecido otro hecho que impida que la prueba sea evacuada directamente, impedimento que debe de ser acreditado para que dicho medio de prueba sea evacuado de tal forma. En el caso de auto el Ministerio Público oferto oportunamente la declaración de la menor, la cual fue admitida, empero al llegar la audiencia de debate se cotejo que esta no pudo ser localizada y por tanto llevada a rendir su declaración testifical, generando el supuesto del articulo 311.1 autorizándose a la introducción por lectura de la declaración tomada de manera previa bajo protocolo de prueba anticipada, de la cual la defensa privada, como se ha hecho referencia tenia previo conocimiento no solo de su existencia sino además de su contenido. Finalmente y aun cuando ello no fue considerado al momento de la audiencia, es de tener presente (Iuria Novit Curia), que a la fecha de celebración del debate se encontraba en vigencia el decreto legislativo 22-2015, mediante el cual se reformo los artículos 237, 277 y 311, y se adiciono los artículos 237-A y 237-B todos del Codigo Procesal Penal, que introdujeron procedimientos especiales para la toma de declaración testifical de testigos en condición de vulnerabilidad y su evacuación en audiencia de debate. Entre otras cosas dichas reformas manda que la declaración de menores de edad, testigos de hechos violentos, siempre será tomada como prueba anticipada la cual deberá de ser admitida en audiencia de debate, debiendo abstenerse los órganos jurisdiccionales de llamar a dichos menores para que rindan nuevas declaraciones, salvo causas excepcionales, las que no se observan en el presente caso.” Por todo ello la Sala de lo Penal declara Sin Lugar el Recurso de Cesación por Infracción de Ley en su único motivo. CONSIDERANDO SEIS (6): El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia. Siendo que el propósito es revisar una sentencia firme para la materialización del valor justicia en detrimento de la seguridad jurídica, esto no debe dejarse a la discrecionalidad del juzgador o la libre interpretación del interesado. Para la sustanciación de la Revisión Penal como garantía constitucional se acude a la adecuación e identificación de los motivos estatuidos en la Ley sobre Justicia Constitucional. Es así como el artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional establece 8 motivos específicos por los cuales el órgano encargado de desarrollar las garantías constitucionales puede abrir causas juzgadas. CONSIDERANDO SIETE (7) Que es menester dejar claramente establecido, como ya lo ha hecho esta Sala, en forma reiterada, que el Recurso de Revisión no tiene por finalidad conocer o sancionar las omisiones o irregularidades procesales cometidas en el curso del juicio o establecer la forma en que la prueba debió ser valorada; Estas cuestiones tienen establecidas ya en la propia ley su vía recursiva y sus medios de impugnación en el procedimiento ordinario. El recurso de revisión como potestad del Tribunal Supremo de la República solo puede justificarse en los casos y circunstancias establecidas en la ley y al no apreciar las mismas de las afirmaciones y alegaciones del recurrente, es procedente a criterio de esta Sala, desestimar la presente acción constitucional. CONSIDERANDO OCHO (8) Que, analizado el motivo invocado por el Revisionista, contenido en el artículo 96 numeral 6) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, junto con el acervo probatorio que obra en el expediente de mérito, así como escuchada la representante del Ministerio Público, quien se opone a la pretensión del revisionista. Respecto del motivo invocado por el recurrente “Un nuevo examen, una nueva revaloración de la prueba ya incorporada y valorada oportunamente en el juicio, no es sujeto de nueva valoración, pues solo puede confrontarla o relacionarla con nuevos elementos probatorios para apreciar si el resultado del análisis modifica el sentido de la decisión, por esa razón es necesaria la aparición de evidencias distintas a las ya incorporadas al proceso, de modo que por sí solas o unidas a las ya examinadas modifiquen sustancialmente la situación procesal del condenado, motivo por el cual es improcedente la revisión cuando está orientada a revisar cuestiones que ya fueron valoradas en la sentencia impugnada”.En el caso sub-judice, el impetrante, primeramente, se refiere a una serie de actos llenos de contradicciones procesales que pudieron ser alegados en las instancias de enjuiciamiento. A la vez pretende que sean revisados como nuevos elementos de prueba entre otros, una Acta Notarial que contiene la declaración de la menor donde manifiesta que declaro falsamente, por manipulación o inducción de terceras personas con el fin de perjudicar a su padre, Evaluación Psicológica practica a la menor, que acredita que esta fue manipulada, abusada física y psicológicamente y engañada con un ofrecimiento de una pizza a cambio de declarar contra el procesado; Sin embargo, estos nuevos medios de prueba presentados por el recurrente, con la pretensión de demostrar que el condenado no cometió el delito, no son de recibo, en virtud de que durante el juicio oral y público, estos medios de prueba como ser: Documental, Pericial, Testifical incluida la declaración de la menor, mediante figura de prueba anticipada, pasaron bajo el