Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia RP-689-22 — Registro 18307

Resumen

Sentencia en revisión condenó a recurrente como coautor penalmente responsable a Veinte años de reclusión por el delito de Secuestro; a Nueve años de reclusión por el delito de Robo Agravado; a Cuatro años de reclusión por el delito de Portación Ilegal de Armas en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; Se le condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e Interdicción Civil y se declaró su responsabilidad civil; lo anterior en perjuicio de víctimas y la Seguridad Interior del Estado de Honduras; Esta Sala de lo Constitucional concluye que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo que No es procedente la aplicación retroactiva en favor

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"del examen realizado a las presentes diligencias y tomando en consideración las normas jurídicas aplicables al caso concreto para determinar si concurren los hechos y preceptos requeridos para otorgar el recurso de revisión penal, haciendo la comparación entre las disposiciones establecidas por su orden en el Decreto 144-1983 que contiene el Código Penal derogado y el DecretoNo.130-2017 que contiene el Código Penal Vigente, resulta lo siguiente; a.Que mediante sentencia emitida dentro de la vigencia del Decreto No.144-83 en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diez (2010) por el tribunal de Sentencia de Tegucigalpa del Departamento de Francisco Morazán se condenó al Señor LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA por los delitos; 1) Secuestro en perjuicio de la Joven LORVI MARCELA PINEDA ALONZO Y FAUSTO ENRIQUE ALONZO FONSECA, imponiéndose una condena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN., 2) Por el delito de Robo Agravado en perjuicio de la Joven LORVI MARCELA PINEDA ALONZO Y FAUSTO ENRIQUE ALONZO FONSECA, imponiéndose una condena de NUEVE (9) AÑOS de reclusión., 3)Por el delito de Portación Ilegal de Armas en PERJUICIO DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS imponiéndose una pena de CUATRO (4) AÑOS DE RECLUSIÓN. b. Observando los criterios para determinar la Ley más Favorable establecidos en el articulo 616 del Código Penal Vigente que ya hemos referido anteriormente y aplicando además los criterios establecidos en los artículos 32 y 70 del Código Penal Vigente la comparación resulta así; 1) Para el delito de Secuestro el Código Penal Vigente en su artículo 240 establece una pena abstracta de doce (12)años a quince (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena; cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes; 1) El autor logra el cumplimiento de la condición., 2), 3) La privación de la libertad exceda de setenta y dos (72) horas.,4),5),6),7) el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado… Si concurrieran dos (2) o mas de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) años a veinte (20) años. De los hechos probados en la sentencia que se revisa, queda evidenciado que los elementos de la conducta sancionada se subsumen en una de las agravantes establecidas en el artículo 32 del Código Penal: “1) Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando medios, modos o formas en la ejecución, que tiendan directa y específicamente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido”. Por lo cual aplicando las reglas establecidas en el artículo 70 del Código Penal para determinar las penas dentro del máximo y el mínimo que la ley señala al delito, que para el caso concreto el inciso (b) del numeral uno del precitado artículo establece que “Si solo concurre una (1) o dos (2) circunstancias agravantes y ninguna atenuante, se aplica la pena media hasta el límite máximo. Lo que en conclusión resultaría aplicar la pena máxima de DIECISIETE (17) AÑOS SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN PARA EL DELITO DE SECUESTRO, más las penas accesorias establecidas por ley.2)El Código Penal vigente en el artículo 361 tipifica como ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN que debe ser castigado con una pena de cuatro (4) a ocho (8) años, cuya pena se debe aumentar 1/3 en caso que concurra alguna de las siguientes agravantes; 1),2),3),4),5),6),7),8),9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto resultando imponer una pena de ocho (8) años a diez (10) años ocho (8) meses de de reclusión, aplicando nuevamente las reglas establecidas en el articulo 70 que establece en el numeral 1 inciso b) si solo concurre una (1) o dos circunstancias agravantes y ninguna atenuante se aplica la pena media hasta el límite máximo, que para el caso la conducta sancionada se subsume en el numeral 1) del Articulo 32 del Código Penal:..."..." en ese orden de ideas correspondería aplicar la pena media hasta el limite máximo que en el caso concreto se traduce a NUEVE (9) AÑOS CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN, más las penas accesorias que determina la Ley.3)Para el delito Porte ilegal de armas, el Código Penal vigente establece una pena de Uno (1) a Cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años si se trata de armas o municiones permitidas, se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego sin autorización que es el caso del Señor LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA, misma que a su vez debe ser aumentada en 1/3 por concurrir una de las agravantes establecidas en el artículo 584 del Código Penal Vigente que establece; “Las penas previstas en este capítulo se incrementan hasta 1/3 en los casos siguientes: 1)los hechos son cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado…quedando así para el caso concreto una pena abstracta de cinco (5) años cuatro meses como pena mínima y siete años un (1)mes y diez días de prisión como pena máxima, que para determinar utilizando las reglas establecidas en el artículo 70 del Código penal inciso a donde establece que cuando no concurren agravantes ni atenuantes la pena se fija dentro del marco establecido para el delito de que se trate en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho. En conclusión, por el delito de Porte Ilegal de armas el Señor LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA se le impondría una pena de SIETE (7) AÑOS DIEZ (10) DIAZ DE RECLUSION.4)En resumen, aplicando las penas establecidas en el Código Penal Vigente conforme a las situaciones particulares del condenado y haciendo la comparación de forma global; el Señor LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA recibiría diecisiete (17) años seis (6) meses años de reclusión por el delito de Secuestro, más nueve (9) años por el delito de Robo Con Violencia e Intimidación y por el delito de Tenencia o porte ilegal de armas siete (7) años, diez (10) días de reclusión, haciendo una suma global de treinta y cinco (33) años, seis (6) meses y diez (10) días de reclusión..."..."conforme a las disposiciones precitadas del Código Penal Decreto 144-83 fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central Departamento de Francisco Morazán el Ciudadano LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA por los delitos de secuestro, robo agravado y portación ilegal de armas, mismos que también son penalizados por el Nuevo Código Penal contenido en el Decreto Legislativo 130-2017 vigente a partir de 25 de junio del año 202º de la siguiente forma; a. Secuestro agravado., b. Robo con intimidación o Violencia y c. Tenencia o Porte ilegal de armas de fuego. II. En ese orden de ideas y después de aplicar los criterios establecidos en el artículo 616 del Código Penal Vigente (Decreto No.130-2017) para revisar la aplicación de la Ley más favorable por el principio de retroactividad de la Ley Penal y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia que se revisa, se concluye que al imputado no le beneficia el nuevo Código Penal. Esta Sala de lo Constitucional concluye que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente garantía Constitucional de Revisión, por lo que No es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA de una nueva norma penal vigente porque no le resulta más benigna

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de junio del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Juan Fernando Andrade Martínez, a favor del señor Luis Alberto Cerrato Arriola, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, de fecha treinta de noviembre de dos mil diez, con relación a la causa que se instruyó contra el señor Luis Alberto Cerrato Arriola, por haber sido condenado por los delitos de Secuestro, Robo Agravado y Portación Ilegal de Arma, en perjuicio de Fausto Enrique Alonzo Fonseca , Lorvi Marcela Pineda Alonzo, y la Seguridad Interior del Estado de Honduras, respectivamente.ANTECEDENTES 1)En fecha diecisiete (17) de abril de dos mil nueve (2009), compareció ante el Juzgado de Letras Segundo de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, el Abogado Elmer Abraham Zavala, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores José Saul Gómez Matamoros y Ángel Ramón Godoy Matamoros, a quienes se les supone responsables de los delitos de Secuestro y Robo Agravado, en perjuicio del señor Fausto Enrique Alonzo Fonseca y de la MENOR. (Folios 1-8 del antecedente) 2)Que en fecha treinta de noviembre de dos mil diez, el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: Condenar al acusado JOSE SAUL GOMEZ MATAMOROS, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como coautores penalmente responsables de los delitos de SECUESTRO en perjuicio de la joven LORVI MARCELA PINEDA ALONZO Y FAUSTO ENRIQUE ALONZO FONSECA por el cual se les ha acusado, a la pena de VEINTE AÑOS DE RECLUSION, debiéndose computar desde el día en que fueron aprendido por esta causa, pena de reclusión que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso. SEGUNDO: Condenar al acusado ANGEL RAMON GODOY MATAMOROS, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como coautores penalmente responsables de los delitos de SECUESTRO en perjuicio de la joven LORVI MARCELA PINEDA ALONZO y FAUSTO ENRIQUE ALONZO FONSECA por el cual se les ha acusado, a la pena de VEINTE AÑOS DE RECLUSION, debiéndose computar desde el día en que fueron aprendido por esta causa, pena de reclusión que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso. TERCERO: Condenar al acusado LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como coautores penalmente responsables de los delitos de SECUESTRO en perjuicio de la joven LORVI MARCELA PINEDA ALONZO y FAUSTO ENRIQUE ALONZO FONSECA por el cual se les ha acusado, a la pena de VEINTE AÑOS DE RECLUSION, debiéndose computar desde el día en que fueron aprendido por esta causa, pena de reclusión que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso. CUARTO: Condenar al acusado JOSE SAUL GOMEZ MATAMOROS, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como coautores penalmente responsables de los delitos de ROBO AGRAVADO en perjuicio de la joven LORVI MARCELA PINEDA ALONZO Y FAUSTO ENRIQUE ALONZO FONSECA por el cual se les ha acusado, a la pena de NUEVE AÑOS DE RECLUSION, debiéndose computar desde el día en que fueron aprendido por esta causa, pena de reclusión que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso. QUINTO: Condenar al acusado ANGEL RAMON GODOY MATAMOROS, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como coautores penalmente responsables de los delitos de ROBO AGRAVADO en perjuicio de la joven LORVI MARCELA PINEDA ALONZO Y FAUSTO ENRIQUE ALONZO FONSECA por el cual se les ha acusado, a la pena de NUEVE AÑOS DE RECLUSION, debiéndose computar desde el día en que fueron aprendido por esta causa, pena de reclusión que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso. SEXTO: Condenar al acusado LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como coautores penalmente responsables de los delitos de ROBO AGRAVADO en perjuicio de la joven LORVI MARCELA PINEDA ALONZO y FAUSTO ENRIQUE ALONZO FONSECA por el cual se les ha acusado, a la pena de NUEVE AÑOS DE RECLUSION, debiéndose computar desde el día en que fueron aprendido por esta causa, pena de reclusión que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso. SEPTIMO: Condenar al acusado LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor penalmente responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS por el cual se le ha acusado, a la pena de CUATRO AÑOS DE RECLUSION, debiéndose computar desde el día en que fue aprendido por esta causa, pena de reclusión que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso. Los condenados JOSE SAUL GOMEZ MATAMOROS, ANGEL RAMON GODOY MATAMOROS Y LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA, deberán cumplir las penas de reclusión una en pos de la otra comenzando por la mayor. OCTAVO: Condenar a los acusados JOSE SAUL GOMEZ MATAMOROS, ANGEL RAMON GODOY MATAMOROS y LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por los delitos de Secuestro y Robo Agravado, el tiempo que dure la condena principal, quedando sujetos a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. NOVENO: Condenar al acusado LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el delito de Portación ilegal de Armas Comerciales, por el tiempo que dure la condena principal, quedando sujetos a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, DECIMO: Se declara la Responsabilidad Civil proveniente de la responsabilidad penal de los condenados JOSE SAUL GOMEZ MATAMOROS, ANGEL RAMON GODOY MATAMOROS Y LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA derivada de los delitos por los que son condenados. DECIMO PRIMERO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio ni a los acusados ni al Ministerio Publico. DECIMO SEGUNDO: Que se notifique esta sentencia a las partes procesales. Así por esta nuestra Sentencia, lo Pronunciamos, Mandamos y Firmamos.” (Folios 177-193 del antecedente)3)En fecha tres de mayo de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado Juan Fernando Andrade Martínez, a favor del señor Luis Alberto Cerrato Arriola, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-4 del recurso de mérito)4)En fecha dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Integrante Martha Delia Merino Conde, quien dio por iniciada la audiencia y después de haber dado las instrucciones correspondientes le fue cedida la palabra al Abogado JUAN FERNANDO ANDRADE MARTINEZ Apoderado Legal del Señor LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA, quien manifiesta: “ En el presente caso venimos a exponer a su honorabilidad la revisión de la sentencia emitida en contra del señor LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA por el delito de secuestro, robo agravado y portación ilegal de armas y consta en el expediente de merito que mi representado fue condenado veinte años por el delito de secuestro, nueve por el delito de robo agravado y cuatro por el delito de portación ilegal de armas, lo anterior puesto al amparo del decreto 144-83, en ese sentido habiendo entrado en vigencia el decreto 130-2017 mismo que contiene penas mas favorables a mi representado como ser en el articulo 239 el delito de secuestro tiene una pena de ocho (8) a doce (12) años, el delito de robo con violencia e intimidación seria una pena de cuatro a ocho años y la tenencia de arma pues de uno a cuatro, lo anterior pues implica un beneficio sustancial en cuanto al numero de años reflejado en la sentencia impuesta a mi representado en ese sentido solicitamos a esta Honorable Corte que se procesa a revisar dicha sentencia en los términos establecidos en el escrito que contiene el recurso de revisión. Una vez concluida la exposición del recurrente le fue cedida la palabra a la Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público para que presente su oposición y El Ministerio Público consideró: “…Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 párrafo cuarto del referido Código, en cuanto señala que cuando se trata de penas privativas de libertad no se considera que el presente código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho fuera también imponible con arreglo al presente código: tal como acontece en el caso de autos, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado conforme la legislación derogada de veinte (20) años por el delito de Secuestro y de nueve (9) años por el delito de Robo Agravado no se encuentra dentro del rango de pena abstracta imponible con arreglo al Código Penal vigente. Sumado a lo anterior, en lo que respecta al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PERMITIDA, la pena a imponer se ve incrementada, ya que correspondería imponer la pena dentro de un rango de cinco (5) años cuatro (4) meses como pena mínima y siete (7) años un (1) mes diez (10) días de prisión como pena máxima: en comparación a los cuatro (4) de reclusión a los que fue condenado el encausado, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 615 de la norma sustantiva, es imperativo que las disposiciones del nuevo Código Penal resulten más favorables tomadas en su conjunto, ya que no es admisible la aplicación fragmentando las dos (2) normas sustantivas. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión.” (Folios 17-19 vuelto del recurso de mérito).FUNDAMENTACIÓN JURIDICA CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. La Constitución de la Republica en su artículo 186 prohíbe abrir juicios fenecidos, salvo en causas de materia penal y civil que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados. A pedimento de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de oficio. Sin embargo, adopta la Garantía Constitucional de Revisión que se debe ejercer exclusivamente ante la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO DOS (2): la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que; ningún poder ni autoridad, puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en causas Juzgadas en materia penal que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de Oficio. En consecuencia, toda persona agraviada que hubiere sido parte en el proceso o con derecho a ser llamada a participar en él, puede demandar la revisión de sentencias firmes en el plazo de 6 meses contados desde el día en que habiéndose realizado la última notificación. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen de los alegatos interpuestos por el Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en que el artículo 615 del código Penal aprobado mediante decreto 130-2017, establece el principio de RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código resultan mas favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, EL Órgano Jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará”. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la celebración de la Audiencia. En la Audiencia Celebrada en fecha dieciocho (18) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), El abogado JUAN FERNANDO ANDRADE en su condición de Apoderado Legal del señor LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA, en su comparecencia manifestó lo siguiente; “venimos a exponer la revisión pues la sentencia emitida en contra del señor LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA por el delito de secuestro, robo agravado y portación ilegal de armas y consta en el expediente de merito que mi representado fue condenado a veinte años por el delito de secuestro, nueve por el delito de robo agravado y cuatro por el delito de portación ilegal de armas lo anterior pues al amparo del decreto 144-83 en ese sentido y habiendo entrado en vigencia el decreto 130-2017 mismo que contiene penas más favorables a mi representado como ser en el articulo 239 el delito de secuestro tiene una pena de ocho años a doce el delito de robo con violencia seria una pena de 4 a 8 años y la tenencia de arma de uno a cuatro, lo anterior pues le implica un beneficio sustancial en cuanto al numero de años reflejados en la sentencia impuesta a mi representado.De la misma manera el Ministerio Publico a través de su Agente Fiscal la abogada XIOMARA YAMILET OSORIO VELASQUEZ manifestó; “…esta representación del Ministerio Público después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el revisionista en su escrito de interposición del recurso solicita que se revea la Sentencia Definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán de fecha treinta de noviembre del año dos mil diez (2010). Fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, de conformidad a las dispociones contenidas en el código Penal vigente. Sin embargo, “Conforme a lo antes expuesto esta representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual código Penal no son más favorables al sentenciado de conformidad a lo dispuesto en el articulo 616 párrafo cuatro del referido código, en cuanto señala que cuando se trata de penas privativas de la libertad no se considera que el presente código le sea más favorable cuando la pena anterior impuesta tal como acontece en el caso de autos. En virtud que la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado conforme la legislación derogada de veinte (20) años por el delito de secuestro y nueve (9) años por el delito de robo agravado se encuentra dentro del rango de pena abstracta imponible con arreglo a código Penal vigente, sumado a lo anterior en lo que respecta al delito de portación ilegal de armas de fuego permitida, la pena a imponer se ve incrementada ya que correspondería imponer la pena dentro de un rango de cinco (5) años cuatro (4) meses como pena mínima y siente (7)años un (1) mes diez (10) días de prisión como pena máxima; en comparación a los cuatro de reclusión a lo que fue condenado el encausado por lo que de conformidad con lo dispuesto en l articulo 615 de la norma sustantiva , es imperativo que las nuevas disposiciones del código Penal resulten más favorables tomadas en su conjunto ya que no es admisible la aplicación fragmentando las dos normas sustantivas… Visto el RAZONAMIENTO ANTERIOR, EL Ministerio Público se pronuncia porque no se otorgue la presente Acción de revisión. CONSIDERANDO CINCO (5): La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización. En el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017 vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020), que contiene el Código Penal Vigente, así como las reformas al mismo contenido en el Decreto No.93-2021 de fecha 7 de octubre de 2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 1 de noviembre de 2021. En su Artículo 1 párrafo cuarto establece PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. “Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República en su articulo 96 establece que: “La Ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, salvo cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”, este precepto constitucional comprende el cumplimiento de ciertos requisitos para ser aplicable; a. Que el sujeto haya cometido acción que sea tipificada y sancionada como delito., b. Que el legislador posteriormente establezca que esa misma acción o conducta tendrá consecuencias legales distintas a aquellas previstas en la Ley anterior y finalmente que esta nueva norma signifique para el condenado una mejora conforme a su situación individual que sea menos gravosa en comparación a la pena impuesta en su condena. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras como suscriptor de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se compromete a respetar el principio de legalidad y retroactividad que el precitado Instrumento establece en su artículo 9; “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte interamericana ha realizado una interpretación del principio de retroactividad en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que des incriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.CONSIDERANDO NUEVE (9): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”. Esto permite que el Tribunal pueda realizar una ponderación con individualidad de las circunstancias, además de aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto al juzgamiento y determinación de las penas y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin evadir los fundamentos jurídicos establecidos por el juzgador primario. ANÁLISIS JURIDICO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO DIEZ (10): Que del examen realizado a las presentes diligencias y tomando en consideración las normas jurídicas aplicables al caso concreto para determinar si concurren los hechos y preceptos requeridos para otorgar el recurso de revisión penal, haciendo la comparación entre las disposiciones establecidas por su orden en el Decreto 144-1983 que contiene el Código Penal derogado y el DecretoNo.130-2017 que contiene el Código Penal Vigente, resulta lo siguiente; a.Que mediante sentencia emitida dentro de la vigencia del Decreto No.144-83 en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diez (2010) por el tribunal de Sentencia de Tegucigalpa del Departamento de Francisco Morazán se condenó al Señor LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA por los delitos; 1) Secuestro en perjuicio de la Joven LORVI MARCELA PINEDA ALONZO Y FAUSTO ENRIQUE ALONZO FONSECA, imponiéndose una condena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN., 2) Por el delito de Robo Agravado en perjuicio de la Joven LORVI MARCELA PINEDA ALONZO Y FAUSTO ENRIQUE ALONZO FONSECA, imponiéndose una condena de NUEVE (9) AÑOS de reclusión., 3)Por el delito de Portación Ilegal de Armas en PERJUICIO DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS imponiéndose una pena de CUATRO (4) AÑOS DE RECLUSIÓN. b. Observando los criterios para determinar la Ley más Favorable establecidos en el articulo 616 del Código Penal Vigente que ya hemos referido anteriormente y aplicando además los criterios establecidos en los artículos 32 y 70 del Código Penal Vigente la comparación resulta así; 1) Para el delito de Secuestro el Código Penal Vigente en su artículo 240 establece una pena abstracta de doce (12)años a quince (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena; cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes; 1) El autor logra el cumplimiento de la condición., 2), 3) La privación de la libertad exceda de setenta y dos (72) horas.,4),5),6),7) el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado… Si concurrieran dos (2) o mas de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) años a veinte (20) años. De los hechos probados en la sentencia que se revisa, queda evidenciado que los elementos de la conducta sancionada se subsumen en una de las agravantes establecidas en el artículo 32 del Código Penal: “1) Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando medios, modos o formas en la ejecución, que tiendan directa y específicamente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido”. Por lo cual aplicando las reglas establecidas en el artículo 70 del Código Penal para determinar las penas dentro del máximo y el mínimo que la ley señala al delito, que para el caso concreto el inciso (b) del numeral uno del precitado artículo establece que “Si solo concurre una (1) o dos (2) circunstancias agravantes y ninguna atenuante, se aplica la pena media hasta el límite máximo. Lo que en conclusión resultaría aplicar la pena máxima de DIECISIETE (17) AÑOS SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN PARA EL DELITO DE SECUESTRO, más las penas accesorias establecidas por ley.2)El Código Penal vigente en el artículo 361 tipifica como ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN que debe ser castigado con una pena de cuatro (4) a ocho (8) años, cuya pena se debe aumentar 1/3 en caso que concurra alguna de las siguientes agravantes; 1),2),3),4),5),6),7),8),9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto resultando imponer una pena de ocho (8) años a diez (10) años ocho (8) meses de de reclusión, aplicando nuevamente las reglas establecidas en el articulo 70 que establece en el numeral 1 inciso b) si solo concurre una (1) o dos circunstancias agravantes y ninguna atenuante se aplica la pena media hasta el límite máximo, que para el caso la conducta sancionada se subsume en el numeral 1) del Articulo 32 del Código Penal: “Ejecutar el hecho con alevosía, Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando medios, modos o formas en la ejecución, que tiendan directa y específicamente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido” en ese orden de ideas correspondería aplicar la pena media hasta el limite máximo que en el caso concreto se traduce a NUEVE (9) AÑOS CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN, más las penas accesorias que determina la Ley.3)Para el delito Porte ilegal de armas, el Código Penal vigente establece una pena de Uno (1) a Cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años si se trata de armas o municiones permitidas, se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego sin autorización que es el caso del Señor LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA, misma que a su vez debe ser aumentada en 1/3 por concurrir una de las agravantes establecidas en el artículo 584 del Código Penal Vigente que establece; “Las penas previstas en este capítulo se incrementan hasta 1/3 en los casos siguientes: 1)los hechos son cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado…quedando así para el caso concreto una pena abstracta de cinco (5) años cuatro meses como pena mínima y siete años un (1)mes y diez días de prisión como pena máxima, que para determinar utilizando las reglas establecidas en el artículo 70 del Código penal inciso a donde establece que cuando no concurren agravantes ni atenuantes la pena se fija dentro del marco establecido para el delito de que se trate en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho. En conclusión, por el delito de Porte Ilegal de armas el Señor LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA se le impondría una pena de SIETE (7) AÑOS DIEZ (10) DIAZ DE RECLUSION.4)En resumen, aplicando las penas establecidas en el Código Penal Vigente conforme a las situaciones particulares del condenado y haciendo la comparación de forma global; el Señor LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA recibiría diecisiete (17) años seis (6) meses años de reclusión por el delito de Secuestro, más nueve (9) años por el delito de Robo Con Violencia e Intimidación y por el delito de Tenencia o porte ilegal de armas siete (7) años, diez (10) días de reclusión, haciendo una suma global de treinta y cinco (33) años, seis (6) meses y diez (10) días de reclusión. CONSIDERANDO ONCE (11): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. I. Que, conforme a las disposiciones precitadas del Código Penal Decreto 144-83 fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central Departamento de Francisco Morazán el Ciudadano LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA por los delitos de secuestro, robo agravado y portación ilegal de armas, mismos que también son penalizados por el Nuevo Código Penal contenido en el Decreto Legislativo 130-2017 vigente a partir de 25 de junio del año 202º de la siguiente forma; a. Secuestro agravado., b. Robo con intimidación o Violencia y c. Tenencia o Porte ilegal de armas de fuego. II. En ese orden de ideas y después de aplicar los criterios establecidos en el artículo 616 del Código Penal Vigente (Decreto No.130-2017) para revisar la aplicación de la Ley más favorable por el principio de retroactividad de la Ley Penal y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia que se revisa, se concluye que al imputado no le beneficia el nuevo Código Penal. Esta Sala de lo Constitucional concluye que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente garantía Constitucional de Revisión, por lo que No es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA de una nueva norma penal vigente porque no le resulta más benigna POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 616 del Código Penal Vigente 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado JUAN FERNANDO ANDRADE MARTINEZ a favor del Señor LUIS ALBERTO CERRATO ARRIOLA. Notifíquese. Redacto la Magistrada Isbela Bustillo Hernández. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0689-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL