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Sentencia RP-690-22 — Registro 19312

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la Sentencia condenatoria dictada por el tribunal de sentencia con relación a la causa que se instruyó por el delito de extorsión y portación ilegal de arma prohibida en perjuicio de testigo protegido con CLAVE ER-82 y la seguridad interior del estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO QUINCE (15): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor ROGER IVAN GUZMAN SABILLON, la pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS que equivale a CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 422,420.00), en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AR-82; Así mismo las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS a una pena de ocho (8) años de reclusión y multa de Lps. 5,000.00; Así mismo las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de EXTORSION, enmarcado en el artículo 222 establecía una pena abstracta de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos. El Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, dispone: “Quien, con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. O sea, dicha conducta delictiva, se castiga con la misma pena de privación contemplada en el Código Penal derogado (de 15 a 20 años de prisión y multa de multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto que equivale a dos millones quinientos mil lempiras (Lps 2,500,000.00)). Asimismo, el Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 580 dispone: “Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. En ese orden de ideas, la descripción de los tipos penales encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 280 al 284 del expediente del Tribunal de Sentencia). II. Del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de EXTORSIÓN estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. (Artículo 222). En virtud que el recurso de revisión, fue interpuesto estando ya vigente (a partir del primero de noviembre del dos mil veintiuno), la reforma que agrava nuevamente las penas para este delito, tal y como se deja explicado en los numerales anteriores. III. En relación al delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito señalado, es la establecida en el Artículo 580 numeral 2) que dispone: (De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas). Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización; asimismo el artículo 584 contempla las agravantes específicas y dispone: “Las Penas previstas en este capítulo se incrementan hasta en un tercio (1/3) en los casos siguientes: 1) Los hechos son cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 2) …; 3)…; 4)…; 5) …; 6)…. Por lo que al hacer la operación aritmética en relación al delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de uso Prohibido, corresponde una pena de cuatro (4) a seis (6) años, la cual se agrava en un tercio en aplicación del último párrafo del artículo 580, quedando una pena de seis (6) a ocho (8) años de prisión, misma que debe ser agravada en un tercio por concurrir la agravante especifica señalada en el artículo 585 del Código Penal, quedando una pena de ocho (8) a diez (10) años (8) meses de prisión. Por lo que en razón de las penas impuestas mediante la sentencia que se revisa No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor ROGER IVAN GUZMAN SABILLON.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado JUAN FERNANDO ANDRADE MARTINEZ, a favor del señor ROGER IVAN GUZMAN SABILLON, contra la Sentencia Condenatoria dictada por EL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, en fecha doce de febrero del dos mil diecinueve, con relación a la causa que se instruyó contra el señor ROGER IVAN GUZMAN SABILLON, por el delito de EXTORSIÓN Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE ER-82 y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS respectivamente (EXP. N°127-2021-JET).ANTECEDENTES 1)Que en fecha treinta y uno (31) de marzo del dos mil diecisiete (2017), compareció ante EL JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, la Abogada MELBA ZELAYA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra ROGER IVAN GUZMAN SABILLON, DENIS ALEXANDER QUIROZ RODRIGUEZ Y YENSI SARAI SIERRA VÉLASQUEZ, por suponerlos responsables del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA Y ASOCIACION ILICITA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE ER-82 y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS respectivamente (EXP. N°127-2021-JET) y en contra de ROBER IVÁN GUZMÁN SABILLON Y YENSI SARAI SIERRA VELÁSQUEZ por PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA y contra de DENIS ALEXANDER QUIROZ RODRIGUEZ, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO.2)Que continuado que fue el proceso, en fecha doce (12) de febrero de dos mil diecinueve (2019), EL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos por conformidad expresa de las partes a los señores ROGER IVÁN GUZMÁN SABILLÓN, DENIS ALEXANDER QUIRÓZ RODRÍGUEZ, YENSI SARAHÍ SIERRA VELÁSQUEZ por el delito de EXTORSIÓN SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO ER-82, imponiéndole una pena mínima de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, Asimismo se les impone la pena de MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS el cual asciende a CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL, CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 422,420) por cada uno, misma que deberá de pagarse a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República, en la fase de ejecución de esta sentencia. Debemos condenar y condenamos a los señores ROGER IVÁN GUZMÁN SABILLÓN Y YENSI SARAHÍ SIERRA VELASQUEZ por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS a una pena de ocho (8) años de reclusión y multa de L. 5,000.00 por cada uno, misma que deberá de pagarse a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República, en la fase de ejecución de esta sentencia. Mas las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure las penas de reclusión, así como a trabajar durante ese tiempo en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario que se les asigne de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. SEGUNDO: Procede declarar y declaramos la responsabilidad civil a los señores ROGER IVÁN GUZMÁN SABILLÓN, DENIS ALEXANDER QUIRÓZ RODRÍGUEZ, YENSI SARAHÍ SIERRA VELASQUEZ la que será determinada en la fase de ejecución de la sentencia. TERCERO: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. CUARTO: Procede el comiso de los objetos del delito como ser: lo encontrado a Roger Iván Guzmán Sabillon: un arma de fuego tipo fusil AR-15. Color negro, con su respectivo cargador conteniendo en su interior 29 proyectiles sin percutir, Lps. 200 con números de series CG0866748, CE1398611, un celular color dorado, táctil en mal estado, marca blue, un chaleco antibalas. Lo encontrado a Denis Alexander Quiróz Rodríguez: un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 mm, color negro con gris, marca Ruger, serie 332-06429, con su respectivo cargador conteniendo en su interior 14 proyectiles 9 mm. Sin percutir, un cargador plateado conteniendo en su interior 11 proyectiles calibre 40 mm. Sin percutir, un teléfono celular, marca Samsung color blanco con bordes gris, pantalla táctil, totalmente quebrado, Lps. 300 en denominaciones de 100 con series CE2070952, CE0640082, CD1865926, un chaleco antibalas color negro. Lo encontrado a Yensy Sarahí Sierra Velásquez: un arma de fuego tipo fusil AR-15, color negro, con su respectivo cargador conteniendo en su interior 29 proyectiles sin percutir, Lps. 300 con las series CB7004281, CD4146634, CE1732238, un teléfono celular color negro pantalla táctil en mal estado, marca Blue, un chaleco antibalas color negro. Devolviéndose la evidencia al representante Fiscal en calidad de depósito en almacén de evidencias del Ministerio Público para que sea puesto a la orden del Juez de Ejecución cuando lo requiera en la fase de ejecución de la presente sentencia, ya que este Tribunal no cuenta con almacén de evidencias. 3)Que en fecha tres de mayo del dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado JUAN FERNANDO ANDRADE MARTINEZ, presentando recurso de revisión penal a favor del señor ROGER IVAN GUZMAN SABILLON, contra la sentencia condenatoria de fecha “Doce de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión”, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables a su representado. (Folio 01-04 del recurso)4) Que en fecha ocho de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el abogado JUAN FERNANDO ANDRADE MARTINEZ en su condición de apoderado legal del señor ROGER IVAN GUZMAN SABILLON, y la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente Abogado Juan Fernando Andrade Martínez, que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), las cuales son más favorables a su representado, que las impuestas en sentencia de fecha doce de febrero del dos mil diecinueve.- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en virtud que para el delito de extorsión se establece la misma pena que le fue impuesta al condenado, por lo cual estima que si bien la pena a imponer por el delito de portación ilegal de arma prohibida, resulta más favorable, no resulta más beneficiosa la pena del delito de Extorsión, además la pena de multa resulta mas gravosa que la impuesta mediante el Código penal derogado, y siendo que no se puede fragmentar la norma, no es procedente la aplicación del principio de retroactividad de la ley. (Folios 23-26 del recurso de mérito)CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Argumenta que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones contenidas en el Decreto 130-2017 por ser más favorables a su representado. CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha ocho (08) de junio del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado JUAN FERNANDO ANDRADE MARTINEZ, en su condición de Apoderado Legal del señor ROGER IVAN GUZMAN SABILLON, quien manifestó lo siguiente: “que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), las cuales son más favorables a su representado, que las impuestas en sentencia de fecha doce de febrero del dos mil diecinueve.- La Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, expreso lo Siguiente: “La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en virtud que para el delito de extorsión se establece la misma pena que le fue impuesta al condenado, por lo cual estima que si bien la pena a imponer por el delito de portación ilegal de arma prohibida, resulta más favorable, no resulta más beneficiosa la pena del delito de Extorsión, además la pena de multa resulta más gravosa que la impuesta mediante el Código penal derogado, y siendo que no se puede fragmentar la norma, no es procedente la aplicación del principio de retroactividad de la ley.” CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho, cuando al señalar las fuentes formales de éste, agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto a juzgamiento y determinación de penas.CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.CONSIDERANDO TRECE (13): Que en el caso sub examine, el peticionario abogado JUAN FERNANDO ANDRADE MARTINEZ, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha Tres de Mayo del dos mil veintidós, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal, y en consecuencia la aplicación retroactiva de la ley y la imposición de la Ley más favorable contenida en el Decreto 130-2017, por ser más beneficioso para su representado, en consideración a que el señor ROGER IVAN GUZMAN SABILLON, fue condenado por el delito de EXTORSIÓN, a una pena de quince (15) años de reclusión y multa de 50 salarios mínimos que equivale a Lps. 422,420.00 y por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA, a una pena de ocho (8) años y multa de Lps. 5,000.00, más las penas accesorias. CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor ROGER IVAN GUZMAN SABILLON, fue condenado por el delito de EXTORSION por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, mediante la Sentencia Definitiva y firme de fecha doce (12) de febrero del dos mil diecinueve (2019), a la pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS que equivale a Lps. 422,420.00, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AR-82; Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. Y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA fue condenado a la pena de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS (l.5,000.00).- II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria, antes relacionada mediante la cual se condenó al señor ROGER IVAN GUZMAN SABILLON, por estricta conformidad de las partes, el Tribunal Sentenciador aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 222 y 332-A del CÓDIGO PENAL, contenido en el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de EXTORSION y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA. III- Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor ROGER IVAN GUZMAN SABILLON, la pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS que equivale a CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 422,420.00), en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AR-82; Así mismo las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS a una pena de ocho (8) años de reclusión y multa de Lps. 5,000.00; Así mismo las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de EXTORSION, enmarcado en el artículo 222 establecía una pena abstracta de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos. El Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, dispone: “Quien, con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. O sea, dicha conducta delictiva, se castiga con la misma pena de privación contemplada en el Código Penal derogado (de 15 a 20 años de prisión y multa de multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto que equivale a dos millones quinientos mil lempiras (Lps 2,500,000.00)). Asimismo, el Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 580 dispone: “Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. En ese orden de ideas, la descripción de los tipos penales encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 280 al 284 del expediente del Tribunal de Sentencia). II. Del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de EXTORSIÓN estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. (Artículo 222). En virtud que el recurso de revisión, fue interpuesto estando ya vigente (a partir del primero de noviembre del dos mil veintiuno), la reforma que agrava nuevamente las penas para este delito, tal y como se deja explicado en los numerales anteriores. III. En relación al delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito señalado, es la establecida en el Artículo 580 numeral 2) que dispone: (De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas). Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización; asimismo el artículo 584 contempla las agravantes especificas y dispone: “Las Penas previstas en este capítulo se incrementan hasta en un tercio (1/3) en los casos siguientes: 1) Los hechos son cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 2) …; 3)…; 4)…; 5) …; 6)…. Por lo que al hacer la operación aritmética en relación al delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de uso Prohibido, corresponde una pena de cuatro (4) a seis (6) años, la cual se agrava en un tercio en aplicación del último párrafo del articulo 580, quedando una pena de seis (6) a ocho (8) años de prisión, misma que debe ser agravada en un tercio por concurrir la agravante especifica señalada en el artículo 585 del Código Penal, quedando una pena de ocho (8) a diez (10) años (8) meses de prisión. Por lo que en razón de las penas impuestas mediante la sentencia que se revisa No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor ROGER IVAN GUZMAN SABILLON. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 95, 96 numeral 8, 99 párrafo primero. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN PENAL presentada por el Abogado JUAN FERNANDO ANDRADE MARTINEZ, a favor del señor ROGER IVAN GUZMAN SABILLON, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION en fecha doce (12) de febrero del dos mil diecinueve (2019). Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. REDACTO MAGISTRADO LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., quince de octubre del año dos mil veinticuatro.VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el Abogado JUAN FERNANDO ANDRADE MARTINEZ, en su condición de Apoderado Legal del señor ROGER IVAN GUZMAN SABILLON, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), por medio de la cual se falla Denegando el Recurso de Revisión Penal promovido a favor del señor ROGER IVAN GUZMAN SABILLON, condenado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión mediante sentencia de fecha doce (12) de febrero del dos mil diecinueve (2019), a una pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA de CINCUENTA SALARIOS MINIMOS que asciende a CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 422,420.00) por el delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO ER-82; asimismo condenado a la pena de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSION y MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS (L. 5,000.00) por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.CONSIDERANDO (1): Que consta de los antecedentes del presente recurso, que la presente acción de Revisión Penal fue interpuesta en fecha tres (3) de mayo del año dos mil veintidós (2022), denegando la misma en Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos del Despacho.CONSIDERANDO (3): Que, vista la petición del recurrente, de la lectura del mismo se aprecia, que fundamenta su recurso exponiendo los mismos argumentos que los señalados en su escrito de interposición de la acción constitucional de Revisión Penal de mérito, señalando en que consiste el principio de legalidad, principio de identidad y principio de retroactividad de la ley. En el recurso de reposición que ahora se conoce, el recurrente se limita a señalar que en el presente caso le es más favorable a su representado Roger Ivan Guzman Sabillon, la aplicación del Código Penal publicado mediante Decreto 130- 2017, como ley intermedia, puesto que el artículo 373 establece para el delito de EXTORSION una pena de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000.00) días. Y siendo que el fallo que se revisa, se condenó por estricta conformidad, a criterio del recurrente, la pena impuesta debe ser de diez años por el delito de extorsión, manifestándose conforme con relación a la pena establecida para el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA; en cuanto a las multas, argumenta que no son susceptibles de aplicación de Recurso de Revisión conforme el artículo 619 del Código Penal vigente. CONSIDERANDO (4): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto. CONSIDERANDO (5): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho.CONSIDERANDO (6): Que en el caso sub júdice, el peticionario Abogado Juan Fernando Andrade Martínez, compareció ante este Alto Tribunal en fecha tres (3) de mayo del año dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión de una sentencia condenatoria penal dictada en fecha doce de febrero del dos mil diecinueve, mismo que fue denegado en fecha veintiocho de agosto del dos mil veinticuatro, por lo que, en el recurso de reposición presentado, invoca la aplicación del Decreto 130-2017 y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, en razón que su representado fue condenado a una pena de quince (15) años por el delito de Extorsión, solicitando se revise la sentencia en base al principio de retroactividad de la ley. La norma contenida en el decreto 130-2017 que alude el recurrente, disponía: “ARTÍCULO 373.- EXTORSIÓN. Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al conyugue, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.”. En fecha uno (1) de noviembre del dos mil veintiuno (2021), mediante Decreto Legislativo No.93-2021, entra en vigencia la reforma realizada al delito de EXTORSION contenido en el artículo 373 del Código Penal Decreto 130-2017, misma que dispone: “Quien, con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. En ese sentido la norma vigente para el delito de Extorsión a partir del uno de noviembre del dos mil veintiuno, es la publicada mediante Decreto Legislativo No.93-2021. Es decir, que la norma vigente a la fecha que se presenta la garantía de Revisión Penal, es la contenida en el artículo 373 reformado mediante Decreto No. 93-2021, que para dicha conducta delictiva (EXTORSION), se castiga con la misma pena de privación contemplada en el Código Penal derogado con el cual fue condenado el señor Roger Ivan Guzman Sabillón, a una pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN, correspondiendo según la reforma señalada y vigente a la presentación de la garantía Constitucional de Revisión Penal, la misma pena que fue impuesta tal y como se señaló en la sentencia que se recurre dictada por este Alto Tribunal en fecha veintiocho de agosto del dos mil veinticuatro. CONSIDERANDO (7): Que de la lectura del recurso de reposición interpuesto contra el fallo constitucional dictado por este Alto Tribunal en fecha veintiocho de agosto del año dos mil veinticuatro, no se advierten nuevas argumentaciones que no hayan sido tenidas en consideración al momento de dictar el fallo que ahora se recurre en reposición; este Tribunal Constitucional en el fallo ut supra, deja relacionado en forma clara en el CONSIDERANDO 15 las razones por las cuales se deniega el recurso de Revisión Penal, por considerar que no procede la aplicación retroactiva de la Ley en favor del señor ROGER IVAN GUZMAN SABILLON. En ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional ha procedido a dar respuesta a las pretensiones deducidas por el recurrente en Amparo, no advirtiéndose ultraje a derechos constitucionales, por lo cual esta Sala advierte que las pretensiones del recurrente Abogado JUAN FERNANDO ANDRADE MARTINEZ, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha veintiocho (28) de Agosto del año dos mil veinticuatro (2024), que corre agregada en autos se establece en forma motivada, clara, precisa y congruente, las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de Revisión Penal impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional suplicada. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada conforme a derecho, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 3, 316 y 321 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 numerales 7 y 8, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JUAN FERNANDO ANDRADE MARTINEZ, por las razones que se dejan ya señaladas.- Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, y Resolución de fecha quince de octubre de dos mil veinticuatro recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0690-2022

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL