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Sentencia RP-420-22 — Registro 18303

Resumen

Sentencia en revisión condenó a cada recurrente una pena de trece (13) años, cuatro (4) meses de reclusión por los delitos de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado en perjuicio de afectado; La Sala concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal...."…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Luis Edgardo Rodríguez Benítez, las penas de trece (13) años, cuatro (4) meses de reclusión, por un delito de Robo de Vehículo Agravado; y seis (6) años y ocho (8) meses de reclusión, por un delito de Robo Agravado; y al señor Anael Arguijo Barahona, las penas de trece (13) años y cuatro (4) meses de reclusión, por un delito de Robo de Vehículo Agravado; y seis (6) años ocho (8) meses de reclusión, por un delito de Robo Agravado. En cuanto al delito de robo de vehículo, esta conducta está penalizada en el código penal vigente, en el artículo 364, último párrafo “si para la sustracción se emplea violencia e intimidación las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación”; esto se refiere al artículo 361, que tiene una pena abstracta de 4 a 8 años, aumentada en 1/3 por la agravante, especifica el 363.9, al cometer el hecho empleando armas, resultando con el nuevo código penal, una pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión. En cuanto al delito de robo agravado, con violencia e intimidación, el artículo 361 establece una pena abstracta de 4 a 8 años de prisión, aumentado en 1/3 por la utilización de un arma de fuego como medio de intimidación, resultando una pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión. 2. El artículo 616 del código penal vigente establece en su primer párrafo “…no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que el favorece y rechazando lo que le perjudique”. En el presente caso, si bien es cierto, la pena del robo de vehículo agravado le es más favorable a los condenados, no así la pena del robo agravado con violencia e intimidación, que en el nuevo código penal se incrementa la pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión, y la pena impuesta con el anterior código fue de seis (6) años y ocho (8) meses de reclusión, por lo que no es admisible aplicar de manera fragmentada las dos normas, una que les favorece y otra que les perjudica, razón por la cual no procede aplicar el artículo 96 Constitucional. 3. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal...."…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Luis Edgardo Rodríguez Benítez, las penas de trece (13) años, cuatro (4) meses de reclusión, por un delito de Robo de Vehículo Agravado; y seis (6) años y ocho (8) meses de reclusión, por un delito de Robo Agravado; y al señor Anael Arguijo Barahona, las penas de trece (13) años y cuatro (4) meses de reclusión, por un delito de Robo de Vehículo Agravado; y seis (6) años ocho (8) meses de reclusión, por un delito de Robo Agravado. En cuanto al delito de robo de vehículo, esta conducta está penalizada en el código penal vigente, en el artículo 364, último párrafo “si para la sustracción se emplea violencia e intimidación las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación”; esto se refiere al artículo 361, que tiene una pena abstracta de 4 a 8 años, aumentada en 1/3 por la agravante, especifica el 363.9, al cometer el hecho empleando armas, resultando con el nuevo código penal, una pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión. En cuanto al delito de robo agravado, con violencia e intimidación, el artículo 361 establece una pena abstracta de 4 a 8 años de prisión, aumentado en 1/3 por la utilización de un arma de fuego como medio de intimidación, resultando una pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión. 2. El artículo 616 del código penal vigente establece en su primer párrafo “…no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que el favorece y rechazando lo que le perjudique”. En el presente caso, si bien es cierto, la pena del robo de vehículo agravado le es más favorable a los condenados, no así la pena del robo agravado con violencia e intimidación, que en el nuevo código penal se incrementa la pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión, y la pena impuesta con el anterior código fue de seis (6) años y ocho (8) meses de reclusión, por lo que no es admisible aplicar de manera fragmentada las dos normas, una que les favorece y otra que les perjudica, razón por la cual no procede aplicar el artículo 96 Constitucional. 3. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal...."…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Luis Edgardo Rodríguez Benítez, las penas de trece (13) años, cuatro (4) meses de reclusión, por un delito de Robo de Vehículo Agravado; y seis (6) años y ocho (8) meses de reclusión, por un delito de Robo Agravado; y al señor Anael Arguijo Barahona, las penas de trece (13) años y cuatro (4) meses de reclusión, por un delito de Robo de Vehículo Agravado; y seis (6) años ocho (8) meses de reclusión, por un delito de Robo Agravado. En cuanto al delito de robo de vehículo, esta conducta está penalizada en el código penal vigente, en el artículo 364, último párrafo “si para la sustracción se emplea violencia e intimidación las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación”; esto se refiere al artículo 361, que tiene una pena abstracta de 4 a 8 años, aumentada en 1/3 por la agravante, especifica el 363.9, al cometer el hecho empleando armas, resultando con el nuevo código penal, una pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión. En cuanto al delito de robo agravado, con violencia e intimidación, el artículo 361 establece una pena abstracta de 4 a 8 años de prisión, aumentado en 1/3 por la utilización de un arma de fuego como medio de intimidación, resultando una pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión. 2. El artículo 616 del código penal vigente establece en su primer párrafo “…no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que el favorece y rechazando lo que le perjudique”. En el presente caso, si bien es cierto, la pena del robo de vehículo agravado le es más favorable a los condenados, no así la pena del robo agravado con violencia e intimidación, que en el nuevo código penal se incrementa la pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión, y la pena impuesta con el anterior código fue de seis (6) años y ocho (8) meses de reclusión, por lo que no es admisible aplicar de manera fragmentada las dos normas, una que les favorece y otra que les perjudica, razón por la cual no procede aplicar el artículo 96 Constitucional. 3. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal...."…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Luis Edgardo Rodríguez Benítez, las penas de trece (13) años, cuatro (4) meses de reclusión, por un delito de Robo de Vehículo Agravado; y seis (6) años y ocho (8) meses de reclusión, por un delito de Robo Agravado; y al señor Anael Arguijo Barahona, las penas de trece (13) años y cuatro (4) meses de reclusión, por un delito de Robo de Vehículo Agravado; y seis (6) años ocho (8) meses de reclusión, por un delito de Robo Agravado. En cuanto al delito de robo de vehículo, esta conducta está penalizada en el código penal vigente, en el artículo 364, último párrafo “si para la sustracción se emplea violencia e intimidación las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación”; esto se refiere al artículo 361, que tiene una pena abstracta de 4 a 8 años, aumentada en 1/3 por la agravante, especifica el 363.9, al cometer el hecho empleando armas, resultando con el nuevo código penal, una pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión. En cuanto al delito de robo agravado, con violencia e intimidación, el artículo 361 establece una pena abstracta de 4 a 8 años de prisión, aumentado en 1/3 por la utilización de un arma de fuego como medio de intimidación, resultando una pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión. 2. El artículo 616 del código penal vigente establece en su primer párrafo “…no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que el favorece y rechazando lo que le perjudique”. En el presente caso, si bien es cierto, la pena del robo de vehículo agravado le es más favorable a los condenados, no así la pena del robo agravado con violencia e intimidación, que en el nuevo código penal se incrementa la pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión, y la pena impuesta con el anterior código fue de seis (6) años y ocho (8) meses de reclusión, por lo que no es admisible aplicar de manera fragmentada las dos normas, una que les favorece y otra que les perjudica, razón por la cual no procede aplicar el artículo 96 Constitucional. 3. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de mayo de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada Yessenia Maria Romero Romero, a favor de los señores Luis Edgardo Rodríguez Benítez y Anel Arguijo Barahona, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciséis, con relación a la causa que se instruyó contra los señores LUIS EDGARDO RODRÍGUEZ BENÍTEZ y ANEL ARGUIJO BARAHONA, por haber sido condenado por los delitos de ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO Y ROBO AGRAVADO, en perjuicio de DIEGO ANTONIO REYES PORTILLO.HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL“PRIMERO: En la medianoche del día nueve de junio de dos mil catorce, los señores Luis Edgardo Rodríguez Benitez y Anael Arguijo Barahona, ingresaron al Taller mecánico propiedad del señor Diego Antonio Reyes, ubicado en el barrio La Lomita de la ciudad de Talanga, el que no tenía cerco perimetral, estando adentro le apuntaron al vigilante con el arma de fuego tipo pistola que portaban, lo amarraron y lo introdujeron en un vehículo tipo cabezal. Luis Edgardo y Anael procedieron a romper el candado de un contenedor azul de dónde sacaron una caja plástica de color negra marca Stanley que contenía manerales, cubos y extensiones para equipo pesado; un compresor azul marca Morgan; una soldadora color rojo marca Lincoln con un porta electrodo; un módulo para motor; luego abrieron el tonó de un vehículo tipo cabezal color negro que se encontraba en el taller y usando herramientas sacaron del mismo el modulo del motor; todos estos objetos los pusieron en el vehículo marca Toyota Tacoma, color rojo, Tipo pick up, Motor: 2RZ-2478828, Placa BW6508, Año:2001, también propiedad del señor Diego Reyes, quien horas antes lo había dejado estacionado en su taller dejando adentro una computadora laptop marca DELL y un es escáner.SEGUNDO: Los señores Luis Edgardo Rodríguez Benitez y Anael Arguijo Barahona, se retiraron del lugar en el vehículo Toyota Tacoma del señor Reyes, llevando el equipo y las herramientas antes descritas, las que fueron a dejar a la casa de la señora Rosa María Benitez madre de Luis Edgardo, que se encuentra ubicada en el caserío El Porvenir, jurisdicción del municipio de Cantarranas, de dicho lugar se trasladaron al municipio de Valle de Ángeles, en donde al ingresar fueron detenidos por agentes de policías quienes montaron un reten alertados por la Policía de Talanga, ante la denuncia interpuesta por el señor Diego Reyes. ”ANTECEDENTES 1)Que en fecha nueve (09) de junio de dos mil catorce (2014), la Fiscal del Ministerio Público, Abogada CENDY JACKELINE ROMERO, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal Sección Judicial de Talanga, Departamento de Francisco Morazán, presentando requerimiento fiscal contra los señores LUIS EDGARDO RODRIGUEZ BENITEZ y ANEL ARGUIJO BARAHONA, por suponerlos responsables a título de autores de un delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO y de un delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de DIEGO ANTONIO REYES PORTILLO. (Folios 01-03 de la pieza de antecedentes).2)Que continuado que fue el proceso, en fecha veintiocho de junio de dos mil dieciséis, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: “PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al señor LUIS EDGARDO RODRIGUEZ BENITEZ cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas como autor responsable penalmente de la comisión del delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de la propiedad del señor Diego Antonio Reyes Portillo, a la pena de TRECE (13) AÑOS CUATRO MESES de reclusión. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor LUIS EDGARDO RODRIGUEZ BENITEZ, como autor responsable penalmente de la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de la propiedad del señor Diego Antonio Reyes Portillo, a la pena de SEIS (06) AÑOS OCHO MESES de reclusión. TERCERO: Que debemos condenar y condenamos al señor ANAEL ARGUIJO BARAHONA cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas como autor responsable penalmente de la comisión del delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de la propiedad del señor Diego Antonio Reyes Portillo, a la pena de TRECE (13) AÑOS CUATRO MESES de reclusión. CUARTO: Que debemos condenar y condenamos al señor ANAEL ARGUIJO BARAHONA, como autor responsable penalmente de la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de la propiedad del señor Diego Antonio Reyes Portillo, a la pena de SEIS (06) AÑOS OCHO MESES de reclusión. SEXTO: Que debemos condenar y condenamos a los señores LUIS EDGARDO RODRIGUEZ BENITEZ Y ANAEL ARGUIJO BARAHONA a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, durante el tiempo de duración de todas las penas principales que les han sido impuestas...” (Folios 187 al 199 de la pieza de antecedentes) 3)Que en fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, la Abogada YESENIA MARIA ROMERO ROMERO, presentando recurso de Revisión Penal a favor de los señores LUIS EDGARDO RODRIGUEZ BENITEZ y ANAEL ARGUIJO BARAHONA, contra la sentencia condenatoria de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-04 del recurso). 4)Que en fecha cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, habiendo comparecido la Abogada YESSENIA MARIA ROMERO ROMERO, en su condición de apoderado legal de los señores LUIS EDGARDO RODRIGUEZ BENITEZ y ANEL ARGUIJO BARAHONA y la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de Revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de Revisión en aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). La representante del Ministerio Público, concluyó que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior, por lo fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente acción de revisión,…”. (Folios 25 al 29 del recurso de mérito).FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal se celebró en fecha cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada Yessenia Maria Romero Romero, a favor de los señores Luis Edgardo Rodríguez Benitez y Anael Arguijo Barahona, como revisionista; y, la Abogada Sandra Lorena Zuniga García, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. La Abogada Yessenia Maria Romero Romero, solicita la revisión de la pena y que se aplique el principio de Retroactividad de la Ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigente en el Decreto 130-2017, en base al artículo 96 de la Constitución, se solicita la retroactividad de la ley, siempre que favorezca al reo, por lo que se solicita la revisión de las penas. Por su parte el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables al sentenciado; por lo que solicita que no se otorgue la revisión solicitada. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Luis Edgardo Rodríguez Benítez, las penas de trece (13) años, cuatro (4) meses de reclusión, por un delito de Robo de Vehículo Agravado; y seis (6) años y ocho (8) meses de reclusión, por un delito de Robo Agravado; y al señor Anael Arguijo Barahona, las penas de trece (13) años y cuatro (4) meses de reclusión, por un delito de Robo de Vehículo Agravado; y seis (6) años ocho (8) meses de reclusión, por un delito de Robo Agravado. En cuanto al delito de robo de vehículo, esta conducta está penalizada en el código penal vigente, en el artículo 364, último párrafo “si para la sustracción se emplea violencia e intimidación las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación”; esto se refiere al artículo 361, que tiene una pena abstracta de 4 a 8 años, aumentada en 1/3 por la agravante, especifica el 363.9, al cometer el hecho empleando armas, resultando con el nuevo código penal, una pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión. En cuanto al delito de robo agravado, con violencia e intimidación, el artículo 361 establece una pena abstracta de 4 a 8 años de prisión, aumentado en 1/3 por la utilización de un arma de fuego como medio de intimidación, resultando una pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión. 2. El artículo 616 del código penal vigente establece en su primer párrafo “…no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que el favorece y rechazando lo que le perjudique”. En el presente caso, si bien es cierto, la pena del robo de vehículo agravado le es más favorable a los condenados, no así la pena del robo agravado con violencia e intimidación, que en el nuevo código penal se incrementa la pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión, y la pena impuesta con el anterior código fue de seis (6) años y ocho (8) meses de reclusión, por lo que no es admisible aplicar de manera fragmentada las dos normas, una que les favorece y otra que les perjudica, razón por la cual no procede aplicar el artículo 96 Constitucional. 3. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 373 por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021. Artículo 618 del Código Penal vigente. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada Yessenia Maria Romero Romero, en favor de los señores LUIS EDGARDO RODRÍGUEZ BENÍTEZ y ANEL ARGUIJO BARAHONA. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Wagner Vallecillo Paredes. - Notifíquese. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha siete de mayo de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0420-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL