Sentencia RP-603-22 — Registro 17888
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la Sentencia Condenatoria con relación a la causa que se instruyó por el delito de secuestro . (Exp. N° 702-2021-JN).
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor KEVIN JOHAN URBINA PAZ, la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de SECUESTRO Y LAS ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme al Artículo 192 del CODIGO PENAL DECRETO NÚMERO 144-1983, derogada la pena a imponer por el delito de SECUESTRO, era reclusión de veinte (20) a privación de la libertad de por vida. De igual forma, en el artículo 194 del Código Penal derogado, señalaba: “Serán circunstancias agravantes para los delitos establecidos en los artículo 192, 193 y 195 además de las señaladas en la parte general de este Código las siguientes: 1….2) Si la privación de la libertad se prolonga por mas de veinticuatro (24) horas. 3)…..4)….5) Cuando existan amenazas o trato cruel para la persona secuestrada y 6)….., mientras que la pena regulada en el artículo 240 del vigente Código Penal, SECUESTRO AGRAVADO. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia, doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1….2…3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas….4)….5)…..6)…./) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 8…9)…. Si concurrieren dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años…” como ocurre en el caso de autos, resultando la pena abstracta a imponer por concurrir esas dos circunstancias agravantes se debe imponer QUINCE (15) AÑOS A VEINTE (20) AÑOS. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician al encausado. II. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal, Decreto 130-2017, sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias donde en los hechos probados y la fundamentación jurídica se estableció que el condenado KEVIN JOHAN URBINA PAZ, participó en compañía de otras personas en la privación de la libertad del señor LUIS DANIEL MOURRA LUNA, por más de setenta y dos (72) horas, estimando el Tribunal Juzgador imponer una pena entre el mínimo y la pena media señalada para el delito de Secuestro al señor KEVIN JOHAN URBINA PAZ, en virtud de concurrir dos agravantes. En tal sentido, la pena a aplicar es de DIECISIETE AÑOS, para el delito de SECUESTRO. III. En tal sentido, esta Sala considera que se debe imponer la pena mínima para esos ilícitos penales, en base al principio pro homine. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor KEVIN JOHAN URBINA PAZ, de una norma vigente que le resulta más benigna. V. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena.”
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 240 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101.4 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de mayo de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado KELLMAN JOVANI ZELAYA MONCADA, a favor del señor KEVIN JOHAN URBINA PAZ, contra la Sentencia Condenatoria dictada por EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGAELPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciocho de abril del dos mil veintidós, con relación a la causa que se instruyó contra el señor KEVIN JOHAN URBINA PAZ, por el delito de SECUESTRO en perjuicio de LUIS DANIEL MOURRA LUNA. (Exp. N° 702-2021-JN).ANTECEDENTES 1)Que en fecha veintiuno (21) de septiembre del dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Territorial Nacional, la Abogada MITZY ZELIBETH VILLATORO VASQUEZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores PROSPERO OSWALDO PACHECO, KEVIN JOHAN URBINA PAZ, RAUL ARMANDO FAJARDO VINDEL Y ERICK JOSUE AMAYA COREA, por suponerlos responsables del delito de SECUESTRO en perjuicio de LUIS DANIEL MOURRA LUNA. 2)Que continuado que fue el proceso, en fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), el Tribunal de Sentencia con competencia Nacional Territorial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia Definitiva, mediante la cual resolvió: “PRIMERO:… SEGUNDO:… TERCERO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor KEVIN JOHAN URBINA PAZ, a título de autor como responsable del delito de SECUESTRO en perjuicio de LUIS DANIEL MOURRA LUNA, a la pena de VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSIÓN como pena principal, la deberá cumplir un Centro Penitenciario del país quedando sujeto a obras públicas o las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva. CUARTO:… QUINTO:… SEXTO:… Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS a los señores RAUL ARMANDO FAJARDO VINDEL, KEVIN JOHAN URBINA PAZ, ERICK JOSUE AMAYA COREA, PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRIGUEZ Y MARCO ANTONIO PRADO AQUINO, como responsables del delito de SECUESTRO en perjuicio de LUIS DANIEL MOURRA LUNA, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena de reclusión impuesta a cada uno...” (Folios 70-71 de la pieza del A-quo).3)Que en fecha dieciocho de abril del dos mil veintidos, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado KELLMAN JOVANY ZELAYA MONCADA, presentando recurso de Revisión penal a favor del señor KEVIN JOHAN URBINA PAZ, contra la sentencia condenatoria de fecha “diecinueve (19) de septiembre del dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-03 del recurso). 4)Que en fecha once de mayo de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado KELLMAN JOVANY ZELAYA MONCADA, en su condición de apoderado legal del señor KEVIN JOHAN URBINA PAZ y la Abogada ROSAURA BERNARDEZ GUITY, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de Revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de Revisión en aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque SE OTORGUE la presente acción de Revisión. (Folios 17-19 del recurso de mérito).CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República, prohíbe abrir juicios fenecidos; sin embargo, adopta la garantía constitucional de Revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido, manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte, el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega, que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de Revisión en materia penal, constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma Convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentación del Garantista expuesta en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de Revisión Penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna.CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de Revisión se celebró en fecha once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado KELLMAN JOVANY ZELAYA MONCADA, en su condición de Apoderado Legal del señor KEVIN JOHAN URBINA PAZ, quien manifestó lo siguiente: “ratifica el Recurso de Revisión en su totalidad y al mismo tiempo reseña de lo acontecido que el diecinueve de septiembre del año dos mil diecinueve en la audiencia de invidualización de la pena, la sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, su representado fue sentenciado a una pena de veinticinco años el cual en aquel tiempo la pena era de veinticinco hasta de por vida y que en junio del dos mil veinte entro en vigencia el nuevo código procesal penal según decreto legislativo 130-2017, fundamentándome en el artículo 96 de la Constitución de la República que habla de la retroactividad de la ley y será aplicada en materia penal cuando le favorece al delincuente o procesado en relación con el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, esa defensa cree que la nueva ley es favorable para su representado, solicitando se declare con lugar el recurso de revisión. Por su parte, la Abogada ROSAURA BERNARDEZ GUITY, representante del Ministerio Público, con respecto al recurso de Revisión establece que:”...De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público, procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes al delito de Secuestro era sancionado en el artículo 192 del Código Penal derogado, con una pena de 20 años a privación de la libertad de por vida. De igual forma, en el artículo 194 de aquel Código Penal señalaba: ”Serán circunstancias agravantes para los delitos establecidos en los artículo 192,193,195, además de las señaladas en la parte general de este Código, las siguientes: 1)…,2) Si la privación de la libertad se prolonga por mas de veinticuatro (24), 3)….,4)…5) Cuando existan amenazas o trato cruel para la persona secuestrada; 6)….Que atendiendo los hechos probados y la fundamentación jurídica en que se basó el fallo objeto de revisión, esta representación fiscal estima que la conducta reprocha al sentenciado se enmarca en el delito de SECUESTRO AGRAVADO. El hecho previsto en el artículo anterior, debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)….2)….3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas; 4)….5)….6)…7). El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 8)….o 9)…..Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Si se causa, dolosa o imprudentemente, la muerte del secuestrado, se debe imponer la pena de prisión de perpetuidad”. Al analizar las normas antes descritas, así como la sentencia de fecha diecinueve de septiembre del dos mil diecinueve, en el apartado de “hechos probados” se estableció que el secuestro inició del 07 de septiembre del 2016, hasta el 20 septiembre de ese mismo año, así como la agravante de haber cometido el hecho en el ámbito de una estructura organizada, tal como lo establece el artículo 136 del mismo cuerpo legal, por lo que correspondía aplicar la pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión. En aplicación de las reglas que señala el artículo 616 del Código Penal Vigente, en cuanto a que: “para determinar cual sea la ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de legislación derogadas y de la que entra en vigor. En este sentido, no es admisible como mas beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuentas las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio jurídica. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación…” Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados en el precitado artículo 616, el Ministerio Púbico estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal son más favorables al sentenciado, en virtud de que la pena privativa de libertad impuesta conforme al legislación derogada, resta mas perjudicial que con el actual, siendo por lo tanto, procedente aplicar el principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque se otorgue la presente acción de revisión. CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas, las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste, agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía, se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual, en materia de Revisión Penal, se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón, se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020), en su artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código, los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido, no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir, la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La Retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así, que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro.CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el Principio de Retroactividad, ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable, tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que discriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Cabe destacar, que el Principio de Retroactividad, se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad, exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente, se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art.9). De igual modo, en la Constitución Política de Honduras, en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma Constitucional desarrollada en el Código Penal, en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente, la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia –uno sobre la base de cada ley- a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”. Esto permite al Tribunal, realizar una ponderación con identidad de circunstancias, además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto a juzgamiento y determinación de penas y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala, a continuación, hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal, esta Sala aprecia que efectivamente el señor KEVIN JOHAN URBINA PAZ, fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL DE FRANCISCO MORAZAN, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil diecinueve, a la pena de VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de SECUESTRO en perjuicio del señor LUIS DANIEL MOURRA LUNA, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. II. Que esta Sala de lo Constitucional, constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 194 Numeral 2) DEL CODIGO PENAL SOBRE EL DELITO DE SECUESTRO, del Código Penal (Decreto 144-1983), estimando que la acción ejecutada por el imputado se subsume en el tipo penal de SECUESTRO en perjuicio del señor LUIS DANIEL MOURRA LUNA. III. Esta Sala, realiza un examen de ambas normas penales aplicables el caso sub judice para verificar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho.CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor KEVIN JOHAN URBINA PAZ, la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de SECUESTRO Y LAS ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme al Artículo 192 del CODIGO PENAL DECRETO NÚMERO 144-1983, derogada la pena a imponer por el delito de SECUESTRO, era reclusión de veinte (20) a privación de la libertad de por vida. De igual forma, en el artículo 194 del Código Penal derogado, señalaba: “Serán circunstancias agravantes para los delitos establecidos en los artículo 192, 193 y 195 además de las señaladas en la parte general de este Código las siguientes: 1….2) Si la privación de la libertad se prolonga por mas de veinticuatro (24) horas. 3)…..4)….5) Cuando existan amenazas o trato cruel para la persona secuestrada y 6)….., mientras que la pena regulada en el artículo 240 del vigente Código Penal, SECUESTRO AGRAVADO. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia, doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1….2…3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas….4)….5)…..6)…./) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 8…9)…. Si concurrieren dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años…” como ocurre en el caso de autos, resultando la pena abstracta a imponer por concurrir esas dos circunstancias agravantes se debe imponer QUINCE (15) AÑOS A VEINTE (20) AÑOS. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician al encausado. II. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal, Decreto 130-2017, sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias donde en los hechos probados y la fundamentación jurídica se estableció que el condenado KEVIN JOHAN URBINA PAZ, participó en compañía de otras personas en la privación de la libertad del señor LUIS DANIEL MOURRA LUNA, por más de setenta y dos (72) horas, estimando el Tribunal Juzgador imponer una pena entre el mínimo y la pena media señalada para el delito de Secuestro al señor KEVIN JOHAN URBINA PAZ, en virtud de concurrir dos agravantes. En tal sentido, la pena a aplicar es de DIECISIETE AÑOS, para el delito de SECUESTRO. III. En tal sentido, esta Sala considera que se debe imponer la pena mínima para esos ilícitos penales, en base al principio pro homine. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor KEVIN JOHAN URBINA PAZ, de una norma vigente que le resulta más benigna. V. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado KELLMAN JOVANY ZELAYA MONCADA, a favor del señor KEVIN JOHAN URBINA PAZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor KEVIN JOHAN URBINA PAZ, por el delito SECUESTRO en perjuicio del señor LUIS DANIEL MOURRA LUNA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor KEVIN JOHAN URBINA PAZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de SECUESTRO en perjuicio del señor LUIS DANIEL MOURRA LUNA, a la pena de DIECISIETE (17) AÑOS de RECLUSION. Más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado Wagner Vallecillo Paredes.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de junio de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha siete de mayo de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0603-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.