Sentencia RP-645-22 — Registro 18892
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal la sentencia condenatoria dictada por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Hito
… “En respuesta al argumento del revisionista para la aplicación del decreto legislativo 93-2021, a sus representados esta Sala expone: a. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y articulo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. Es así, que referente a lo manifestado por el representante procesal de los sentenciados, sobre que sus representados fueron condenados en estricta conformidad, por la comisión del delito de lavado de activos, si bien se establece que se dedicaban a trasladar dinero producto del tráfico ilícito de drogas, en ninguno de los numerales de los hechos probados se logra establecer que el dinero que sus representados trasladaban específicamente el 5 de enero de 2018, este ligado al tráfico de drogas, ni mucho menos se logró acreditar o narrar que sus representados cometieron uno d ellos delitos fuentes. Es oportuno aclarar que esta Sala de lo Constitucional en el ámbito de la Revisión en materia penal bajo la causal de la aplicación de la retroactividad de una ley penal por ser más benigna, no realiza valoraciones sobre cuestiones que competen exclusivamente al juez primario. Pues este no es un recurso de Casación u equivalente, [donde se examina valoraciones o interpretaciones del juzgador] sino que es un Recurso excepcional y se limita a verificar si los hechos probados encuadran en las descripciones del delito plasmado en el Código Penal invocado, y si encuadran y se constata que la pena del tipo penal de la nueva norma es más benigna que la impuesta con el Código Penal que se aplicó al momento de la sentencia, se procede a la aplicación de la nueva norma penal, y como consecuencia se modifica la sentencia dictada por el juez primario; b.Para la emisión de dicho fallo el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, aplicó lo dispuesto en el artículo 439 del Código Penal 130-2017, y, estimó como hecho probado lo siguiente: SIC “… UNICO: Para los años 2017-2018 los señores GUMERCINDO ALONZO RUIZ GUIFARRO, OSCAR ALBERTO RUIZ RUIZ, ARMANDO ANTONIO FIGUEROA GARCIA, ELVIN ALONZO SANTOS, FRANKLIN ADALBERTO CANALES CRUZ, se dedicaban a realizar traslados de dinero el cual era producto del tráfico ilícito de drogas…”;c.El revisionista arguye que el decreto legislativo 93-2021, despenaliza cuando una persona no tiene causa o justificación económica licita de la procedencia del dinero que se encuentra en posesión, conducta por la cual fueron condenados los señores Gumercindo Alonzo Ruiz Guifarro, Oscar Alberto Ruiz Ruiz, Armando Antonio Figueroa García, Elvin Alonzo Santos, Franklin Adalberto Canales Cruz, no obstante, los hechos concretos y declarados probados en la Sentencia, estampados en el expediente de Revisión Penal, estos No se enmarcan en el Decreto Legislativo No 93-2021, ya que en el mismo se establece: Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, convierta, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero. De lo anterior se describe que los activos sean productos directos o indirectos o provengan de las diferentes acciones que describe el tipo penal. En tal sentido, y según el mismo fáctum de la sentencia venida en revisión se establece de los hechos supra mencionados, que el dinero decomisado y por el que fueron condenados los señores Gumercindo Alonzo Ruiz Guifarro, Oscar Alberto Ruiz, Armando Antonio Figueroa García, Elvin Alonzo Santos, Franklin Adalberto Canales Cruz por el Delito de Lavado de Activos, provenía de un delito precedente como lo es el Tráfico Ilícito de Drogas. Por lo tanto, la conducta descrita en los hechos no se subsume en la descripción de la nueva norma penal Decreto Legislativo No 93-2021, que derogó lo referente, “que no tenga causa o justificación económica o licita de su procedencia”; d. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la Presente Garantía Constitucional de Revisión. Por consiguiente; No es procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores GUMERCINDO ALONZO RUIZ GUIFARRO, OSCAR ALBERTO RUIZ RUIZ, ARMANDO ANTONIO FIGUEROA GARCÍA, ELVIN ALONZO SANTOS, FRANKLIN ADALBERTO CANALES CRUZ, de una nueva norma penal vigente porque la conducta descrita en los hechos no se subsume en la descripción de la nueva norma penal contenida en el Decreto Legislativo No 93-2021, que derogó lo referente, “que no tenga causa o justificación económica o licita de su procedencia”
