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Sentencia RP-492-22 — Registro 18690

Resumen

Sentencia en revisión condenó a recurrente a quince (15) años de reclusión por haberse sometido a procedimiento abreviado por el delito de Parricidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de víctima; Consta que se condenó a penas accesorias de Inhabilitación absoluta e Interdicción Civil; La Sala de lo Constitucional concluyó que la presente acción constitucional cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como por la normativa constitucional para otorgarla, siendo procedente aplicar la retroactividad en favor de recurrente; en la Parte Dispositiva se modifica la sentencia revisada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"en el caso sub examine, el peticionario abogado Ramon Matamoros, compareció ante este Alto Tribunal en fecha veintidós de marzo del dos mil veintidós, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal, y en consecuencia la aplicación retroactiva de la ley, en consideración a que el señor Santos Félix Guzmán Ramírez, fue condenado por el delito de Parricidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, a una pena de 15 años de reclusión y con la entrada en vigencia del nuevo código penal decreto 130- 2017 corresponde al delito de Tentativa de Parricidio una pena de 12 años por considerarse una tentativa inacabada y por haberse sometido el condenado a un procedimiento abreviado en donde se le rebajo 1/4, por lo que solicita se revise la sentencia en base al principio de retroactividad..."..."esta Sala advierte, que el señor Santos Félix Guzmán Ramírez, fue condenado por el delito de Parricidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, a una pena de 15 años de reclusión por haberse sometido a un procedimiento abreviado (ver audiencia de procedimiento abreviado folio 54 y 55 y sentencia folio 56-58 del antecedente) por el delito de Parricidio en su grado de ejecución de Tentativa en perjuicio de la señora María Agripina Cruz Álvarez. Por ello, es en base a esta pena (15 años), que la Sala procede a realizar la comparación de penas a efecto de determinar si procede o no la garantía constitucional de Revisión Penal en base al principio de retroactividad penal..."..."del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor Santos Félix Guzmán Ramírez, fue condenado por el delito de Parricidio En Su Grado De Ejecución De Tentativa en perjuicio de María Agripina Cruz Alvarez, por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha diecisiete (17) de mayo del dos mil dieciséis (2016), a la pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSION; Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria, antes relacionada mediante la cual se condenó al señor Santos Félix Guzmán Ramírez, el Tribunal Sentenciador aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 118 en relación al artículo 15 y 66 del CÓDIGO PENAL, en relación al delito de Parricidio en su grado de Ejecución de Tentativa. III- Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor Santos Félix Guzmán Ramírez, la pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSION por el delito de PARRICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA; Así mismo las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 118 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión. El Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 194 dispone: “Quien mata a alguno de sus ascendientes, descendientes, a su conyugue o persona con la que el agraviado mantenga una relación estable de análoga naturaleza a la anterior, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. La pena establecida en el párrafo anterior se aumenta en un tercio (1/3) cuando la muerte a que hace referencia esta se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato.” Tipo penal que debe ser analizado en su contexto de tentativa según lo dispuesto en el Código Penal Vigente en su Artículo 21 que señala: TENTATIVA. Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito por actos exteriores directa y objetivamente encaminados a su consumación y, este no se produce por causas independientes de la voluntad del agente. Son clases de tentativa: a) TENTATIVA INACABADA. La tentativa es inacabada cuando el agente ejecuta parte de los actos encaminados a producir la consumación del delito, no concluyéndolos por causas ajenas a su voluntad. b) TENTATIVA ACABADA. La tentativa es acabada cuando el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y ésta no se produjo.” De ahí que la PENA PARA LA TENTATIVA se encuentra regulada en el ARTÍCULO 62 que señala: A los autores de tentativa de delito se les debe imponer la pena del delito consumado rebajada en un cuarto (1/4) si se tratase de tentativa acabada, y en un tercio (1/3) en caso de una tentativa inacabada; De los hechos probados plasmados en la sentencia que se revisa (ver folio 56 vuelto del antecedente) se concluye que en el presente caso concurre una tentativa inacabada, por ello la pena del delito de PARRICIDIO debe rebajarse en un cuarto (1/3), por lo que resulta una nueva pena a imponer de trece (13) años, cuatro meses a veinte (20) años de reclusión, pena a la cual debe rebajarse ¼ por el sometimiento a la figura del procedimiento abreviado tal como lo dispone el artículo 404 del Código Procesal Penal, resultando la pena a imponer de diez (10) años de prisión, por el delito de PARRICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA INACABADA. II. En el examen de los hechos probados, contenidos en la sentencia (folio 56 al 58 del expediente del Juzgado de Letras), estos encuadran en el artículo 194, en relación con el artículo 21 inciso a) y 62 del Código Penal Vigente, para el delito de Parricidio en su Grado de Ejecución de Tentativa Inacabada. III. En relación a lo esbozado por la fiscalía, a que el delito por el cual fue condenado el señor Santos Félix Guzmán Ramírez, en razón de lo que establece el artículo 194 párrafo segundo del Código Penal vigente, debe ser agravado en 1/3 por concurrir la agravante de alevosía, bajo el argumento que el condenado Santos Félix Guzmán Ramírez, le infirió varios machetazos en el cráneo, espalda, y torax, que pusieron en riesgo la vida de la ofendida. Este argumento no es de recibo para esta Sala, pues habiendo revisado los hechos probados de la sentencia que se revisa (ver folio 56 vuelto), no se establece como hecho probado las circunstancias o la forma en que se desarrolló la acción delictiva por la cual fue condenado el señor Santos Félix Guzmán Ramírez, para poder determinar la concurrencia de la circunstancia de alevosía, por ello, no se puede agravar la pena de 20 a 25 años de prisión regulada para el delito de Parricidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, tal y como lo solicita el Ministerio Publico, por lo que procede de acuerdo a lo estatuido en la sentencia condenatoria hacer la comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. IV. Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia, este Tribunal Constitucional concluye que al señor Santos Félix Guzmán Ramírez, se le debe imponer la pena concreta de diez (10) años de Prisión por el delito de Parricidio en su Grado de Ejecución de Tentativa Inacabada. Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor Santos Félix Guzmán Ramírez, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice computo de una nueva pena..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Santos Félix Guzmán Ramírez, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, departamento de Valle, de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, con relación a la causa que se instruyó contra el señor Santos Félix Guzmán Ramírez, por haber sido condenado por el delito de Parricidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de María Agripina Cruz Álvarez. ANTECEDENTES 1)En fecha dieciséis de agosto de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, departamento de Valle, la Agente de Tribunales del Ministerio Público, la Abogada Elky Griselle Alvarado Medina, presentando requerimiento fiscal en contra de Santos Felix Guzmán Ramírez, por suponerlo responsable del delito de Parricidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de la señora María Agripina Cruz Álvarez. (Folios 1-4 del antecedente)2)Que en fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, departamento de Valle, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…1) CONDENAR: al señor SANTOS FELIX GUZMAN RAMIREZ, con tarjeta de identidad número 1709-1993-00595, de cuarenta y dos años de edad, en unión libre, jornalero, hondureño y con domicilio en el caserío El Espino, aldea La Montaña, en este municipio de Nacaome, Departamento de Valle actualmente recluido en el centro penal de esta ciudad de Nacaome, Valle, a título de autor del delito de PARRICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de la señora MARIA AGRIPINA CRUZ ALVAREZ, a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN, como pena principal de este delito, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional, del municipio de Tamara, Departamento de Francisco Morazán, debiendo realizar labores que conforme a la ley regula el Sistema Penitenciario, además deberá computarse a su favor el tiempo que el condenado se ha encontrado en efectiva prisión preventiva.- 2) CONDENAR: Al imputado a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA: Consistente en la privación de todos los cargos u oficios públicos y oficios de profesiones titulares de que estuviere en posesión el penado, la privación de todos los derechos políticos y la incapacidad para obtenerlo y la incapacidad para obtener los cargos u oficios públicos y profesiones y la INTERDICCIÓN CIVIL: Consistente en la suspensión de los derechos de patria potestad, tutela, guarda y administración de bienes por el tiempo que dure la condena.- Y MANDA: Que se notifique la presente sentencia a las partes.-…” (Folios 56-58 del antecedente)3)En fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Santos Felix Guzmán Ramírez, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-4 del recurso de mérito) 4)En fecha catorce de septiembre de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Marvin Rigoberto Espinal Pinel, con la comparecencia de la Abogada Sobeida Isabel Zapata Grande, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Ramón Matamoros, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor Santos Félix Guzmán Ramírez, quien manifestó: “Se aplique el principio de Retroactividad de la ley penal al señor Santos Félix Guzmán Ramírez, quien fue condenado por el delito de Tentativa de Parricidio, en perjuicio de María Agripina Cruz Álvarez, a una pena de 26 años 6 meses de reclusión, en relación con el artículo 118 del Código Penal derogado, que establece una pena de 30 a 40 años de reclusión, el nuevo Código Penal vigente, establece en sus artículos 21 numeral 1) y 194 una pena de 20 a 25 años de reclusión, siendo lo más beneficioso aplicar al condenado por ser una tentativa inacabada debe rebajarse 1/3 a la pena, en el cual su nueva pena sería de 14 años 6 meses.”; El Ministerio Público consideró: “…ANALISIS JURIDICO: I. Sobre los alegatos del recurrente, y al revisar ambas normas penales, se aprecia que en el Código Penal derogado se sancionaba el delito de Parricidio en el artículo 118 con una pena de 30 a 40 años de reclusión, lo anterior en relación al artículo 15 y, conforme el artículo 194 del Código Penal vigente el delito de parricidio contemplado en el artículo 194 del Código Penal vigente, sanciona con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. La pena establecida en el párrafo anterior se aumenta en 1/3 cuando la muerte se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato; el Ministerio Público al hacer el análisis de los hechos probados y fundamentación jurídica de la sentencia, aprecia que el imputado SANTOS FELIX GUZMAN, le infirió varios machetazos en el cráneo, espalda y tórax que pusieron en riesgo la vida de la ofendida, por lo que debe aumentarse la pena en 1/3 al concurrir la circunstancia de alevosía al emplear medios en la ejecución que tiendan directa y especialmente a aseguraría sin haber existido riesgo para su persona y al no haber sucedido la muerte por la intervención de personas que acudieron en su auxilio, lo anterior encuadra en el artículo 21 del Código Penal vigente literal a) que establece: La tentativa es inacabada cuando el agente ejecuta parte de los actos encaminados a producir la consumación del delito, no concluyéndolos por causas ajenas a su voluntad. Asimismo, el artículo 62 señala que a los autores de tentativa de delito se les debe imponer la pena del delito consumado rebajada en un tercio (1/3) en caso de una tentativa inacabada. II. Al realizar el aumento en fracciones de la pena (de conformidad con el artículo 69 del código penal), de un tercio (1/3) por concurrir la circunstancia de Alevosía resulta una pena de veinticinco (25) años a treinta y tres (33) años con cuatro (4) meses, y al disminuir dicha pena por haberse cometido el delito en su Grado de Ejecución de Tentativa resulta una pena de dieciséis (16) años ocho (8) meses a veinticinco (25) años de prisión y a este resultado realizar la disminución de un cuarto (1/4) de la pena por la aplicación de Procedimiento Abreviado, quedando una pena mínima de prisión de 12 años seis (6) meses y máxima de 16 años 8 meses de prisión. el Ministerio Público estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al presente Código Penal, por lo tanto, resulta no procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República,…” (Folios 17-19 del recurso de mérito)CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Argumenta que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables, en virtud que al condenado Santos Félix Guzmán Ramírez se le se condenó a una pena concreta de 15 años de reclusión según lo establecido en el artículo 118 del Código Penal derogado, en relación con el principio de retroactividad de la ley penal establecida en el artículo 615 y 616, procede imponer una pena conforme lo establece el artículo 194 del Código Penal vigente según Decreto 130-2017, que para el delito de parricidio establece una pena de 20 a 25 años y al aplicarle la rebaja de 1/3 por ser una tentativa inacabada, al igual que habiendo aceptado la figura del procedimiento abreviado, se hace una rebaja de ¼ a la pena de 16 años, quedando una pena mínima de 12 años de reclusión, por lo que es procedente se revise la sentencia en base al principio de retroactividad de la Ley.CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Ramon Matamoros, en su condición de Apoderado Legal del señor Santos Félix Guzmán Ramírez, quien manifestó lo siguiente: “Se aplique el principio de Retroactividad de la ley penal al señor Santos Félix Guzmán Ramírez, quien fue condenado por el delito de Tentativa de Parricidio, en perjuicio de María Agripina Cruz Álvarez, a una pena de 26 años 6 meses de reclusión, en relación con el artículo 118 del Código Penal derogado, que establece una pena de 30 a 40 años de reclusión, el nuevo Código Penal vigente, establece en sus artículos 21 numeral 1) y 194 una pena de 20 a 25 años de reclusión, siendo lo más beneficioso aplicar al condenado por ser una tentativa inacabada debe rebajarse 1/3 a la pena, en el cual su nueva pena sería de 14 años 6 meses.” La Abogada Sobeida Isabel Zapata Grande, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, expreso lo Siguiente: “… se aprecia que en el Código Penal derogado se sancionaba el delito de Parricidio en el artículo 118 con una pena de 30 a 40 años de reclusión, lo anterior en relación al artículo 15 y, conforme el artículo 194 del Código Penal vigente el delito de parricidio contemplado en el artículo 194 del Código Penal vigente, sanciona con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. La pena establecida en el párrafo anterior se aumenta en 1/3 cuando la muerte se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato; el Ministerio Público al hacer el análisis de los hechos probados y fundamentación jurídica de la sentencia, aprecia que el imputado SANTOS FELIX GUZMAN, le infirió varios machetazos en el cráneo, espalda y tórax que pusieron en riesgo la vida de la ofendida, por lo que debe aumentarse la pena en 1/3 al concurrir la circunstancia de alevosía al emplear medios en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla sin haber existido riesgo para su persona y al no haber sucedido la muerte por la intervención de personas que acudieron en su auxilio, lo anterior encuadra en el artículo 21 del Código Penal vigente literal a) que establece: La tentativa es inacabada cuando el agente ejecuta parte de los actos encaminados a producir la consumación del delito, no concluyéndolos por causas ajenas a su voluntad. Asimismo, el artículo 62 señala que a los autores de tentativa de delito se les debe imponer la pena del delito consumado rebajada en un tercio (1/3) en caso de una tentativa inacabada. II. Al realizar el aumento en fracciones de la pena (de conformidad con el artículo 69 del código penal), de un tercio (1/3) por concurrir la circunstancia de Alevosía resulta una pena de veinticinco (25) años a treinta y tres (33) años con cuatro (4) meses, y al disminuir dicha pena por haberse cometido el delito en su Grado de Ejecución de Tentativa resulta una pena de dieciséis (16) años ocho (8) meses a veinticinco (25) años de prisión y a este resultado realizar la disminución de un cuarto (1/4) de la pena por la aplicación de Procedimiento Abreviado, quedando una pena mínima de prisión de 12 años seis (6) meses y máxima de 16 años 8 meses de prisión. Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con 1o dispuesto en los criterios fijados en el precitado artículo 616, el Ministerio Público estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al presente Código Penal, por lo tanto, resulta no procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República….”.CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho, cuando al señalar las fuentes formales de éste, agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto a juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.CONSIDERANDO TRECE (13): Que en el caso sub examine, el peticionario abogado Ramon Matamoros, compareció ante este Alto Tribunal en fecha veintidós de marzo del dos mil veintidós, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal, y en consecuencia la aplicación retroactiva de la ley, en consideración a que el señor Santos Félix Guzmán Ramírez, fue condenado por el delito de Parricidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, a una pena de 15 años de reclusión y con la entrada en vigencia del nuevo código penal decreto 130- 2017 corresponde al delito de Tentativa de Parricidio una pena de 12 años por considerarse una tentativa inacabada y por haberse sometido el condenado a un procedimiento abreviado en donde se le rebajo 1/4, por lo que solicita se revise la sentencia en base al principio de retroactividad. En audiencia de oposición celebrada en fecha catorce de septiembre del dos mil veintitrés, el peticionario abogado Ramón Matamoros, peticiona que en virtud que su representado fue condenado a una pena de 26 años 6 meses de reclusión, en relación al artículo 118 del Código Penal derogado. El Código Penal vigente establece una pena de 20 a 25 años de reclusión en los artículos 21 numeral 1) y 194, por ser una tentativa inacabada debe rebajarse 1/3 a la pena, su nueva pena sería de 14 años 6 meses. Habiendo revisado el antecedente, esta Sala advierte, que el señor Santos Félix Guzmán Ramírez, fue condenado por el delito de Parricidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, a una pena de 15 años de reclusión por haberse sometido a un procedimiento abreviado (ver audiencia de procedimiento abreviado folio 54 y 55 y sentencia folio 56-58 del antecedente) por el delito de Parricidio en su grado de ejecución de Tentativa en perjuicio de la señora María Agripina Cruz Álvarez. Por ello, es en base a esta pena (15 años), que la Sala procede a realizar la comparación de penas a efecto de determinar si procede o no la garantía constitucional de Revisión Penal en base al principio de retroactividad penal. CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor Santos Félix Guzmán Ramírez, fue condenado por el delito de Parricidio En Su Grado De Ejecución De Tentativa en perjuicio de María Agripina Cruz Alvarez, por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha diecisiete (17) de mayo del dos mil dieciséis (2016), a la pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSION; Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria, antes relacionada mediante la cual se condenó al señor Santos Félix Guzmán Ramírez, el Tribunal Sentenciador aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 118 en relación al artículo 15 y 66 del CÓDIGO PENAL, en relación al delito de Parricidio en su grado de Ejecución de Tentativa. III- Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor Santos Félix Guzmán Ramírez, la pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSION por el delito de PARRICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA; Así mismo las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 118 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión. El Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 194 dispone: “Quien mata a alguno de sus ascendientes, descendientes, a su conyugue o persona con la que el agraviado mantenga una relación estable de análoga naturaleza a la anterior, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. La pena establecida en el párrafo anterior se aumenta en un tercio (1/3) cuando la muerte a que hace referencia esta se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato.” Tipo penal que debe ser analizado en su contexto de tentativa según lo dispuesto en el Código Penal Vigente en su Artículo 21 que señala: TENTATIVA. Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito por actos exteriores directa y objetivamente encaminados a su consumación y, este no se produce por causas independientes de la voluntad del agente. Son clases de tentativa: a) TENTATIVA INACABADA. La tentativa es inacabada cuando el agente ejecuta parte de los actos encaminados a producir la consumación del delito, no concluyéndolos por causas ajenas a su voluntad. b) TENTATIVA ACABADA. La tentativa es acabada cuando el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y ésta no se produjo.” De ahí que la PENA PARA LA TENTATIVA se encuentra regulada en el ARTÍCULO 62 que señala: A los autores de tentativa de delito se les debe imponer la pena del delito consumado rebajada en un cuarto (1/4) si se tratase de tentativa acabada, y en un tercio (1/3) en caso de una tentativa inacabada; De los hechos probados plasmados en la sentencia que se revisa (ver folio 56 vuelto del antecedente) se concluye que en el presente caso concurre una tentativa inacabada, por ello la pena del delito de PARRICIDIO debe rebajarse en un cuarto (1/3), por lo que resulta una nueva pena a imponer de trece (13) años, cuatro meses a veinte (20) años de reclusión, pena a la cual debe rebajarse ¼ por el sometimiento a la figura del procedimiento abreviado tal como lo dispone el artículo 404 del Código Procesal Penal, resultando la pena a imponer de diez (10) años de prisión, por el delito de PARRICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA INACABADA. II. En el examen de los hechos probados, contenidos en la sentencia (folio 56 al 58 del expediente del Juzgado de Letras), estos encuadran en el artículo 194, en relación con el artículo 21 inciso a) y 62 del Código Penal Vigente, para el delito de Parricidio en su Grado de Ejecución de Tentativa Inacabada. III. En relación a lo esbozado por la fiscalía, a que el delito por el cual fue condenado el señor Santos Félix Guzmán Ramírez, en razón de lo que establece el artículo 194 párrafo segundo del Código Penal vigente, debe ser agravado en 1/3 por concurrir la agravante de alevosía, bajo el argumento que el condenado Santos Félix Guzmán Ramírez, le infirió varios machetazos en el cráneo, espalda, y torax, que pusieron en riesgo la vida de la ofendida. Este argumento no es de recibo para esta Sala, pues habiendo revisado los hechos probados de la sentencia que se revisa (ver folio 56 vuelto), no se establece como hecho probado las circunstancias o la forma en que se desarrolló la acción delictiva por la cual fue condenado el señor Santos Félix Guzmán Ramírez, para poder determinar la concurrencia de la circunstancia de alevosía, por ello, no se puede agravar la pena de 20 a 25 años de prisión regulada para el delito de Parricidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, tal y como lo solicita el Ministerio Publico, por lo que procede de acuerdo a lo estatuido en la sentencia condenatoria hacer la comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. IV. Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia, este Tribunal Constitucional concluye que al señor Santos Félix Guzmán Ramírez, se le debe imponer la pena concreta de diez (10) años de Prisión por el delito de Parricidio en su Grado de Ejecución de Tentativa Inacabada. Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor Santos Félix Guzmán Ramírez, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice computo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 21. a), 25, 35, 38, 57, 58, 62, 194 y demás aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor SANTOS FÉLIX GUZMÁN RAMÍREZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE, en fecha diecisiete de mayo del año dos mil dieciséis; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor SANTOS FÉLIX GUZMÁN RAMÍREZ, por el delito PARRICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor SANTOS FÉLIX GUZMÁN RAMÍREZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de PARRICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA INACABADA a la pena de DIEZ AÑOS DE PRISIÓN más las penas accesorias de inhabilitación absoluta. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que ejecute el presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0492-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

ECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL