Sentencia RP-64-22 — Registro 17850
Resumen
Acto recurrido contra la sentencia de condena por entrada en vigencia legislación mas favorable
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso), y en el caso de que en el lapsus de presentación del recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada por el revisionista fuese derogada o reformada, se tomara en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario. Ello atendiendo el mandato constitucional que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado, así como también bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala de lo Constitucional, cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, el juez deberá preferir aquella que contenga mejores protecciones o que sean más favorables para el individuo..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 616 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de junio de dos mil veinticuatro. VISTOS: Para dictar sentencia los Recursos de Revisión Penal interpuestos por el Abogado AUGUSTO RAFAEL FLETES a favor del señor NORMANDO RAFAEL LOZANO LOPEZ, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, con relación a la causa que se instruyó contra el señor NORMANDO RAFAEL LOZANO LOPEZ, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA, DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que el Tribunal de Sentencias con Competencia Nacional en Materia Penal, dictó sentencia en fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, en la cual: “FALLA: PRIMERO: CONDENAR al señor NORMANDO RAFAEL LOZANO LÓPEZ, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por considerarlo responsable, a título de AUTOR, del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, por lo cual se le impone la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, como pena principal. SEGUNDO: CONDENAR al señor NORMANDO RAFAEL LOZANO LÓPEZ, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena de reclusión de la condena principal, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labor es dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: La pena de reclusión la deberá cumplir NORMANDO RAFAEL LOZANO LÓPEZ, en la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán o en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución determine, quedando sujeto a obras públicas o las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en efectiva prisión preventiva, por ésta causa. CUARTO: Se declara al condenado NORMANDO RAFAEL LOZANO LÓPEZ responsable civilmente lo cual deberá ser determinado y fijado en la fase de ejecución de la pena. QUINTO: No se condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al acusado NORMANDO RAFAEL LOZANO LÓPEZ, ni al Ministerio Público. SEXTO: Se declara el comiso sobre los siguientes objetos: a) El inmueble ubicado en la Residencia Quinta San Miguel ubicada en el municipio de Choloma departamento de Cortés, contenido en el Testimonio de Escritura Pública número 37 de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil nueve, realizado ante el Notario Ramón Martin Madrid Paz, e inscrito bajo la matrícula 642583 del Registro de la Propiedad. Cuatro vehículos encontrados dentro de la vivienda del imputado al momento del allanamiento y que se describen a continuación: b) Marca Toyota Fortuner, 2 tipo camioneta de lujo, Placa: PCT4143, particular, año 2008, motor, 1KD-7512407, Chasis: MROYZ59G700070585 c) Marca Nissan, modelo 41 Pathfinder, tipo 2 camioneta de lujo, Placa: PCK8241, particular, año 2008, motor YD25-616428A, Chasis: 5N1AR18U38C626543. d) Marca: Toyota, Modelo: 141 Land Cruiser Prado, Tipo: 2 camionetas de lujo, Placa: PCZ1077 particular, Año: 2010 motor: 1KD2025233, Chasis: JTEBH3FJ505008628. e) Marca Honda modelo Pathfinder, tipo Pick up, Placa PDC5890, año 2007 Chasis: 2HJYK16467H528494. f) En relación a la cantidad de dinero en efectivo decomisado en la vivienda del imputado, lo que se ordena es el comiso de las cantidades siguientes: doscientos veinticinco mil trescientos ochenta y cuatro dólares ($225,384.00), y cuarenta mil cien lempiras (L.40,100), por ser estas las cantidades que derivado de la prueba se demostró que fue decomisado de la vivienda, no así la cantidad en dólares que el Ministerio Público solicitó el comiso. Toda diferencia derivada de lo que está en Acta de Custodia a cargo del Banco Central, deberá ser explicada por los entes encargados de la recolección y manejo de los valores, con el fin de que se tomen las decisiones administrativas correspondientes. Todos los activos antes descritos deberán ser posteriormente puestos a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para que la misma proceda a su remate o venta en subasta pública y del dinero para que proceda a la repartición como lo dispone el artículo 23 del delito de Lavado de Activos y el artículo 78 de la Ley sobre privación definitiva de Bienes llícitos. Respecto al arma de fuego que se puso a disposición del Tribunal durante el juicio, consistente en una Pietro Beretta BER291925, calibre de 9 mm, con un cargador conteniendo 17 cartuchos, sin percutar, misma que se encuentra en mal funcionamiento operativo, se ordena su destrucción lo cual correrá bajo el control del juez de ejecución correspondiente. En cuanto a los documentos que se pusieron a la orden del Tribunal y evacuados como evidencias, este tribunal dispone que los mismos queden a disposición de la OABI, quien tendrá a su cargo seguir el trámite que corresponda respecto a los bienes decomisados durante el allanamiento tales como los vehículos y la disposición de la vivienda del acusado. SEPTIMO: ABSOLVER como en efecto ABSOLVEMOS a NORMANDO RAFAEL LOZANO LÓPEZ, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, por los delitos de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, así como del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS por el que fue acusado, de quien no se puede ordenar su libertad, por tener condena por otro delito. OCTAVO: Se instruye al Ministerio Público para que proceda a iniciar investigaciones relacionadas por el delito de Falso Testimonio y de prueba irregularmente producida y aportado por Juan Constantino Marinakys en el curso del Juicio Oral.…” (Folios 21,973 al 22,105 del Tomo 41 de la pieza de los antecedentes) 2) Que en fecha once de enero de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado AUGUSTO RAFAEL FLETES, presentando Recurso de Revisión Penal a favor del señor NORMANDO RAFAEL LOZANO LOPEZ, contra la sentencia de fecha treinta y un (31) días del mes de julio de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, manifestando el recurrente que promovió el presente recurso para que retroactivamente se aplicaran a su representado, las disposiciones más favorables del nuevo Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo 130-2017; fundamentando su acción en el artículo 96 numerales 6 y 8 de la Ley de Justicia Constitucional; (Folios 01 al 02 del recurso). 3) Que en fecha siete de marzo de dos mil veintidós la Sala de lo Constitucional resolvió declarar Inadmisible el recurso de revisión de mérito en cuanto a los alegatos fundamentados en el numeral 6 del Artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, asimismo, Admitió el recurso, en cuanto al causal número 8 del citado artículo. (Folios 13 al 14 del recurso) 4) Que en fecha once de mayo de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, habiendo comparecido el Abogado AUGUSTO RAFAEL FLETES en su condición de apoderado legal del señor NORMANDO RAFAEL LOZANO LOPEZ, y la Abogada ROSAURA BERNARDEZ GUITY, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpuso los recursos de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de sus representados, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), la representante del Ministerio Público, fue de la Opinión porque “NO SE OTORGUE” el recurso de revisión de mérito”. (Folios 23 al 25 del recurso). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado AUGUSTO RAFAEL FLETES, en representación de NORMANDO RAFAEL LOZANO LOPEZ, como revisionista; la Abogada ROSAURA BERNARDEZ GUITY, en su condición de fiscal del Ministerio Público.- El Abogado AUGUSTO RAFAEL FLETES; funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que sus representado fue condenado por el delito de lavado de activos y no por los delitos de Tráfico de Drogas y Portación Ilegal de Armas, decretándosele por estos dos delitos una sentencia absolutoria, sin haber sido casada por el Ministerio Público, quedando firme la misma, solamente fue condenado por el delito de Lavado de Activos por la No Justificación lícita de la posesión de los activos, condenado a una pena de quince (15) años como pena principal; sin haberse acreditado un delito precedente y por no tener justificación lícita del dinero y bienes; en ese sentido, pide se declare ha lugar el recurso y se aplique la nueva norma penal al resultarle más favorable. Por su parte, el Ministerio Público manifestó su desacuerdo con el otorgamiento del recurso de revisión en virtud de razones fundamentales: por lo que de conformidad con lo que establece en la reforma del artículo 439 del Código Penal Vigente decreto 130-2017, realizada a través del decreto 93-2021, publicado en el diario oficial la gaceta número 35,760, derogó lo atinente “O que no se tenga causa o justificación económica o lícita de su procedencia”. No es menos cierto que la reforma contraviene disposiciones de carácter convencional al suprimir “que no se tengan causa o, justificación económica o lícita de la procedencia del bien, lo que violenta el numeral 7 del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados Partes a considerar la posibilidad de exigir al delincuente que demuestre el origen lícito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad; la convención de Palermo en su artículo 12 numeral 7) y 26; la Carta de las Naciones Unidas, párrafo 2 del artículo 2. En razón de ello el Ministerio Público solicita aplique el respectivo control de convencionalidad y decrete la inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el decreto 93-2021 en lo atinente “que no tenga causa o justificación económica o lícita de su procedencia”, por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte. El ente acusador manifiesta que se presentó ante la Sala de lo constitucional recurso de inconstitucionalidad por vía de acción por razón de forma y contenido contra el decreto legislativo número 93-2021, publicado en el diario oficial la gaceta número 35,750 de fecha 01 de noviembre del 2021, en tal sentido, emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, que en el caso concreto fue condenado por el artículo 3, en relación al artículo 2 numeral 9 del decreto 45-2002, como ser la Ley contra el Lavado de Activos con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP-130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; b. No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; c. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; d. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; e. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. f. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP-130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso al señor NORMANDO RAFAEL LOZANO LOPEZ, la pena de QUINCE (15) años de reclusión como pena principal, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONSURAS; más la pena de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la pena de reclusión de la condena principal, quedando sujetos a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema Penitenciario Nacional. Para dictar el fallo condenatorio, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal aplicó lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Lavado de Activos decreto 45-2002; el cual establecía como una de sus modalidades criminosas para la realización del delito, la no justificación de que no tenga causa o justificación económica legal de su procedencia; es decir, según la construcción objetiva del tipo penal, bastaba al ente acusador demostrar que el enjuiciado no podía acreditar la justificación legal de los activos sin necesidad de acreditar que proceden de algún delito de los enumerados en el tipo penal o algún delito considerado grave. Por su parte, el sentenciado devenía obligado a acreditar la condición de licitud de los activos en descargo de la acusación o, que no procedían de un delito de los enlistados en el tipo penal o considerado grave. No obstante, mediante el decreto legislativo No. 93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017, que reformó las Leyes de Lavado de Activos, contentivo en el artículo del nuevo Código Penal vigente y hace modificaciones a la descripción del tipo penal de lavado de activos, ya no se establece como modalidad criminosa que el sujeto no tenga justificación lícita de los activos, determinando el legislador que este supuesto de hecho no debe ser reprochable penalmente, debiendo el Ministerio Público acreditar obligatoriamente que los activos son productos de un delito grave y a los cuales busca dárseles condición de licitud. En el caso bajo estudio, en el hecho probado de la sentencia solo establece que el condenado en el en el punto 4.3 de la Fundamentación Jurídica de la Sentencia tenía en su poder dinero en efectivo consistente en Doscientos veinticinco mil trescientos ochenta y cuatro (225,384.00) dólares; Cuarenta mil cien lempiras (40,100.00), encontrado en distintas partes de la vivienda, así como activos consistentes en cuatro vehículos obtenidos por él o su círculo familiar cercano sin tener suficiente capacidad para ello y en algunos de estos casos, no concordando con el precio de acuerdo a su verdadero valor en el Mercado. De igual manera, se entiende no justificado el valor de la vivienda en la que el imputado reside y la disposición de más de dos millones sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta lempiras (lps.2,065,480.90), que tuvo en el periodo comprendido entre el año 2008 y 2012, más allá de lo que sus fuentes licitas conocidas le permitían tener, del cual no tenían justificación lícita de su procedencia; no se describe que los activos sean productos directos o indirectos de los diferentes delitos que describe y exige el tipo penal o de un delito grave. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados no encaja en la descripción de la nueva norma penal convirtiéndolo en atípico al no tener relevancia jurídico penal con la nueva legislación; ya que se puede verificar que el imputado fue absuelto por los delitos de TRAFICO DE DROGAS Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS, quedando firme la sentencia. Ya que ni el Ministerio Público interpuso los recursos correspondientes.- Por otra parte, la fiscalía expuso en síntesis que no procedía la retroactividad de la ley penal arguyendo que dicha reforma contraviene disposiciones garantizadas en el bloque de constitucional y solicita “se decrete inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el decreto legislativo 93-2021 en lo atinente “que no tenga causa de justificación económica o licita de su procedencia” por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte”. Considera que se violenta el numeral 7 del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados parte a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen licito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno; y, la convención de Palermo que en su artículo 12 numeral 7) que dice: “Los Estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas”; así como también considera lesionados el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. De lo antes expuesto, la Sala de lo Constitucional pone de relieve que los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República establecen que «Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales», y que, «los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno», se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño. En este sentido, haciendo un análisis de lo peticionado por la fiscalía, la Sala no encuentra una relación directa de las normas convencionales que invoca con el caso sometido a estudio, el núcleo de este caso es sobre un tipo penal, su morfología objetiva para determinar los supuestos de hechos hipotéticos sancionables por la norma penal como última ratio, y los artículos convencionales invocados se refieren al decomiso e incautación de bienes de origen ilícito; por lo tanto, no establecen en sí un tipo penal conformado por una descripción objetiva que esté conminado con una pena.- En este sentido, considera la Sala que el ente fiscal no ha analizado a plenitud la magnitud y alcance del principio de retroactividad de la ley penal, pues el artículo 618 citado es aplicable cuando hay identidad del supuesto de hecho hipotético al cuadro fáctico sometido a juzgamiento, y establece su excepcionalidad en caso de incumplimiento de las condiciones de la suspensión y opera el cumplimiento de la condena. Es decir, este supuesto es aplicable cuando el hecho es aún punible por la ley penal, más no así cuando el legislador consideró que el comportamiento no merece reproche desde un punto vista jurídico penal y lo considera atípico.- Finalmente, es importante señalar que la Sala de lo Constitucional tiene como criterio jurisprudencial consolidado que una vez iniciado un trámite de revisión en materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del recurso, se deberá observar la norma que fue invocada por el revisionista y que al momento de peticionar estuviese en vigencia; asimismo, al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso), y en el caso de que en el lapsus de presentación del recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada por el revisionista fuese derogada o reformada, se tomara en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario. Ello atendiendo el mandato constitucional que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado, así como también bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala de lo Constitucional, cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, el juez deberá preferir aquella que contenga mejores protecciones o que sean más favorables para el individuo. (Ver sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-568-2020, SCO-599-2020, SCO-629-2020, SCO-652-2020, SCO-718-2020, SCO-760-2020, SCO-1094-2020, SCO-148-2021, SCO-374-2021, SCO-392-2021, SCO-503-2021, SCO-620-2021, SCO-796-2021, SCO-805-2020, SCO-850-2020; entre otras). POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: PRIMERO: Declara Con Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado AUGUSTO RAFAEL FLETES, en favor de NORMANDO RAFAEL LOZANO LOPEZ. SEGUNDO: Reforma la sentencia definitiva firme dictada por Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha treinta y uno (31) de Julio de dos mil diecisiete (2017). TECERO: Modifica la sentencia revisada, en el sentido dejar sin valor y efecto las penas principales y accesorias impuestas, mismo que se encuentra el imputado NORMANDO RAFAEL LOZANO LOPEZ, actualmente con libertad condicional, por el delito de lavado de activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, ordenando el cese de la inhabilitación absoluta y de las penas accesorias, con devolución de los efectos del comiso, si ello es posible y la cesación de las medidas de seguridad. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de junio de dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha cinco de junio del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0064-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL