Sentencia RP-643-22 — Registro 17827
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria en aplicación del Principio de retroactividad en materia penal con relación a la causa que se instruyó contra recurrente , por haber sido condenado por el delito de Estafa Continuada, la Sala Constitucional concluye bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, que las penas del nuevo Código benefician al encausado, siendo que el marco abstracto de penas a aplicar es inferior en relación al Código Penal anterior
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
(13): I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme al Código Penal Derogado Decreto 144-83, la pena a imponer por el delito de ESTAFA era reclusión de seis (6) a nueve (9) años y multa igual al diez por ciento (10%) del valor defraudado, y por tratarse de un DELITO CONTINUADO se aplicó al sentenciado lo establecido en el artículo 37, segundo párrafo de dicho Código Penal derogado, es decir la pena más grave aumentada en dos tercios, por lo que el rango de la pena a imponer era de diez (10) a quince (15) años de reclusión, al cual se le aplicó la pena mínima, es decir, diez (10) años de reclusión, más multa equivalente al diez por ciento (10%)del valor defraudado y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. En cuanto al Código Penal Vigente Decreto 130-2017 regula el delito de ESTAFA en el artículo 365 que literalmente dice: “Comete estafa quien, con ánimo de lucro, utiliza engaño suficiente para producir error en otro y le induce a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. También se comete el delito de estafa en los casos siguientes: 1) Quien con el propósito de obtener un provecho ilícito consigue la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero, mediante una manipulación informática o el uso de otro artificio semejante; y, 2) Quien utilizando ilegítimamente tarjeta de crédito o débito, cheque, pagaré, letra de cambio, los datos obrantes en cualquiera de ellos o cualquier otra forma de pago similar, realiza con ánimo de lucro operaciones en perjuicio de su titular o de un tercero. El delito de estafa debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años si el valor de lo defraudado, excede de Cinco Mil Lempiras (L5,000). Para la determinación de la pena en estos delitos se debe atender al importe de lo defraudado, la pérdida económica causada al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por el reo y cualesquiera otras circunstancias similares que sirvan para valorar la gravedad de la infracción.” Es decir que el Código Penal Vigente Decreto 130-2017 para la acción típica realizada por el sentenciado regula una pena abstracta de dos (2) a cuatro (4) años prisión. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician al encausado, siendo que el marco abstracto de penas a aplicar es inferior en relación al Código Penal 144-83, por lo que procederemos a examinar las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. II. Que, en cuanto a la concurrencia de concurso de delitos que implique el aumento o disminución en grados de la pena abstracta, en ese sentido, el juzgador ha determinado la concurrencia de un delito continuado, consecuentemente, de conformidad a lo que establece el artículo 68 del Nuevo Código penal decreto 130-2017 al autor de un delito continuado debe castigársele con la imposición de la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), dando como resultado una pena abstracta de CUATRO (4) AÑOS a CINCO (5) AÑOS, CUATRO (4) MESES DE PRISION. IV. El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, impuso la pena mínima por el delito sindicado, en virtud de lo cual procedería la imposición de pena en los mismos términos; en atención a ello, la pena a imponer al señor IONANNIS VENTURA GARCIA sería de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN. CONSIDERANDO (14): I. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, esta Sala estima, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor IONANNIS VENTURA GARCIA de una norma vigente que le resulta más benigna. II. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 Numeral 8 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERRTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de febrero de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada Mirla Auxiliadora Reyes Oseguera, a favor del señor Ionannis Ventura García, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, de fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, con relación a la causa que se instruyó contra el señor Ionannis Ventura García, por haber sido condenado por el delito de Estafa Continuada, en perjuicio de los señores Mauricio Enamorado Soto, Xiomara Sánchez Irías y Otros. ANTECEDENTES 1) En fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Alejandra Giselle Lanza Rodríguez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Ionannis Ventura García, por suponerlo responsable del delito de Estafa, en perjuicio de los señores Ena Hury Guandique Flores, Ruth Mercedes Sánchez Irias, Karla Patricia Paz Zuniga, Gerardo Antonio Cárcamo Paz, Rudy Willians Zelaya Villanueva, Jose Antonio Alvarado, Marcio Enamorado Soto, Xiomara Lorena Enamorado Soto, Jeovanny Francisco Ochoa Guevara, Ludwing Alexander Silva, Oscar Hernández Zuniga, Juan Carlos Salinas Andrade, Giddel Honan Lanza Lagos. (Folios 1-9 del antecedente). 2) Que en fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: CONDENAR al acusado IOANIS VENTURA GARCIA de generales anteriormente descritas como autor responsable de un delito de Estafa Continuada en perjuicio Marció Enamorado Soto, Xiomara Enamorado Soto, Edna Hury Guandique Flores, Ruth Mercedes Sánchez Irias, Karla Patricia Paz Zúñiga, Gerardo Antonio Cárcamo, Rudy Williams Zelaya Villanueva, José Antonio Alvarado, Geovanny Francisco Ochoa Guevara, Ludwing Alexander Silva, -Oscar Hernández Zúñiga, Juan Carlos Salinas Andrade, Giddel Hoana Lanza -Lagos, Yessenia Rosales, Oscar Hernández, Yoseph Matute, Yeyson Herrera, Marlin Vásquez a sufrir la pena de DIEZ AÑOS, ( 10 años de reclusión), misma que deberá cumplir en la penitenciaria Central de Tamara, Francisco Morazán, quedando a la orden del Juzgado de Ejecución y del Instituto Penitenciario de Honduras, además de que se acompaña la pena de realizar los programas de Trabajo establecidos por estas instituciones. SEGUNDO: CONDENAR al acusado IOANIS VENTURA GARCIA IOANIS VENTURA GARCIA, de generales anteriormente descritas como autor responsables de un delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de Marció Enamorado Soto, Xiomara Enamorado Soto, Edna Hury Guandique Flores, Ruth Mercedes Sánchez Irias, Karla Patricia Paz Zúñiga, Gerardo Antonio Cárcamo, Rudy Williams Zelaya Villanueva, José Antonio Alvarado, Geovanny Francisco Ochoa Guevara, Ludwing Alexander Silva, Oscar Hernández Zúñiga, Juan Carlos Salinas Andrade, Giddel Hoana Lanza Lagos, Yessenia Rosales, Oscar Hernández, Yoseph Matute, Yeyson Herrera, Marlin Vásquez.- A la pena PRINCIPAL DE MULTA sobre el total del valor estafado, cuyo total es CUATROCIENTOS, TREINTA Y OCHO MIL lempiras: (438,000,00), por lo que el diez por ciento de la pena de multa es CUARENTA Y TRES MIL, OCHOCIENTOS lempiras: (43,800,00). TERCERO: Se le impone a la vez la pena de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil a IOANIS VENTURA GARCIA el tiempo de duración de la pena de reclusión. CUARTO: Se declara la Responsabilidad Civil de IOANIS VENTURA GARCIA como consecuencia de su responsabilidad penal apreciada por este Tribunal en la presente sentencia, a favor de Marció Enamorado Soto, Xiomara Enamorado Soto, Edna Hury Guandique Flores, Ruth Mercedes Sánchez Irías, Karla Patricia Paz Zúñiga, Gerardo Antonio Cárcamo, Rudy Williams Zelaya Villanueva, José Antonio Alvarado, Geovanny Francisco Ochoa Guevara, Ludwing Alexander Silva, Oscar Hernández Zúñiga, Juan Carlos Salinas Andrade, Giddel Hoana Lanza Lagos, Yessenia Rosales, Oscar Hernández, Yoseph Matute, Yeyson Herrera, Marlin Vásquez, la cual deberá, tramitarse ante el juzgado de ejecución competente. Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales.” (Folios 450-454 del antecedente). 3) En fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por la Abogada Mirla Auxiliadora Reyes Oseguera, a favor del señor Ioannis Ventura García, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-4 del recurso de mérito). 4) En fecha dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante José Ricardo Pineda Medina, con la comparecencia de la Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Mirla Auxiliadora Reyes Oseguera, en su condición de Apoderada Legal del señor Ioannis Ventura García; El Ministerio Público consideró: “…El Ministerio Público al hacer un análisis comparativo de ambas leyes penales, aprecia que el Código Penal derogado Decreto 144/83 sancionaba el delito de ESTAFA en su artículo 240 Y 241 numeral 3) Con seis (6) a nueve (9) años de reclusión si la cuantía excede de cien mil (L.100,000.00) Lempiras. El agente, además, será sancionado con una multa igual al diez por ciento (10%) del valor defraudado. Pena que fue incrementada en un tercio por tratarse de un delito continuado. El Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), regula el delito de ESTAFA en el artículo 367, con una pena de TRES (3) a CINCO (5) AÑOS quien ejecute alguna de las conductas siguientes 1), 2), 3) Quien otorga en perjuicio de otro un contrato simulado; Asimismo concurren las agravantes especificas contenidas en el artículo 366, como ser: 1), 2), 3) Los hechos revisten especial gravedad por la cuantía defraudada 4), 5), 6) Los hechos se realizar por quien ostenta la condición de administrador de hecho o de derecho de una sociedad constituida o en formación: En el caso de concurrir dos o más circunstancias la pena será incrementada hasta en dos tercios (2/3), quedando una nueva pena abstracta de CINCO AÑOS A OCHO AÑOS 4 MESES de prisión. Conforme lo anterior, y al ser un delito continuado se aplica lo dispuesto en el artículo 616 de la nueva norma sustantiva, que en el párrafo séptimo señala lo siguiente: "Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado." En ese sentido y siendo que de los hechos probados se desprende que fueron dieciocho (18) ofendidos, se aplica la pena correspondiente para cada uno de ellos, es decir, de CINCO AÑOS A OCHO AÑOS 4 MESES de prisión, resultando una pena global de NOVENTA AÑOS a CIENTO CINCUENTA AÑOS, por aplicarse concurso real de delitos por lo cual cumpliría únicamente treinta años. Al examinar lo peticionado por la revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena a imponer conforme el nuevo Código Penal resulta más gravosa por los fundamentos legales indicados. Por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado." Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión…” (Folios 23-25 vuelto del recurso de mérito). CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. La recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral 8 del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. La garantista señala en los antecedentes que a su representado le asiste el derecho de solicitar que se haga una revisión de la pena o condena para la aplicación de la retroactividad de la ley, considerando el concepto de prisión conforme lo establece el articulo 35 numeral 2 del nuevo Código Penal en relación al articulo 621 del mismo cuerpo legal. CONSIDERANDO (4): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO (5): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha dieciocho de mayo de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada Mirla Auxiliadora Reyes Oseguera, en representación del señor IONANNIS VENTURA GARCIA, como revisionista; y, la Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. La abogada Mirla Auxiliadora Reyes Oseguera funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que su representado fue condenado por Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa a una pena de diez (10) años de reclusión más una multa sobre el total del valor estafado, cuyo total es de cuatrocientos treinta y ocho mil lempiras exactos (L.438,000.00); por lo que el diez por ciento equivale a cuarenta y tres mil ochocientos lempiras exactos (L.43,800.00), por ser autor penalmente responsable de un delito de estafa continuada, en perjuicio de los señores Ena Hury Guandique Flores, Ruth Mercedes Sánchez Irías, Karla Patricia Paz Zuniga, Gerardo Antonio Cárcamo Paz, Rudy Willians Zelaya Villanueva, José Antonio Alvarado, Marcio Enamorado Soto, Xiomara Lorena Enamorado Soto, Jeovanny Francisco Ochoa Guevara, Ludwing Alexander Silva, Oscar Hernández Zuniga, Juan Carlos Salinas Andrade, Giddel Honan Lanza Lagos; ratifica su acción de revisión y pide se aplique el principio de retroactividad de la ley penal aplicando a su representado una pena de dos (2) a cuatro (4) años de prisión tal como lo establece el artículo 365 del Código Penal vigente. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que de los hechos probados se aprecia que entre los años 2017 y 2018, algunos de los ofendidos entregaron al imputado varias cantidades de dinero, quien se hacia pasar por dueño de la empresa Auto Center y enviaba fotografías de los vehículos importados y así lograba firmar contratos; sin embargo, los vehículos estaban gravados con dos financieras (CREDIRAPIDO Y COFISA). El total de dinero estafado asciende a dos millones cuatrocientos veintiún mil quinientos lempiras (L.2,421,500.00); constituyendo estos hechos en el delito de estafa continuada. Conforme a ello, y al ser un delito continuado, se aplica lo dispuesto en el artículo 616 de la nueva norma sustantiva, que en el séptimo párrafo señala que si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva ley, aplicando la misma regla en el caso de delito continuado. En ese sentido, y siendo que de los hechos probados se desprende que fueron dieciocho ofendidos, se aplica la pena correspondiente para cada uno de ellos, es decir, de cinco a ocho años cuatro meses de prisión; resultando una pena global de noventa a ciento cincuenta años por aplicarse el concurso real de delitos, cumpliendo únicamente treinta años. Por tanto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el Código Penal actual no son más favorables al sentenciado, en virtud de que la pena a imponer resulta más gravosa por los fundamentos legales indicados; por lo que no procede la aplicación del principio de retroactividad invocado por la recurrente; en consecuencia, se estima que no se otorgue la presente acción de revisión. CONSIDERANDO (6): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, por tanto, en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO (7): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (8): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO (9): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. (Lo negrito y subrayado es nuestro). CONSIDERANDO (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor IONANNIS VENTURA GARCIA fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN mediante la sentencia de fecha seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de los señores Marció Enamorado Soto, Xiomara Enamorado Soto, Edna Hury Guandique Flores, Ruth Mercedes Sánchez Irías, Karla Patricia Paz Zúñiga, Gerardo Antonio Cárcamo, Rudy Williams Zelaya Villanueva, José Antonio Alvarado, Geovanny Francisco Ochoa Guevara, Ludwing Alexander Silva, Oscar Hernández Zúñiga, Juan Carlos Salinas Andrade, Giddel Hoana Lanza Lagos, Yessenia Rosales, Oscar Hernández, Yoseph Matute, Yeyson Herrera, Marlin Vásquez; y a la multa equivalente al diez por ciento (10%) del valor de lo estafado de la cantidad de cuatrocientos treinta y ocho mil lempiras (L.438,000.00), correspondiente a CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS (L.43,800.00); más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, más la responsabilidad civil como consecuencia de su responsabilidad penal. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 240 y 241 del Código Penal derogado Decreto 144-83, estimando que la acción ejecutada por el imputado se subsume en el tipo penal de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de los señores Marcio Enamorado Soto, Xiomara Enamorado Soto, Edna Hury Guandique Flores, Ruth Mercedes Sánchez Irías, Karla Patricia Paz Zúñiga, Gerardo Antonio Cárcamo, Rudy Williams Zelaya Villanueva, José Antonio Alvarado, Geovanny Francisco Ochoa Guevara, Ludwing Alexander Silva, Oscar Hernández Zúñiga, Juan Carlos Salinas Andrade, Giddel Hoana Lanza Lagos, Yessenia Rosales, Oscar Hernández, Yoseph Matute, Yeyson Herrera, Marlin Vásquez. III. Esta Sala considera que, en la sentencia condenatoria firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 240 y 241 del Código Penal derogado Decreto 144-83, estimando que la acción ejecutada por el imputado se subsume en el tipo penal de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de los señores Marcio Enamorado Soto, Xiomara Enamorado Soto, Edna Hury Guandique Flores, Ruth Mercedes Sánchez Irías, Karla Patricia Paz Zúñiga, Gerardo Antonio Cárcamo, Rudy Williams Zelaya Villanueva, José Antonio Alvarado, Geovanny Francisco Ochoa Guevara, Ludwing Alexander Silva, Oscar Hernández Zúñiga, Juan Carlos Salinas Andrade, Giddel Hoana Lanza Lagos, Yessenia Rosales, Oscar Hernández, Yoseph Matute, Yeyson Herrera, Marlin Vásquez. III. Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto procede la aplicación retroactiva de una norma favorable en relación a una derogada y plasmada en la sentencia convirtiéndose en cosa juzgada; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO (13): I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme al Código Penal Derogado Decreto 144-83, la pena a imponer por el delito de ESTAFA era reclusión de seis (6) a nueve (9) años y multa igual al diez por ciento (10%) del valor defraudado, y por tratarse de un DELITO CONTINUADO se aplicó al sentenciado lo establecido en el artículo 37, segundo párrafo de dicho Código Penal derogado, es decir la pena más grave aumentada en dos tercios, por lo que el rango de la pena a imponer era de diez (10) a quince (15) años de reclusión, al cual se le aplicó la pena mínima, es decir, diez (10) años de reclusión, más multa equivalente al diez por ciento (10%)del valor defraudado y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. En cuanto al Código Penal Vigente Decreto 130-2017 regula el delito de ESTAFA en el artículo 365 que literalmente dice: “Comete estafa quien, con ánimo de lucro, utiliza engaño suficiente para producir error en otro y le induce a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. También se comete el delito de estafa en los casos siguientes: 1) Quien con el propósito de obtener un provecho ilícito consigue la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero, mediante una manipulación informática o el uso de otro artificio semejante; y, 2) Quien utilizando ilegítimamente tarjeta de crédito o débito, cheque, pagaré, letra de cambio, los datos obrantes en cualquiera de ellos o cualquier otra forma de pago similar, realiza con ánimo de lucro operaciones en perjuicio de su titular o de un tercero. El delito de estafa debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años si el valor de lo defraudado, excede de Cinco Mil Lempiras (L5,000). Para la determinación de la pena en estos delitos se debe atender al importe de lo defraudado, la pérdida económica causada al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por el reo y cualesquiera otras circunstancias similares que sirvan para valorar la gravedad de la infracción.” Es decir que el Código Penal Vigente Decreto 130-2017 para la acción típica realizada por el sentenciado regula una pena abstracta de dos (2) a cuatro (4) años prisión. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician al encausado, siendo que el marco abstracto de penas a aplicar es inferior en relación al Código Penal 144-83, por lo que procederemos a examinar las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. II. Que, en cuanto a la concurrencia de concurso de delitos que implique el aumento o disminución en grados de la pena abstracta, en ese sentido, el juzgador ha determinado la concurrencia de un delito continuado, consecuentemente, de conformidad a lo que establece el artículo 68 del Nuevo Código penal decreto 130-2017 al autor de un delito continuado debe castigársele con la imposición de la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), dando como resultado una pena abstracta de CUATRO (4) AÑOS a CINCO (5) AÑOS, CUATRO (4) MESES DE PRISION. IV. El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, impuso la pena mínima por el delito sindicado, en virtud de lo cual procedería la imposición de pena en los mismos términos; en atención a ello, la pena a imponer al señor IONANNIS VENTURA GARCIA sería de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN. CONSIDERANDO (14): I. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, esta Sala estima, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor IONANNIS VENTURA GARCIA de una norma vigente que le resulta más benigna. II. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada MIRLA AUXILIADORA REYES OSEGUERA, a favor del señor IONANNIS VENTURA GARCIA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en fecha seis (06) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor IONANNIS VENTURA GARCIA, por el delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de los señores Marcio Enamorado Soto, Xiomara Enamorado Soto, Edna Hury Guandique Flores, Ruth Mercedes Sánchez Irías, Karla Patricia Paz Zúñiga, Gerardo Antonio Cárcamo, Rudy Williams Zelaya Villanueva, José Antonio Alvarado, Geovanny Francisco Ochoa Guevara, Ludwing Alexander Silva, Oscar Hernández Zúñiga, Juan Carlos Salinas Andrade, Giddel Hoana Lanza Lagos, Yessenia Rosales, Oscar Hernández, Yoseph Matute, Yeyson Herrera, Marlin Vásquez, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor IONANNIS VENTURA GARCIA de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ESTAFA CONTINUADA a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN. Más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Más la responsabilidad civil como consecuencia de su responsabilidad penal. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes abril de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha siete de febrero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-643-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL