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Sentencia RP-464-22 — Registro 19073

Resumen

Se interpone Recurso de Revisión contra la sentencia condenatoria en relacion al juicio seguido por el Delito de Homicidio, en virtud de entrada en vigencia legislación mas favorable.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" … El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. III. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 192 prevé un castigo de prisión de quince (15) a veinte (20) años, por el delito de HOMICIDIO y el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, prevé pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión, por la misma conducta. Lo cual no representa ningún beneficio para el imputado puesto que el marco abstracto de penas se mantiene intacto. IV. Esta identidad del tipo penal plasmado en ambas normas penales evita la procedencia con respecto a la aplicación de una ley penal más benigna ya que ambas normas tienen el mismo contenido lo cual no significa un beneficio para él encausado..." …" … Siguiendo las premisas desarrolladas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión. Por consiguiente, no procede la aplicación retroactiva de una ley penal en virtud de no ser más benigna..."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 y 99 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

…" … El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. III. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 192 prevé un castigo de prisión de quince (15) a veinte (20) años, por el delito de HOMICIDIO y el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, prevé pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión, por la misma conducta. Lo cual no representa ningún beneficio para el imputado puesto que el marco abstracto de penas se mantiene intacto. IV. Esta identidad del tipo penal plasmado en ambas normas penales evita la procedencia con respecto a la aplicación de una ley penal más benigna ya que ambas normas tienen el mismo contenido lo cual no significa un beneficio para él encausado..." …" … Siguiendo las premisas desarrolladas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión. Por consiguiente, no procede la aplicación retroactiva de una ley penal en virtud de no ser más benigna..."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 y 99 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

…" … El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. III. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 192 prevé un castigo de prisión de quince (15) a veinte (20) años, por el delito de HOMICIDIO y el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, prevé pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión, por la misma conducta. Lo cual no representa ningún beneficio para el imputado puesto que el marco abstracto de penas se mantiene intacto. IV. Esta identidad del tipo penal plasmado en ambas normas penales evita la procedencia con respecto a la aplicación de una ley penal más benigna ya que ambas normas tienen el mismo contenido lo cual no significa un beneficio para él encausado..." …" … Siguiendo las premisas desarrolladas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión. Por consiguiente, no procede la aplicación retroactiva de una ley penal en virtud de no ser más benigna..."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 y 99 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil veinticuatro. VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ, a favor del señor JOSE SALOMON AMAYA BENITEZ, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, en fecha treinta de julio de dos mil catorce, con relación a la causa que se instruyó contra el señor JOSE SALOMON AMAYA BENITEZ, por el delito de HOMICILIO SIMPLE en perjuicio de WALTER AMAYA CORTEZ. ANTECEDENTES 1)Que en fecha veinte (20) de noviembre de dos mil doce (2012), el Fiscal del Ministerio Público, Abogada SUGEIL VEGA MONTOYA, compareció ante el Juzgado de Letras Departamental de Lempira, presentando requerimiento fiscal contra el señor JOSE SALOMON AMAYA BENITEZ, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio de WALTER AMAYA CORTEZ. (Folios 1-3 de la pieza de antecedentes).2)Que continuado que fue el proceso, en fecha treinta de julio de dos mil catorce, el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: “PRIMERO: CONDENAR al señor JOSE SALOMON AMAYA BENITEZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido previamente detalladas en el preámbulo de esta sentencia, como autor responsable materialmente de un delito consumado de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor WALTER AMAYA CORTEZ, a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, según el régimen penitenciario, debiendo abonársele el tiempo que ha permanecido privado de su libertad por esta causa. SEGUNDO: CONDENAR al señor JOSE SALOMON AMAYA BENITEZ, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la pena de reclusión. TERCERO: Se declara al condenado JOSE SALOMON AMAYA BENITEZ responsable civilmente de la reparación de los daños materiales y morales y de la compensación de los gastos ocasionados por el delito por el que hoy se le condena. CUARTO: Sin Costas QUINTO: No procede el comiso. SEXTO…. ” (Folios 132 al 138 de la pieza de antecedentes)3)Que en fecha diecisiete de marzo de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ, presentando recurso de revisión penal a favor del señor JOSE SALOMON AMAYA BENITEZ contra la sentencia condenatoria de fecha treinta de julio de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables. (Folio 01-04 del recurso)4)Que en fecha diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ, en su condición de apoderado legal del señor JOSE SALOMON AMAYA BENITEZ y la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión. Haciendo uso de la palabra el abogado ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ, manifestó: “ratifica el presente recurso de revisión a favor del señor José Salomón Amaya Benítez, solicitando se anule la sentencia proferida por el Tribunal de Sentencia por no estar apegada a derecho, pues lo acusaron por Homicidio Simple. Manifiesta que venía preparado para presentar testigos, pues ellos dan testimonio de que fue en legítima defensa, petición que basa en el artículo 80, 96 de la Constitución de la Republica, artículo 30 numeral 4 y 5, 614, 615, 616 del Código Penal Decreto 130-2017. De la revisión del expediente se deduce que su representado defendió su vida ante su agresor y si no hubiese andado armado para defenderse, le hubiese bajado la cabeza, por lo cual solicita se anule la sentencia y se resuelva lo que en derecho corresponda.- La representante del Ministerio Público Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, manifestó: “De lo expuesto por el revisionista, se procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes por las cuales se condenó al hoy imputado José Salomón Amaya Benítez. Es así que el artículo 116 del Código Penal derogado contiene el delito de HOMICIDIO que establecía lo siguiente: “Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes Artículos del presente Capitulo, comete el delito de homicidio simple e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión.” El nuevo Código Penal contempla el delito de Homicidio en el artículo 192, que establece lo siguiente: “Quien da muerte a una persona debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años”. De lo antes descrito se advierte que no procede aplicar la retroactividad de la norma sustantiva como más beneficiosa, al determinarse que el delito de Homicidio conlleva pena igual a la que fue condenado. Por esa razón el Ministerio Público fue del parecer que no se otorgue la solicitud de revisión presentada.” (Folios 46 al 48 del recurso de mérito)CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Resumen de los fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 de la Constitución de la Republica y los artículos 614, 615, 616 del Código Penal Decreto 130-2017 que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna.CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día treinta de marzo del año dos mil veintidós, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ, en su condición de defensor privado del señor JOSE SALOMON AMAYA BENITEZ y la abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Cedida la palabra al abogado ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ, manifiesta: “ratifica el presente recurso de revisión a favor del señor José Salomón Amaya Benítez, solicitando se anule la sentencia proferida por el Tribunal de Sentencia por no estar apegada a derecho, pues lo acusaron por Homicidio Simple. Manifiesta que venía preparado para presentar testigos, pues ellos dan testimonio de que fue en legitima defensa, petición que basa en el artículo 80, 96 de la Constitución de la Republica, artículo 30 numeral 4 y 5, 614, 615, 616 del Código Penal Decreto 130-2017. De la revisión del expediente se deduce que su representado defendió su vida ante su agresor y si no hubiese andado armado para defenderse, le hubiese bajado la cabeza, por lo cual solicita se anule la sentencia y se resuelva lo que en derecho corresponda.” Una vez concluida la exposición del recurrente se le cede la palabra a la Fiscal Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, a efecto de que ésta presente la oposición del ente acusador al recurso de revisión de mérito, haciéndolo de la Siguiente manera: “De lo expuesto por el revisionista, se procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes por las cuales se condenó al hoy imputado José Salomón Amaya Benítez. Es así que el artículo 116 del Código Penal derogado contiene el delito de HOMICIDIO que establecía lo siguiente: “Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes Artículos del presente Capitulo, comete el delito de homicidio simple e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión.” El nuevo Código Penal contempla el delito de Homicidio en el artículo 192, que establece lo siguiente: “Quien da muerte a una persona debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años”. De lo antes descrito se advierte que no procede aplicar la retroactividad de la norma sustantiva como más beneficiosa, al determinarse que el delito de Homicidio conlleva pena igual a la que fue condenado. Por esa razón el Ministerio Público fue del parecer que no se otorgue la solicitud de revisión presentada.” CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”.CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas.CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada se aprecia que el recurrente en el escrito de interposición del recurso de Revisión Penal, se limita a transcribir normas penales relativas al principio de retroactividad, solicitando la aplicación de la norma penal más favorable a favor de su presentado José Salomón Amaya Benítez. En relación al fundamento legal para solicitar la garantía de Revisión Penal señalada en la Constitución de la República (artículo 186) y desarrollada en la Ley Sobre Justicia Constitucional (artículos 95 al 101), no se aprecia ninguna causal invocada por el recurrente, a efecto de poder encuadrar los hechos alegados en una de las causales ya establecidas en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; sin embargo haciendo aplicación del principio iura novit curia y el principio prohomine, esta Sala de lo Constitucional dará respuesta al Recurso de revisión Penal presentado en el sentido de la procedencia o no del principio de Retroactividad de la Ley Penal al caso en concreto. Ahora bien, aprecia esta Sala que, en la audiencia de oposición celebrada en fecha veintisiete de agosto del dos mil veintitrés, el recurrente hace alegatos de instancia encaminados a establecer una legítima defensa, sin establecer la causal que le sirve de fundamento legal, sin establecer si son hechos nuevos o nuevos elementos de prueba y sin aportar ningún elemento de prueba que sustente su petición. Por lo anterior esta Sala de lo Constitucional no dará respuesta a ese alegato, por ser alegatos de instancia y carecer de fundamento legal. II- Que de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JOSE SALOMON AMAYA BENITEZ, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Gracias Lempiras, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha treinta de julio del dos mil catorce, a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de WALTER AMAYA CORTES, así como las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. III- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 116 del Código Penal decreto 144-1983. III- Esta Sala procede a revisar el caso sub judice; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, (el juzgador conoce el derecho).CONSIDERANDO QUINCE (15): I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y articulo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. III. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 192 prevé un castigo de prisión de quince (15) a veinte (20) años, por el delito de HOMICIDIO y el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, prevé pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión, por la misma conducta. Lo cual no representa ningún beneficio para el imputado puesto que el marco abstracto de penas se mantiene intacto. IV. Esta identidad del tipo penal plasmado en ambas normas penales evita la procedencia con respecto a la aplicación de una ley penal más benigna ya que ambas normas tienen el mismo contenido lo cual no significa un beneficio para él encausado. V. El recurrente solicita la aplicación de la norma penal más favorable, que como ya se dejó establecido líneas arriba, ambas normas (Artículo 116 del Código Penal Derogado y Artículo 192 del Código Penal Vigente) conllevan la imposición de la misma pena (de 15 a 20 años), por ello para esta Sala no es procedente la garantía de Revisión Penal en base al principio de retroactividad, pues si bien es cierto el artículo 616 del Código Penal vigente, señala que la comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. En este caso en concreto el nuevo Código Penal es más beneficioso en cuanto a los beneficios penitenciarios, más no así en cuanto a la pena de prisión, dado que al condenado JOSE SALOMON AMAYA BENITEZ, se le impuso una pena de QUINCE AÑOS. Por ello, si tomamos de la norma lo más beneficioso, nos encontramos ante un supuesto de fragmentación de norma lo que resulta contrario a los lineamientos establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, que en sus parámetros de Revisión establece: CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MÁS FAVORABLE. “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. Por lo estatuido en la norma sustantiva sobre el ámbito de la Revisión, no es admisible hacer uso del Código Penal solo en su parte más conveniente y dejar a salvo lo que no es beneficioso. En este orden de ideas se concluye que la Revisión debe hacerse de manera completa y global, no fragmentada. VI. Siguiendo las premisas desarrolladas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión. Por consiguiente, no procede la aplicación retroactiva de una ley penal en virtud de no ser más benigna.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogado ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ, a favor del señor JOSE SALOMON AMAYA BENITEZ; Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.–WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0464-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL