Sentencia RP-446-22 — Registro 18304
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó por el delito de parricidio.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub judice para estimar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando la procedencia de aplicar retroactivamente una nueva norma penal en relación a una derogada y plasmada en la sentencia denominada cosa juzgada; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. XII.En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso el señor JORGE ALBERTO RIVERA ESTRADA, la pena principal de TREINTA Y DOS AÑOS DE RECLUSION por el delito de PARRICIDIO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la Ley. I. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 118 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 194 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. La pena establecida en el párrafo anterior se aumenta en un tercio (1/3) cuando la muerte a que hace referencia esta se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato. Quedando una pena de VEINTICINCO AÑOS A TREINTA Y TRES AÑOS Y CUATRO MESES. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. II. El sentenciado, al tenor del artículo 194 del nuevo Código Penal cometió el delito de Parricidio, puesto que dio muerte a su esposa Maria del Carmen Centeno, estableciendo la norma penal vigente que quien realice dicha conducta debe ser castigado con las penas de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. Y siendo que cometió dicha acción con alevosía, ya que asegurar su resultado al dispararle a la hoy occisa cuando se encontraba acostada, de tal suerte que es difícil que esta se defienda y con ello el acusado asegura su actuación sin riesgo para su persona, la pena debe aumentarse un tercio. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folio 43 vuelto del expediente de Revisión). III. Este margen abstracto agravado a su vez debe aumentarse hasta en un tercio (1/3) por concurrir una de las circunstancias señaladas para el asesinato -alevosía- lo que nos da un nuevo margen abstracto de VEINTICINCO (25) AÑOS A TREINTA Y TRES (33) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN. IV. En vista de las circunstancias del hecho y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión (treinta y dos (32) años de reclusión) se encuentra dentro del margen imponible de la pena privativa de libertad con el NCP 130-2017. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme disponen los artículos 616 y 621 del NCP-130-2017.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 194 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 621 (Jerarquía Ordinaria)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de junio de dos mil veinticuatro.VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado LUIS RAMON ROMERO OCHOA a favor del señor JORGE ALBERTO RIVERA ESTRADA, contra las sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil ocho (2008), con relación a la causa que se instruyó contra el señor JORGE ABERTO RIVERA ESTRADA, por el delito de PARRICIDIO, en perjuicio de MARIA DEL CARMEN CENTENO SARMIENTO. ANTECEDENTES 1.En fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil tres (2003), la Abogada CELESTE CERRATO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JORGE ALBERTO RIVERA ESTRADA por el delito de PARRICIDIO, en perjuicio de MARIA DEL CARMEN SARMIENTO CENTENO. 2.Seguido el trámite de ley correspondiente en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil ocho (2008), el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán: “FALLÓ: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al Señor JORGE ALBERTO RIVERA ESTRADA, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito PARRICIDIO, en perjuicio de MARIA DEL CARMEN CENTENO SARMIENTO, a la pena de TREINTA Y DOS (32) AÑOS DE RECLUSIÓN de reclusión, debiéndose computar a dicha pena el tiempo que el imputado haya estado en efectiva prisión como consecuencia del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva que se le haya impuesto y la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que designe el Juez de Ejecución competente.- SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al Señor JORGE ALBERTO RIVERA ESTRADA, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condenas en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario.- TERCERO: Se declara al condenado JORGE ALBERTO RIVERA ESTRADA responsable civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que es condenado, la que será definida por el Juez de Ejecución Competente.- CUARTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al condenado JORGE ALBERTO RIVERA ESTRADA.- QUINTO: Se declara el comiso del arma de fuego, tipo revólver, marca Smith&Wesson, modelo 49, calibre 0.38 Special, serie número J545554, pena que deberá ser ejecutada por el Juez de Ejecución de la Pena, sin perjuicio de que si un tercero no responsable del delito demuestra ser su legítimo propietario, el Juez de Ejecución proceda a su devolución.- SEXTO: Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales.”- (Folio 451 al 472 de la pieza del Juzgado).3.El recurrente Abogado LUIS RAMON ROMERO OCHOA, compareció ante este Tribunal en fecha once (11) de marzo del año dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor del señor JORGE ALBERTO RIVERA ESTRADA, contra la sentencia Condenatoria dictada por Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil ocho (2008).4.Se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, en fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023), habiendo comparecido el Abogado LUIS RAMON ROMERO OCHOA, en su condición de apoderada legal del señor JORGE ALBERTO RIVERA ESTRADA y la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, quien fue de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de revisión que se ha hecho mérito. FUNDAMENTACION I.Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. -El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . II.Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró el día dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado LUIS RAMON ROMERO OCHOA en representación del señor JORGE ALBERTO RIVERA ESTRADA, como revisionista; y, la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El Abogado LUIS RAMON ROMERO OCHOA, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. En síntesis argumenta que ratifica el recurso de revisión contra la sentencia de fecha 28 de abril de 2008, mediante la cual a su representado se le condenó a una pena de treinta y dos (32), por el delito de parricidio, según aquella disposición en su artículo 118, tenía una pena abstracta de 30 a 40 años de prisión, no obstante, el mismo tipo penal en el Código Penal vigente se encuentra en el artículo 194, y tiene una pena de prisión de 20 a 25 años de prisión. Propone como nueva a imponer a su representado 21 años de prisión, agrega que su representado es una persona de la tercera edad y que lleva 20 años recluido, en tal sentido solicita su revisión. El Ministerio Público, a través de su agente fiscal Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, expresó lo siguiente: “…De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público, procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes al delito de PARRICIDIO por el cual se condenó al señor JORGE ALBERTO RIVERA ESTRADA. En el Código Penal derogado se regulaba el delito de PARRICIDIO en el articulo 118, que sancionaba al culpable de este delito con las penas de reclusión de treinta (30) a cuarenta (40) años, mas las accesorias que correspondan. En el Nuevo Código Penal Vigente, el delito de PARRICIDIO se encuentra regulado en el articulo 194 que sanciona al culpable de este delito con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. La pena establecida en el párrafo anterior se aumenta en 1/3 cuando la muerte a que hace referencia esta, se produzca concurriendo alguna de la circunstancias señaladas para el asesinato. Que, al realizar el análisis pertinente, se establece en la sentencia que se solicita se revea en el considerando Noveno de la Fundamentación Jurídica, que el juzgado consideró la concurrencia de alevosía, de tal modo que al ser una circunstancia que conforma el tipo penal de Asesinato corresponde aumentar la pena en 1/3 correspondiendo una nueva pena abstracta de 25 a 33 año 4 meses. De ahí, ante las premisas expuestas, estima esta Representación fiscal que en caso sub -examine las disposiciones contempladas en el Nuevo Código Penal, no le son mas favorable al hoy condenado, al advertirse que la pena impuesta con la ley anterior se encuentra dentro del rango de pena que estipula la nueva norma… OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados”. III.El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. IV.El texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. V.Dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.VI.Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro-.VII.La Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que des incriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. VIII.El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. IX.La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. X.Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. XI.Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. La Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JORGE ALBERTO RIVERA ESTRADA, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil ocho (2008), a la pena de TREINTA Y DOS AÑOS DE RECLUSION por el delito de PARRICIDIO en perjuicio de la señora MARIA DEL CARMEN CENTENO SARMIENTO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la Ley. II- Esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 118 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Parricidio. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub judice para estimar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando la procedencia de aplicar retroactivamente una nueva norma penal en relación a una derogada y plasmada en la sentencia denominada cosa juzgada; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. XII.En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso el señor JORGE ALBERTO RIVERA ESTRADA, la pena principal de TREINTA Y DOS AÑOS DE RECLUSION por el delito de PARRICIDIO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la Ley. I. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 118 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 194 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. La pena establecida en el párrafo anterior se aumenta en un tercio (1/3) cuando la muerte a que hace referencia esta se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato. Quedando una pena de VEINTICINCO AÑOS A TREINTA Y TRES AÑOS Y CUATRO MESES. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. II. El sentenciado, al tenor del artículo 194 del nuevo Código Penal cometió el delito de Parricidio, puesto que dio muerte a su esposa Maria del Carmen Centeno, estableciendo la norma penal vigente que quien realice dicha conducta debe ser castigado con las penas de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. Y siendo que cometió dicha acción con alevosía, ya que asegurar su resultado al dispararle a la hoy occisa cuando se encontraba acostada, de tal suerte que es difícil que esta se defienda y con ello el acusado asegura su actuación sin riesgo para su persona, la pena debe aumentarse un tercio. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folio 43 vuelto del expediente de Revisión). III. Este margen abstracto agravado a su vez debe aumentarse hasta en un tercio (1/3) por concurrir una de las circunstancias señaladas para el asesinato -alevosía- lo que nos da un nuevo margen abstracto de VEINTICINCO (25) AÑOS A TREINTA Y TRES (33) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN. IV. En vista de las circunstancias del hecho y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión (treinta y dos (32) años de reclusión) se encuentra dentro del margen imponible de la pena privativa de libertad con el NCP 130-2017. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme disponen los artículos 616 y 621 del NCP-130-2017.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado LUIS RAMON ROMERO OCHOA, en favor del señor JORGE ALBERTO RIVERA ESTRADA. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la Magistrada Bustillo Hernández. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha catorce de junio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0446-2022
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL