Sentencia RP-387-22 — Registro 18365
Resumen
Acto recurrido contra la sentencia de condena dictada en contra del solicitante, con relación a la causa que se instruyó por los delitos de Tortura y lesiones menos graves
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" … La sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a JOSE OSMAR MARTINEZ HERNANDEZ, las penas principales de diez (10) años de reclusión, por ser autor penalmente responsables de un delito de TORTURAS en perjuicio del señor FELIX ANTONIO ORELLANA CHAVEZ”; más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta en el ejercicio o desempeño de la función policial, por el doble del tiempo que dure la reclusión por el delito de Torturas y a la pena de tres años de reclusión por el delito de LESIONES MENOS GRAVES en perjuicio de FELIX ANTONIO ORELLANA CHAVEZ. La conducta por la cual fue condenado JOSE OSMAR MARTINEZ HERNANDEZ, está prevista en el Código Penal 144-1983 como delito de TORTURAS Y LESIONES MENOS GRAVES (artículo 216 y 199 reformado por Decreto legislativo No.130-2017 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940, de fecha 10 de mayo de 2019, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: seis (6) a diez (10) años e Inhabilitación Absoluta de quince (15) a veinte (20) años por el delito de Tortura y de uno (1) a cuatro (4) años, de prisión, por el delito de Lesiones. Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; por el delito de Lesiones. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por la Abogada LILI ROXANA CHINCHILLA CALIX, a favor del señor JOSE OSMAR MARTINEZ HERNANDEZ, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil doce, con relación a la causa que se instruyó contra el señor JOSE OSMAR MARTINEZ HERNANDEZ, por los delitos de TORTURAS Y LESIONES MENOS GRAVES en perjuicio de FELIX ANTONIO ORELLANA CHAVEZ. ANTECEDENTES 1)Que en fecha catorce (14) de enero de dos mil diez (2010), las Fiscales del Ministerio Público, Abogadas JUNNY CORITZA VEGA MARTINEZ Y LEYLA CRISTINA ALEMAN MARTINEZ, comparecieron ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores JOSE OSMAR MARTINEZ HERNANDEZ Y JOSE ALFREDO LOPEZ COREA, por suponerlos responsables a título de autores del delito de TORTURAS en perjuicio de FELIX ANTONIO ORELLANA CHAVEZ. (Folios 01-04 de la pieza de antecedentes).2)Que continuado que fue el proceso, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual falló: “PRIMERO: Que debemos Condenar y Condenamos a JOSE OSMAR MARTINEZ HERNANDEZ, ya identificado anteriormente, como autor responsable de un delito de TORTURAS, en perjuicio de FELIX ANTONIO ORELLANA CHAVEZ, imponiendo al acusado, una pena principal de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSION, debiéndose computar la misma desde el día en que fue recluido de manera efectiva en el Centro penal respectivo; asimismo, SE IMPONE COMO PENA PRINCIPAL INHABILITACION ABSOLUTA EN EL EJERCICIO O DESEMPEÑO DE LA FUNCION POLICIAL POR EL DOBLE DEL TIEMPO QUE DURE LA RECLUSION POR EL DELITO DE TORTURAS. SEGUNDO: Como consecuencia de la condena de reclusión, se le impone al condenado JOSE OSMAR MARTINEZ HERNANDEZ, la pena accesoria de Interdicción Civil por el tiempo que dure la pena principal; así como también trabajar durante aquel tiempo en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: Que debemos condenar y condenamos a JOSE OSMAR MARTINEZ HERNANDEZ, ya identificado anteriormente, como autor responsable de un delito de LESIONES MENOS GRAVEZ, en perjuicio de FELIX ANTONIO ORELLANA CHAVEZ, imponiendo al acusado, una pena principal de TRES (03) AÑOS DE RECLUSION, debiéndose computar la misma desde el día en que fue recluido de manera efectiva en el Centro penal respectivo. CUARTO: Como consecuencia de la condena de reclusión, se le impone al condenado JOSE OSMAR MARTINEZ HERNANDEZ, las penas accesorias de Inhabilitación e Interdicción civil por el tiempo que dura la pena principal; así como también trabajar durante aquel tiempo en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional…” (Folios 117 al 134 de la pieza de antecedentes).3)Que en fecha uno de marzo del dos mil veintidos, compareció ante la Sala de lo Constitucional, la Abogada LILI ROXANA CHINCHILLA CALIX, presentando recurso de Revisión Penal a favor del señor OSMAR ANTONIO ORELLANA CHAVEZ, contra la sentencia condenatoria de fecha veintitrés de noviembre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-04 del recurso). 4)Que en fecha once de mayo de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada LILI ROXANA CHINCHILLA CALIX, en su condición de apoderada legal del señor JOSE OSMAR MARTINEZ HERNANDEZ y la Abogada ROSAURA BERNANDEZ GUITY, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de Revisión en aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). La representante del Ministerio Público, concluyó que en la presente causa no concurre la causal de Revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior, por lo fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE el recurso de revisión,…” (Folios 51 al 53 del recurso de mérito). Hecho probado de la sentencia de Primera Instancia “UNICO: En fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil nueve (2009), la señora Ruth Argentina López Orellana, vía teléfono denuncia al señor Félix Antonio Orellana Chávez por Violencia Doméstica, lo que motivo que los agentes policiales José Osmar Martínez Hernández, José Alfredo López Corea y Yesenia Marinela Sandoval Orellana se trasladaran hasta la casa de habitación de la denunciante, ubicada en la Colonia Primero de Mayor de la ciudad Villanueva, Departamento de Cortés, saliendo en libertad al día siguiente; llegando a su casa de habitación y al sentirse mal de salud, lo llevaron sus familiares al Hospital Mario Catarino Rivas donde fue intervenido quirúrgicamente al presentar un traume abdominal contuso, siendo incapacitado por cuarenta y cinco (45) días.” Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que: “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que: “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” .CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal se celebró en fecha once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de las Abogadas LILI ROXANA CHINCHILLA CALIX, en favor de JOSE OSMAR MARTINEZ HERNANDEZ, como revisionista; y, la Abogada ROSAURA BERNARDEZ GUITY, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. La Abogada LILI ROXANA CHINCHILLA CALIX, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de Revisión Penal a favor del condenado, cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis, que el NCP 130-2017, contiene disposiciones más favorables para su representado en los delitos de TORTURAS Y LESIONES MENOS GRAVES, debiendo aplicarse el principio de Retroactividad de la Ley Penal, Artículo 216 del Código Penal Vigente, según Decreto 1230-2017, establece que el delito de Torturas debe ser castigado con la pena de prisión de seis (6) a diez (10) años e inhabilitación absoluta de 15 a 20 años, y el artículo 199 segundo párrafo establece que el delito de LESIONES MENOS GRAVES debe ser castigado con una pena de prisión de seis (6) meses a un (1) año, siendo estas penas mas benignas para el sentenciado JOSE OSMAR MARTINEZ HERNANDEZ, en comparación con la pena impuesta de TRECE AÑOS DE RECLUSION, SOLICITAMOS SE REFORME LA SENTENCIA IMPONIENDO LAS PENAS MÍNIMAS YA SEÑALADAS CON SER SEIS (6) AÑOS POR EL DELITO DE Torturas y seis (6) meses por el delito de Lesiones Menos Graves. Por su parte, la Agente Fiscal del Ministerio Público, emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de Revisión, en virtud de que según lo regulado en el artículo 209-A, 133 y 135 No. 3 del Código Penal derogado, que establecía una pena de 10-15 años por el delito de Torturas y una pena de 3-6 años de reclusión por el delito de Lesiones. En el nuevo Código Penal vigente (Decreto 130-2017), el delito de Torturas se encuentra regulado en el artículo 216, que señala una pena de 6-10 años. Asimismo, el artículo 199 prevé el delito de Lesiones, que sanciona con una pena de 1-4 años. Al examinar lo peticionado por la revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, se estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal, no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena impuesta resulta también imponible con arreglo al presente Código Penal, por los fundamentos legales indicados. Por lo que es de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de revisión. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad), donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP 144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultará a éste para que señale la que más le favorece.CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a JOSE OSMAR MARTINEZ HERNANDEZ, las penas principales de diez (10) años de reclusión, por ser autor penalmente responsables de un delito de TORTURAS en perjuicio del señor FELIX ANTONIO ORELLANA CHAVEZ”; más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta en el ejercicio o desempeño de la función policial, por el doble del tiempo que dure la reclusión por el delito de Torturas y a la pena de tres años de reclusión por el delito de LESIONES MENOS GRAVES en perjuicio de FELIX ANTONIO ORELLANA CHAVEZ. La conducta por la cual fue condenado JOSE OSMAR MARTINEZ HERNANDEZ, está prevista en el Código Penal 144-1983 como delito de TORTURAS Y LESIONES MENOS GRAVES (artículo 216 y 199 reformado por Decreto legislativo No.130-2017 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940, de fecha 10 de mayo de 2019, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: seis (6) a diez (10) años e Inhabilitación Absoluta de quince (15) a veinte (20) años por el delito de Tortura y de uno (1) a cuatro (4) años, de prisión, por el delito de Lesiones. Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; por el delito de Lesiones. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del Agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada LILI ROXANA CHINCHILLA CALIX, en favor del señor JOSE OSMAR MARTINEZ HERNANDEZ. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al Juzgado de Ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de octubre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0387-2022
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL