Sentencia RP-714-22 — Registro 17829
Resumen
Se interpuso recurso de revisión por los delitos de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido RA 163, imponiéndole una pena de quince (15) años de reclusión.(Ver sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-568-2020, SCO-599-2020, SCO-629-2020, SCO-652-2020, SCO-718-2020, SCO-760-2020, SCO-1094-2020, SCO-148-2021, SCO-374-2021, SCO-392-2021, SCO-503-2021, SCO-620-2021, SCO-796-2021, SCO-805-2020, SCO-850-2020; entre otras).
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (9): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso al señor José Emmanuel López Gonzáles a la pena principal de quince (15) años de reclusión más una pena de multa de 50 salarios mínimos equivalente a trescientos noventa y siete mil cincuenta y ocho lempiras (L.397,058.00) como autor del delito de extorsión simple en perjuicio de Testigo Protegido RA-163; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. La conducta por la cual fue condenado el señor José Emmanuel López Gonzáles, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen abstracto de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia, y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 excede por mucho el importe pecuniario impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. Es importante además señalar que la Sala de lo Constitucional tiene como criterio jurisprudencial consolidado que una vez iniciado un trámite de revisión en materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del recurso, se deberá observar la norma que fue invocada por el revisionista y que al momento de peticionar estaba en vigencia; asimismo, al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso), y en el caso de que en el lapsus de presentación del recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada por el revisionista fuese derogada o reformada, se tomará en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario. Ello atendiendo el mandato constitucional que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado, así como también bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala de lo Constitucional, cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, el juez deberá preferir aquella que contenga mejores protecciones o que sean más favorables para el individuo. (Ver sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-568-2020, SCO-599-2020, SCO-629-2020, SCO-652-2020, SCO-718-2020, SCO-760-2020, SCO-1094-2020, SCO-148-2021, SCO-374-2021, SCO-392-2021, SCO-503-2021, SCO-620-2021, SCO-796-2021, SCO-805-2020, SCO-850-2020; entre otras). Este criterio definido anteriormente no es aplicable al caso presente, puesto que la garantía constitucional de revisión penal fue promovida por el Abogado José Alejandro Núñez Valladares, en favor del señor José Emmanuel López Gonzáles, en fecha nueve de mayo de dos mil veintidós, fecha en la cual ya se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del NCP 130-2017 y que aumenta la pena para el delito de extorsión a prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, más las penas accesorias y las consecuencias penales derivadas del delito. Es decir, no existe conflicto respecto a determinar cuáles son las leyes penales que deban compararse para efectos de realizar el análisis jurídico de retroactividad de la ley penal.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 616 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERRTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, treinta de enero de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado José Alejandro Núñez Valladares, a favor del señor José Emmanuel López Gonzales, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia en Materia de Extorsión, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, con relación a la causa que se instruyó contra el señor José Emmanuel López Gonzales, por haber sido condenado por el delito de Extorsión Simple, en perjuicio del Testigo Protegido RA-163. ANTECEDENTES 1) En fecha once de abril de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Jorge Luis Aroca Rubio, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor José Emmanuel López Gonzales, por suponerlo responsable del delito de Extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido con clave “RA-163”. (Folios 1-5 del antecedente). 2) Que en fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Que Debemos condenar y condenamos, por conformidad expresa de las partes, a los señores SAMUEL LÓPEZ MENDOZA cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de EXTORSIÓN SIMPLE, en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO RA 163, imponiéndole una pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, misma que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de El Porvenir Francisco Morazán, conocida como la Tolva. SEGUNDO: Que Debemos condenar y condenamos al señor JOSÉ ENMANUEL LÓPEZ GONZALES cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de EXTORSIÓN SIMPLE, en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO RA 163, imponiéndole una pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, misma que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de El Porvenir Francisco Morazán, conocida como la Tolva, pena de reclusión a la que se le ha de descontar el tiempo en que los imputados han estado privados de libertad. TERCERO: Que Debemos condenar y condenamos, por conformidad expresa de las partes, al señor SAMUEL LÓPEZ MENDOZA a la pena de MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS, equivalentes a trescientos noventa y siete mil, cero cincuenta y ocho lempiras (Lps 397,058.00 los que deberá pagar a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República, en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: Que Debemos condenar y condenamos, por conformidad expresa de las partes, al señor JOSÉ ENMANUEL LÓPEZ GONZÁLES a la pena de MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS, equivalentes a trescientos noventa y siete mil, cero cincuenta y ocho lempiras (Lps 397,058.00 los que deberá pagar a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República, en la fase de ejecución de esta sentencia QUINTO: Debemos condenar y condenamos a los señores SAMUEL LÓPEZ MENDOZA Y JOSÉ ENMANUEL LÓPEZ GONZÁLES, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional. SEXTO: Procede declarar y declaramos la responsabilidad civil de los señores SAMUEL LÓPEZ MENDOZA Y JOSÉ ENMANUEL LÓPEZ GONZALES, la que será determinada en la fase de ejecución de la sentencia. SEPTIMO: En cuanto al comiso solicitado por el Ministerio Público, no se declara el mismo, en virtud de que los dos billetes de quinientos lempiras que fueron seriados, pertenecen al ofendido, por lo que corresponde al ente fiscal determinar su devolución. No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio, a los señores SAMUEL LÓPEZ MENDOZA Y JOSÉ ENMANUEL LÓPEZ GONZALES. OCTAVO: Notifíquese esta sentencia a las partes procesales, una vez firme se remita el expediente al Juzgado de Ejecución Correspondiente, así como una copia certificada de la misma a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.” (Folios 137-141 del antecedente). 3) En fecha nueve de mayo de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado José Alejandro Núñez Valladares, a favor del señor José Emmanuel López Gonzales, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-6 del recurso de mérito). 4) En fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Integrante Martha Delia Merino Conde, con la comparecencia de la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado José Alejandro Núñez Valladares, en su condición de Apoderada Legal del señor José Emmanuel López Gonzales; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que expresará lo siguiente: “…ratifico el recurso de revisión de pena…” El Ministerio Público consideró: “…El Ministerio Público al hacer un análisis comparativo de ambas leyes penales se establece que el Código Penal derogado Decreto 144/83 sancionaba el delito de EXTORSION en su artículo 222 que establecía una pena de QUINCE (15) a VEINTE (20) años de reclusión y una multa de CINCUENTA SALARIOS MINIMOS, por tal razón el juzgador impuso una pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSION Y UNA MULTA DE CINCUENTA SALARIOS MINIMOS equivalente a TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L 397.058.00). El Código Penal vigente Decreto 130- 2017, establece para la misma conducta delictiva tipificada en el artículo 373.- que consigna el delito de EXTORSION Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días: la cual fue reformada mediante decreto 93-2021 (el cual se encontraba en vigencia previo a la presentación del recurso el 09 de mayo del 2022), a la pena privativa de la libertad de quince (15) a veinte (20) años y multa de 500 a 1000 n su nivel más alto, observándose que la pena abstracta ésta dentro del mismo rango de la pena impuesta. En cuanto a la pena de multa conforme a la sentencia condenatoria el imputado debe pagar una multa de cincuenta (50) salarios mínimos, que según computo del Juzgado de Ejecución equivalen a (L 397.058.00); y con la reforma actual del artículo 373 del Código Penal vigente (Decreto 93-2021) la pena de multa imponible es de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto véase al respecto el artículo 53 del Código Penal vigente que refiere: PENA DE DÍAS MULTA. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L. 5, 000.00). Al hacer la conversión de días multa en su nivel más alto (500 días x 1.5,000.001 resulta una pena de multa de 1.2,500,000.00 (dos millones quinientos mil lempiras), de lo que resulta en una pena de multa evidentemente mucho más alta que la impuesta. De conformidad a los criterios establecidos en los artículos 53 y 616 del Código Penal, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, no siendo aplicable a su caso el principio de retroactividad de la ley penal. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, por no ser la misma más favorable para el condenado.” (Folios 19-21 del recurso de mérito). CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Fundamentación del Garantista expuesta en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. CONSIDERANDO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. Asimismo, es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la República. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y, lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO (6): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada.” CONSIDERANDO (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro. CONSIDERANDO (8): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (9): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso al señor José Emmanuel López Gonzáles a la pena principal de quince (15) años de reclusión más una pena de multa de 50 salarios mínimos equivalente a trescientos noventa y siete mil cincuenta y ocho lempiras (L.397,058.00) como autor del delito de extorsión simple en perjuicio de Testigo Protegido RA-163; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. La conducta por la cual fue condenado el señor José Emmanuel López Gonzáles, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen abstracto de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia, y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 excede por mucho el importe pecuniario impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. Es importante además señalar que la Sala de lo Constitucional tiene como criterio jurisprudencial consolidado que una vez iniciado un trámite de revisión en materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del recurso, se deberá observar la norma que fue invocada por el revisionista y que al momento de peticionar estaba en vigencia; asimismo, al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso), y en el caso de que en el lapsus de presentación del recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada por el revisionista fuese derogada o reformada, se tomará en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario. Ello atendiendo el mandato constitucional que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado, así como también bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala de lo Constitucional, cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, el juez deberá preferir aquella que contenga mejores protecciones o que sean más favorables para el individuo. (Ver sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-568-2020, SCO-599-2020, SCO-629-2020, SCO-652-2020, SCO-718-2020, SCO-760-2020, SCO-1094-2020, SCO-148-2021, SCO-374-2021, SCO-392-2021, SCO-503-2021, SCO-620-2021, SCO-796-2021, SCO-805-2020, SCO-850-2020; entre otras). Este criterio definido anteriormente no es aplicable al caso presente, puesto que la garantía constitucional de revisión penal fue promovida por el Abogado José Alejandro Núñez Valladares, en favor del señor José Emmanuel López Gonzáles, en fecha nueve de mayo de dos mil veintidós, fecha en la cual ya se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del NCP 130-2017 y que aumenta la pena para el delito de extorsión a prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, más las penas accesorias y las consecuencias penales derivadas del delito. Es decir, no existe conflicto respecto a determinar cuáles son las leyes penales que deban compararse para efectos de realizar el análisis jurídico de retroactividad de la ley penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Articulo 24, 25, 35, 38, 53, 58 y 373 del Código Penal vigente; 403 y 404 del Código Procesal Penal. FALLA: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, a favor del señor JOSE EMMANUEL LOPEZ GONZALES; Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de abril de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-714-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL