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Sentencia RP-34-22 — Registro 18211

Resumen

Sentencia en revisión condenó a recurrente como Autor del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, condenándola a una pena de reclusión de seis (6) años de reclusión; a penas accesorias de inhabilitación absoluta y multa dineraria; La Sala concluye que la conducta descrita en los hechos probados no es subsumible en la descripción del nuevo tipo penal convirtiéndolo en atípico al no tener relevancia jurídico penal con la nueva legislación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora SHIRLEY NICOLE VELASQUEZ MORALES, fue condenada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha trece (13) de abril del año dos mil veintiuno (2021), a la pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena; asimismo se le impuso una MULTA por la cantidad de tres millones seiscientos setenta y cinco mil lempiras (L. 3,675,000.00) y se declaró el comiso de una vivienda inscrita bajo matricula 1718826 del Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil de San pedro Sula, también el comiso de un vehículo marca Toyota Hilux placa PCR2357, un vehículo marca Toyota Land Cruiser año 2014 placa P129FNS, vehículo marca Toyota PD91DSS y el comiso de $10,000.00.- II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 439 numeral 2 del Código Penal decreto 130-2017, estimando que la condenada cometió el delito de Lavado de Activos. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub júdice para estimar si se subsume en la causal número seis, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando la procedencia de aplicar dicho articulado; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho...."..."El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores, tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales o el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si esos hechos se encuentran despenalizados en el nuevo Código Penal. III. Que en la parte dispositiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión Penal, se impuso a la señora SHIRLEY NICOLE VELÁSQUEZ MORALES la pena principal de SEIS (6) AÑOS RECLUSION, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena; asimismo se le impuso una MULTA por la cantidad de tres millones seiscientos setenta y cinco mil lempiras (L. 3,675,000.00) y se declaró el comiso de una vivienda inscrita bajo matricula 1718826 del Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil de San pedro Sula, también el comiso de un vehículo marca Toyota Hilux placa PCR2357, un vehículo marca Toyota Land Cruiser año 2014 placa P129FNS, vehículo marca Toyota PD91DSS y el comiso de $10,000.00, por haber sido encontrada responsable como autora del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS...VI. En el caso que nos ocupa, la fiscalía expuso que no procedía la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal, arguyendo que dicha reforma contraviene disposiciones garantizadas en el bloque constitucional y solicitando “se aplique el respectivo Control de Convencionalidad y decrete la inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el Decreto 93-2021 en lo atinente “que no tenga causa o justificación económica o licita de su procedencia, por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte”. Expresando que se violenta el numeral 7 del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados parte a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen lícito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno. Asimismo, la convención de Palermo que en su artículo 12 numeral 7) dice: “Los Estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas”. En relación a lo expuesto, de la lectura conjunta de los artículos 15 y 16 constitucionales que establecen que «Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universal.», y que «… Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno», se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño. En esa línea es menester de la Corte Suprema de Justicia y su jurisdicción jerárquica resolver asuntos respetando las normas de derecho internacional que vinculan al Estado hondureño, ya sea a través del control de convencionalidad difuso derivado máximo y difuso derivado mínimo. Haciendo un análisis de lo peticionado por la fiscalía esta Sala no encuentra una relación de la norma convencional que invoca la Fiscalía con el caso sometido a esta jurisdicción. En otras palabras, no es acorde con la situación jurídica bajo estudio. Recordando que el núcleo de este caso es sobre un tipo penal y los artículos convencionales invocados se refieren al d2ecomiso e incautación, por lo tanto, no establecen un tipo penal conformado por una descripción y una pena que contraste con la situación jurídica concreta...esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión en favor de la señora SHIRLEY NICOLE VELÁSQUEZ MORALES, por cuanto la pena impuesta por el delito de Lavado de Activos, no se debe ejecutar en atención a que la conducta no tiene relevancia jurídico-penal, en el Código Penal decreto 130-2017 reformado mediante decreto 93-2021. VIII. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que proceda a conceder la libertad de la sentenciada, esto sin perjuicio de otras causas pendientes que pueda tenar la encausada...Esta Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado MARIO RAÚL SÁNCHEZ QUINTANILLA, a favor de la señora SHIRLEY NICOLE VELÁSQUEZ MORALES, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA PENAL, con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha trece de abril del año dos mil veintiuno, en relación a la causa que se instruyó contra la señora SHIRLEY NICOLE VELÁSQUEZ MORALES, quien fue condenada por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) En fecha veintitrés de octubre del año dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, abogado CESAR FERNANDO ALVARENGA DÍAZ, presentando requerimiento fiscal contra los señores GERSON JAVIER VARELA FLORES y SHIRLEY NICOLE VELÁSQUEZ MORALES, por suponerlos responsables de la comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 1-3 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que en fecha ocho de abril del año dos mil veintiuno, el Juzgado con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, celebró Audiencia de Procedimiento Abreviado, en la que una vez escuchada a las partes el Juez manifestó: (Sic) “Habiendo escuchado las intervenciones de las partes así como de la imputada que acepta someterse a esta medida alterna como ser el procedimiento abreviado se suspende la presente audiencia y convoca a las partes para que comparezcan a estrados a escuchar sentencia dentro del término establecido en la norma procesal penal…” (Folio 349fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que en fecha trece de abril del año dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, con sede en San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: CONDENANDO a la señora SHIRLEY NICOLE VELASQUEZ MORALES, de generales conocidas en el presente proceso como responsables penalmente en concepto de AUTOR de la comisión del delito de: LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, a una pena concreta de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSION, pena que deberá cumplir en el Centro Penal de Santa Rosa de Copan, sujeta a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario.- SEGUNDO: CONDENAR a la señora SHIRLEY NICOLE VELASQUEZ MORALES, a la pena accesoria de INHABILITACION ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena. TERCERO: IMPONER UNA MULTA POR LA CANTIDAD DE TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L. 3,675,000.00) A LA IMPUTADA SHIRLEY NICOLE VELASQUEZ MORALES, como responsable penalmente en concepto de AUTOR de la comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CUARTO: Se declara el comiso de una vivienda inscrita bajo matricula 1718826 del Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil de San Pedro Sula, Cortes, el comiso de un vehículo marca Toyota Hilux placa PCR2357, el comiso de un vehículo marca Toyota Land Cruiser año 2014 placa P129FNS, el comiso de un vehículo marca Toyota PD91DSS y el comiso de $10,000.00.- QUINTO: No procede la condena en costas personales ni procesales.- Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales y una vez firme envíese copia de la misma a la unidad de Antecedentes Penales, debiéndose remitir la causa al Juzgado de Ejecución para los efectos legales correspondientes…” (Folios del 351-355fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) En fecha seis de enero del año dos mil veintidós, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el Abogado MARIO RAÚL SÁNCHEZ QUINTANILLA, interponiendo recurso de revisión a favor de la señora SHIRLEY NICOLE VELÁSQUEZ MORALES, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), reformado mediante Decreto No. 93-2021, por considerar que es más benigno para su representada, en aplicación del principio de retroactividad penal. (Folios del 1-4 de los autos) 5) En fecha trece de abril del año dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado WAGNER VALLECILLO PAREDES, con la comparecencia de la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MORALES, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, el Abogado OSCAR ADÁN CALIX ROSALES, en su condición de Apoderado Legal de la señora SHIRLEY NICOLE VELÁSQUEZ MORALES y la abogada LOURDES ELENA BARRIENTOS SAHURY, en su condición de Representante de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Y en lo que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; habiendo manifestando el recurrente que ratifica el recurso de revisión de sentencia a favor de su representada en virtud que el nuevo Código Penal del Decreto 130-2017, fue reformado mediante Decreto 93-2021, el cual es más benigno y en atención al artículo 96 de la Constitución de la República solicita se aplique el principio de retroactividad de la ley penal y se declare con lugar su petición de Revisión Penal.- La Fiscal del Ministerio Público Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ, fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la solicitud presentada conforme los argumentos que anteceden”, a favor de la condenada SHIRLEY NICOLE VELÁSQUEZ MORALES. Por su parte la Representante de la Procuraduría General de la Republica Abogada LOURDES ELENA BARRIENTOS SAHURY, fue de la opinión que: “esta representación legal del estado se incorpora al dictamen emitido por el Ministerio Público y solicitamos que se resuelva conforme a derecho”. (Folios del 49-52fv de los autos) CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Fundamentos del Recursista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral seis del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor de la condenada cuando el hecho cometido no es punible. Aduciendo que el decreto 93-2021 despenaliza la conducta por la cual fue declarada culpable su patrocinada. CONSIDERANDO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización. En el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017 vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020), que contiene el Código Penal Vigente, así como las reformas al mismo contenido en el Decreto No.93-2021 de fecha 7 de octubre de 2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, el 1 de noviembre de 2021. En su Artículo 1 párrafo cuarto establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD… La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: “Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican éstas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el Órgano Jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará”. Por su parte el artículo 616 reza: “Criterios para Determinar la Ley más favorable. Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal…” El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas, leyéndose de su texto: “Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás”. CONSIDERANDO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución de la Republica establece: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Principio de Legalidad. Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO (11): FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora SHIRLEY NICOLE VELASQUEZ MORALES, fue condenada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha trece (13) de abril del año dos mil veintiuno (2021), a la pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena; asimismo se le impuso una MULTA por la cantidad de tres millones seiscientos setenta y cinco mil lempiras (L. 3,675,000.00) y se declaró el comiso de una vivienda inscrita bajo matricula 1718826 del Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil de San pedro Sula, también el comiso de un vehículo marca Toyota Hilux placa PCR2357, un vehículo marca Toyota Land Cruiser año 2014 placa P129FNS, vehículo marca Toyota PD91DSS y el comiso de $10,000.00.- II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 439 numeral 2 del Código Penal decreto 130-2017, estimando que la condenada cometió el delito de Lavado de Activos. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub júdice para estimar si se subsume en la causal número seis, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando la procedencia de aplicar dicho articulado; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO (12): I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 96.6 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación del numeral 6 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, específicamente que el hecho cometido, no es punible, o se ha despenalizado, se debe tomar en consideración los hechos probados y si estos no encuadran con ningún tipo penal, se razona que el hecho no es castigado por la ley penal. II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores, tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales o el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si esos hechos se encuentran despenalizados en el nuevo Código Penal. III. Que en la parte dispositiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión Penal, se impuso a la señora SHIRLEY NICOLE VELÁSQUEZ MORALES la pena principal de SEIS (6) AÑOS RECLUSION, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena; asimismo se le impuso una MULTA por la cantidad de tres millones seiscientos setenta y cinco mil lempiras (L. 3,675,000.00) y se declaró el comiso de una vivienda inscrita bajo matricula 1718826 del Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil de San pedro Sula, también el comiso de un vehículo marca Toyota Hilux placa PCR2357, un vehículo marca Toyota Land Cruiser año 2014 placa P129FNS, vehículo marca Toyota PD91DSS y el comiso de $10,000.00, por haber sido encontrada responsable como autora del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Para la emisión de dicho fallo el Juzgado de Letras sentenciador estimó probados los siguientes hechos: (Sic) “Este Juzgado declara, expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: PRIMERO: Que la señora SHIRLEY NICOLE VELASQUEZ MORALES realizo acciones relativas al delito de lavado de activos ya que en fecha 22 de octubre 2019, a eso de las 6:00 am, la Policía Militar del orden Público efectuó diligencias de allanamiento y registro de una morada autorizadas judicialmente en donde reside Shirley Nicole Velásquez Morales, durante la inspección de la vivienda ocultos y embalados en la cisterna del patio se encontraron: Diez Mil (10,000.00) dólares Americanos en efectivo en billetes de veinte (20); también se decomisó en la habitación de la acusada Trece mil seiscientos (13,600) lempiras en efectivo; además de 1 vehículo pick up Toyota D/C año 2016 PCR-2557 a nombre de Gerson Javier Varela; 1 pick up Toyota D/C año 2010 blindado placas Guatemaltecas PO791DSS a nombre de Shirley Nicole Velásquez; y una camioneta Land Cruiser Prado año 2014 a nombre de Shirley Nicole Velásquez; es de hacer notar que la casa allanada es propiedad de la señora Shirley Nicole Velásquez, la cual asciende a un valor de L.2,250,000.00, inversiones que no tienen causa ni justificación legal de su procedencia”. IV. Que en el caso sub examine, el peticionario, abogado MARIO RAÚL SÁNCHEZ QUINTANILLA, compareció ante este Alto Tribunal en fecha seis (6) de enero del año dos mil veintidós (2022), presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal, por considerar que los hechos ejecutados por su representada no se encuentran enmarcados dentro del Decreto Legislativo No. 93-2021 que contiene reformas al nuevo Código Penal Decreto 130-2017. En consideración a que su representada, la señora SHIRLEY NICOLE VELÁSQUEZ MORALES, fue condenada por el delito de LAVADO DE ACTIVOS contenido en el artículo 439 del Decreto legislativo 130-2017, artículo este que fue reformado por la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No.93-2021, y hace modificaciones a la descripción del tipo penal para el delito de Lavado de Activos, precepto que dispone: “ARTÍCULO 439. LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, convierta, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero”. V. En el examen de los hechos concretos y declarados probados en la sentencia, estampados en el expediente de Revisión Penal, estos no encuadran en el Decreto Legislativo No. 93-2021 puesto que en ellos no se establece que por sí o por interpósita persona, la condenada haya adquirido, convertido, invertido, posea, utilizado, transformado, resguardado, administrado, custodiado, transportado, transferido, conservado, trasladado, ocultado, o dado apariencia de legalidad o impedido la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero. En tales hechos supra mencionados solo se establece, una serie de bienes para concluir: “es de hacer notar que la casa allanada es propiedad de la señora Shirley Nicole Velásquez, la cual asciende a un valor de L.2,250,000.00, inversiones que no tienen causa ni justificación legal de su procedencia”. No se describe que los activos sean productos directos o indirectos o provengan de las diferentes acciones que describe el tipo penal. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados no encaja en la descripción de la nueva norma penal. Y siendo que los hechos estatuidos en la sentencia no encuadran en la norma penal vigente convierten a dicho hecho en atípico. Esto propicia la producción de una sentencia donde no se ejecute la pena anteriormente impuesta ya que los hechos concretos y probados no tienen relevancia jurídico penal en el Código Penal vigente. VI. En el caso que nos ocupa, la fiscalía expuso que no procedía la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal, arguyendo que dicha reforma contraviene disposiciones garantizadas en el bloque constitucional y solicitando “se aplique el respectivo Control de Convencionalidad y decrete la inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el Decreto 93-2021 en lo atinente “que no tenga causa o justificación económica o licita de su procedencia, por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte”. Expresando que se violenta el numeral 7 del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados parte a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen lícito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno. Asimismo, la convención de Palermo que en su artículo 12 numeral 7) dice: “Los Estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas”. En relación a lo expuesto, de la lectura conjunta de los artículos 15 y 16 constitucionales que establecen que «Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universal.», y que «… Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno», se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño. En esa línea es menester de la Corte Suprema de Justicia y su jurisdicción jerárquica resolver asuntos respetando las normas de derecho internacional que vinculan al Estado hondureño, ya sea a través del control de convencionalidad difuso derivado máximo y difuso derivado mínimo. Haciendo un análisis de lo peticionado por la fiscalía esta Sala no encuentra una relación de la norma convencional que invoca la Fiscalía con el caso sometido a esta jurisdicción. En otras palabras, no es acorde con la situación jurídica bajo estudio. Recordando que el núcleo de este caso es sobre un tipo penal y los artículos convencionales invocados se refieren al decomiso e incautación, por lo tanto, no establecen un tipo penal conformado por una descripción y una pena que contraste con la situación jurídica concreta. VII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión en favor de la señora SHIRLEY NICOLE VELÁSQUEZ MORALES, por cuanto la pena impuesta por el delito de Lavado de Activos, no se debe ejecutar en atención a que la conducta no tiene relevancia jurídico-penal, en el Código Penal decreto 130-2017 reformado mediante decreto 93-2021. VIII. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que proceda a conceder la libertad de la sentenciada, esto sin perjuicio de otras causas pendientes que pueda tenar la encausada. CONSIDERANDO (13): Esta Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición de la Agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96.6),8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 1, 439, 614, 615, 616 y 617 del Código Penal vigente. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado MARIO RAÚL SÁNCHEZ QUINTANILLA, a favor de la señora SHIRLEY NICOLE VELÁSQUEZ MORALES. II) SE REFORMA la sentencia definitiva firme dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha trece (13) de abril del año dos mil veintiuno (2021). III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el sentido de dejar sin valor y efecto las penas principales y accesorias impuestas contra la señora SHIRLEY NICOLE VELÁSQUEZ MORALES, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, ordenando la inmediata libertad de la sentenciada, sin perjuicio de otras causas penales que tenga pendiente; el cese de la inhabilitación absoluta, con la devolución de los efectos del comiso, si ello es posible, de no haber una acción de privación de dominio. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes y proceda a emitir orden de libertad por esta causa, sin perjuicio de otras causas pendientes que pesen sobre la encausada. - Redactó la Magistrada Francisca Villela Zavala. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES.PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de septiembre del dos mil veinticuatro, certificación del falo de fecha treinta de julio del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0034-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL