Sentencia RP-487-22 — Registro 18077
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del Principio de retroactividad en materia penal con relación a la causa que se instruyó contra revisionista por haber sido condenado por los delitos de Secuestro, Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial y Atentado, en perjuicio de los Testigos Protegidos y la Seguridad Interior del Estado de Honduras, considerando la Sala Constitucional procedente la acción de merito por resultarle más benigna, en términos materiales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
. IV- Que, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional: “Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)…, 2)…, 3)…, 4)…,5)…, 6) … 7)…, 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna…”; procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en relación a una norma derogada, aplicada anteriormente y siendo cosa juzgada mediante una sentencia firme; debiéndose aplicarse la vigente, de resultar más favorable en definitiva, de la comparativa global de las penas por las que resultó condenado el señor SANTOS NAÚN CANALES; concluyéndose, después del estudio detenido de las diligencias, que la solicitud del revisionista cumple ajustadamente con los requisitos exigidos tanto por la Norma Constitucional, como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, para el otorgamiento de la presente garantía constitucional de revisión penal. CONSIDERANDO VEINTICUATRO (24): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. V- Que, finalmente, la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que el Código Penal derogado (Decreto 144-1983), establecía una pena global de VEINTISEIS AÑOS SEIS MESES DE RECLUSION, para los hechos ilícitos por los cuales resultó sentenciado el señor SANTOS NAÚN CANALES; mientras que, el Código Penal vigente (Decreto 130-2017) establece para la misma conducta delictiva, siempre de forma global, VEINTIUN AÑOS OCHO MESES DE PRISIÓN, MÁS LAS PENAS DE MULTA DE TRESCIENTOS CINCUENTA DÍAS (350) Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE POR UN (1) AÑO. Por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal en favor del señor SANTOS NAUN CANALES por resultarle más benigna, en términos materiales. - Procede también, por efecto del otorgamiento del presente recurso, aplicar lo señalado en el artículo 101 numeral 4 de la Ley sobre Justicia Constitucional: “La ejecución de la nueva pena o la práctica de un nuevo computo, cuando en la nueva sentencia se imponga pena al condenado, con abono del tiempo de que haya estado en prisión”. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 4, 69, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1.1, 8.1, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 25, 35, 36, 38, 42, 51, 58, 65, 66, 239, 240 Numeral 7), 570, 580 numeral 1), 615, 616 y 617 del Código Penal Vigente, FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado JOSÉ RAFAEL ERAZO PAISANO, a favor del señor SANTOS NAÚN CANALES. SEGUNDO: ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, en fecha diez de agosto de dos mil dieciséis, contra el señor SANTOS NAÚN CANALES, por los delitos de SECUESTRO, PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL y ATENTADO, en perjuicio de los TESTIGOS PROTEGIDOS X y L, y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. TERCERO: SE MODIFICA la sentencia revisada, la cual deberá leerse de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: CONDENAR al señor SANTOS NAÚN CANALES, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia: 1. Por el delito de SECUESTRO AGRAVADO a la pena de trece (13) años, seis (6) meses de Prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena conforme lo estipulado en el artículo 51 del Código Penal Vigente, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena. 2. Por el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, a la pena de cuatro (4) años, ocho (8) meses de Prisión y localización permanente de un (1) año conforme lo estipulado en el artículo 52 del Código Penal Vigente. 3. Por el delito de ATENTADO, a la pena de tres (3) años, seis (6) meses de Prisión y multa de trescientos cincuenta (350) días, conforme lo estipulado en el artículo 53 del Código Penal Vigente“, y; CUARTO: SE INSTRUYE Al Juzgado de Ejecución Penal de la Sección Judicial de Trujillo, Colón, que realice un nuevo cómputo, con abono del tiempo que ha estado en prisión, el señor SANTOS NAÚN CANALES, por los delitos por los cuales fue condenado; acorde a lo prescrito en el artículo 101 numeral 4 de la Ley sobre Justicia. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 101 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 numeral 8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de junio de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado José Rafael Erazo Paisano, a favor del señor Santos Naún Canales, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Trujillo, departamento de Colón, de fecha diez de agosto de dos mil dieciséis, con relación a la causa que se instruyó contra el señor Santos Naún Canales, por haber sido condenado por los delitos de Secuestro, Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial y Atentado, en perjuicio de los Testigos Protegidos X y L y la Seguridad Interior del Estado de Honduras. ANTECEDENTES 1) En fecha uno de septiembre de dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tocoa, departamento de Colón, la Abogada Nolvia Judith Montoya, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Santos Nahún Canales y Mario René Medina Rodriguez, por suponerlos responsables de los delitos de Secuestro, Tenencia Ilegal de Armas y Atentado, en perjuicio de Testigos Protegidos X y L y la Seguridad Interior del Estado de Honduras. (Folios 8-11 del antecedente) 2) Que en fecha diez de agosto de dos mil dieciséis, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Trujillo, departamento de Colón, dictó sentencia mediante la cual falló: “…Primero: Que debemos condenar y al efecto condenamos al encausado Santos Nahun Canales, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor penalmente responsable de los delitos de: Secuestro en perjuicio de Los Testigos Protegidos X y L; a la pena principal de 20 años de reclusión; Por el delito Portación llegal de Armas de Fuego Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras imponiendo una pena principal de 4 años seis meses de reclusión y; Por el delito de Atentado en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras imponiendo una pena principal de 2 años de reclusión; todas sin la concurrencia de circunstancias modificativas o eximentes de la responsabilidad penal, mismas que se han de computar desde el día en que fue aprehendido por esta causa, debiendo cumplir las penas, en la Penitenciaría Nacional en Tamara, Francisco Morazán. Segundo: Que debemos condenar y al efecto condenamos al señor Mario Rene Medina, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor penalmente responsables de los delitos de: Secuestro en perjuicio de Los Testigos Protegidos X y L; imponiendo una pena principal de 20 años de reclusión; Por el delito Portación llegal de Armas de Fuego Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras imponiendo una pena principal de 4 años seis meses de reclusión y; Por el delito de Atentado en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras imponiendo una pena principal de 2 años de reclusión; todas sin la concurrencia de circunstancias modificativas o eximentes de la responsabilidad penal, mismas que se han de computar desde el día en que fue aprehendido por esta causa, debiendo cumplir las penas, en la Penitenciaria Nacional en Tamara, Francisco Morazán. Tercero: Que debemos condenar y al efecto condenamos a los señores Santos Nahun Canales y Mario Rene Medina, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que duren las condenas principales, asimismo a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional. Cuarto: Se declara el comiso de: a) un arma de fuego, tipo pistola calibre 9mm, marca Pietro Beretta, serie B667362 con su respectivo cargador, conteniendo ocho proyectiles, debidamente embalada y sellada, con su respectiva cadena de custodia. b) un arma de fuego: tipo pistola, calibre 9mm, marca Tanfolio, serie Z13810, con un cargador, conteniendo cinco proyectiles, al señor Santos Nahum Canales. c) Dos gorros pasamontañas color negro en bolsa plástica firmada y sellada con sus respectivas cadenas de custodia. d) Un teléfono celular marca AMGOO AM521, color negro con su respectiva batería y tarjeta Simcard de la Empresa TIGO. e) 1.- Un teléfono celular marca IPHONE, color negro y gris con un protector color rojo y negro. 2.- Una cartera color café conteniendo en su interior la cantidad de trescientos ochenta lempiras de diferentes denominaciones. 3.- Un gorro pasamontañas color negro, decomisado a Mario Rene Medina; con sus respectivas actas de decomiso; para que proceda conforme a Derecho en la instancia de Ejecución. Quinto: Se declara la responsabilidad civil de los condenados Santos Nahun Canales y Mario Rene Medina, por la indemnización de daños y perjuicios derivados de los delitos por los que han sido condenados, los que serán objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. Sexto: No procede la condena en costas personales ni procésales de los señores Santos Nahun Canales y Mario Rene Medina como tampoco los gastos ocasionados por el juicio. Notificar ésta sentencia a las partes procesales, contra la misma cabe interponer, recurso de casación dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, a partir de la última notificación. Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.” (Folios 278-296 vuelto del antecedente) 3) En fecha veintiuno de marzo de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado José Rafael Erazo Paisano, a favor del señor Santos Naún Canales, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-3 del recurso de mérito) 4) En fecha cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos, con la comparecencia de la Abogada Sandra Lorena Zuniga García, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado José Rafael Erazo Paisano, en su condición de Apoderado Legal del señor Santos Naún Canales. El Ministerio Público consideró: “…De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales invocadas por el compareciente y que señalan las sanciones que corresponden a los delitos de SECUESTRO, ATENTADO Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL por los cuales se emitió la sentencia condenatoria contra el señor SANTOS NAHUN CANALES siendo del criterio que, en cuanto al delito de SECUESTRO debe analizarse el artículo 239 del Código Penal vigente que señala una pena de PRISIÓN DE OCHO (8) A DOCE (12) AÑOS Y PROHIBICION DE RESIDENCIA POR EL DOBLE DE TIEMPO DE LA CONDENA; En relación al delito de ATENTADO debe analizarse la aplicabilidad del artículo 570 del Código Penal vigente en su último párrafo que señala la pena para el delito de ATENTADO AGRAVADO siendo que concurre la agravante de haberse verificado el hecho con armas, por lo que se aumenta en un tercio (1/3) la pena señalada para el delito, quedando en una pena abstracta de PRISION DE TRES (3) A CUATRO (4) AÑOS Y MULTA DE 300 A 500 DÍAS; En relación al delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL señala el revisionista la aplicabilidad del articulo 580 numeral 1, que establece la pena para la TENENCIA: "La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; Y-," pero del análisis de los hechos probados establecidos en la sentencia en revisión se puede establecer que los hechos son tipificados como PORTACION acción que se encuentra tipificada en el último párrafo del mismo artículo 580 que establece: "Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización", siendo a criterio de este ente fiscal procedente enmarcar los hechos descritos en el artículo 580 en su último párrafo del Código Penal vigente (Decreto 130- 2017) quedando la pena abstracta en PRISIÓN DE CUATRO (4) A CINCO (5) AÑOS CUATRO (4) MESES Y LOCALIZACION PERMANENTE DE HASTA DOS (2) AÑOS OCHO (8) MESES. Siendo así que, al analizar la aplicabilidad del Código Penal vigente para el delito de SECUESTRO contemplado en el artículo 239, contra el artículo 192 del Código Penal anterior bajo el cual fuera condenado el señor SANTOS NAHUN CANALES, se puede observar que el rango de la pena a imponer conforme al nuevo Código Penal es más baja en relación a la pena impuesta en la sentencia condenatoria en revisión, por lo que la nueva legislación le es más favorable por este delito. No obstante lo anterior, al analizar la aplicabilidad del Código Penal vigente para el delito de ATENTADO AGRAVADO contemplado en el artículo 570, contra los artículos 343 y 344 del Código Penal anterior bajo el cual fuera condenado el señor SANTOS NAHUN CANALES, se puede observar que la pena impuesta en la sentencia condenatoria en revisión de DOS (2) AÑOS DE RECLUSION no se encuentra dentro del rango de la pena a imponer conforme a la nueva legislación, que señala una pena abstracta de PRISION DE TRES (3) A CUATRO (4) AÑOS Y MULTA DE 300 A 500 DÍAS que resulta más alta que la pena impuesta, de lo que se deduce que para este delito la aplicación de la nueva legislación no sería de beneficio para el condenado. Ahora bien, en relación con el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, al analizar la aplicabilidad del artículo 580 último párrafo del Código Penal vigente en comparación con el artículo 332-B del Código Penal derogado bajo el cual fuera condenado el señor SANTOS NAHUN CANALES, se puede observar que el nuevo Código Penal señala para el delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERMITIDO una pena de PRISIÓN DE CUATRO (4) A CINCO (5) AÑOS CUATRO (4) MESES Y LOCALIZACION PERMANENTE DE HASTA DOS (2) AÑOS OCHO (8) MESES, resultando que la pena CUATRO (4) AÑOS SEIS (6) MESES DE RECLUSION impuesta en la sentencia se encuentra dentro del mismo rango de pena que se habría de imponer en caso de aplicar la nueva legislación conforme a lo peticionado por revisionista. En este orden de ideas se puede determinar que, aun y cuando la pena privativa de libertad correspondiente por el delito de SECUESTRO resulte menor que la pena impuesta en la sentencia objeto de revisión, en cuanto al delito de ATENTADO La pena señalada en el Código Penal vigente es más alta que la pena impuesta en la sentencia, y siendo que el artículo 616 del Código Penal vigente señala que para determinar la Ley más favorable se debe analizar la aplicabilidad de las normas comparadas completas, no admitiendo como más beneficiosa la aplicación fragmentada de las normas, por lo que en el caso concreto no es más favorable al condenado la normativa invocada por el revisionista, siendo que de ser aplicada en su totalidad como prescribe la ley, no le resulta en mayor beneficio. III. PRONUNCIAMIENTO: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, por cuanto la nueva legislación aplicable al caso concreto no le es más favorable al sentenciado al no ser admisible la aplicación fragmentada de las dos normas en análisis.” (Folios 33-36 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma Convención, y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen de lo solicitado en interposición de la garantía constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado, cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna, señalando en los antecedentes: “Actuando en mi condición de apoderado legal del señor SANTOS NAUN CANALES, con DNI 0201-1986-01408, quien fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, departamento de Colón, por el delito de SECUESTRO a una pena de 20 años de reclusión, por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de la seguridad interior del Estado, a una pena de 4 años 6 meses de reclusión y por el delito de ATENTADO en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, una pena de 2 años de reclusión. Comparezco ante esta honorable Sala Constitucional, solicitando conversión de las penas impuestas a mi representado del delito de SECUESTRO de 20 años, según el artículo 192 del Código Penal derogado a una pena menor tal como lo establece el artículo 239 del nuevo Código Penal vigente a una pena de ocho (8) a doce (12) años (Decreto 130-2017) e igual mi representado está sentenciado por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado a una pena de cuatro años seis meses, según el artículo 332 numeral b) del Código Penal derogado del 23 de agosto de 1983 (Decreto 144-83), pido se le aplique también la conversión de penal que se le aplique el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017) artículo 580, TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, pena de 1 a 4 años y localización permanente hasta dos años, si se trata de armas o municiones permitidas, párrafo primero de dicho artículo. Acusado también de ATENTADO en el cual se le aplicó el artículo del Código Penal derogado 344, siendo en el nuevo Código el artículo 570, se le aplicó 2 años.”. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha cuatro del de mayo del año dos mil veintitrés, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado JOSÉ RAFAEL ERAZO PAISANO, quien actúa en representación del señor SANTOS NAUN CANALES, y de la abogada SANDRA LORENA ZUÑIGA GARCÍA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses generales de la sociedad hondureña. Cedida la palabra al abogado JOSÉ RAFAEL ERAZO PAISANO, expuso que ratificaba el contenido del Recurso de Revisión presentado contra la sentencia de fecha diez de agosto de dos mil dieciséis dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, departamento de Colón, en contra de su defendido, el señor SANTOS NAUN CANALES; para quien solicita se le impongan las penas mínimas, por ser primodelincuente, según la documentación probatoria acompañada; en aplicación del principio de retroactividad penal, normativizado en el artículo 96 de la Constitución de la Republica y demás preceptiva aplicable. La representante del Ministerio Público, abogada SANDRA LORENA ZUÑIGA GARCÍA, después de un estudio razonado del caso, manifestó oposición al otorgamiento de la presente garantía, según los términos expresados en el Antecedente 4) de la presente sentencia. CONSIDERANDO CINCO (5): Que oído que fue el planteamiento revisionista, se procede a comparar ambas leyes penales, en forma exhaustiva y completa. Se indicarán previamente, de forma separada, las sanciones que corresponden, a cada uno de los delitos concursados, por el hoy imputado. Se establecerá, asimismo, el contenido de la norma legal vigente, cuya retroactividad penal se pretende: a) En cuanto al delito de SECUESTRO, tipo penal bajo el cual fue condenado el señor SANTOS NAHUN CANALES a la pena de VEINTE AÑOS DE RECLUSION, este se encontraba regulado en el artículo 192 del Código Penal derogado, que señalaba: “Será sancionado con la pena de reclusión de 20 años a privación de Libertad de por vida, aun cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b) Obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo; y, c) Publicitarios o políticos. De concurrir algunas de las circunstancias siguientes, la pena aplicable será de: 1) Cuarenta (40) años de reclusión a privación de libertad de por vida si se ocasionaré o diere lugar a la muerte del secuestrado; 2) Treinta (30) años de reclusión a privación de libertad de por vida si el secuestrado, o cualquier otra persona, muriere con motivo del proceso de rescate. […]” b) En fecha 25 de junio del 2020, por otra parte, ha entrado en vigencia del Decreto No. 130-2017 publicado en el diario oficial La Gaceta número 34,940 de fecha diez de mayo del año dos mil diecinueve, contentivo del Código Penal vigente; el cual, en su modalidad básica, establece el tipo penal que literalmente dice: “Artículo 239.- SECUESTRO. Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena.” Asimismo, el subsiguiente artículo, establece la modalidad agravada, la cual a su letra dice: “Artículo 240.- SECUESTRO AGRAVADO. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) El autor logra el cumplimiento de la condición; 2) La condición consiste en exigir a los poderes públicos nacionales o de un gobierno extranjero, alguna medida, concesión o Resolución legal o ilegal; 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas; 4) La persona secuestrada es menor de dieciocho (18) años, mujer embarazada, persona de avanzada edad, especialmente vulnerable o que padece una enfermedad que le impide valerse por sí misma; 5) La persona secuestrada es funcionario o empleado público y el secuestro se ha cometido por hechos ligados al ejercicio de sus funciones; 6) La persona secuestrada es diplomático o cónsul acreditado en Honduras o de tránsito por el territorio nacional o miembro de una organización internacional, su cónyuge o conviviente, ascendiente, descendiente o familiares por consanguinidad o afinidad, siempre que los acompañen; 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 8) El delito se comete con simulación de autoridad o funciones públicas; o, 9) Se le administra a la víctima drogas o cualquier sustancia que anula o debilita su voluntad. Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Si se causa, dolosa o imprudentemente, la muerte del secuestrado, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.” CONSIDERANDO SEIS (6): Que al examinar lo peticionado por el revisionista, se reafirma que nuestro ordenamiento jurídico reconoce como principio general lo establecido en el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República; “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”. Sin embargo, conforme a lo anteriormente enfatizado, el artículo 240 del Código Penal Vigente, Decreto (130-2017), contempla penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena; lo cual sería aplicable al caso en revisión, por involucrarse en la ejecución del delito de SECUESTRO, conforme a los hechos probados, la participación de tres (3), o más personas; lo cual configuraría perfectamente la agravante específica consistente en que, el delito: “7) (…) se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado”, conforme al artículo 240 del Código Penal precitado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que el siguiente delito concursado es: b) El delito de ATENTADO, el cual se encontraba regulado en los artículos 343 y 344 del Código Penal anterior,por los cuales fuera condenado el señor SANTOS NAHUN CANALES, a la pena DOS (2) AÑOS DE RECLUSION; se leen, por su orden, de la siguiente manera: “Artículo 343. Cometen atentado: 1) …; 2) Quienes acometieren a la autoridad o a sus agentes, o emplearen fuerza contra ellos, o los intimidaren gravemente, o les hicieren resistencia también grave, mientras se hallaren ejerciendo las funciones de sus cargos o con ocasión a ellos.” “Artículo 344. Los atentados comprendidos en el Artículo anterior, serán castigados con la pena de reclusión de uno (1) a tres (3) años, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) Si la agresión se verificare a mano armada. 2) Si los inculpados fueren funcionarios. 3) Si pusieren manos en la autoridad. 4)Si por consecuencia de la coacción, la autoridad hubiere accedido a las exigencias de los imputados”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que, al comparar las penas impuestas al beneficiario del presente recurso, con lo señalado en la Fiscalía del Ministerio Público, en su pronunciamiento de estilo, resulta de procedente aplicación, el artículo 570 del Código Penal vigente, en su último párrafo, al prescribir el delito de ATENTADO AGRAVADO por concurrir la agravante de haberse verificado el hecho ilícito con armas; lo cual aumentaría en un tercio (1/3) la pena señalada para el delito. Quedando la pena abstracta aplicable de PRISION DE TRES (3) A CUATRO (4) AÑOS Y MULTA DE 300 A 500 DÍAS, resultaría superior a la pena concreta impuesta por el delito de ATENTADO, conforme al Código Penal derogado (Decreto 144-83), la cual asciende a DOS (2) AÑOS DE RECLUSION; no encontrándose dentro del rango de la pena a imponer por el delito de ATENTADO AGRAVADO, aplicable conforme a la nueva legislación en vigencia; la cual señala una pena abstracta más alta que la pena concreta impuesta al revisionista. De lo anterior se colige que, para este delito, la aplicación separada de la nueva legislación penal, no resultaría beneficiosa para el reo. Sin embargo, observa la Sala de lo Constitucional, que tal pena le fue impuesta al beneficiario en concurso real a las penas derivadas de la comisión de los delitos de SECUESTRO y de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, conforme a los hechos probados; lo cual contrae a las consecuencias jurídicas que se explicitaran a continuación, en el subsiguiente Considerando. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el último delito concursado es: c) El delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, regulado en el artículo 332-B del Código Penal derogado, bajo el cual fuera condenado el señor SANTOS NAHUN CANALES a la pena de CUATRO (4) AÑOS SEIS (6) MESES DE RECLUSION, delito el cual, disponía a la letra: “Artículo 332- B. Fabricación y Tráfico de Armas de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionadas con ellas. Se entenderá por arma de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial”. Cabe mencionar que, al analizar la aplicabilidad del artículo 580 último párrafo del Código Penal vigente, en comparación con la dicha pena, impuesta al beneficiario del presente recurso; se puede apreciar, que, tal como señala la Fiscalía del Ministerio Público, en su pronunciamiento de estilo; el nuevo Código Penal señalaría para el delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERMITIDO una pena abstracta de PRISIÓN DE CUATRO (4) A CINCO (5) AÑOS CUATRO (4) MESES y LOCALIZACION PERMANENTE DE HASTA DOS (2) AÑOS OCHO (8) MESES, en su modalidad agravada, por configurarse la portación de tales armas de fuego sin autorización. De ello resulta, que la pena de CUATRO (4) AÑOS SEIS (6) MESES DE RECLUSION, impuesta en la sentencia que se revisa, se encuentra dentro del mismo rango de pena que habría de imponerse, en caso de aplicar la nueva legislación, conforme a lo peticionado por revisionista. Sin embargo, tampoco puede obviar la Sala de lo Constitucional, que tal pena fue impuesta al beneficiario del recurso en concurso real, por lo cual debe aunarse, en comparativa global, la pena impuesta por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, al concurso real establecido con los delitos de ATENTADO y SECUESTRO; supuesto en el que entra en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años; lo cual es constatable aritméticamente al sumar la totalidad de las penas impuestas al señor SANTOS NAHUN CANALES, por cada uno de los delitos concursados; de lo cual resulta la cantidad de VEINTISEIS (26) AÑOS SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN, la cual no supera el límite objetivo de cumplimiento antes señalado. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que procede la comparación global que establece la ley penal, respecto al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, entre normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor; sin desmedro del Principio de Legalidad y de Retroactividad que garantiza el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). CONSIDERANDO ONCE (11): Que otras normas de general y pertinente aplicación, para la plena operatividad de la presente garantía constitucional, son las contenidas en el artículo 615 del Código Penal vigente, el cual dispone, a la letra: “Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican Éstas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará.” El artículo 617 del mismo Código, prescribe por su parte, lo conducente a las penas conjuntas: “Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.” CONSIDERANDO DOCE (12): Que la comparación global que establece y autoriza la expresada garantía de tipo general, requiere necesariamente examinar la pena que hubiere podido corresponder al hecho sometido a enjuiciamiento, en la norma legal vigente, como parámetro de revisión penal. Vistas las penas que conllevan, todos y cada uno de los delitos examinados, en los cuales el Tribunal sentenciador no encontró concurrencia de circunstancias modificativas o eximentes de la responsabilidad penal, por lo cual, a la luz del artículo 70, numeral 1), literal a), del Código Penal vigente, conllevaría a que la pena se fije dentro del marco establecido para el delito de que se trate en atención a las circunstancias personales del delincuente, y a la mayor o menor gravedad del hecho. CONSIDERANDO TRECE (13): Que, en el presente caso, tanto las circunstancias personales del delincuente, como la mayor o menor gravedad del hecho, no resultan significativas para determinar la agravación o atenuación en la duración de la pena concursada; pues la información que se tiene de la circunstancia primera, se limita a la aseveración de tratarse con un beneficiario del recurso, que es primodelincuente. Sobre las circunstancias que determinarían la mayor, o menor gravedad del hecho ilícito, bastará decir que los tres (3) delitos concursados, se comparan en la modalidad agravada, que les es específica, según los tipos penales aplicables, en la legislación penal en vigor; tal y como se ha motivado razonadamente en los CONSIDERANDOS del CINCO (5) al NUEVE (9) de la presente sentencia. Tiene en cuenta, asimismo, la Sala, que el artículo 71 del Código Penal vigente, garantiza la no transgresión a la medida de culpabilidad del hecho bajo juzgamiento, al establecer la regla de “Inherencia de las circunstancias”. Conforme a ésta, las reglas del artículo anterior (Concurrencia o Ausencia de Circunstancias Modificativas de la Responsabilidad Penal), no son aplicables a las circunstancias atenuantes o agravantes que la Ley haya previsto en el delito de que se trate, ni a las que son de tal forma inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no podría cometerse. El artículo 5 del Código Penal vigente es también claramente garantista, a este respecto, al establecer el Principio de Proporcionalidad; conforme al cual, la pena se debe fijar atendiendo a la gravedad del hecho y a la culpabilidad del sujeto. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que, otros principios concurrentes, al esclarecimiento y resolución del presente caso, son: a) El Principio de Legalidad, el cual exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo, en la Constitución de la República de Honduras, se recoge en los artículos 69, 70, 84, 85, 90 y demás aplicables. Cabe destacar que la preceptiva constitucional ha sido desarrollada, también en lo pertinente, en el Código Penal vigente, cuyo artículo 1, párrafo primero, reza: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta”. Asimismo, b) El artículo 1, párrafo cuarto, del mismo cuerpo legal establece el Principio de Retroactividad: “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”, el cual se entiende en armonía a lo prescrito en el artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras, cuando establece: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado"; recogiendo así los requisitos básicos de la figura: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que, dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte de nuestro derecho interno. Al suscribirse tan importante instrumento interamericano de derechos humanos, el Estado de Honduras se compromete a respetar, promover y proteger los derechos y libertades allí reconocidos. Establece la Convención en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Las cursivas y el subrayado son añadidos-. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su interpretación sobre el principio de retroactividad, ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay; “… el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que discriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable”. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que atinente a la interpretación del bloque de constitucionalidad que acuerpa el ejercicio responsable de la función jurisdiccional, con miras a la integridad del ordenamiento jurídico y con atención al objetivo teleológico principal, que es la protección efectiva que es debida a la persona humana; reitera la Sala de lo Constitucional sujeción a lo establecido en el artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional (Decreto No. 244-2003); según el cual, sus disposiciones: “Se interpretaran y aplicaran de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los Tribunales Internacionales. “CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que, el “Concurso Real de Delitos”, marco dogmático en que se comprende la presente revisión penal, conforme a las disposiciones transitorias del Código Penal vigente; y, a los artículos 615, párrafo primero, 616 y 617, en particular; puede definirse con pertinencia, en aproximación general a la teoría del concurso de delitos; cuando hechos independientes resultan, cada uno de ellos, encuadrados en el tipo penal que los describe. CONSIDERANDO VEINTE (20): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala expone a continuación, en forma concluyente, la motivación decisoria para el otorgamiento, o no, de la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional aprecia esta Sala que el señor SANTOS NAÚN CANALES, fue condenado por los delitos de SECUESTRO, PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL y ATENTADO, en perjuicio de los TESTIGOS PROTEGIDOS X y L, y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Trujillo, departamento de Colón, mediante sentencia definitiva y firme de fecha diez (10) de agosto de dos mil dieciséis (2016). Desglosándose así las penas impuestas, conforme al Código Penal derogado (Decreto Número 144-83): a) A la pena de VEINTE AÑOS DE RECLUSION, por el delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena; b) A la pena principal de CUATRO AÑOS SEIS MESES DE RECLUSIÓN por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL; y, c) A la pena principal de DOS AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ATENTADO; todas ellas en concurso real, sin superar la limitación de cumplimiento a treinta (30) años, según se colige de la interpretación razonable de lo normado en el artículo 616 del Código Penal vigente, penúltimo párrafo; de conformidad al cual el supuesto de concurso real aplicado al penado, ascendería a un total de VEINTISEIS AÑOS SEIS MESES DE RECLUSION. CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. II- Que, efectuando el comparando entre la legislación penal anterior, respecto a la legislación penal vigente, atendiendo a la situación particular del sentenciado, señor SANTOS NAÚN CANALES, le resulta más favorable la aplicación de la actual legislación penal; puntualizándose que los hechos por los cuales fue condenado, según estatuidos en la sentencia respectiva, tendrían como consecuencia una pena privativa de libertad menor, en forma conglobada o conjunta, al beneficiario del presente recurso de revisión penal; deviniendo, en tal aspecto, la legislación penal en vigor, en norma penal más favorable, conforme al análisis resultante. Resulta congruente esta conclusión, con lo ilustrado en la reciente doctrina penal española, referente a la determinación de la ley más favorable, la cual exige, llevar a cabo una comparación entre ambas normas: “… Cuando el apartado 2º exige que la determinación de la ley más favorable se haga comparando el resultado de la "aplicación de las normas completas del Código actual y de la reforma contenida en esta Ley", está siguiendo el criterio doctrinal y jurisprudencial recogido en múltiples sentencias, en el sentido de que la elección ha de hacerse de manera global, en bloque, en su totalidad, sin que sea admisible ni asumible como más beneficiosa la aplicación "troceada", tomando de cada bloque lo que favorezca y rechazando lo que perjudique, sin que quepa construir una "tercera norma más favorable", pues el Tribunal estaría desempeñando funciones legislativas que no le corresponden , axioma que se recogía en la Circular de la FGE 2/1983. También la doctrina constitucional ha asumido estos principios y así la STC 131/1986, de 29 de octubre establece que «el principio de retroactividad de la ley penal más favorable... supone la aplicación íntegra de la ley más beneficiosa, incluidas aquellas de sus normas parciales que puedan resultar perjudiciales en relación con la ley anterior, que se desplaza en virtud de dicho principio, siempre que el resultado final, como es obvio, suponga beneficio para el reo, ya que en otro caso la ley nueva carecería de esa condición de más beneficiosa que justifica su aplicación retroactiva... No es aceptable, por tanto, y así lo ha dicho este Tribunal en el A 369/1984 de 24 junio, utilizar el referido principio para elegir, de las dos leyes concurrentes, las disposiciones parcialmente más ventajosas, pues en tal caso, el órgano judicial sentenciador no estaría interpretando y aplicando las leyes en uso correcto de la potestad jurisdiccional que le atribuye el art. 117.3 CE, sino creando con fragmentos de ambas leyes una tercera y distinta norma legal con invasión de funciones legislativas que no le competen». CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. III- Así, los hechos juzgados, en los cuales fue condenado como autor responsable el señor SANTOS NAÚN CANALES, por los delitos de SECUESTRO, PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL y ATENTADO, en perjuicio de los TESTIGOS PROTEGIDOS X y L, y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Trujillo, departamento de Colón, resultarían penados más favorablemente, acorde la comparación, entre las normas completas que encuadran la legislación penal por la cual fue juzgado, y las correspondientes a la legislación penal vigente; para el caso de tratarse de penas conjuntas, impuestas por unos mismos hechos; en el cual no cabe la revisión de una de ellas, dejando subsistentes las demás. Ello con especial atención a lo establecido en los artículos 1, 5, 69, 70, 71, 615, 616, penúltimo párrafo y 617 del Código Penal vigente (Decreto No. 130-2017), cabe realizarse el supuesto de concurso real, sin superar la limitación de cumplimiento a treinta (30) años. El cómputo de las penas a imponer se desglosaría así, acorde lo normado en el nuevo Código: a) Al no estimar probada el Tribunal Sentenciador la concurrencia de circunstancias modificativas o eximentes de la responsabilidad penal, tales como circunstancias agravantes ni atenuantes; correspondería, sí, apreciar una circunstancia agravante específica, al tenor de los artículos 239 y 240 No. 7) del Código Penal vigente; lo cual es conducente para el delito de SECUESTRO AGRAVADO, penado en la actual legislación con una pena abstracta de doce (12) años a quince (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena; siendo aplicable al sentenciado, por este delito y en base al principio pro homine, la pena media que establecen las Leyes; la cual asciende a la pena de trece (13) años, seis (6) meses de Prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena. b) En cuanto al delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, previsto en el artículo 580 del Código Penal vigente; no estimó probada el Tribunal Sentenciador la concurrencia de circunstancias modificativas o eximentes de la responsabilidad penal, tales como circunstancias agravantes ni atenuantes. Correspondería, sí, apreciar una circunstancia agravante específica, al tenor del párrafo último de dicho artículo; pues se desprende de los hechos probados, la falta de autorización, por parte del ahora condenado, para portar armas de fuego o municiones, con lo cual se aumentaría la pena aplicable en 1/3; lo cual es conducente para penarlo en la actual legislación con una pena abstracta de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión y localización permanente de hasta dos (2) años; siendo aplicable al sentenciado, por este delito y en base al principio pro homine, la pena media que establecen las Leyes; la cual asciende a la pena de cuatro (4) años, ocho (8) meses de Prisión y localización permanente de un (1) año; y, c) En cuanto al delito de ATENTADO, previsto en el artículo 570 del Código Penal vigente; no estimó probada el Tribunal Sentenciador la concurrencia de circunstancias modificativas o eximentes de la responsabilidad penal, tales como circunstancias agravantes ni atenuantes. Correspondería, sí, apreciar una circunstancia agravante específica, al tenor del párrafo último de dicho artículo; pues se desprende de los hechos probados, verificarse el atentado portando armas de fuego, con lo cual se aumentaría la pena aplicable en 1/3; lo cual es conducente para penarlo en la actual legislación con una pena abstracta de tres (3) años a cuatro (4) años de prisión y multa de trescientos (300) días a cuatrocientos (400) días; siendo aplicable al sentenciado, por este delito y en base al principio pro homine, la pena media que establecen las Leyes; la cual asciende a la pena de tres (3) años, seis (6) meses de Prisión y multa de trescientos cincuenta (350) días. Es importante recalcar que la favorabilidad de la legislación penal vigente, resulta de la aplicabilidad del supuesto de concurso real al penado, por medio del cual, la pena global aplicable a los hechos, ascendería a un total de VEINTIUN (21) AÑOS, OCHO (8) MESES DE PRISIÓN, más las penas de multa de trescientos cincuenta días (350) y localización permanente por un (1) año.- Asimismo, resulta apropiado denotar que la pena global aplicable, en su rango máximo, conforme al cómputo en revisión, en forma conjunta por tratarse de un concurso real, ascendería a VEINTICUATRO (24) AÑOS, CUATRO (4) MESES; lo cual resulta más favorable materialmente que la pena concreta acumulada que se revisa. CONSIDERANDO VEINTITRES (23): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. IV- Que, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional: “Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)…, 2)…, 3)…, 4)…,5)…, 6) … 7)…, 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna…”; procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en relación a una norma derogada, aplicada anteriormente y siendo cosa juzgada mediante una sentencia firme; debiéndose aplicarse la vigente, de resultar más favorable en definitiva, de la comparativa global de las penas por las que resultó condenado el señor SANTOS NAÚN CANALES; concluyéndose, después del estudio detenido de las diligencias, que la solicitud del revisionista cumple ajustadamente con los requisitos exigidos tanto por la Norma Constitucional, como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, para el otorgamiento de la presente garantía constitucional de revisión penal. CONSIDERANDO VEINTICUATRO (24): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. V- Que, finalmente, la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que el Código Penal derogado (Decreto 144-1983), establecía una pena global de VEINTISEIS AÑOS SEIS MESES DE RECLUSION, para los hechos ilícitos por los cuales resultó sentenciado el señor SANTOS NAÚN CANALES; mientras que, el Código Penal vigente (Decreto 130-2017) establece para la misma conducta delictiva, siempre de forma global, VEINTIUN AÑOS OCHO MESES DE PRISIÓN, MÁS LAS PENAS DE MULTA DE TRESCIENTOS CINCUENTA DÍAS (350) Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE POR UN (1) AÑO. Por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal en favor del señor SANTOS NAUN CANALES por resultarle más benigna, en términos materiales. - Procede también, por efecto del otorgamiento del presente recurso, aplicar lo señalado en el artículo 101 numeral 4 de la Ley sobre Justicia Constitucional: “La ejecución de la nueva pena o la práctica de un nuevo computo, cuando en la nueva sentencia se imponga pena al condenado, con abono del tiempo de que haya estado en prisión”. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 4, 69, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1.1, 8.1, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 25, 35, 36, 38, 42, 51, 58, 65, 66, 239, 240 Numeral 7), 570, 580 numeral 1), 615, 616 y 617 del Código Penal Vigente, FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado JOSÉ RAFAEL ERAZO PAISANO, a favor del señor SANTOS NAÚN CANALES. SEGUNDO: ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, en fecha diez de agosto de dos mil dieciséis, contra el señor SANTOS NAÚN CANALES, por los delitos de SECUESTRO, PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL y ATENTADO, en perjuicio de los TESTIGOS PROTEGIDOS X y L, y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. TERCERO: SE MODIFICA la sentencia revisada, la cual deberá leerse de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: CONDENAR al señor SANTOS NAÚN CANALES, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia: 1. Por el delito de SECUESTRO AGRAVADO a la pena de trece (13) años, seis (6) meses de Prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena conforme lo estipulado en el artículo 51 del Código Penal Vigente, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena. 2. Por el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, a la pena de cuatro (4) años, ocho (8) meses de Prisión y localización permanente de un (1) año conforme lo estipulado en el artículo 52 del Código Penal Vigente. 3. Por el delito de ATENTADO, a la pena de tres (3) años, seis (6) meses de Prisión y multa de trescientos cincuenta (350) días, conforme lo estipulado en el artículo 53 del Código Penal Vigente“, y; CUARTO: SE INSTRUYE Al Juzgado de Ejecución Penal de la Sección Judicial de Trujillo, Colón, que realice un nuevo cómputo, con abono del tiempo que ha estado en prisión, el señor SANTOS NAÚN CANALES, por los delitos por los cuales fue condenado; acorde a lo prescrito en el artículo 101 numeral 4 de la Ley sobre Justicia. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que se proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-487-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL