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Sentencia RP-55-22 — Registro 17822

Resumen

Acto recurrido contra la sentencia de condena, por considerar entrada en vigencia de legislación mas favorable

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"... Se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia.-Sala de lo Constitucional Sentencia de revisión penal. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras,La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-0055-2022, promovido por el Abogado Ramón Matamoros, en favor de Luis Alfredo Sánchez Rodas, contra la sentencia de fecha ocho (8) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Luis Alfredo Sánchez Rodas, como autor penalmente responsable del delito consumado de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido BB-155, imponiéndole las penas de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, como penas principales, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil que proceden durante el tiempo de duración de la pena de reclusión, la cual deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Comayagua, ciudad de Comayagua, quedando obligado a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Segundo: Condenó a Luis Alfredo Sánchez Rodas, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena. Tercero: Declaró la responsabilidad civil de Luis Alfredo Sánchez Rodas, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.Son partes:1) El Abogado Ramón Matamoros, en representación de Luis Alfredo Sánchez Rodas, como revisionista; 2)La Abogada Nellie Jeannette Vallejo Díaz, fiscal del Ministerio Público.Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal.“Este Juzgado declara, expresa y terminantemente probado los hechos siguientes: PRIMERO: En el contenido de la denuncia de un ciudadano al cual se le asigno la clave de Testigo Protegido CM-08-2019, quien narra que a principios del mes de diciembre del 2018, recibió llamadas del número desconocido 8740-2724, escuchando una voz masculina el cual se identificó con el nombre de "Luis" diciéndole que era miembro de LA PANDILLA 18, el cual mediante amenazas a muerte le exigía diferentes cantidades de dinero; fue así que el día lunes 17 de diciembre de 2018, llego a su negocio una persona de altura promedio, fornida, tez trigueña, quien mediante amenazas a muerte le exigió el pago de SETENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 70,000.00), luego que le hizo entrega de dicha cantidad, salió con rumbo desconocido. Días después, recibió una nueva llamada del mismo número 8740-2724, siempre amenazándolo a muerte, exigiéndole la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (LPS.45,000.00), la cual le fue entregada a la misma persona, en dos pagos, un primer pago de VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (LPS. 25,000.00), y un segundo pago de VEINTE MIL LEMPIRAS (LPS. 20,000000). Posteriormente el día cinco (5) de marzo de 2019, recibió llamada de la misma persona, quien le exigió un nuevo cobro, por la suma de CUARENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 40,000.00), para que el día lunes once (11) de marzo del 2019, en horas de la tarde, en efectivo y en el Barrio el Centro, de esa ciudad de Comayagua. Motivo por el cual decidió ir a interponer la denuncia ante las oficinas de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas, el día lunes 9 de marzo del año 2019. SEGUNDO: Llegado el día 11 de marzo del 2019, encontrándose en su lugar de trabajo Y a sabiendas que ese día tenía que entregar la cantidad de CUARENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 40,000.00), de impuesto de guerra, a eso de la 1 pm, se acercó una persona del sexo masculino, quien vestía camiseta color morado, jeans color azul, gorra negra y café, el cual le dijo ¿Qué onda? vengo por el billete del barrio 18, espero lo tengas listo. Contestándole, no hay problema y le pago los CUARENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 40,000.00), en denominaciones de BILLETES DE QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS. 500.00). cabe mencionar que la persona a la que le dio el dinero, es la misma que anteriormente le había pagado los SETENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 70,000.00) y los CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (LPS. 45,000.00); al momento que le entregó el dinero, el sospechoso salió con rumbo desconocido; por lo que el llamo al agente de investigación para comunicarle que había pagado el dinero de la extorsión, proporcionándole las características físicas del sospechoso así como su vestimenta; horas más tarde, el agente se comunicó con él para informarle que habían detenido a un sospechoso con las mismas características y que se abocara nuevamente a las oficinas de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, para reconocerlo e identificarlo. TERCERO: El día 11 de marzo del 2019, según la declaración del agente asignado al caso, se llevó a cabo una vigilancia, conformando un equipo de agentes de investigación, los cuales se ubicaron cerca del negocio del testigo protegido, en lugares estratégicos; transcurriendo el tiempo, observaron que llego al lugar de trabajo del testigo protegido, una persona con las mismas características físicas ya mencionadas por él, el cual ingreso a su negocio y según la declaración del agente, este le entregó el dinero, consistente en los CUARENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 40,000.00), tal y como se lo habían exigido. Después de haber recibido el pago, se alejó del negocio y abordo un vehículo tipo turismo, marca Toyota, color gris, con placas PAC4407, observando esta situación, los agentes de investigación, le dieron seguimiento al vehículo, el cual no iba a veloz carrera, lo interceptaron y procedieron a requerir, encontrándose a tres personas que estaban dentro del vehículo, procedieron a hacer el registro personal y el decomiso a los sospechosos, identificándolos con los nombres de LUIS ALFREDO SÁNCHEZ RODAS, FERNANDO JAVIER SÁNCHEZ MONTESINOS Y SANDRA PATRICIA VÁSQUEZ GUTIERREZ, encontrándole al Señor LUIS ALFREDO SÁNCHEZ RODAS, en la bolsa frontal derecha de su pantalón la cantidad de CUARENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 40,000.00), en billetes de denominación de QUINIENTOS LEMPIRAS, (LPS. 500.00), que, conforme a la vigilancia de los agentes de investigación, es el dinero que había recibido por parte del testigo protegido y en la bolsa frontal izquierda del pantalón un teléfono celular táctil, marca LG, color negro; a los señores FERNANDO JAVIER SÁNCHEZ MONTESINOS Y SANDRA PATRICIA VÁSQUEZ GUTIÉRREZ, solo le encontraron teléfonos celulares a cada uno de ellos, se le llamo al testigo protegido, para que llevara a cabo la identificación y reconocimiento de los detenidos, donde el protegido, identifica y reconoce únicamente al señor LUIS ALFREDO SÁNCHEZ RODAS, el cual desde el momento de haber interpuesto la denuncia, fue el único sujeto que identificó como a la persona que lo extorsiona, no pudiendo reconocer a las otras dos persona, que dicho sea de paso, el Ministerio Público, no ha podido aportar ningún medio de prueba en su contra, que pueda incriminar a los señores FERNANDO JAVIER SÁNCHEZ MONTESINOS Y SANDRA PATRICIA VÁSQUEZ GUTIÉRREZ, con los hechos incoados.” AntecedentesPRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha doce (12) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, el Abogado José René Álvarez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de Luis Alfredo Sánchez Rodas y otros, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de extorsión continuada y asociación ilícita, en perjuicio del Testigo Protegido CM-08-2019 y la Seguridad Interior del Estado de Honduras.SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual falló condenar a Luis Alfredo Sánchez Rodas, a las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido BB-155; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Ramón Matamoros en representación de Luis Alfredo Sánchez Rodas, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha diez (10) de enero de dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil veintidós (2022). CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional (f. 20), habiendo comparecido el Abogado Ramón Matamoros, en representación de Luis Alfredo Sánchez Rodas, como revisionista; y, la Abogada Nellie Jeannette Vallejo Díaz, en su condición de fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el revisionista que, el NCP130-2017 contiene disposiciones más favorables para su representada en el delito de extorsión simple, debiendo aplicarse el principio de retroactividad de la ley penal intermedia de conformidad a las disposiciones de dicha normativa, imponiendo a su representada las penas de diez (10) años de prisión y multa equivalente a quinientos (500) días; por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, en virtud de que con la reforma al artículo 373 del NCP contenida en el decreto legislativo 93-2021, se establece el mismo marco abstracto en la pena privativa de la libertad y se agrava la pena de multa, lo que no implica un beneficio para el sentenciado, ya que, al realizar la rebaja por el proceso abreviado corresponde una pena abstracta de once (11) años con tres (3) meses a quince (15) años de prisión y una multa de 375 a 750 días, de tal forma que al efectuar el proceso matemático resulta en una cantidad mínima de multa de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00), desprendiéndose que no aplica la retroactividad peticionada en vista que la nueva norma penal contempla una pena de multa mayor. Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha t veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Ramón Matamoros, en representación de Luis Alfredo Sánchez Rodas, como revisionista; y, la Abogada Nellie Jeannette Vallejo Díaz, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Ramón Matamoros funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que el NCP130-2017 contiene disposiciones más favorables para su representado en el delito de extorsión simple, debiendo aplicarse el principio de retroactividad de la ley penal intermedia de conformidad a las disposiciones de dicha normativa, imponiendo a su representada las penas de diez (10) años de prisión y multa equivalente a quinientos (500) días. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, en virtud de que con la reforma al artículo 373 del NCP contenida en el decreto legislativo 93-2021, se establece el mismo marco abstracto en la pena privativa de la libertad y se agrava la pena de multa, lo que no implica un beneficio para el sentenciado, ya que, al realizar la rebaja por el proceso abreviado corresponde una pena abstracta de once (11) años con tres (3) meses a quince (15) años de prisión y una multa de 375 a 750 días, de tal forma que al efectuar el proceso matemático resulta en una cantidad mínima de multa de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00), desprendiéndose que no aplica la retroactividad peticionada en vista que la nueva norma penal contempla una pena de multa mayor.CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Luis Alfredo Sánchez Rodas, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido BB-155; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Luis Alfredo Sánchez Rodas, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ramón Matamoros, en favor de la señora Luis Alfredo Sánchez Rodas. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la magistrada Francisca Villela Zavala. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha siete de febrero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0055-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.