tamiz de los principios de inmediación, contradicción, oralidad y valoradas con arreglo a la sana crítica, por el órgano sentenciador que dieron por acreditados que el imputado cometió el delito de parricidio. Aunado a lo anterior la Sala de lo Penal, conociendo del recurso de casación por infracción de ley, dejo establecido en su fallo que la declaración brindada por la menor, bajo el protocolo del figura anticipada (Art 277 CPP) e incorporada a juicio mediante lecturas autorizadas, esta fundamentada en el artículo 331.1 de la ley adejtiva, y se debió precisamente porque la testigo no pudo ser localizada, además la defensa privada tenía pleno conocimiento no solo de su existencia sino de su contenido, razón por la cual declara sin lugar el recurso de casación impetrado. En ese orden de ideas, esta Sala aprecia, que, durante el proceso penal, mediante plena prueba se acreditó la autoría del hecho delictivo que recayó en el ahora impetrante, lo que no podría ser desacreditado con los medios de prueba invocados en el motivo de revisión. Por tales razones no procede este motivo invocado ya que desnaturalizaría el Recurso de revisión Penal y pondría en precaria la seguridad jurídica. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala considera, que No se cumple con los requisitos exigidos por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que No es Procedente la reversión de la sentencia a favor del señor JUNIOR EMERZON FLORES MENDOZA.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 6), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado FAUSTO FRANCISCO FORTIN ALVARENGA, a favor del señor JUNIOR EMERZON FLORES MENDOZA. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. - NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. “Corte Suprema de Justicia.-Sala de lo Constitucional En Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024). VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el Abogado FAUSTO FRANCISCO FORTIN ALVARENGA, contra la sentencia de fecha treinta (30) de enero de dos mil veinticuatro (2024), dictada por esta Sala de lo Constitucional en el recurso de revisión penal que interpusiera a favor del señor JUNIOR EMERZON FLORES MENDOZA, contra la sentencia definitiva firme de fecha treinta (30) de agosto de dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condenó al señor JUNIOR EMERZON FLORES MENDOZA, como responsable del delito de PARRICIDIO, en perjuicio de la señora EYBY YOLIBETH TORRES MENDOZA, a la pena de treinta (30) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena de reclusión, así como las consecuencias legales de responsabilidad civil y trabajo penitenciario. CONSIDERANDO: Que el artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que, contra las resoluciones proferidas por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, solo cabrá el recurso de reposición. CONSIDERANDO: Que el recurrente interpone recurso de reposición contra la sentencia de revisión penal de fecha treinta (30) de enero de dos mil veinticuatro (2024), (f. 115), dictada por unanimidad por esta Sala de lo Constitucional y mediante la cual se declara sin lugar la acción de revisión penal por concurrir la causal invocada por el recurrente del artículo 96 numeral 6) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Esto, en virtud de considerar que el criterio jurídico que se desprende de la sentencia recurrida se basó en que el Juzgador adujo que el recurso de revisión se presentó para que procediera la aplicación de la retroactividad de la ley, (Art. 96.8), pero que de la interposición del recurso se desprende que, el propósito del mismo era desvirtuar la acusación que pesa sobre su representado, en base al artículo 96 numeral 6 relacionado a la existencia de hechos nuevos, extremos éstos que según el recurrente no fueron valorados y examinados en forma objetiva por la Sala,CONSIDERANDO: Que en tal sentido la Sala estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a derecho en virtud no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda, dando cumplimiento así, a lo señalado en el artículo 120, párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en cuanto a que, una vez solicitada reposición ante la Sala de lo Constitucional, o ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su caso; procederá ésta, sin más trámite, a denegar o enmendar el fallo, según corresponda en derecho.CONSIDERANDO: Que en el ámbito del recurso de reposición el Tribunal que debe resolverlo está en la obligación de denegar o admitir o enmendar la resolución recurrida. Deberá de proceder a ello sin más trámite y de conformidad con el derecho que considere que fundamenta la quaestio. CONSIDERANDO: Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional es del criterio por que se deniegue la resolución recurrida, dictada por este órgano jurisdiccional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 80, 82, 90, 186, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado FAUSTO FRANCISCO FORTIN ALVARENGA, por las razones que se dejan ya señaladas.- Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, y Resolución de fecha siete de octubre de dos mil veinticuatro recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0715-2020

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL