Sentencia RP-342-22 — Registro 18686
Resumen
Se Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria el delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… CONSIDERANDO (10): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. I. Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal, se aprecia que el señor DAVIDSON LEONEL REDONDO FLORES, fue sentenciado por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO AL-330; pena que se encuentra actualmente en ejecución, y que asciende, en especie, a VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN más una pena de MULTA DE 83.33 SALARIOS MÍNIMOS; misma que deberá enterar o pagar a favor del ESTADO DE HONDURAS. Para la Sala de lo Constitucional, sin embargo, el presente caso no se subsume en el artículo 96 causal número ocho de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una ley intermedia que no resulte beneficiosa. Ello a la luz del brocardo latino Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se relaciona con el que dice: Iura novit curiae (El juzgador conoce el derecho), como se verá; en virtud de no ser más benigna la legislación penal contenida en el Decreto No. 93-2021, en vigencia al momento de presentarse la presente garantía constitucional de Revisión Penal; que la normativa penal vigente al momento de dictarse la sentencia condenatoria en relación. CONSIDERANDO (11): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. II. Que, abundando sobre el anterior aserto, conforme a las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Extorsión, prevé en el artículo 373 una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; de no concurrir la Agravante Específica al delito de Extorsión, contenida en el numeral 1) del artículo 374 de la misma norma. Tal norma penal fue reformada, posteriormente, mediante el Decreto 93-2021, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021, con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. En ese orden de ideas, aun y cuando no lo hubiere peticionado el garantista, Abogado NORLAN ALEXIS ALVARADO VILLANUEVA, en el Recurso de Revisión así promovido, ya se encontraban en vigencia las reformas al Código Penal vigentes mediante el Decreto 93-2021, el cual nuevamente incrementa las penas para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; concurriendo asimismo la agravante específica de ser el culpable miembro de un grupo delictivo organizado, contenida en el artículo 374, caso en el cual la pena se debe incrementar en un tercio (1/3). Por lo tanto, la pena abstracta a imponer, quedaría agravada de veinte (20) a veintiséis (26) años, ocho (8) meses de prisión y multa de un mil (1,000) a mil treinta y tres (1,333) días en su nivel más alto. Asimismo, tómese en cuenta que, al aplicarse el artículo 53 del nuevo Código Penal, que establece el sistema de Días Multa, al calcularse sobre su nivel más alto, se concretizaría sobre la base de CINCO MIL LEMPIRAS (L 5,000.00) POR CADA DÍA DE MULTA; lo cual, estaría lejos de ocasionar un beneficio penal comparativo para el condenado, en el cálculo de la pena global a él impuesta, misma que asciende a VEINTICINCO (25) AÑOS y a una MULTA DE OCHENTA Y TRES PUNTO TRES (83.3) SALARIOS MINIMOS. La nueva pena a aplicar, de proceder de conformidad a la retroactividad penal solicitada, resulta claro sería agregada en concurso real, de acuerdo con la nueva Ley Penal vigente; sin perjuicio del máximo de cumplimiento garantizado, que es de TREINTA (30) AÑOS, de conformidad con el artículo 66, párrafo cuarto, del Código Penal vigente. Y, en cuanto a la pena de multa, aún si se le impusiera la pena mínima de UN MIL (1, 000) DÍAS, EN SU NIVEL MÁS ALTO por cada delito concursado, siendo el nivel más alto señalado por el artículo 53 del Código Penal, el valor de CINCO MIL LEMPIRAS (L 5,000) por cada día multa; daría lugar a un cálculo descomunal, no proporcional y no menor a CINCO MILLONES DE LEMPIRAS (L 5,000, 000), en contra del penado. En consecuencia, la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al señor DAVIDSON LEONEL REDONDO FLORES, y el Decreto 93-2021, vigente al momento de interposición del Recurso de revisión; permiten concluir en que este último prevé sanciones más gravosas para el penado; por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal sustantiva al señor DAVIDSON LEONEL REDONDO FLORES, por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA; tomando en cuenta que el recurso de revisión penal fue presentado en fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, encontrándose ya en vigencia el susodicho Decreto No. 93-2021.CONSIDERANDO (12): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. Que, el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que autoriza la aplicación retroactiva de una norma penal más favorable; no resultando procedente la aplicación retroactiva de la ley penal a favor del señor Davidson Leonel Redondo Flores, al no resultarle más benignas las penas que establece el artículo 373, con relación al artículo 374, numeral 1), ambos contenidos en la reforma del nuevo Código Penal (Decreto No. 93-2021); con relación a las penas que se encontraban vigentes al momento de dictarse el fallo condenatorio en ejecución, mismo que es objeto de la presente garantía constitucional de Revisión.
Legislación citada
- Código Penal, art. 373 Decreto No. 93-2021 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 374 Decreto No. 93-2021 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Norlan Alexis Alvarado Villanueva, a favor del señor Davidson Leonel Redondo Flores, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, con relación a la causa que se instruyó contra el señor Davidson Leonel Redondo Flores, por haber sido condenado por el delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido.ANTECEDENTES1)En fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Agente de Tribunales del Ministerio Público, Abogada Ana Delia Reyes, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Davidson Leonel Redondo Flores, por suponerlo responsable del delito de Extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido “AL-330”. (Folios 2-5 del antecedente)2)Que en fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al señor DAVIDSON REDONDO FLORES, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO AL-330, a la pena de VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSIÓN y a una MULTA DE OCHENTA Y TRES PUNTO TRES (83.3) SALARIOS MINIMOS, la cual deberá enterarse en la Tesorería Nacional de Honduras. Dicha pena deberá ser cumplidas por el condenado en el Centro Penitenciario ubicada en la Aldea de Tamara, departamento Francisco Morazán, debiéndose descontar al cómputo de la pena el tiempo en que el imputado ha permanecido en efectiva prisión como consecuencia del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva que se le ha impuesto por esta causa. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor DAVIDSON LEONEL REDONDO FLORES, las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condenas en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO: Se declara al condenado DAVIDSON LEONEL REDONDO FLORES, responsable civilmente como consecuencia del delito por los cuales ha sido condenado, la que será determinada por el Juez de Ejecución Competente. CUARTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al condenado DAVIDSON LEONEL REDONDO FLORES. QUINTO: No procede declarar el comiso por no haberse puesto a disposición de este Tribunal de Sentencia ninguna pieza de convicción alguna o de ejecución alguna. SEXTO: Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales. Así por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.” (Folios 101-110 vuelto del antecedente)3)En fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado Norlan Alexis Alvarado Villanueva, a favor del señor Davidson Leonel Redondo Flores, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-6 del recurso de mérito)4)En fecha ocho de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante Luis Alonso Discua Cerrato, con la comparecencia de la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Norlan Alexis Alvarado Villanueva, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor Davidson Leonel Redondo Flores; El Ministerio Público consideró: “…En virtud de que el supra señalado artículo 616 del Código Penal vigente señala que para determinar la Ley más favorable se debe comparar la pena que hubiera podido corresponder en el caso concreto con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor, no siendo admisible la fragmentación de las dos normas en análisis, y siendo que nos encontramos ante un delito continuado al tenor del mismo artículo 616, se observa la misma regla que en el caso de concurso real, expuesto de la siguiente manera en los párrafos séptimo al noveno. "Si se trate de un concurso medial y en tanto que esta forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y a la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley.". La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma exclusivamente así la global y atendiendo suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación.". En este sentido, y siendo que de conformidad a la Declaración de Hechos Probados que contiene la sentencia de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil quince (2015), emitida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y cuya revisión se solicita, el señor DADVIDSON LEONEL REDONDO FLORES, fue encontrado responsable a título de autor de la comisión de varias acciones de EXTORSION, los cuales se llevaron a cabo mediante amenazas de darle muerte al testigo en referencia, para el pago de Lps. 200.00 el día martes de cada semana, los cuales hizo efectivo durante dos meses anteriores al 26 de mayo del año 2014, fecha en la cual decidió interponer la denuncia en la Unidad Antiextorsión, razón por la cual fue condenado por el delito de EXTORSION CONTINUADA. Siendo que la pena global impuesta en la sentencia es de VEINTICINCO (25) AÑOS y una multa de 83.33 salarios mínimos; y la pena que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley, seria las acciones que se desarrollaron de manera semanal por el término de dos meses (dos meses anteriores al 26. de mayo del año 2014, fecha en se realizó la última entrega según se desprende de los hechos probados), de ahí, que la pena de 15 a 20 por cada delito (que se produjo 10 veces desde 26 de marzo hasta el 26 de mayo del 2014) seria de CIENTO CINCUENTA (150) AÑOS DE PRISIÓN A UNA MAXIMA DE DOSCIENTOS (200) AÑOS, estando el máximo de cumplimiento determinado que no puede exceder de TREINTA (30) AÑOS de conformidad con el artículo 66 del Código Penal vigente, en cuanto a la pena de multa si se le hubiese impuesto la pena mínima de QUINIENTOS (500) DÍAS EN SU NIVEL MÁS ALTO por cada delito, siendo el nivel más alto señalado por el artículo 53 del Código Penal el valor de CINCO MIL LEMPIRAS (15,000), por lo que la pena mínima por cada delito (10 delitos) sería el equivalente a DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS 1.2,500,000.00. Esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, ya que tanto la pena de prisión como la pena de multa le resultan más gravosas, en tanto no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado." Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados…”. (Folios 22-25 vuelto del recurso de mérito)CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada.CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen de alegaciones expuestas por el garantista en promoción de la presente garantía constitucional de Revisión Penal. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista, Abogado NORLAN ALEXIS ALVARADO VILLANUEVA, compareció ante esta sala en fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor del señor DAVIDSON LEONEL REDONDO FLORES, contra la sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, cuyo contenido prescriptivo se transcribe en el Antecedente 2) de la presente sentencia; exponiendo el peticionario, que solicitaba el cambio de la pena concreta impuesta a su poderdante, a título de autor penalmente responsable del delito consumado de EXTORSIÓN CONTINUADA; conforme a lo establecido en el artículo 373 del nuevo Código Penal, que prescribe una pena de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a un mil (1000) días; con relación a lo establecido en los artículos 614, 615 y 616 del mismo Código. Tal la argumentación jurídica promovida por las partes comparecientes, a la Audiencia de oposición y presentación de pruebas, que tuvo lugar en fecha ocho de junio del año dos mil veintitrés.CONSIDERANDO (4): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a.Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b.Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c.Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a.Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal.b.Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador.c.La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación, entre lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada; teniendo, como consecuencia, la aplicación de la norma que resulte más favorable al reo.CONSIDERANDO (5): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”.CONSIDERANDO (6): PARÁMETROS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, el artículo 222 del Código Penal derogado, y lo establecido en el artículo 373 del nuevo Código Penal, rezan de la siguiente forma:Artículo 222 “Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencias y con el fin de obtener para si o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes u otros servicios, obligue a una persona natural o jurídica a: 1. Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2. Suscribir documentos para obtener pagos de dinero; 3. Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrá una pena de reclusión de 15 a 20 años y multa de 50 salarios mínimos, más los accesorios jurídicos que correspondan. Si con ocasión de cometerse estos delitos, se da por muerta la víctima, a su cónyuge, a su compañera de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se le impondrá al culpable, la pena de privación de libertad de por vida. La figura de extorsión se considerará un delito de crimen organizado”.En cuanto a la forma comisiva que da lugar al delito continuado, el Código Penal derogado, estipulaba:“Artículo 37. Cuando se cometa un mismo delito contra la propiedad dos (2) o más veces, bien sea en un sólo momento o en momentos diversos, mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias, dichos delitos se considerarán como un solo continuado. En tal situación se aplicará al agente la pena más grave, aumentada en dos (2/3) tercios. En caso de duda, se tendrá por más grave la pena que tenga señalado el máximo más alto. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará si le resulta más favorable al reo la imposición de todas las penas aplicables a los delitos concurrentes. Lo prescrito en la última parte del segundo párrafo de este artículo y en el párrafo anterior, será aplicable a lo estatuido en el artículo 36.” Mientras tanto, el nuevo Código penal, tipificaba así el delito de Extorsión: Artículo 373. “Extorsión. Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyuge, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad”.El artículo 374 prescribía las Agravantes Específicas que concurren al delito de Extorsión, cuyo numeral 1 establece: Artículo 374. “Agravantes Específicas. Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado; …”. No obstante, el artículo 373 del Código Penal vigente, que tipifica el delito de Extorsión, fue reformado por medio del Decreto No. 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Núm. 35,760 de fecha uno de noviembre del año 2021 y vigente al día siguiente de su publicación, cuyo nuevo texto dispone: ARTÍCULO 373.- “EXTORSION. Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y animo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga a trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. Mientras tanto, el artículo 374 reformado, prescribe las circunstancias que agravarían específicamente la pena concurrente al delito: ARTÍCULO 374.- “AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas del artículo anterior se incrementarán en un tercio (1/3) al concurrir alguna de las siguientes circunstancias: 1.Si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado; …”. CONSIDERANDO (7): Que, el Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (8): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario se transgrediría el Principio de Legalidad. CONSIDERANDO (9): CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA LEY INTERMEDIA. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa. Para el jurista René SUAZO LAGOS reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema, otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”.CONSIDERANDO (10): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. I. Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal, se aprecia que el señor DAVIDSON LEONEL REDONDO FLORES, fue sentenciado por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO AL-330; pena que se encuentra actualmente en ejecución, y que asciende, en especie, a VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN más una pena de MULTA DE 83.33 SALARIOS MÍNIMOS; misma que deberá enterar o pagar a favor del ESTADO DE HONDURAS. Para la Sala de lo Constitucional, sin embargo, el presente caso no se subsume en el artículo 96 causal número ocho de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una ley intermedia que no resulte beneficiosa. Ello a la luz del brocardo latino Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se relaciona con el que dice: Iura novit curiae (El juzgador conoce el derecho), como se verá; en virtud de no ser más benigna la legislación penal contenida en el Decreto No. 93-2021, en vigencia al momento de presentarse la presente garantía constitucional de Revisión Penal; que la normativa penal vigente al momento de dictarse la sentencia condenatoria en relación.CONSIDERANDO (11): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. II. Que, abundando sobre el anterior aserto, conforme a las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Extorsión, prevé en el artículo 373 una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; de no concurrir la Agravante Específica al delito de Extorsión, contenida en el numeral 1) del artículo 374 de la misma norma. Tal norma penal fue reformada, posteriormente, mediante el Decreto 93-2021, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021, con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. En ese orden de ideas, aun y cuando no lo hubiere peticionado el garantista, Abogado NORLAN ALEXIS ALVARADO VILLANUEVA, en el Recurso de Revisión así promovido, ya se encontraban en vigencia las reformas al Código Penal vigentes mediante el Decreto 93-2021, el cual nuevamente incrementa las penas para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; concurriendo asimismo la agravante específica de ser el culpable miembro de un grupo delictivo organizado, contenida en el artículo 374, caso en el cual la pena se debe incrementar en un tercio (1/3). Por lo tanto, la pena abstracta a imponer, quedaría agravada de veinte (20) a veintiséis (26) años, ocho (8) meses de prisión y multa de un mil (1,000) a mil treinta y tres (1,333) días en su nivel más alto. Asimismo, tómese en cuenta que, al aplicarse el artículo 53 del nuevo Código Penal, que establece el sistema de Días Multa, al calcularse sobre su nivel más alto, se concretizaría sobre la base de CINCO MIL LEMPIRAS (L 5,000.00) POR CADA DÍA DE MULTA; lo cual, estaría lejos de ocasionar un beneficio penal comparativo para el condenado, en el cálculo de la pena global a él impuesta, misma que asciende a VEINTICINCO (25) AÑOS y a una MULTA DE OCHENTA Y TRES PUNTO TRES (83.3) SALARIOS MINIMOS. La nueva pena a aplicar, de proceder de conformidad a la retroactividad penal solicitada, resulta claro sería agregada en concurso real, de acuerdo con la nueva Ley Penal vigente; sin perjuicio del máximo de cumplimiento garantizado, que es de TREINTA (30) AÑOS, de conformidad con el artículo 66, párrafo cuarto, del Código Penal vigente. Y, en cuanto a la pena de multa, aún si se le impusiera la pena mínima de UN MIL (1, 000) DÍAS, EN SU NIVEL MÁS ALTO por cada delito concursado, siendo el nivel más alto señalado por el artículo 53 del Código Penal, el valor de CINCO MIL LEMPIRAS (L 5,000) por cada día multa; daría lugar a un cálculo descomunal, no proporcional y no menor a CINCO MILLONES DE LEMPIRAS (L 5,000, 000), en contra del penado. En consecuencia, la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al señor DAVIDSON LEONEL REDONDO FLORES, y el Decreto 93-2021, vigente al momento de interposición del Recurso de revisión; permiten concluir en que este último prevé sanciones más gravosas para el penado; por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal sustantiva al señor DAVIDSON LEONEL REDONDO FLORES, por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA; tomando en cuenta que el recurso de revisión penal fue presentado en fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, encontrándose ya en vigencia el susodicho Decreto No. 93-2021.CONSIDERANDO (12): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. Que, el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que autoriza la aplicación retroactiva de una norma penal más favorable; no resultando procedente la aplicación retroactiva de la ley penal a favor del señor Davidson Leonel Redondo Flores, al no resultarle más benignas las penas que establece el artículo 373, con relación al artículo 374, numeral 1), ambos contenidos en la reforma del nuevo Código Penal (Decreto No. 93-2021); con relación a las penas que se encontraban vigentes al momento de dictarse el fallo condenatorio en ejecución, mismo que es objeto de la presente garantía constitucional de Revisión.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 2, 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 66, 373, 374, 615 y 616 del Código Penal vigente (Decreto Legislativo No. 130-2017), y sus reformas contenidas en el Decreto 93-2021, publicado en La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021, FALLA: DECLARANDO SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Norlan Alexis Alvarado Villanueva, a favor del señor Davidson Leonel Redondo Flores. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0342-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL