Sentencia RP-533-22 — Registro 17872
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente por delito de Tráfico de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras; Se impuso pena de quince años de reclusión y multa dineraria; Consta que al recurrente se le impuso (15) quince años de reclusión, más multa dineraria, penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, con declaratoria de responsabilidad civil; La Sala concluyó que la presente causa cumple con los requisitos legales para hacer la disminución de la pena; Ordenó al Juzgado de Ejecución para realizar la ejecución y computo de una nueva pena
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores VIRGINIA LAINEZ LAINEZ Y JOSE ANTONIO GONSALEZ HERRERA (QDDG) fueron condenados por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en materia Penal en fecha diez de septiembre del año dos mil veinte, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; y a la multa de UN MILLON DE LEMPIRAS (L.1,000,000.00) más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; asimismo se declara responsable civilmente..."..."esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en la Ley sobre el uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, estimando que la acción ejecutada por los imputados se subsume en el tipo penal de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS..."..."la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme a la ley especial SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, derogada, la pena a imponer por el delito de TRAFICO DE DROGAS era reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de un millón a cinco millones de lempiras, mientras que la pena regulada en el artículo 311 del vigente Código Penal, se regulan dos supuesto de Tráfico y la pena oscila entre CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; y de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS en los demás casos, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. en ambos supuestos se debe imponer una MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DIAS. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician a la encausada Virginia Laínez Laínez..."..."En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, la pena a aplicar en este caso sería de siete (7) diez (10) años de prisión y una multa mínima de cien días conforme al articulo 53 del Código Penal vigente. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora VIRGINIA LAINEZ LAINEZ de una norma vigente que le resulta más benigna..."..."de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 373 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro. VISTOS: Para dictar sentencia los Recursos de Revisión Penal interpuestos por: 1.- La Abogada HEIKE NONOSKA ELVIR GARCIA, a favor de los señores VIRGINIA LAINEZ LAINEZ y JOSE ANTONIO GONSALEZ HERRERA (Reg. 533-2022) y 2.- El Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, a favor de la señora VIRGINIA LAINEZ LAINEZ (Reg. 1297-2022); ambos contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha diez de septiembre de dos mil veinte, con relación a la causa que se instruyó contra los señores VIRGINIA LAINEZ LAINEZ y JOSE ANTONIO GONSALEZ HERRERA, por el delito de TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.ANTECEDENTES1) Que en fecha once de julio de dos mil diecisiete, la Abogada DILIA ALVARADO CARRASCO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENT0O DE CHOLUTECA, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores JORGE DAVID GALEAS LICONA, VIRGINIA LAINEZ LAINEZ, JOSE ANTONIO GONSALEZ HERRERA Y RONY ARMANDO HAM VELASQUEZ, por suponerlos responsables a título de autores de los delitos de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALAUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01 al 23 de la pieza de Primera Instancia).2) Que seguido el procedimiento el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó sentencia en fecha diez de septiembre de dos mil veinte, en la cual: “FALLA PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a los señores VIRGINIA LAINEZ LAINEZ Y JOSE ANTONIO GONZALES HERRERA, cuyas generales ya han sido mencionadas anteriormente como autores responsables del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio del LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS de RECLUSION, debiéndose computar desde el día en que fueron aprehendidos por esta causa, la que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución estime pertinente; también se les impone la pena principal de MULTA, consistente en la cantidad de UN MILLON DE LEMPIRAS.…” (Folios 634 al 645 de los antecedentes de primera instancia).3) Que en fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional la Abogada HEIKE NINOSKA ELVIR GARCIA, presentando Recurso de Revisión Penal a favor de los señores VIRGINIA LAINEZ LAINEZ Y JOSE ANTONIO GONSALES HERRERA, el cual fue registrado con el número SCO-0533-2022; contra la sentencia de fecha diez de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; manifestando la recurrente que promueve el presente recurso para que se apliquen retroactivamente las disposiciones más favorables contenidas en el nuevo Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo 130-2017; fundamentando su acción en el artículo 96 de la Ley de Justicia Constitucional. (Folios 01 al 03 de la pieza de antecedentes).4) Que en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintidós el Abogado JOSE ALEJANDRO VALLADARES, compareció ante esta Sala, presentando Recurso de Revisión Penal a favor de la señora VIRGINIA LAINEZ LAINEZ, registrado en este Tribunal con el número SCO-1297-2022, contra la sentencia en fecha diez de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; manifestando el recurrente que promueve el presente recurso para que se apliquen retroactivamente las disposiciones más favorables contenidas en el nuevo Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo 130-2017; fundamentando su acción en el artículo 96 de la Ley de Justicia Constitucional. (Folios 58 al 64 del recurso). 4) Que en fechas cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se celebró Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, habiendo comparecido el Abogado HEIKE NINOSKA ELVIR GARCIA, en su condición de apoderada legal de los señores VIRGINIA LAINEZ LAINEZ Y JOSE ANTONIO GONSALES HERRERA, y la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpuso los recursos de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de sus representados, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión que SE OTORGUE, la presente acción de revisión. (Folios 36-38 del recurso). 5) Que la Sala de lo Constitucional, del análisis de los recursos de revisión registrados con los números SCO-533-2022 Y 1297-2022, advierte que los relacionados recursos fueron presentados contra el mismo acto reclamado, por lo que mediante auto de fecha doce de septiembre de dos mil veintitrés, dispuso que para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa y producir una sola sentencia, se acumularan los recursos antes descritos. (Folio 83 del recurso). CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO (3): Posicionamiento de las partes en audiencia de oposición. La abogada de la parte recurrente expuso: Que renuncia al recurso de revisión del señor José Antonio Gonzáles Herrera en vista que dicho señor ha muerto, en cuanto a la señora Virginia Laínez Laínez esta defensa ratifica la solicitud de revisión para que se le conceda el beneficio establecido en los artículos 614 y 615 del Código Penal vigente en cuanto a la retroactividad de la ley. La agente fiscal manifestó en audiencia: “De lo expuesto por la revisionista el Ministerio Público aprecia que al revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes al delito de tráfico de drogas por el cual se condenó a los señores José Antonio Gonzáles Herrera (QDDG) y Virginia Laínez Laínez; según lo regulado en el articulo 18 de la Ley Penal Especial sobre el uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, la cual sancionaba dicho delito con una pena de 15 a 20 años de prisión y una multa de uno a cinco millones de lempiras. En el Código Penal vigente, el delito de trafico de drogas se encuentre regulado en el articulo 311, el cual establece: TRAFICO DE DROGAS. “Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, trafico o de cualquier otra forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, una multa de cien (100) a quinientos (500) días… asimismo, el articulo 53 del nuevo Código dispone: PENA DE DIAS MULTA: La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2000) días y cada día multa tiene un valor no menor de veinte lempiras (L.20) ni mayor de cinco mil (L.5000). Del contenido de la norma transcrita y de la declaración de los hechos probados expuestos en la sentencia objeto de revisión, se colige que conforme a las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y conforme al dictamen toxicológico forense No.5477-2017, la droga decomisada era cocaína/clorhidrato con un peso de 968 gramos; de ahí que esta representación fiscal estima que el rango de pena imponer es de siete (7) a diez (10) años de prisión. Asimismo, la pena de multa por la que fueron condenados era el equivalente a un millón de lempiras, por lo que en aplicación al precitado artículo 53, correspondería imponer una multa mínima de cien días. Que al examinar lo peticionado por la revisionista, se estima que nuestro ordenamiento jurídico reconoce como principio general que la ley no tiene efecto retroactivo excepto en materia penal cuando la nueva ley le favorezca al delincuente o procesado. Ante las premisas expuestas, se estima que el nuevo código, efectivamente establece una pena mas favorable al condenado; por lo que, lo peticionado por la revisionista, cumple con los requisitos dispuestos en el articulo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en consecuencia, esta representación fiscal se pronuncia porque se otorgue la presente acción de revisión en los términos supra señalados. CONSIDERANDO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. "En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (6): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro-. Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO (8): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO (9): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada.” CONSIDERANDO (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario.CONSIDERANDO (11): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores VIRGINIA LAINEZ LAINEZ Y JOSE ANTONIO GONSALEZ HERRERA (QDDG) fueron condenados por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en materia Penal en fecha diez de septiembre del año dos mil veinte, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; y a la multa de UN MILLON DE LEMPIRAS (L.1,000,000.00) más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; asimismo se declara responsable civilmente. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en la Ley sobre el uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, estimando que la acción ejecutada por los imputados se subsume en el tipo penal de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. III- Esta Sala realiza un examen de ambas normas penales aplicables el caso sub judice para verificar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho.CONSIDERANDO (13): I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme a la ley especial SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, derogada, la pena a imponer por el delito de TRAFICO DE DROGAS era reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de un millón a cinco millones de lempiras, mientras que la pena regulada en el artículo 311 del vigente Código Penal, se regulan dos supuesto de Tráfico y la pena oscila entre CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; y de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS en los demás casos, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. en ambos supuestos se debe imponer una MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DIAS. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician a la encausada Virginia Laínez Laínez. II. En el caso del señor JOSE ANTONIO GONSALEZ HERRERA se constata mediante constancia extendida por el departamento de clínica forense de la Dirección de Medicina Forense que el privado de libertad falleció en fecha diez de agosto de dos mil veintidós. III. De análisis del hecho concreto a luz del Código Penal decreto 130-2017, estos encajan en lo establecido en el artículo 311 [del mismo cuerpo legal] que específicamente dice: TRÁFICO DE DROGAS. Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. IV. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, la pena a aplicar en este caso sería de siete (7) diez (10) años de prisión y una multa mínima de cien días conforme al articulo 53 del Código Penal vigente. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora VIRGINIA LAINEZ LAINEZ de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada HEIKE NONOSKA ELVIR GARCIA, a favor de los señores VIRGINIA LAINEZ LAINEZ y JOSE ANTONIO GONSALEZ HERRERA (Reg. 533-2022) y 2.- El Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, a favor de la señora VIRGINIA LAINEZ LAINEZ (Reg. 1297-2022); ambos contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha diez de septiembre de dos mil veinte; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a la señora VIRGINIA LAINEZ LAINEZ, por el delito TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a la señora VIRGINIA LAINEZ LAINEZ de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de TRAFICO DE DROGAS a la pena de SIETE (7) A DIEZ AÑOS de prisión, más una pena MULTA MINIMA DE CIEN DIAS. Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de Sentencia correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redacto la Magistrada ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de junio de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0533y 1297-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.