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro.VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES a favor de los señores GUMERCINDO ALONSO RUIZ GUIFARRO, OSCAR ALBERTO RUIZ RUIZ, ARMANDO ANTONIO FIGUEROA GARCIA, ELVIN ALONSO SANTOS Y FRANKLIN ADALBERTO CANALES CRUZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), con relación a la causa que se instruyó contra los señores GUMERCINDO ALONSO RUIZ GUIFARRO, OSCAR ALBERTO RUIZ RUIZ, ARMANDO ANTONIO FIGUEROA GARCIA, ELVIN ALONSO SANTOS Y FRANKLIN ADALBERTO CANALES CRUZ, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS .ANTECEDENTES 1.El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, dictó sentencia en fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), en la cual Falló: “FALLA: PRIMERO: CONDENAR por conformidad de las partes, a los señores GUMERCINDO ALONZO RUIZ GUIFARRO, OSCAR ALBERTO RUIZ RUIZ, ARMANDO ANTONIO FIGUEROA GARCIA, ELVIN ALONZO SANTOS, FRANKLIN ADALBERTO CANALES RUIZ, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como Coautores responsables penalmente por el delito de LAVADO DE ACTIVOS AGRAVADOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, por lo cual se le impone una pena de DIEZ (10 AÑOS) DE PRISION, como pena principal, pena que deberá cumplir en la penitenciaría Nacional que el Juez de ejecución determine, quedando obligados a trabajar por el tiempo de la condena , en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional. Se impone a los condenados una multa por la cantidad DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS (2,787,700.00) Lempiras, valor que deberá ser pagado en la Tesorería General de la Republica de Honduras. SEGUNDO: CONDENAR a los señores GUMERCINDO ALONZO RUIZ GUIFARRO, OSCAR ALBERTO RUIZ RUIZ, ARMANDO ANTONIO FIGUEROA GARCIA, ELVIN ALONZO SANTOS, FRANKLIN ADALBERTO CANALES RUIZ a la pena accesoria de Inhabilitación Absoluta por el tiempo que dure la condena. TERCERO: Se declara a los condenados responsables civilmente. CUARTO: Se declara como consecuencia accesoria el comiso…” (Folios 1939-1946Z30 de los antecedentes de primera instancia).2.El Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, compareció ante la Sala de lo Constitucional en fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, presentando recurso de revisión penal a favor de los señores GUMERCINDO ALONZO RUIZ GUIFARRO, OSCAR ALBERTO RUIZ RUIZ, ARMANDO ANTONIO FIGUEROA GARCIA, ELVIN ALONZO SANTOS, FRANKLIN ADALBERTO CANALES CRUZ, contra la sentencia condenatoria de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha seis (6) de mayo de dos mil veintidós (2022), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva.3.En fecha trece de abril de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, con la comparecencia del Abogado Oscar Adán Calix Rosales, en su condición de apoderado legal de los señores Gumercindo Alonzo Ruiz Guifarro, Oscar Alberto Ruiz Ruiz, Armando Antonio Figueroa Garcia, Elvin Alonzo Santos, Franklin Adalberto Canales Cruz, y la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. FUNDAMENTACIÓN I.Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”.El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . II.Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Oscar Adán Calix Rosales en representación de Gumercindo Alonzo Ruiz Guifarro, Oscar Alberto Ruiz Ruiz, Armando Antonio Figueroa Garcia,Elvin Alonzo Santos, Franklin Adalberto Canales Cruz, como revisionista; la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña; y, el Abogado Juan Fernando Molina Godoy, procurador de la Procuraduría General de la República. El Abogado Oscar Adán Calix Rosales, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que ratifica su recurso de revisión en cada una de sus partes y que solicita la aplicación del decreto legislativo 93-2021, que reforma el articulo 439 en virtud que ya no es un tipo penal imputable la no justificación de dinero en posesión de una persona. Por su parte, el Ministerio Público manifestó su desacuerdo con el otorgamiento del recurso de revisión en virtud de considerar que, si bien es cierto el decreto 93-2021, derogó lo atinente “o que no tenga causa o justificación económica o licita de su procedencia”, señala que de los antecedentes en los hechos probados de la sentencia en el último párrafo relacionado a los elementos típicos del delito de lavado de activos, refiere que los activos provienen del tráfico ilícito de drogas, en ese sentido el artículo 439, tanto del decreto legislativo 130-2017, como del decreto legislativo 93-2021, mantiene lo relacionado al delito procedente en este caso del delito de tráfico ilícito de drogas, resultando de manifiesto que la sentencia condenatoria no se fundamentó en la no justificación de los bienes ilícitos, por lo cual se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. Finalmente, la Procuraduría General de la República se suma a lo opinión emitida por el Ministerio Público que no se otorgue la acción de revisión. III.Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. IV.Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a los señores Gumercindo Alonzo Ruiz Guifarro, Oscar Alberto Ruiz Ruiz, Armando Antonio Figueroa García, Elvin Alonzo Santos, Franklin Adalberto Canales Cruz, la pena de diez (10) años prisión, como coautores penalmente responsables del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, multa de dos millones setecientos ochenta y siete mil setecientos lempiras (L.2,787,700.00), más las penas accesorias de inhabilitación absoluta, las consecuencias legales de comiso, trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. En el caso bajo estudio, la Sala de lo Constitucional identifica tres momentos procesales distintos a considerar: i. El momento del dictado de la sentencia condenatoria firme venida en revisión de fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), en el cual se sancionó la conducta del lavado de activos bajo la vigencia del decreto legislativo 130-2017, por considerar el sentenciador que los hechos originalmente se encontraban previstos y descritos en el artículo 36 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, no obstante, había entrado en vigencia en nuevo Código Penal decreto 130-2017; ii. El momento de la interposición del recurso de revisión de fecha veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022), presentado bajo la vigencia del decreto legislativo 93-2021, que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017, contentivo del Nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal de lavado de activos; iii. La presente fecha del dictado de la sentencia de revisión, en el cual se encuentra en vigencia el decreto legislativo 43-2023, mediante el cual se reformó el decreto legislativo 93-2021, en lo atinente a las disposiciones que reforman el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017. Ahora bien, normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. Al hacer un análisis jurídico de la sucesión de los decretos legislativos mencionados, se verifica que el decreto legislativo 43-2023, mediante el cual se reformó el decreto legislativo 93-2021, en lo atinente a las disposiciones que reforman el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017, lo que hizo fue volverlo a su estado inicial, es decir, al de este último decreto legislativo; por lo cual, la problemática de determinar cuál es el decreto legislativo que se debe tomar en consideración para hacer el análisis de ponderación de retroactividad de la ley penal, se ciñe a la descripción objetiva del tipo penal de lavado de activos contenida en el decreto legislativo 130-2017, y la descripción objetiva del tipo penal de lavado de activos contenida en el decreto legislativo 93-2021. Es importante señalar que al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso), y en el caso de que en el lapsus de presentación del recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada por el revisionista fuese derogada o reformada, se tomara en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario, ello atendiendo el mandato constitucional que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado, así como también bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala de lo Constitucional, cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, el juez deberá preferir aquella que contenga mejores protecciones o que sean más favorables para el individuo. En respuesta al argumento del revisionista para la aplicación del decreto legislativo 93-2021, a sus representados esta Sala expone: a.En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y articulo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. Es así, que referente a lo manifestado por el representante procesal de los sentenciados, sobre que sus representados fueron condenados en estricta conformidad, por la comisión del delito de lavado de activos, si bien se establece que se dedicaban a trasladar dinero producto del tráfico ilícito de drogas, en ninguno de los numerales de los hechos probados se logra establecer que el dinero que sus representados trasladaban específicamente el 5 de enero de 2018, este ligado al tráfico de drogas, ni mucho menos se logró acreditar o narrar que sus representados cometieron uno d ellos delitos fuentes. Es oportuno aclarar que esta Sala de lo Constitucional en el ámbito de la Revisión en materia penal bajo la causal de la aplicación de la retroactividad de una ley penal por ser más benigna, no realiza valoraciones sobre cuestiones que competen exclusivamente al juez primario. Pues este no es un recurso de Casación u equivalente, [donde se examina valoraciones o interpretaciones del juzgador] sino que es un Recurso excepcional y se limita a verificar si los hechos probados encuadran en las descripciones del delito plasmado en el Código Penal invocado, y si encuadran y se constata que la pena del tipo penal de la nueva norma es más benigna que la impuesta con el Código Penal que se aplicó al momento de la sentencia, se procede a la aplicación de la nueva norma penal, y como consecuencia se modifica la sentencia dictada por el juez primario; b.Para la emisión de dicho fallo el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, aplicó lo dispuesto en el artículo 439 del Código Penal 130-2017, y, estimó como hecho probado lo siguiente: SIC “… UNICO: Para los años 2017-2018 los señores GUMERCINDO ALONZO RUIZ GUIFARRO, OSCAR ALBERTO RUIZ RUIZ, ARMANDO ANTONIO FIGUEROA GARCIA, ELVIN ALONZO SANTOS, FRANKLIN ADALBERTO CANALES CRUZ, se dedicaban a realizar traslados de dinero el cual era producto del tráfico ilícito de drogas…”;c.El revisionista arguye que el decreto legislativo 93-2021, despenaliza cuando una persona no tiene causa o justificación económica licita de la procedencia del dinero que se encuentra en posesión, conducta por la cual fueron condenados los señores Gumercindo Alonzo Ruiz Guifarro, Oscar Alberto Ruiz Ruiz, Armando Antonio Figueroa García, Elvin Alonzo Santos, Franklin Adalberto Canales Cruz, no obstante, los hechos concretos y declarados probados en la Sentencia, estampados en el expediente de Revisión Penal, estos No se enmarcan en el Decreto Legislativo No 93-2021, ya que en el mismo se establece: Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, convierta, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero. De lo anterior se describe que los activos sean productos directos o indirectos o provengan de las diferentes acciones que describe el tipo penal. En tal sentido, y según el mismo fáctum de la sentencia venida en revisión se establece de los hechos supra mencionados, que el dinero decomisado y por el que fueron condenados los señores Gumercindo Alonzo Ruiz Guifarro, Oscar Alberto Ruiz Ruiz, Armando Antonio Figueroa García, Elvin Alonzo Santos, Franklin Adalberto Canales Cruz por el Delito de Lavado de Activos, provenía de un delito precedente como lo es el Tráfico Ilícito de Drogas. Por lo tanto, la conducta descrita en los hechos no se subsume en la descripción de la nueva norma penal Decreto Legislativo No 93-2021, que derogó lo referente, “que no tenga causa o justificación económica o licita de su procedencia”; d.Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la Presente Garantía Constitucional de Revisión. Por consiguiente; No es procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores GUMERCINDO ALONZO RUIZ GUIFARRO, OSCAR ALBERTO RUIZ RUIZ, ARMANDO ANTONIO FIGUEROA GARCÍA, ELVIN ALONZO SANTOS, FRANKLIN ADALBERTO CANALES CRUZ, de una nueva norma penal vigente porque la conducta descrita en los hechos no se subsume en la descripción de la nueva norma penal contenida en el Decreto Legislativo No 93-2021, que derogó lo referente, “que no tenga causa o justificación económica o licita de su procedencia”.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, en favor de los señores GUMERCINDO ALONZO RUIZ GUIFARRO, OSCAR ALBERTO RUIZ RUIZ, ARMANDO ANTONIO FIGUEROA GARCÍA, ELVIN ALONZO SANTOS, FRANKLIN ADALBERTO CANALES CRUZ. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la Magistrada Bustillo Hernández. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de febrero del dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0645-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL