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Sentencia RP-628-22 — Registro 18076

Resumen

Acto recurrido contra la sentencia de condena, con relación a la causa que se instruyó por haber sido condenado por dos delitos de Robo, por considerar entrada en vigencia legislación mas favorable.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" … El artículo 616.4 del código penal vigente establece: “Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente código penal”. En el presente caso, las penas impuestas al condenado por 2 delitos de Robo fueron, de 9 años de reclusión por cada uno de los delitos y el actual código penal establece una pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión, por lo que dicha pena (9 años de prisión por delito) resulta también imponible con arreglo al presente código penal, razón por la cual no procede aplicar el 96 Constitucional. 3. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo código penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada Lilian Gutiérrez Carabantes, a favor del señor Samuel Murillo Medina, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha veintinueve de agosto de dos mil tres, con relación a la causa que se instruyó contra el señor SAMUEL MURILLO MEDINA, por haber sido condenado por dos delitos de ROBO en perjuicio de JOSE FAUSTINO CORDOVA Y SANTOS REYNERO CORDOVA. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL “PRIMERO: El día Jueves Veintiocho de Febrero del Dos Mil Dos como a las cuatro de la tarde, se encontraban varias personas de la Comunidad de Buenos Aires, Locomapa, jurisdicción de Yoro, jugando foot ball, cuando se oyeron disparos y las mujeres gritaron que venían unos armados, por lo que todos salieron corriendo pero, el señor JOSE FAUSTINO CORDOVA se quedó parado por lo que varios individuos que vestían de militar y portaban armas lo agarraron, lo golpearon y lo dejaron amarrado cerca de su casa y éstos se metieron en la casa donde se encontraba MARGARITA FUNES, una niña y un niño, quien es la compañera y los hijos del señor José Faustino Córdova, de esa casa se llevaron un Radio, Un Reloj, como Quinientos Lempiras, (Lps.500.00), luego se fueron a la Trucha del señor SANTOS REYNERIO CORDOVA, rompieron el candado y se llevaron dinero en efectivo como Seis Mil Lempiras (LPS.6,000.00) en efectivo y Seis Mil Quinientos Lempiras en Producto (LPS.6,500.00), luego se fueron y se quitaron lo que cubría su rostro por lo que fueron identificados por varias personas que se encontraban escondidas en ese lugar, reconociendo a los imputados SAMUEL MURILLO MEDINA, SANTOS DARIO VILLAFRANCA, REYNALDO ISABEL CRUZ CERRATO, JOSE EVELIO RAMOS CERRATO. SEGUNDO: Ese mismo día en horas de la noche fue reconocido el cadáver de DAVID CALIX, en los Mangos, Buenos Aires, jurisdicción de Yoro, quien presentaba dos heridas de arma de fuego, una en la nuca y otra en la espalda.” ANTECEDENTES Primero: Que en fecha veintinueve de agosto de dos mil tres, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: PRIMERO: ABSUELVE ………... SEGUNDO: CONDENA al acusado SAMUEL MURILLO MEDINA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas como autor responsable penalmente del delito consumado de ROBO, en perjuicio de JOSE FAUSTINO CORDOVA y lo CONDENA como autor responsable penalmente del delito consumado de ROBO, en perjuicio de SANTOS REYNERIO CORDOVA a la pena de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSIÓN por cada uno de los delitos de Robo, con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal. Segundo: En fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada Lilian Gutiérrez Carabantes, a favor del señor Samuel Murillo Medina, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-3 del recurso de mérito). Tercero: En fecha ocho de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, con la comparecencia de la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Lilian Gutiérrez Carabantes, en su condición de Apoderada del señor Santiago Alejandro Paz Flores. El Ministerio Público consideró, que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 del referido Código, en virtud que la pena a imponer resulta más gravosa que la pena que le fue impuesta en la sentencia que se pretende revisar y se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, por NO ser la misma más favorable para el condenado. FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla, instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión. La Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal, se celebró en fecha ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada Lilian Gutiérrez Carabantes, a favor del señor Samuel Murillo Medina, como revisionista; y, la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. La Abogada Lilian Gutiérrez Carabantes, solicita la revisión de la pena y que se aplique el principio de retroactividad de la ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigente en el Decreto 130-2017, en base al artículo 96 de la Constitución de la República, se solicita la retroactividad de la ley, siempre que favorezca al reo, por lo que se solicita la revisión de las penas. Por su parte el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables al sentenciado; por lo que solicita que no se otorgue la Revisión solicitada. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa, en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Samuel Murillo Medina, las penas de nueve (9) años de reclusión, por dos delitos de Robo. En cuanto al delito de Robo con Violencia e Intimidación, esta conducta está penalizada en el código penal vigente, en el artículo 361,“Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice”, esta pena se aumenta en 1/3 por la agravante especifica en el 363.9, por la utilización de un arma de fuego como medio de intimidación, resultando con el nuevo código penal, una pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión. 2. El artículo 616.4 del código penal vigente establece: “Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente código penal”. En el presente caso, las penas impuestas al condenado por 2 delitos de Robo fueron, de 9 años de reclusión por cada uno de los delitos y el actual código penal establece una pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión, por lo que dicha pena (9 años de prision por delito) resulta también imponible con arreglo al presente código penal, razón por la cual no procede aplicar el 96 Constitucional. 3. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo código penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del Agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 373 por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021. Artículo 618 del código penal vigente. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada Lilian Gutiérrez Carabantes, en favor del señor SAMUEL MURILLO MEDINA. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al Juzgado de Ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Wagner Vallecillo Paredes. - Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA DE LO SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-628-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL