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Sentencia RP-71-22 — Registro 18577

Resumen

Acción contra la sentencia condenatoria dictada, con relación a la causa que se instruyó por los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Portación Ilegal de Armas de Fuego de Uso Prohibido (chimba); por considerar entrada en vigencia legislación mas favorable

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique… Que del examen de los antecedentes, se aprecia que a través del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Talanga y Tribunal de sentencias de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se condenó a BELQUIN YISEL HERNÁNDEZ, a la pena de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE PRISIÓN Y UNA MULTA DE SETECIENTOS CINCUENTA MIL (L.750,000.00) LEMPIRAS, POR EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 numeral 34 relacionado con el 18 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, que sancionaba esta infracción con la imposición de una pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y multa de un millón a cinco millones de lempiras, más las accesorias que correspondan, Y TRES (3) AÑOS POR EL DELITO DE PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERSONAL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 332-B Código Penal derogado el que estipulaba: “Quien, sin permiso de la autoridad, competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionadas con ellas”. El actual Código Penal aprobado mediante Decreto No.130-2017, en el artículo 311, dispone: “Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se Trata de Drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) años a diez (10) años en los demás casos”. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. Asimismo, dispone en el artículo 580. Tenencia o Porte de Armas de Fuego. Tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigado con las penas de uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas… En ese sentido, de los hechos probados de ambas sentencias se desprende que se practicó allanamiento y registro en la casa de habitación de la sentenciada, donde se encontró la cantidad de 3,19 g de Cocaína/clorhidrato y 142,7 g de marihuana y un arma de fuego de fabricación casera o artesanal con morfología de escopeta calibre 16GA , por lo que la pena aplicar para el DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS será de siete (7) a diez (10) años, rebajada en un cuarto (1/4) en vista de haberse sometido al procedimiento abreviado, resultando en una pena concreta de cinco (5) años tres (3) meses de reclusión y en relación a la pena de multa de 100 días, rebajada en un cuarto (1/4) resulta una multa de setenta y cinco (75) días. en su valor mínimo (L 20.00), que equivalen a mil quinientos lempiras (L 1,500.00). Y, en el caso del DELITO DE TENENCIA O PORTE DE ARMAS DE FUEGO la pena a aplicar será de un (1) año de reclusión, más localización permanente por dos años; por el sometimiento a una condena de Estricta Conformidad. Por lo que LA PENA A IMPONER CON AMBAS CONDENAS ES DE SEIS (6) AÑOS TRES (3) MESES DE PRISION Y UNA MULTA DE SETENTA Y CINCO (75) DÍAS, MÁS LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. Conforme lo antes expuesto, del análisis comparativo entre el marco punitivo de las penas establecidas en el Código Penal vigente que las mismas resultan más favorable a la sentenciada, por lo que es procedente declarar con lugar el recurso de revisión de mérito..."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

…" Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique… Que del examen de los antecedentes, se aprecia que a través del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Talanga y Tribunal de sentencias de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se condenó a BELQUIN YISEL HERNÁNDEZ, a la pena de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE PRISIÓN Y UNA MULTA DE SETECIENTOS CINCUENTA MIL (L.750,000.00) LEMPIRAS, POR EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 numeral 34 relacionado con el 18 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, que sancionaba esta infracción con la imposición de una pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y multa de un millón a cinco millones de lempiras, más las accesorias que correspondan, Y TRES (3) AÑOS POR EL DELITO DE PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERSONAL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 332-B Código Penal derogado el que estipulaba: “Quien, sin permiso de la autoridad, competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionadas con ellas”. El actual Código Penal aprobado mediante Decreto No.130-2017, en el artículo 311, dispone: “Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se Trata de Drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) años a diez (10) años en los demás casos”. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. Asimismo, dispone en el artículo 580. Tenencia o Porte de Armas de Fuego. Tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigado con las penas de uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas… En ese sentido, de los hechos probados de ambas sentencias se desprende que se practicó allanamiento y registro en la casa de habitación de la sentenciada, donde se encontró la cantidad de 3,19 g de Cocaína/clorhidrato y 142,7 g de marihuana y un arma de fuego de fabricación casera o artesanal con morfología de escopeta calibre 16GA , por lo que la pena aplicar para el DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS será de siete (7) a diez (10) años, rebajada en un cuarto (1/4) en vista de haberse sometido al procedimiento abreviado, resultando en una pena concreta de cinco (5) años tres (3) meses de reclusión y en relación a la pena de multa de 100 días, rebajada en un cuarto (1/4) resulta una multa de setenta y cinco (75) días. en su valor mínimo (L 20.00), que equivalen a mil quinientos lempiras (L 1,500.00). Y, en el caso del DELITO DE TENENCIA O PORTE DE ARMAS DE FUEGO la pena a aplicar será de un (1) año de reclusión, más localización permanente por dos años; por el sometimiento a una condena de Estricta Conformidad. Por lo que LA PENA A IMPONER CON AMBAS CONDENAS ES DE SEIS (6) AÑOS TRES (3) MESES DE PRISION Y UNA MULTA DE SETENTA Y CINCO (75) DÍAS, MÁS LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. Conforme lo antes expuesto, del análisis comparativo entre el marco punitivo de las penas establecidas en el Código Penal vigente que las mismas resultan más favorable a la sentenciada, por lo que es procedente declarar con lugar el recurso de revisión de mérito..."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

…" Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique… Que del examen de los antecedentes, se aprecia que a través del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Talanga y Tribunal de sentencias de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se condenó a BELQUIN YISEL HERNÁNDEZ, a la pena de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE PRISIÓN Y UNA MULTA DE SETECIENTOS CINCUENTA MIL (L.750,000.00) LEMPIRAS, POR EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 numeral 34 relacionado con el 18 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, que sancionaba esta infracción con la imposición de una pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y multa de un millón a cinco millones de lempiras, más las accesorias que correspondan, Y TRES (3) AÑOS POR EL DELITO DE PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERSONAL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 332-B Código Penal derogado el que estipulaba: “Quien, sin permiso de la autoridad, competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionadas con ellas”. El actual Código Penal aprobado mediante Decreto No.130-2017, en el artículo 311, dispone: “Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se Trata de Drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) años a diez (10) años en los demás casos”. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. Asimismo, dispone en el artículo 580. Tenencia o Porte de Armas de Fuego. Tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigado con las penas de uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas… En ese sentido, de los hechos probados de ambas sentencias se desprende que se practicó allanamiento y registro en la casa de habitación de la sentenciada, donde se encontró la cantidad de 3,19 g de Cocaína/clorhidrato y 142,7 g de marihuana y un arma de fuego de fabricación casera o artesanal con morfología de escopeta calibre 16GA , por lo que la pena aplicar para el DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS será de siete (7) a diez (10) años, rebajada en un cuarto (1/4) en vista de haberse sometido al procedimiento abreviado, resultando en una pena concreta de cinco (5) años tres (3) meses de reclusión y en relación a la pena de multa de 100 días, rebajada en un cuarto (1/4) resulta una multa de setenta y cinco (75) días. en su valor mínimo (L 20.00), que equivalen a mil quinientos lempiras (L 1,500.00). Y, en el caso del DELITO DE TENENCIA O PORTE DE ARMAS DE FUEGO la pena a aplicar será de un (1) año de reclusión, más localización permanente por dos años; por el sometimiento a una condena de Estricta Conformidad. Por lo que LA PENA A IMPONER CON AMBAS CONDENAS ES DE SEIS (6) AÑOS TRES (3) MESES DE PRISION Y UNA MULTA DE SETENTA Y CINCO (75) DÍAS, MÁS LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. Conforme lo antes expuesto, del análisis comparativo entre el marco punitivo de las penas establecidas en el Código Penal vigente que las mismas resultan más favorable a la sentenciada, por lo que es procedente declarar con lugar el recurso de revisión de mérito..."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia.-Sala de lo Constitucional Sentencia de revisión penal. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el Magistrado Wagner Vallecillo Paredes, e integrado por los Magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Francisca Villela Zavala, Isbela Bustillo Hernández y Sonia Marlina Dubón Villeda, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-0071-2022, promovido por la abogada YESENIA MARIA ROMERO ROMERO, a favor de la señora BELQUIN YISEL HERNÁNDEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Talanga y del Tribunal de Sentencia, ambos, del Departamento de Francisco Morazán, de fechas veintinueve de agosto de dos mil dieciocho y veintitrés de abril de dos mil diecinueve, respectivamente, con relación a la causa que se instruyó contra la señora BELQUIN YISEL HERNÁNDEZ, por haber sido condenada por los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Portación Ilegal de Armas de Fuego de Uso Prohibido (chimba), en perjuicio de la Salud de la Población y de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, respectivamente, mediante la cual el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Talanga, Departamento de Francisco Morazán en fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciocho (2018) falló,: “…PRIMERO: Que debo condenar y condeno al joven señora BELQUIN YISEL HERNANDEZ de generales conocidas en concepto de autor de un delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, delito ya definido y circunstanciado, a la pena principal de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, más una MULTA DE SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 750,000.00) SEGUNDO: Que debo condenar y condeno a la acusada BELQUIN YISEL HERNANDEZ, a las penas accesorias de INTERDICCION CIVIL e INHABILITACION PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLITICOS, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por igual tiempo en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO: Se declara la responsabilidad civil de la condenada BELQUIN YISEL HERNANDEZ, la que podrá ser ejercitada en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: No procede la condena en costas procesales. personales ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: Se decreta el comiso y destrucción de la droga decomisada, también el comiso de la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS (LPS. 442.00). valor que deber ser enterado a la Tesorería General de la República, todo lo cual se encuentra en poder del Ministerio Público…” (Folios 150-154 del antecedente) , en fecha veintitrés (23) de abril de dos mil diecinueve (2019), el Tribunal de Sentencia, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Debemos condenar y condenamos, por conformidad expresa de las partes, a la acusada BELQUIN YISEL HERNANDEZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERSONAL, ya definido y circunstanciado, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO, imponiéndole como pena principal TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, la que deberá cumplir en el Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social o en el Centro Penitenciario que designe el Juez de Ejecución. SEGUNDO: Debemos condenar y condenamos, a la acusada BELQUIN YISEL HERNANDEZ, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de Inhabilitación especial e Interdicción civil, por el tiempo que dure la condena de la pena principal de reclusión, así como también a trabajar por el tiempo de aquella en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley y que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: No procede declarar la responsabilidad civil de la condenada antes dicha, asimismo no procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio, para el condenado. CUARTO: Se decreta el comiso de la siguiente arma de fuego: un arma de fuego de fabricación casera artesanal con morfología de escopeta calibre 16 GA; la que se encuentra en el almacén de evidencias del Ministerio Público. Que se notifique esta sentencia a las partes procesales que han intervenido, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación dentro del plazo de veinte días. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. (Folios 182-184 vuelto del antecedente)” Son partes: 1)La abogada YESENIA MARIA ROMERO ROMERO, a favor de la señora BELQUIN YISEL HERNÁNDEZ, como revisionista;2)La Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, fiscal del Ministerio Público.3)La Abogada LOURDES ELENA BARRIENTOS SAHURY, Representante de la Procuraduría General de la República Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. sentencia de fecha veintinueve de agosto del 2018“1.- El día lunes cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018) en la aldea El Guante, jurisdicción del municipio de Cedros, Departamento de Francisco Morazán, miembros de Dirección Policial de Investigaciones asignados a la Unidad Departamental de Prevención Numero de la ciudad de Talanga, Departamento de Francisco Morazán, practicaron allanamiento e inspección en la casa de habitación de la imputada BELQUIN YISEL HERNANDEZ de lo que resultó al hallazgo de varios recipientes conteniendo en su interior supuesta cocaína, así como hierba seca de supuesta marihuana..” sentencia de fecha veintitrés de abril del 2019 2.-Unico: en fecha cinco de febrero del año 2018, siendo aproximadamente las 2:45 pm, agentes de investigación adscritos a la Dirección Policial de Investigaciones(DPI), asignados a la USIC N. 8, del municipio de Talanga, realizaron un allanamiento de morada en la casa de habitación ubicada en la aldea El guante municipio de Cedros, Francisco Morazán, propiedad de la señora BELQUIN YISEL HERNANDEZ encontrando en el referido inmueble construido de vidrio mismo que funciona como chinero y en la parte de atrás de éste, la señora Belkin Yisel tenía un arma de fuego de fabricación casera o artesanal con morfología de escopeta calibre 16GA la cual se encontraba en buen estado de funcionamiento. Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha seis (6) de febrero de dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Talanga, Departamento de Francisco Morazán, la Agente Fiscal, abogada Ramona Dolores Valderramos, presentando requerimiento fiscal contra la señora Belquin Yisel Hernández, por suponerla responsable de los delitos de Tráfico de Droga, Cultivo de Marihuana, Tenencia Ilegal de Arma de Uso Prohibido (fabricación cacera), en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras y la Seguridad Interior del Estado de Honduras; y contra el señor José Antonio Centeno Luque por el delito de Tráfico de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. (Folios 1-3 del antecedente)SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Talanga, Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: Que debo condenar y condeno al joven señor BELQUIN YISEL HERANDEZ de generales conocidas en concepto de autor de un delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, delito ya definido y circunstanciado, a la pena principal de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, más una MULTA SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 750,000.00) SEGUNDO: Que debo condenar y condeno a la acusada BELQUIN YISEL HERNANDEZ, a las penas accesorias de INTERDICCION CIVIL e INHABILITACION PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLITICOS, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por igual tiempo en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO: Se declara la responsabilidad civil de la condenada BELQUIN YISEL HERNANDEZ, la que podrá ser ejercitada en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: No procede la condena en costas procesales. personales ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: Se decreta el comiso y destrucción de la droga decomisada, también el comiso de la cantidad de QUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS (L. 442.00). valor que deber ser enterado a la Tesorería General de la República, todo lo cual se encuentra en poder del Ministerio Público…” (Folios 150-154 del antecedente). Y, en fecha veintitrés (23) de abril de dos mil diecinueve (2019), el Tribunal de Sentencia, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Debemos condenar y condenamos, por conformidad expresa de las partes, a la acusada BELQUIN YISEL HERNANDEZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERSONAL, ya definido y circunstanciado, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO, imponiéndole como pena principal TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, la que deberá cumplir en el Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social o en el Centro Penitenciario que designe el Juez de Ejecución. SEGUNDO: Debemos condenar y condenamos, a la acusada BELQUIN YISEL HERNANDEZ, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de Inhabilitación especial e Interdicción civil, por el tiempo que dure la condena de la pena principal de reclusión, así como también a trabajar por el tiempo de aquella en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley y que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: No procede declarar la responsabilidad civil de la condenada antes dicha, asimismo no procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio, para el condenado. CUARTO: Se decreta el comiso de la siguiente arma de fuego: un arma de fuego de fabricación casera artesanal con morfología de escopeta calibre 16 GA; la que se encuentra en el almacén de evidencias del Ministerio Público. Que se notifique esta sentencia a las partes procesales que han intervenido, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación dentro del plazo de veinte días. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.” (Folios 182-184 vuelto del antecedente)TERCERO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha doce (12) de enero de dos mil veintidós (2022), compareció ante esta Sala, la abogada Yesenia María Romero Romero, interponiendo recurso de revisión a favor de la señora Belquin Yisel Hernández, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representada. (Folios 1-3 vuelto del recurso de mérito) Y, en fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Wagner Vallecillo Paredes, con la comparecencia de la Abogada Yulibeth Garay Hernández, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada Yesenia María Romero Romero, en su condición de Apoderada Legal de la señora Belquin Yisel Hernández; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el revisionista que “…PRIMERO: BELQUIN YISEL HERNANDEZ en la causa que se le siguió por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS EN PERJUICIO DE LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS fue condenada por el Juzgado de Letras Penal de la ciudad de Talanga de este Departamento de Francisco Morazán a la pena de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE PRISIÓN; por el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras, asimismo a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal. SEGUNDO: Dicha condena impuesta en su pena mínima fue según lo establecido en el artículo 18 de la ley de usos indebido y substancias psicotrópicas “será condenado al delito de tráfico de drogas a una pena de 15-20 años de reclusión.”. En la normativa penal vigente el DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS Secuestro sin ser agravado aparece en el artículo 311 “dice del nuevo código penal, Trafico de drogas. Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado a una pena. De prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a 10 diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos de debe imponer, además multa de diez (10) a cien (100) a quinientos (500) días”. En tal sentido la pena concreta quedaría por el delito de tráfico de drogas pena mínima de cuatro (4) años y de siete (7) años como pena máxima. Por lo tanto, la pena que se debe imponer en base a la Legislación Penal que está en vigencia es de cuatro (4) años como pena mínima ya que anteriormente se había condenado a mi representado con la pena de ONCE AÑOS TRES MESES años que sería la mínima de la ley anterior. En este caso de la señora BELKIN YISEL HERNANDEZ ya que el mismo está en efectiva prisión desde el día CINCO (5) de febrero del año dos mil dieciocho (2018). POR LO CUAL YA HA CUMPLIDO LA PENA MINIMA QUE SE LE DEBE IMPONER. Debiéndose extender la carta de libertad definitiva a su favor mediante la aplicación retroactiva de la nueva legislación Penal Vigente. Para acreditar estos extremos he propuesto el Expediente con certificación del Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa N0.1364-2019 J4, mismo que contiene la Sentencia emitida por el juzgado de letras de lo penal de Talanga de este Departamento de Francisco Morazán; Fundamento la petición en los artículos 96 de la Constitución de la República, artículos 96 numeral 8, y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional numeral 4. Decreto 130-2017, de fecha 18 de enero de 2018, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.34, 940 de fecha 10 de mayo de 201. Artículo 18 de la ley de uso indebido y substancias psicotrópicas, del Código Penal anterior, 311 primeras circunstancias del Código Penal Vigente. Por todo lo antes expuesto solicito a esta Honorable Sala de lo Constitucional se declare HA LUGAR el RECURSO DE REVISION PLANTEADO, se determine la imposición de la pena en una nueva sentencia aplicando la pena de cuatro (4) años de reclusión, y por ya haberlos cumplido en efectiva prisión la señora BELQUIN YISEL HERNANDEZ, se ordene se extienda la carta de Libertad Definitiva en su defecto que se emita el nuevo computo de pena por el juzgado de ejecución de Tegucigalpa, del departamento de Francisco Morazán. En lo sucesivo que se resuelva conforme a derecho. ”Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”.El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada YESENIA MARIA ROMERO ROMERO, a favor de la señora BELQUIN YISEL HERNÁNDEZ, como revisionista, la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, en su condición de fiscal del Ministerio Público, y la Abogada LOURDES ELENA BARRIENTOS SAHURY, Representante de la Procuraduría General de la República, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. La abogada YESENIA MARIA ROMERO ROMERO funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que según se condenó a BELQUIN YISEL HERNÁNDEZ, a la pena de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE PRISIÓN Y UNA MULTA DE SETECIENTOS CINCUENTA MIL (L.750,000.00) lempiras, por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 numeral 34 relacionado con el 18 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, que sancionaba esta infracción con la imposición de una pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y multa de un millón a cinco millones de lempiras, más las accesorias que correspondan, y TRES (3) AÑOS POR EL DELITO DE PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERSONAL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 332-B Código Penal derogado el que estipulaba: "Quien, sin permiso de la autoridad, competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionadas con ellas". El actual Código Penal aprobado mediante Decreto No.130-2017, en el artículo 311/ dispone: "Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se Trata de Drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) años a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. Asimismo, dispone en el artículo 580. Tenencia o Porte de Armas de Fuego. Tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigado con las penas de uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas. En ese sentido, resulta necesario pronunciarnos en atención a la condición procesal de la sentenciada BELQUIN YISEL HERNÁNDEZ, de los hechos probados de ambas sentencias se desprende que se practicó allanamiento y registro en la casa de habitación de la sentenciada, donde se encontró la cantidad de 3,19 g de Cocaína/clorhidrato y 142,7 g de marihuana y un arma de fuego de fabricación casera o artesanal con morfología de escopeta calibre 16GA , por lo que la pena aplicar para el delito de Tráfico de Drogas será de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS, REBAJADA EN UN CUARTO (1/4) en vista de haberse sometido al PROCEDIMIENTO ABREVIADO, resultando en una pena concreta de CINCO (5) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN Y EN RELACIÓN A LA PENA DE MULTA DE 100 DÍAS, REBAJADA EN UN CUARTO (1/4) RESULTA UNA MULTA DE SETENTA Y CINCO (75) DÍAS. Y en el caso del DELITO DE TENENCIA O PORTE DE ARMAS DE FUEGO LA PENA A APLICAR SERÁ DE UN (1) AÑO DE RECLUSIÓN, por el sometimiento a una condena de Estricta Conformidad. Por lo QUE LA PENA A IMPONER CON AMBAS CONDENAS ES DE SEIS (6) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN Y UNA MULTA DE SETENTA Y CINCO (75) DÍAS, MÁS LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal encuentra, del análisis comparativo entre el marco punitivo de las penas establecidas en el Código Penal vigente que las mismas resultan más favorable a la sentenciada, por lo que es procedente declarar con lugar el recurso de revisión de mérito. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique… Que del examen de los antecedentes, se aprecia que a través del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Talanga y Tribunal de sentencias de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se condenó a BELQUIN YISEL HERNÁNDEZ, a la pena de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE PRISIÓN Y UNA MULTA DE SETECIENTOS CINCUENTA MIL (L.750,000.00) LEMPIRAS, POR EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 numeral 34 relacionado con el 18 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, que sancionaba esta infracción con la imposición de una pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y multa de un millón a cinco millones de lempiras, más las accesorias que correspondan, Y TRES (3) AÑOS POR EL DELITO DE PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERSONAL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 332-B Código Penal derogado el que estipulaba: “Quien, sin permiso de la autoridad, competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionadas con ellas”. El actual Código Penal aprobado mediante Decreto No.130-2017, en el artículo 311, dispone: “Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se Trata de Drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) años a diez (10) años en los demás casos”. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. Asimismo, dispone en el artículo 580. Tenencia o Porte de Armas de Fuego. Tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigado con las penas de uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas… En ese sentido, de los hechos probados de ambas sentencias se desprende que se practicó allanamiento y registro en la casa de habitación de la sentenciada, donde se encontró la cantidad de 3,19 g de Cocaína/clorhidrato y 142,7 g de marihuana y un arma de fuego de fabricación casera o artesanal con morfología de escopeta calibre 16GA , por lo que la pena aplicar para el DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS será de siete (7) a diez (10) años, rebajada en un cuarto (1/4) en vista de haberse sometido al procedimiento abreviado, resultando en una pena concreta de cinco (5) años tres (3) meses de reclusión y en relación a la pena de multa de 100 días, rebajada en un cuarto (1/4) resulta una multa de setenta y cinco (75) días. en su valor mínimo (L 20.00), que equivalen a mil quinientos lempiras (L 1,500.00). Y, en el caso del DELITO DE TENENCIA O PORTE DE ARMAS DE FUEGO la pena a aplicar será de un (1) año de reclusión, más localización permanente por dos años; por el sometimiento a una condena de Estricta Conformidad. Por lo que LA PENA A IMPONER CON AMBAS CONDENAS ES DE SEIS (6) AÑOS TRES (3) MESES DE PRISION Y UNA MULTA DE SETENTA Y CINCO (75) DÍAS, MÁS LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. Conforme lo antes expuesto, del análisis comparativo entre el marco punitivo de las penas establecidas en el Código Penal vigente que las mismas resultan más favorable a la sentenciada, por lo que es procedente declarar con lugar el recurso de revisión de mérito. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada YESENIA MARIA ROMERO ROMERO, a favor de la señora BELQUIN YISEL HERNÁNDEZ, contra las sentencias condenatoria dictadas por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Talanga y del Tribunal de Sentencia, ambos, del Departamento de Francisco Morazán, con fechas veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciocho (2018) y veintitrés (23) de abril de dos mil diecinueve (2019), respectivamente. SEGUNDO: Se anula Parcialmente la pena impuesta en sentencia definitiva firme dictada en fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Talanga, Departamento de Francisco Morazán a la señora BELQUIN YISEL HERNANDEZ, por el delito de TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a la señora BELQUIN YISEL HERNÁNDEZ, de generales conocidas en concepto de autor y responsable penalmente del delito de Tráfico de Drogas, en perjuicio de la Salud Pública del Estado de Honduras, a la pena principal CINCO (5) AÑOS TRES (3) MESES DE PRISION , a la cual deberá deducirse el tiempo en que la condenada haya estado privado de su libertad por la misma causa criminal y que deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017 y Multa de setenta y cinco (75) días en su valor mínimo (L 20.00), que equivalen a mil quinientos lempiras (L 1,500.00). SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos a la señora BELQUIN YISEL HERNANDEZ, como consecuencia de la pena de prisión, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta, así como a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2).” TERCERO: Se Anula Parcialmente la pena impuesta en la sentencia definitiva firme de fecha veintitrés (23) de abril de dos mil diecinueve (2019) dictada por el Tribunal de Sentencia. a la señora BELQUIN YISEL HERNANDEZ, por el delito de TENENCIA O PORTE DE ARMAS DE FUEGO, la cual deberá leerse de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Debemos condenar y condenamos por conformidad expresa de las partes a la encausada BELQUIN YISEL HERNANDEZ cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas como autor responsable del DELITO DE TENENCIA O PORTE DE ARMAS DE FUEGO, ya definido y circunstanciado, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO, imponiéndole como pena principal UN (1) AÑO DE PRISION, la que deberá cumplir en el Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social o en el Centro Penitenciario que designe el Juez de Ejecución; más la pena de Localización permanente de dos (2) años. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0071-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONA