Sentencia RP-523-22 — Registro 18212
Resumen
Se interpuso recurso de revisión penal por el delito consumado de robo de ganado mayor agravado y civilmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados por los delitos por los que hoy se le condena.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Miguel Ángel Villeda, la pena de diez (10) años y cuatro (4) meses de reclusión, por ser autor penalmente responsable del delito de Robo de Ganado Mayor Agravado, en perjuicio de Teresa de Jesús Sanabria Erazo; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Miguel Ángel Villeda, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Robo de Ganado Mayor (artículo 362), el cual establece que quien, empleando fuerza en las cosas, comete el delito de robo de ganado mayor, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a seis (6) años. Según los hechos probados de la sentencia, el sentenciado rompió el cerco perimetral de la propiedad de la señora Teresa de Jesús Sanabria, lo que debe entenderse por fuerza en las cosas de conformidad con el artículo 360 del CP 130-2017, acción que realizó para asirse de forma clandestina de dos cabezas de ganado mayor propiedad de la ofendida, con una clara finalidad de lucro en detrimento del patrimonio de esta, por lo que el marco penal que le corresponde según el CP 130-2017, es de cuatro (4) a seis (6) años de prisión. Lo anterior permite colegir que sí corresponde el beneficio de retroactividad de la ley penal, porque el marco penal imponible de conformidad con el CP 130-2017 es inferior a la pena concreta impuesta a la sentencia venida en revisión, razón por la cual procede determinar la pena concreta de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 70 en relación con los artículos 31 y 32 todos del CP 130-2017, y en este caso no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, por lo que, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la gravedad del hecho, se fija la pena en su límite mínimo: cuatro (4) años de prisión.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 404 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: Corte Suprema de Justicia; Sala de lo Constitucional Sentencia de revisión penal. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta de julio del año dos mil veinticuatro (2024), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el magistrado Wagner Vallecillo Paredes, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Francisca Villela Zavala, Isbela Bustillo Hernández y Sonia Marlina Dubón Villeda, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-0523-2022, promovido por el Abogado Oscar Danilo Madrid, en favor de Miguel Ángel Villeda, contra la sentencia de fecha treinta (30) de agosto de dos mil doce (2012), dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a Miguel Ángel Villeda, como autor del delito de Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de la Administración Pública, por el cual fue acusado por el Ministerio Público. Asimismo, condenó a Miguel Ángel Villeda, como autor penalmente responsable de un delito consumado de Robo de Ganado Mayor Agravado, en perjuicio de Teresa de Jesús Zanabria Erazo, a la pena de diez (10) años y cuatro (4) meses de reclusión, con la concurrencia de circunstancias modificativas de la Responsabilidad Penal ya expresadas, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Santa Rosa de Copán, con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, durante el tiempo de duración de la pena principal, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores según regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado privado de su libertad por esta causa. Segundo: Declaró a Miguel Ángel Villeda, civilmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados por los delitos por los que hoy se le condena. Tercero: No condenó en costas procesales. Cuarto: No decretó comiso. Son partes: 1) El Abogado Oscar Danilo Madrid, en representación de Miguel Ángel Villeda, como revisionista; 2) La Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. “UNO: Que el día veintiséis de mayo del año dos mil cinco en horas de la madrugada, fueron sustraídas de la propiedad de la señora TERESA DE JESÚS SANABRIA ERAZO, situada en el lugar conocido como El Mogote del Municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, dos cabezas de ganado mayor, las que al ser sustraídas fueron pasadas por otra propiedad, para lo que se cortaron cuatro alambres de púas de un cerco, hasta ser llevados a la pavimentada y posteriormente subirlos a un vehículo tipo camión. DOS: Los agentes de investigación HUGO DANILO MIRANDA y CLAUDIO ZALDIVAR FERNÁNDEZ, al realizar sus investigaciones tomaron con rumbo a la Entrada de Copán, departamento de Copán, y a la altura del lugar conocido como Los Hornos, cerca del desvío de Dulce Nombre de Copán, observaron un camión marca ISUZU, color blanco, el cual pararon y era conducido por el señor MIGUEL ÁNGEL VILLEDA, quien dijo al ser preguntado por su procedencia manifestó que venía de dejar un muerto a la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el vehículo tenía en su carrocería estiércol y aserrín, el señor VILLEDA, se hacía acompañar de DARWIN CARTAGENA y RICARDO MEJÍA. TRES: Al ser preguntados sobre el estiércol de ganado en la carrocería, el señor RICARDO MEJÍA, mencionó que el ganado estaba en la aldea el chile, protección Santa Bárbara, por lo que los agentes de investigación HUGO DANILO MIRANDA y CLAUDIO ZALDIVAR FERNÁNDEZ, tomaron rumbo a ese lugar y al llegar encontraron al señor JESÚS MORALES, quien había comprado las dos cabezas de ganado propiedad de la señora TERESA DE JESÚS SANABRIA ERAZO y dijo, que quienes se las habían vendido eran los mismos que andaban allí (En el vehículo), es decir el señor MIGUEL ÁNGEL VILLEDA, y que le entregaron Cartas de Venta, siendo entregado dicho ganado al hijo de su dueño HUGO DANILO MIRANDA, DARWIN CARTAGENA y RICARDO MEJÍA, decomisadas las Cartas de Venta de los animales, al igual que el vehículo marca ISUZU, color blanco, placa AAB7375.” Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil cinco (2005), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Santa Rosa de Copán, Copán, El Abogado Víctor Ramón Cáceres Santos, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de Miguel Ángel Villeda, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de Robo de Ganado Mayor Agravado, en perjuicio de Teresa de Jesús Sanabria Erazo. SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, dictó sentencia en fecha treinta (30) de agosto de dos mil doce (2012), mediante la cual falló condenar a Miguel Ángel Villeda, a la pena principal diez (10) años y cuatro (4) meses de reclusión, por ser autor penalmente responsable de un delito de Robo de Ganado Mayor Agravado, en perjuicio de Teresa de Jesús Sanabria Erazo; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Oscar Danilo Madrid en representación de Miguel Ángel Villeda, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha treinta (30) de agosto de dos mil doce (2012), por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Copán, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintidós (2022) (f. 6). CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional (f. 15), habiendo comparecido El Abogado Oscar Danilo Madrid, en representación de Miguel Ángel Villeda, como revisionista; y, la Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando la revisionista que, su representado fue condenado por ser autor penalmente responsable del delito de Robo de Ganado Mayor Agravado, a una pena de diez (10) años y cuatro (4) meses, y de conformidad con el artículo 362 del CP 130-2017, le corresponde una pena de cuatro (4) a seis (6) años de prisión, pena privativa de la libertad inferior a la impuesta en instancia y razón por la cual le procede el beneficio de retroactividad de la nueva norma penal al ser más favorable; por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que, se otorgue el recurso de revisión penal, ya que resulta evidente que es factible la aplicación de retroactividad de la ley penal al resultar menos gravosa conforme lo establece el artículo 615 del CP 130-2017. Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de El Abogado Oscar Danilo Madrid, en representación de Miguel Ángel Villeda, como revisionista; y, la Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El Abogado Oscar Danilo Madrid funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Habiendo manifestado que, su representado fue condenado por ser autor penalmente responsable del delito de Robo de Ganado Mayor Agravado, a una pena de diez (10) años y cuatro (4) meses, y de conformidad con el artículo 362 del CP 130-2017, le corresponde una pena de cuatro (4) a seis (6) años de prisión, pena privativa de la libertad inferior a la impuesta en instancia, razón por la cual la nueva norma penal le es más favorable; por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que, se otorgue el recurso de revisión penal, ya que resulta evidente que es factible la aplicación de retroactividad de la ley penal al resultar menos gravosa conforme lo establece el artículo 615 del CP 130-2017. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Miguel Ángel Villeda, la pena de diez (10) años y cuatro (4) meses de reclusión, por ser autor penalmente responsable del delito de Robo de Ganado Mayor Agravado, en perjuicio de Teresa de Jesús Sanabria Erazo; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Miguel Ángel Villeda, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Robo de Ganado Mayor (artículo 362), el cual establece que quien, empleando fuerza en las cosas, comete el delito de robo de ganado mayor, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a seis (6) años. Según los hechos probados de la sentencia, el sentenciado rompió el cerco perimetral de la propiedad de la señora Teresa de Jesús Sanabria, lo que debe entenderse por fuerza en las cosas de conformidad con el artículo 360 del CP 130-2017, acción que realizó para asirse de forma clandestina de dos cabezas de ganado mayor propiedad de la ofendida, con una clara finalidad de lucro en detrimento del patrimonio de esta, por lo que el marco penal que le corresponde según el CP 130-2017, es de cuatro (4) a seis (6) años de prisión. Lo anterior permite colegir que sí corresponde el beneficio de retroactividad de la ley penal, porque el marco penal imponible de conformidad con el CP 130-2017 es inferior a la pena concreta impuesta a la sentencia venida en revisión, razón por la cual procede determinar la pena concreta de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 70 en relación con los artículos 31 y 32 todos del CP 130-2017, y en este caso no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, por lo que, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la gravedad del hecho, se fija la pena en su límite mínimo: cuatro (4) años de prisión. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Falla: Primero: Declara Con Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por El Abogado Oscar Danilo Madrid, en favor de Miguel Ángel Villeda. Segundo: Anula parcialmente el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia definitiva firme dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha treinta (30) de agosto de dos mil doce (2012). Tercero: Se Reforman las penas impuestas a Miguel Ángel Villeda, por el delito Robo de Ganado Mayor Agravado, en perjuicio de Teresa de Jesús Sanabria Erazo; las cuales deberán leerse de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: …Que debemos condenar y condenamos a Miguel Ángel Villeda, por ser autor responsable penalmente del delito Robo de Ganado Mayor Agravado, en perjuicio de Teresa de Jesús Sanabria Erazo, a la pena de cuatro (4) años de prisión, a la cual deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad por la misma causa criminal y que deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017, quedando obligado a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional; asimismo, como consecuencia de la pena de prisión, se le condena también a la pena accesoria de inhabilitación absoluta, así como a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2).” Cuarto: Se dejan incólumes los pronunciamientos de la parte resolutiva no afectados por el presente. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la magistrada Isbela Bustillo Hernández. Notifíquese. FIRMAS MAGISTRADOS (AS). WAGNER VALLECILLO PAREDES. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de septiembre del dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0523-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL