Sentencia RP-644-22 — Registro 19121
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal el contra la Sentencia Condenatoria por el delito de homicidio simple en su grado de ejecución de tentativa, asimismo por el delito de robo agravado. aplicación retroactiva de la norma penal vigente, en razón a no resultar más beneficiosa para el penado que, la que se encontraba vigente.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que, no es de recibo la petición efectuada por el garantista, Abogado OSCAR ADÁN CÁLIX ROSALES, pues del análisis concursado del caso, efectuada la comparación completa y en forma global entre lo dispuesto en el Código Penal derogado (Decreto 144-1983), bajo el cual se condenó al ciudadano RONY RENE CANALES MENCIA; con respecto a las nuevas penas, contempladas en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), para los delitos en referencia; se colige que la pena privativa de libertad impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, resulta también imponible con arreglo al presente Código Penal. Por todo lo cual NO RESULTA PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal sustantiva solicitada por el letrado revisionista. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que acompañan a la garantía constitucional de revisión penal, se colige la no subsunción del mismo en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. No procediendo la aplicación retroactiva de de la norma penal vigente, en razón a no resultar más beneficiosa para el penado que, la que se encontraba vigente, al momento de dictársele la sentencia condenatoria, que es venida en revisión."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES a favor del señor RONY RENE CANALES MENCIA, contra la Sentencia Condenatoria dictada por EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha -veintinueve de marzo de dos mil doce, con relación a la causa que se instruyó contra el señor RONY RENE CANALES MENCIA, por el delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de JOSE LIDIO PEREZ Y JUAN BAUTISTA BENITEZ PEREZ; asimismo por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de BANCO ATLANTIDA S.A. (Exp. 0501-2009-13522- TS/SPS).ANTECEDENTES 1)Que en fecha veintitrés (23) de mayo del dos mil nueve (2009), compareció ante EL JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, el Abogado VIRGILIO FRANCISCO CARIAS GOMEZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra RONY RENE CANALES MENCIA; NATANAEL GARCIA RECINOS; OSCAR ORLANDO DURON; WALTER GEOVANY MEJIA RIOS; BRENDY RAFAEL CRUZ Y JOSE MATEO LORENZO por suponerlos responsables del delito de ASOCIACION ILICITA; ROBO AGRAVADO; ATENTADO; HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; BANCO ATLANTIDA S.A Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA de nombre LIDIO PEREZ Y BAUTISTA BENITEZ y otros; y de LIDIO PEREZ Y BAUTISTA PEREZ. 2)Que continuado que fue el proceso, en fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil doce (2012), EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual resolvió: “PRIMERO: CONDENAR al encausado RONY RENE CANALES MENCIA, BRENNY RAFAEL CRUZ EGUIGURE, JOSE MATEO LORENZO Y WILFRED JAMES WRIGHTS, como AUTORES responsable penalmente de HOMICIDIO SIMPLE en su grado de ejecución de TENTATIVA, en perjuicio del agente de policía JOSE LIDIO PÉREZ, ya definido y circunstanciado, a la siguiente pena principal de TRECE (13) AÑOS CON CUATRO (04) MESES DE RECLUSIÓN; debiéndose computar la misma desde el día en que fueron recluidos de manera efectiva en el centro penal respectivo y abonando a la misma el tiempo que han permanecido en efectiva prisión, y la que deberán cumplir en el Centro Penitenciario Nacional correspondiente. SEGUNDO: CONDENAR a los acusados RONY RENE CANALES MENCIA, BRENNY RAFAEL CRUZ EGUIGURE, JOSE MATEO LORENZO Y WILFRED JAMES WRIGHTS, como AUTORES responsables de un delito de HOMICIDIO SIMPLE, en su grado de ejecución de TENTATIVA, en la persona de policía JUAN BAUTISTA BENITEZ PÉREZ, ya definido y circunstanciado, a la siguiente pena principal de TRECE (13) AÑOS CON CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN; debiéndose computar la misma desde el día en que fueron recluidos de manera efectiva en el centro penal respectivo, abonando a la misma el tiempo que han permanecido en efectiva prisión, y la que deberán cumplir en el centro Penitenciario Nacional correspondiente. TERCERO: CONDENAR a los acusadores RONY RENE CANALES MENCIA, BRENNY RAFAEL CRUZ EGUIGURE, JOSE MATEO LORENZO Y WILFRED JAMES WRIGHT, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como AUTORES responsables de un delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de la institución bancaria denominada BANCO ATLANTIDA S.A., ya definido y circunstanciado, a la siguiente pena principal de SEIS (6) AÑOS, CON OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN; debiéndose computar la misma desde el día en que fueron recluidos de manera efectiva en el centro penal respectivo en efectiva prisión, LAS PENAS a que han sido condenados a cumplir los señores RONY RENE CANALES MENCIA, BRENNY RAFAEL CRUZ EGUIGURE, JOSE MATEO LORENZO Y WILFRED JAMES WRIGHT, en la penitenciaría Nacional correspondiente, deberán cumplirlas una en pos de otra iniciando por la mayor gravedad. CUARTO: CONDENAR a los señores RONY RENE CANALES MENCIA, BRENNY RAFAEL CRUZ EGUIGURE, JOSE MATEO LORENZO Y WILFRED JAMES WRIGHT, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. QUINTO: DECLARAR la responsabilidad civil de los condenados, RONY RENE CANALES MENCIA, BRENNY RAFAEL CRUZ EGUIGURE, JOSE MATEO LORENZO Y WILFRED JAMES WRIGHT, por la indemnización de perjuicios causados a los ofendidos, JOSE LIDIO PÉREZ Y JUAN BAUTISTA BENÍTEZ PÉREZ y la institución bancaria denominada BANCO ATLANTIDA S.A., la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia.3)Que en fecha veintidós de abril del dos mil veintidos, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, presentando recurso de revisión penal a favor del señor RONY RENE CANALES MENCIA, contra la sentencia condenatoria de fecha “veintinueve (29) de marzo del dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-09 del recurso) 4) Que en fecha ocho de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES en su condición de apoderado legal del señor RONY RENE CANALES MENCIA, y la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios 41-45 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Posicionamiento de las partes en audiencia de oposición. El Abogado recurrente expuso: Que ratifica el recurso de revisión presentado en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintidós (2022), y solicita la revisión de la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintinueve de marzo de dos mil doce (Sic.), en la causa seguida contra el señor RONY RENE CANALES MENCIA, por: 1. El delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de JOSE LIDIO PEREZ Y JUAN BAUTISTA BENITEZ PEREZ, en virtud de no encontrarse representado su representado, como autor del mismo; de conformidad a los hechos declarados probados. 2. En cuanto al delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de BANCO ATLANTIDA S.A., de conformidad a los artículos 615 y 616 del Código Penal vigente, con relación al artículo 96, numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que establecen el principio de retroactividad de la ley penal más favorable; deberá emitirse nueva sentencia de conformidad a lo establecido en los artículos 192 y 361, del Código Penal vigente (Decreto No. 130-2017). Particularmente, por aplicación de este último artículo, quedaría la pena revisada, concretada en una pena de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, efectuada la rebaja de un cuarto (¼), que señala el artículo 21, con relación al artículo 62; por tratarse de un delito tipificado como ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN (Delito Agravado), ejecutado en el grado de ejecución de tentativa acabada.La Agente de Tribunales del Ministerio Público, Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, manifestó en audiencia: De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Publico se manifestaba en desacuerdo con la revisión penal solicitada, de conformidad a las siguientes consideraciones; a) Comenzando por las sanciones aplicables al señor RONY RENE CANALES MENCIA, mediante sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, en fecha veintinueve de marzo del año dos mil doce, por dos (2) delitos de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de JOSE LIDIO PEREZ Y JUAN BAUTISTA BENITEZ PEREZ; por cada uno de los cuales fue sentenciado el ciudadano revisionista, a la pena principal de TRECE (13) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN, por cada uno de los delitos de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, a cumplir en la Penitenciaría Nacional "Marco Aurelio Soto"; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL; penas, las cuales, al ser comparada con el nuevo Código Penal, resultan en la comparativa con el delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA según prescrito en el artículo 192 del nuevo Código Penal, castigado con la pena de prisión de QUINCE A VEINTE AÑOS DE PRISIÓN, con relación a los artículos 62 y 21, literal a), del nuevo Código Penal, que refiere al grado de ejecución de tentativa inacabada, caso en el cual debe imponerse dicha pena rebajada en un tercio (1/3), quedando la nueva pena a imponer, para este delito, de DOCE (12) AÑOS TRES MESES a QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN; a la cual habría de agregarse, las agravantes establecidas en el artículo 32, numerales 1) y 4), de lo cual se desprende, que la pena concreta a imponer se aplica de la pena media hasta el límite máximo; determinación de penas que, con el nuevo Código Penal, ascendería, por el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, a una nueva pena concreta de TRECE (13) AÑOS, SIETE (7) MESES Y QUINCE DÍAS de Prisión; por lo que, en el caso concreto, no resulta de beneficio para el condenado la normativa invocada.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que, en lo concerniente al delito de: b) ROBO AGRAVADO, ejecutado en el grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de BANCO ATLANTIDA S.A.; por el cual fue sentenciado el ciudadano RONY RENE CANALES MENCIA, a la pena principal de SEIS (6) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN a cumplir en el Centro Penal que designe el Instituto Nacional Penitenciario; más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil; resulta comparable, en el nuevo Código Penal, bajo prescripción del artículo 218, relacionado con los artículos 219 y 225, numeral 4), del mismo Código, que señala un aumento de un tercio (1/3) cuando concurra la circunstancia de cometer el hecho con la cooperación de dos o más personas; más las agravantes del caso que estipulan los artículos 363, numerales 4) y 9); 32, numerales 1) y 4); con relación al artículo 70, literal b), todos del nuevo Código Penal (Decreto Legislativo No. 130-2017); con lo cual la determinación de la pena ascendería, por el precitado delito de ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN, a una pena concreta de NUEVE (9) AÑOS, CUATRO (4) MESES de Prisión; por lo cual no resulta tampoco de favorabilidad al reo la revisión penal solicitada. - Por tanto, manifiesta la Fiscal compareciente, que no encontrándose lo peticionado por el revisionista conforme a los postulados de Ley, en lo concerniente a los parámetros de retroactividad de la ley penal más favorable, para los condenados; debe pronunciarse porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. CONSIDERANDO CINCO (5): Que, el ordenamiento jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que, en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 prescribe: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. "En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal signifique para la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a la prevista en la ley penal anterior.CONSIDERANDO SIETE (7): Cumpliéndose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previamente, de resultar más favorable a la persona juzgada o condenada, de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir, la ley que regulaba el hecho al momento de su comisión, y, la ley emitida posteriormente, deben ser de carácter penal sustantivo; lo cual implica no es dable la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, debe realizarlo de manera integral, sin que le sea permitido discriminar los aspectos más beneficiosos de cada una de las leyes en conflicto temporal, pues de lo contrario, se incurriría en una aplicación parcial de dos (2) normas penales, o lo que es lo mismo, en la creación de una nueva norma jurídico - penal, por parte del juzgador. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, corpus iuris fundamental del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, y, como tal, parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico; la cual establece en su artículo 9: “Principio de Legalidad y de Retroactividad: Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Las negritas y subrayado son añadidas-. Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido, en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.CONSIDERANDO NUEVE (9): Que, otros principios concurrentes, además del Principio de Legalidad, el cual exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley, son los proclamados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, resaltando lo normativizado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo, en la Constitución de la República de Honduras, se recoge en los artículos 69, 70, 84, 85, 90 y demás aplicables. Cabe destacar, también, lo que prescribe el Código Penal vigente, cuyo artículo 1, párrafo primero, el cual reza: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta”. Asimismo, el artículo 1, párrafo cuarto, del mismo cuerpo legal establece el Principio de Retroactividad: “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. En consecuencia, se establece que la ley aplicable debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que procede la comparación global que establece la ley penal, respecto al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, entre normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor; sin desmedro del Principio de Legalidad y de Retroactividad garantizados en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), como queda visto; concurren otras normas secundarias, de general y pertinente aplicación para la operatividad de la presente garantía constitucional, como son las contenidas en el artículo 615 del Código Penal vigente, el cual dispone, a la letra: “Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican Éstas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará.” El artículo 617 del mismo Código, prescribe, por su parte, lo conducente a las penas conjuntas: “Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.”CONSIDERANDO ONCE (11): Que, el “Concurso Real de Delitos”, marco dogmático en que se comprende la presente revisión penal, conforme a las disposiciones transitorias del Código Penal vigente; y, a los artículos 615, párrafo primero, 616 y 617, en particular; puede definirse con pertinencia, en aproximación general a la teoría del concurso de delitos; cuando hechos independientes resultan, cada uno de ellos, encuadrados en el tipo penal que los describe. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la comparación global así establecida, requiere examinar la acumulación material de las penas que hubieren podido corresponder a los hechos bajo enjuiciamiento, en la norma legal vigente, como parámetro de la revisión penal. Vistas las penas aplicadas a sendos delitos examinados, en los cuales el Tribunal sentenciador encontró también concurrencia de circunstancias modificativas agravantes de la responsabilidad penal, según se desglosa a continuación: A) Comenzando por las sanciones aplicables al señor RONY RENE CANALES MENCIA, mediante la sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, en fecha veintinueve de marzo del año dos mil doce, por dos (2) delitos de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de JOSE LIDIO PEREZ Y JUAN BAUTISTA BENITEZ PEREZ; por cada uno de los cuales fue sentenciado el ciudadano revisionista, a la pena principal de TRECE (13) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN, por cada uno de los delitos de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, a cumplir en la Penitenciaría Nacional "Marco Aurelio Soto"; las cuales, al ser sumadas en concurso real, ascienden a la pena acumulada de VEINTISEIS (26) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN. En comparación, el nuevo Código Penal, asigna al delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA según prescrito en el artículo 192 del nuevo Código Penal, una pena de prisión de QUINCE A VEINTE AÑOS DE PRISIÓN, con relación a los artículos 62 y 21, literal a), del nuevo Código Penal, que refiere al grado de ejecución de tentativa inacabada, caso en el cual, de imponerse dicha pena rebajada en un tercio (1/3), quedaría la nueva pena abstracta a imponer, por cada uno de estos delitos, de DIEZ (10) AÑOS a QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN; a la cual habría de agregarse, oído el parecer de la Fiscalía para la Defensa de la Constitución, las agravantes establecidas en el artículo 32, numerales 1) y 4), del nuevo Código Penal; las cuales son relativas a la ejecución del hecho con alevosía y mediando disfraz o aprovechando las circunstancias de tiempo y lugar para facilitar su ejecución o la impunidad del delincuente. De lo anterior se desprende, que, la pena concreta final se impondría desde la pena media hasta el límite máximo, acorde las normas para determinación de penas que establece el artículo 70, literal b), del nuevo Código Penal, para la concurrencia de una (1) o dos (2) circunstancias agravantes y ninguna atenuante. Ascendería, por tanto, la pena abstracta a imponer, de revisarse la condena penal por cada uno de los dos (2) delitos de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, a un marco abstracto de entre los DOCE (12) AÑOS, SEIS (6) MESES, en su base y los QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN, como límite máximo, por cada uno de ellos; las cuales, acorde a la normativa en vigencia; penas que, al sumarse en concurso real, ascenderían a un nuevo marco abstracto de entre los VEINTICINCO (25) y los TREINTA (30) AÑOS DE PRISIÓN.B) Siguiendo con la revisión de la sanción aplicada al señor RONY RENE CANALES MENCIA, mediante la sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, en fecha veintinueve de marzo del año dos mil doce, por un delito de ROBO AGRAVADO, ejecutado en el grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de BANCO ATLANTIDA S.A.; por el cual fue sentenciado el señor RONY RENE CANALES MENCIA a la pena principal de SEIS (6) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN, de conformidad a las disposiciones del Código Penal Decreto 144-83. Mientras tanto, de concederse la revisión solicitada, el delito de ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN, ejecutado en el grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de BANCO ATLANTIDA S.A.; le sería no solamente la pena aplicable del artículo 361 del nuevo Código Penal, que establece como marco básico de CUATRO (4) a OCHO (8) AÑOS DE PRISIÓN, sino que la agravación específica que estipulan los artículos 363, numerales 4) y 9); conforme a la cual, las penas de hurto y robo deben aumentarse en un tercio (2/3); con lo cual el nuevo marco abstracto comprendería penas entre los OCHO (8) a TRECE (13) AÑOS CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN. Por otra parte, el artículo 70, literal a) del nuevo Código Penal (Decreto Legislativo No. 130-2017), especifica que, si no concurren circunstancias agravantes, ni atenuantes, la pena se fija dentro del marco establecido para el delito que se trata en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho; las cuales fueron motivadas en el Fundamento Jurídico Décimo Tercero de la sentencia que se revisa. Así, la determinación de la pena abstracta por el precitado delito de ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN, se computaría de entre los OCHO (8) AÑOS a los TRECE (13) AÑOS CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN; desprendiéndose, de la anterior operación aritmética, que la nueva pena a imponer concursaría en el rango global de entre TREINTA Y TRES (33) AÑOS, y los CUARENTA Y TRES AÑOS (43) CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN; lo cual no resulta más beneficioso al garantista, la punibilidad de su participación en los hechos declarados probados, conforme a las disposiciones que contempla el nuevo Código Penal hondureño (Decreto 130-2017). CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. I. Que, cabe recapitular, conforme a las disposiciones del Código Penal Decreto 144-83, que los delitos por los cuales fuera sentenciado el ciudadano RONY RENE CANALES MENCIA, en la sentencia que se revisa, son penados materialmente de la siguiente forma: 1. Delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio del agente de policía JOSE LIDIO PÉREZ, ya definido y circunstanciado, a la pena principal de TRECE (13) AÑOS CON CUATRO (04) MESES DE RECLUSIÓN; 2. Delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio del agente de policía JUAN BAUTISTA BENITEZ PÉREZ, ya definido y circunstanciado, a la pena principal de TRECE (13) AÑOS CON CUATRO (04) MESES DE RECLUSIÓN, y; 3. Delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de la institución bancaria denominada BANCO ATLANTIDA S.A., ya definido y circunstanciado, a la siguiente pena principal de SEIS (6) AÑOS, CON OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN. De lo cual se desprende, que la suma material o aritmética de todas estas penas, asciende a TREINTA Y TRES (33) AÑOS, CON CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN. II. Que, concursadas las referidas penas, en forma global como prescribe el artículo 616, párrafos 1° y 9°, del nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), no resultaría más favorable al garantista la aplicación de las penas contenidas en el nuevo Código Penal, conforme al cual, según se desprende del cómputo penológico desarrollado en el Antecedente Doce de la presente sentencia, la nueva pena a imponer concursaría en el rango global de entre TREINTA Y TRES (33) AÑOS, y los CUARENTA Y TRES AÑOS (43) CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN; por lo cual no resulta más beneficioso al garantista, la punibilidad de su participación en los hechos declarados probados, conforme a las disposiciones que contempla el nuevo Código Penal hondureño (Decreto 130-2017). III. Efectuado el rigoroso análisis del caso, resulta coincidencia sustancial a la oposición formulada por la Fiscal conocedora del presente recurso, por cuanto se desprende que las penas privativas de libertad, por las que fue sentenciado el ciudadano garantista, se encontrarían implícitas en el marco de las penas que contempla el nuevo Código Penal para sancionar concursalmente los delitos de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA y ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN especialmente agravado; no siendo más benignas las disposiciones del Código Penal vigente en la presente causa, ya que, a juicio de la Fiscal compareciente, la determinación de la pena más favorable calculará la pena que hubiere podido corresponder al hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de normas completas de la legislación derogada y la que entra en vigor; siguiendo los criterios establecidos en el artículo 616 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017); no siendo admisible, en definitiva, la revisión del caso, por cuanto la pena privativa de libertad impuesta conforme a la legislación derogada, resulta también imponible a los hechos juzgados con arreglo al Código Penal vigente.CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que, no es de recibo la petición efectuada por el garantista, Abogado OSCAR ADÁN CÁLIX ROSALES, pues del análisis concursado del caso, efectuada la comparación completa y en forma global entre lo dispuesto en el Código Penal derogado (Decreto 144-1983), bajo el cual se condenó al ciudadano RONY RENE CANALES MENCIA; con respecto a las nuevas penas, contempladas en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), para los delitos en referencia; se colige que la pena privativa de libertad impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, resulta también imponible con arreglo al presente Código Penal. Por todo lo cual NO RESULTA PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal sustantiva solicitada por el letrado revisionista. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que acompañan a la garantía constitucional de revisión penal, se colige la no subsunción del mismo en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. No procediendo la aplicación retroactiva de de la norma penal vigente, en razón a no resultar más beneficiosa para el penado que, la que se encontraba vigente, al momento de dictársele la sentencia condenatoria, que es venida en revisión.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 4, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 numeral 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: DECLARANDO SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES a favor del señor RONY RENE CANALES MENCIA. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0644-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL