Sentencia RP-339-22 — Registro 19233
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Seguridad Social del Estado de Honduras; La Sala de lo Constitucional concluyó que el caso concreto es una situación Inter temporal compleja, donde se insta la aplicación de una ley más benigna, que no se encuentra vigente al momento de dictar la presente sentencia la presente garantía constitucional de revisión; por lo que no se subsume en la causal de la normativa constitucional ya que no se cumplen los requisitos exigidos por la norma sustantiva
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la sentencia condenatoria bajo estudio, fue dictada el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha trece de enero de dos mil veintiuno; invocando el recurrente en revisión penal, el Decreto Legislativo No. 93-2021, por entonces en vigencia; al despenalizar lo atinente a la causal de no tener causa o justificación económica o licita de la procedencia de los activos, como elemento de juicio para dilucidar la despenalización del caso en concreto..."..."En el caso sujeto a estudio nos encontraríamos ante una situación Inter temporal compleja, donde se insta la aplicación de una ley más benigna, que no se encuentra vigente al momento de dictar la presente sentencia..."..."del estudio exhaustivo de los antecedentes, de los alegatos garantes formulados de la parte impetrante, y escuchado el parecer discrepante del Ministerio Público, encuentra que, en la sentencia condenatoria firme relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 439 numeral 2) del Código Penal, cuyo conglomerado de conductas típicas es complejo; excediendo el ámbito de la reforma por supresión efectuada en el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 93-2021, la cual se refiere únicamente a la circunstancia de tener, o no, el imputado: “… causa o, justificación económica o licita de su procedencia”, en cuanto a los activos decomisados; lo cual no sería el caso si la conducta criminal de lavado de activos tiene origen en la Narcoactividad u otros delitos graves, conducta típica que no fue suprimida del ámbito de la normativa penal señalada como de carácter intermedio; según el examen de los hechos, declarados como probados, bajo los cuales fue sentenciado el señor JOSÉ FRANCISCO MEJÍA MONTES por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, estando en vigencia el Decreto 130-2017, contentivo del nuevo Código Penal. II. Recapitulase aquí, la necesidad que el recurrente acredite el cumplimiento de la totalidad de exigencias que son características de la revisión, en tanto recurso excepcional y extraordinario, a efecto que la seguridad jurídica haga lugar a la realización del valor justicia. Para el caso, acreditando una modificación legislativa ulterior que prevea ese mismo hecho bajo juzgamiento, tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior, tal y como podría ser su despenalización; lo cual no es, motivadamente, el caso bajo estudio..."..."Ante tal situación, lo que procedería es declarar sin lugar tal pretensión del recurrente, en cuanto a la invocación no fundada de los preceptos autorizantes, al resultar carente de las formalidades y extraordinarios cauces que la ley procesal constitucional prevé para la concesión del recurso o garantía de revisión penal solicitada; valoración que debe llevar a cabo en base a la taxatividad, que es propia del principio de legalidad penal; y no guiada, en modo alguno, por el arbitrio judicial. En tal sentido, la Sala ha motivado, en anterior pronunciamiento jurisprudencial, el siguiente parámetro de juzgamiento constitucional:..."..."del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la presente garantía constitucional de revisión, considera esta Sala que no se subsume el caso sub judice en los causales números seis y ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, al no cumplirse los requisitos exigidos, tanto por la norma sustantiva, como por la Ley Sobre Justicia Constitucional, para proceder a su otorgamiento; examinada que fue la petición, conforme a los cauces legales, que enmarcan la garantía constitucional de revisión..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.6 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la sentencia condenatoria bajo estudio, fue dictada el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha trece de enero de dos mil veintiuno; invocando el recurrente en revisión penal, el Decreto Legislativo No. 93-2021, por entonces en vigencia; al despenalizar lo atinente a la causal de no tener causa o justificación económica o licita de la procedencia de los activos, como elemento de juicio para dilucidar la despenalización del caso en concreto..."..."En el caso sujeto a estudio nos encontraríamos ante una situación Inter temporal compleja, donde se insta la aplicación de una ley más benigna, que no se encuentra vigente al momento de dictar la presente sentencia..."..."del estudio exhaustivo de los antecedentes, de los alegatos garantes formulados de la parte impetrante, y escuchado el parecer discrepante del Ministerio Público, encuentra que, en la sentencia condenatoria firme relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 439 numeral 2) del Código Penal, cuyo conglomerado de conductas típicas es complejo; excediendo el ámbito de la reforma por supresión efectuada en el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 93-2021, la cual se refiere únicamente a la circunstancia de tener, o no, el imputado: “… causa o, justificación económica o licita de su procedencia”, en cuanto a los activos decomisados; lo cual no sería el caso si la conducta criminal de lavado de activos tiene origen en la Narcoactividad u otros delitos graves, conducta típica que no fue suprimida del ámbito de la normativa penal señalada como de carácter intermedio; según el examen de los hechos, declarados como probados, bajo los cuales fue sentenciado el señor JOSÉ FRANCISCO MEJÍA MONTES por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, estando en vigencia el Decreto 130-2017, contentivo del nuevo Código Penal. II. Recapitulase aquí, la necesidad que el recurrente acredite el cumplimiento de la totalidad de exigencias que son características de la revisión, en tanto recurso excepcional y extraordinario, a efecto que la seguridad jurídica haga lugar a la realización del valor justicia. Para el caso, acreditando una modificación legislativa ulterior que prevea ese mismo hecho bajo juzgamiento, tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior, tal y como podría ser su despenalización; lo cual no es, motivadamente, el caso bajo estudio..."..."Ante tal situación, lo que procedería es declarar sin lugar tal pretensión del recurrente, en cuanto a la invocación no fundada de los preceptos autorizantes, al resultar carente de las formalidades y extraordinarios cauces que la ley procesal constitucional prevé para la concesión del recurso o garantía de revisión penal solicitada; valoración que debe llevar a cabo en base a la taxatividad, que es propia del principio de legalidad penal; y no guiada, en modo alguno, por el arbitrio judicial. En tal sentido, la Sala ha motivado, en anterior pronunciamiento jurisprudencial, el siguiente parámetro de juzgamiento constitucional:..."..."del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la presente garantía constitucional de revisión, considera esta Sala que no se subsume el caso sub judice en los causales números seis y ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, al no cumplirse los requisitos exigidos, tanto por la norma sustantiva, como por la Ley Sobre Justicia Constitucional, para proceder a su otorgamiento; examinada que fue la petición, conforme a los cauces legales, que enmarcan la garantía constitucional de revisión..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.6 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de mayo de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Carlos Arturo Munguía Martínez, a favor del señor José Francisco Mejía Montes, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de fecha trece de enero de dos mil veintiuno, con relación a la causa que se instruyó contra el señor José Francisco Mejía Montes, por haber sido condenado por el delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Seguridad Social del Estado de Honduras.ANTECEDENTES 1)Que en fecha trece de enero de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó sentencia mediante la cual falló: “…CONDENAR: Al señor JOSE FRANCISCO MEJIA MONTES, de generales ya conocidas, como responsable penalmente en concepto de Autor del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de SEIS (6) AÑOS, COMO PENA MÍNIMA DE PRISIÓN Y MULTA DE SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) DE LO LAVADO, QUE EQUIVALE A TRES MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VENTIUN MIL PUNTO SESENTA Y CUATRO (L.3,117,421.64), como pena principal, la pena de prisión la deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Aldea de Tamara, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán o la que el Juez de Ejecución Con Jurisdicción Nacional estime pertinente, debiendo computarse el tiempo que ha permanecido en efectiva prisión por la presente causa y en el caso de la multa, deberá pagarla a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República, en la fase de ejecución de esta sentencia, quedando obligado a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional. CONDENAR: Al señor JOSE FRANCISCO MEJIA MONTES, a la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, por el tiempo que dure la condena principal. Se declara al señor JOSE FRANCISCO MEJIA MONTES, responsable civilmente. Se declara el comiso de los activos y los instrumentos o medios con que éste se ha cometido, que le fue decomisado al acusado JOSE FRANCISCO MEJIA MONTES, consistentes en: 1.- Moneda Nacional.- A.- Treinta y ocho mil novecientos lempiras (L.38,900.00).- Moneda Extranjera. B. Ciento setenta y un mil cuatrocientos dólares ($. 171,400.00). 2.- Productos Financieros.- Banco Atlántida Cuenta de ahorros en lempiras No. 20120171663, Banco de América Central Bac Honduras firma autorizada del señor José Francisco Mejía Montes cuenta de ahorro en lempiras No. 727739131, cuenta de ahorro en dólares No. 727739191, Banco de Los Trabajadores cuenta ahorro en lempiras 02-19- 033750, Banco de Occidente cuenta de ahorro en lempiras 21-230- 034660-0, cuenta de ahorro en lempiras 21-230-037784-0, Banco Ficohsa cuenta de ahorro lempiras 4207254, Cooperativa Pinalejo, cuenta de aportaciones ordinarias 130003085, cuenta de ahorro retirable en lempiras 130003084. No se condena en costas procesales, personales, ni por gastos ocasionados por el juicio. Si no se interpone recurso alguno contra este veredicto, una vez firme se libre copia certificada de la misma al Director de la Penitenciaría Nacional Aldea de Tamara, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán; asimismo que se libre copia certificada de dicha sentencia al Juzgado de Ejecución Con Jurisdicción Nacional, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFIQUESE A LAS PARTES ESTE FALLO.- Redactó este Fallo el Juez, Abogado CLAUDIO DANIEL AGUILAR ELVIR. LESBIA VERENICE VALLEJO SANCHEZ.- SECRETARIA.” (Folios 978-984 del antecedente) 2)En fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado Carlos Arturo Munguía Martínez, a favor del señor José Francisco Mejía Montes, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-5 del recurso de mérito)3)En fecha cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos, con la comparecencia de la Abogada Sandra Lorena Zuniga García, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Carlos Arturo Munguía Martínez, en su condición de Apoderado Legal del señor José Francisco Mejía Montes; se le cedió la palabra El Ministerio Público consideró: “…De lo expuesto por el revisionista, esta representación fiscal estima que, si bien es cierto, la reforma al artículo 439 del Código Penal vigente, derogó lo atinente a no tener causa o justificación económica o licita de la procedencia de los activos, no menos cierto es, que la reforma contraviene disposiciones de carácter convencional contenidas en el numeral 7) del artículo 5 de la Convención de Viena, la cual exhorta a los Estados Partes a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen licito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno. Asimismo, la Convención de Palermo expone en su artículo 12 numeral 7): "Los Estados Partes podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas". De ahí que al ser el Estado de Honduras, parte de estos Tratados internacionales, constituye obligatorio cumplimiento conforme al principio fundamental (PACTA SUNT SERVANDA), contemplado en la Convención de Viena de 1969, en el artículo 26: "Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe", mismo que lo encontramos consagrado en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, en el párrafo 2 del artículo 2 que dice: "Sus miembros cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos. Aunado a lo anterior, el ente acusador presentó ante la Sala de lo Constitucional recurso de Inconstitucionalidad POR VIA DE ACCIÓN POR RAZON DE FORMA Y CONTENIDO CONTRA EL DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 93-2021, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA NÚMERO 35,750 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021, POR COLISIONAR CON EL CONTENIDO ESENCIAL DE LOS ARTÍCULOS 16, 18, 63, 232 y 320 DE NUESTRA LEY FUNDAMENTAL. En razón a ello el Ministerio Público solicita a esta Honorable Sala de lo Constitucional aplique el respectivo Control de Convencionalidad y decrete la inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el Decreto 93-2021 en lo atinente "que no tenga causa o justificación económica ilícita de su procedencia, por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte. De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por no ser esta más benigna al condenado. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión.” (Folios 17-20 vuelto del recurso de mérito)CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. Asimismo, el artículo 96 numeral seis de la Ley sobre Justicia Constitucional, regula el principio de retroactividad de la Ley penal para el caso el hecho cometido no sea punible o encuadra en una ley penal más favorable. La Sala de lo Constitucional, según proceda, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, declarará sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada.CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar los derechos fundamentales. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Resumen de los alegatos del Garantista expuestos en interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral 8 del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna y procedibilidad. Asimismo, invoca como Precepto Autorizante el artículo 96 constitucional, el cual establece: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”; y lo estipulado en el artículo 186, ambos de la Constitución de la República: “Ningún poder ni autoridad puede abocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en causas juzgadas en materia penal y civil que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de estos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio.” La objeción contra la sentencia firme, dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Francisco Morazán, en fecha trece de enero de dos mil veintiuno, y de donde resulta el Motivo del recurso Extraordinario de Revisión, lo constituye que, al hacer el estudio de la sanción correspondiente al delito juzgado, con aplicación de una ley vigente al momento de cometerse los hechos, pero novada con posterioridad al juzgamiento respectivo, ésta resulta ahora arbitraria y violatoria; ya que para condenar a un ciudadano por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, debe existir un delito precedente, no bastando que no tenga causa o justificación económica o lícita de la procedencia de los activos que le fueron encontrados. Asegura el garantista, que su representado no fue acusado por otro delito y se le condenó, no obstante, porque no probó la procedencia ilícita de los activos que le fueron encontrados. Sin embargo, al promulgarse la nueva ley, se modificó a este respecto la carga de la prueba, obligando al Ministerio Público a probar el delito precedente de Lavado de Activos; siendo la sanción penal establecida en el nuevo tipo penal una norma penal que más beneficia; y dando cumplimiento al principio de legalidad, lo que procedería es revisar la sentencia impuesta al señor José Francisco Mejía Montes, en vista a haber quedado despenalizada la conducta por la que fue condenado. Finaliza su exposición garantista, exponiendo el recurrente que las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a favor del condenado; por lo cual solicita el garantista la aplicación retroactiva de la nueva norma penal vigente,a su representado, el señor José Francisco Mejía Montes; por resultarle más benigna.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. (…)”. El artículo 617 del nuevo Código Penal, refiere, por su parte que tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras establece, que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.CONSIDERANDO SEIS (6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación entre lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha sostenido que “… en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo.” CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte IDH en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay: “… el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que ha de atribuirse a los términos del tratado, en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana de Derechos Humanos, cual es la eficaz protección de la persona humana. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el Aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida; transgrediéndose, de lo contrario, el Principio de Legalidad. CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”. Esto permite al Tribunal realizar una ponderación, con identidad de circunstancias, además de aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones, en cuanto juzgamiento y determinación de penas.CONSIDERANDO ONCE (11): Sobre la aplicación de la ley intermedia. En relación a la ley intermedia. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño, no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma, ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que, el abogado CARLOS ARTURO MUNGUÍA MARTÍNEZ, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, promoviendo recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal, impetrando la aplicación de la norma jurídico penal que estimaba más benigna, según vigente al momento de interposición del recurso. Tal disposición vigente era el Decreto Legislativo No.93-2021, el cual reformaba el artículo 439 del Decreto Legislativo No. 130-2017, contentivo del nuevo Código Penal; en el sentido de despenalizar, del delito de Lavado de Activos, lo atinente a no tener causa o justificación económica o licita de su procedencia. Tal norma jurídico penal, en su configuración original, fue la aplicada a su representado, el señor JOSÉ FRANCISCO MEJÍA MONTES, al dictársele la sentencia condenatoria, ahora en revisión; por parte del Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha trece de enero de dos mil veintiuno, con fundamento jurídico en lo establecido en el artículo 439, numeral 2) del Código Penal vigente, el cual impone para el delito de LAVADO DE ACTIVOS: … penas de prisión de ocho (8) a diez (10) años y multa igual al cien por ciento del valor total del objeto de lavado de activos, cuando el valor de dichos activos sea superior a Dos Millones de Lempiras (2, 000, 000.00) y no exceda de Cinco Millones de Lempiras (5, 000, 000.00). Acontece en el caso de autos, según se desprende del tenor literal de la sentencia, que tal pena que le fue rebajada en un cuarto (1/4), por someterse el imputado al procedimiento abreviado, sin la reparación del daño causado; quedando la pena concreta aplicada al señor José Francisco Mejía Montes, por encontrársele responsable penalmente, a título de Autor, del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE HONDURAS, en: “…la pena de SEIS (6) AÑOS, COMO PENA MÍNIMA DE PRISIÓN Y MULTA DE SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) DE LO LAVADO, QUE EQUIVALE A TRES MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VENTIUN MIL PUNTO SESENTA Y CUATRO (L.3,117,421.64), como pena principal, la pena de prisión la deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Aldea de Tamara, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán (…)”.CONSIDERANDO TRECE (13): Que la sentencia condenatoria bajo estudio, fue dictada el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha trece de enero de dos mil veintiuno; invocando el recurrente en revisión penal, el Decreto Legislativo No. 93-2021, por entonces en vigencia; al despenalizar lo atinente a la causal de no tener causa o justificación económica o licita de la procedencia de los activos, como elemento de juicio para dilucidar la despenalización del caso en concreto. Ha manifestado el garantista, en Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, que resultaba evidente que se dan todos los presupuestos de acuerdo a lo planteado, por lo cual solicitaba se declarare ha lugar el recurso de revisión planteado, absolviendo a su representado en virtud de que la conducta imputada ya no constituye delito, ordenándose su inmediata sentencia absolutoria. Sin embargo, no encuentra la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que, en los hechos probados de la sentencia revisada, se hiciere referencia alguna a la circunstancia de tener, o no, el imputado: “… causa o, justificación económica o licita de su procedencia”, en cuanto a los activos decomisados; los cuales se desglosan así, en la la parte resolutiva del fallo: “Se declara el comiso de los activos y los instrumentos o medios con que éste se ha cometido, que le fue decomisado al acusado JOSE FRANCISCO MEJIA MONTES, consistentes en: 1.- Moneda Nacional.- A.- Treinta y ocho mil novecientos lempiras (L.38,900.00).- Moneda Extranjera. B. Ciento setenta y un mil cuatrocientos dólares ($. 171,400.00). 2.- Productos Financieros.- Banco Atlántida Cuenta de ahorros en lempiras No. 20120171663, Banco de América Central Bac Honduras firma autorizada del señor José Francisco Mejía Montes cuenta de ahorro en lempiras No. 727739131, cuenta de ahorro en dólares No. 727739191, Banco de Los Trabajadores cuenta ahorro en lempiras 02-19- 033750, Banco de Occidente cuenta de ahorro en lempiras 21-230- 034660-0, cuenta de ahorro en lempiras 21-230-037784-0, Banco Ficohsa cuenta de ahorro lempiras 4207254, Cooperativa Pinalejo, cuenta de aportaciones ordinarias 130003085, cuenta de ahorro retirable en lempiras 130003084”; lo cual tiene de suyo importancia, ya que es la parte del delito de LAVADO DE ACTIVOS, que resultó suprimida mediante el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 93-2021; invocado como ley aplicable, para efectos de retroactividad penal más favorable, por parte del Abogado garantista.CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. I. En el caso sujeto a estudio nos encontraríamos ante una situación Inter temporal compleja, donde se insta la aplicación de una ley más benigna, que no se encuentra vigente al momento de dictar la presente sentencia. En efecto, acontece que el señor JOSÉ FRANCISCO MEJÍA MONTES, fue condenado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, estando vigente el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal. Por su parte, el Abogado Defensor ha solicitado la revisión de la sentencia penal impuesta, durante la vigencia temporal del Decreto Legislativo No. 93-2021, en referencia; el cual ha invocado como Ley Intermedia aplicable al caso en revisión, por despenalizar lo atinente a no tener causa o justificación económica o licita de la procedencia de los activos; lo cual, considera el garantista, constituye razón suficiente para el otorgamiento de la presente garantía constitucional a favor de su representado. II. En este orden de ideas, la Sala de lo Constitucional, sigue pacífica jurisprudencia, en la cual acoge la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo Español, según la cual se considera, que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. CONSIDERANDO QUINCE (15): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. I. Que la Sala de lo Constitucional, del estudio exhaustivo de los antecedentes, de los alegatos garantes formulados de la parte impetrante, y escuchado el parecer discrepante del Ministerio Público, encuentra que, en la sentencia condenatoria firme relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 439 numeral 2) del Código Penal, cuyo conglomerado de conductas típicas es complejo; excediendo el ámbito de la reforma por supresión efectuada en el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 93-2021, la cual se refiere únicamente a la circunstancia de tener, o no, el imputado: “… causa o, justificación económica o licita de su procedencia”, en cuanto a los activos decomisados; lo cual no sería el caso si la conducta criminal de lavado de activos tiene origen en la Narcoactividad u otros delitos graves, conducta típica que no fue suprimida del ámbito de la normativa penal señalada como de carácter intermedio; según el examen de los hechos, declarados como probados, bajo los cuales fue sentenciado el señor JOSÉ FRANCISCO MEJÍA MONTES por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, estando en vigencia el Decreto 130-2017, contentivo del nuevo Código Penal. II. Recapitulase aquí, la necesidad que el recurrente acredite el cumplimiento de la totalidad de exigencias que son características de la revisión, en tanto recurso excepcional y extraordinario, a efecto que la seguridad jurídica haga lugar a la realización del valor justicia. Para el caso, acreditando una modificación legislativa ulterior que prevea ese mismo hecho bajo juzgamiento, tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior, tal y como podría ser su despenalización; lo cual no es, motivadamente, el caso bajo estudio. Lo anterior justificaría la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, únicamente para los casos que legalmente lo ameriten; por lo que se ha dicho con todo acierto, en acápite citado: “…De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” III. Ante tal situación, lo que procedería es declarar sin lugar tal pretensión del recurrente, en cuanto a la invocación no fundada de los preceptos autorizantes, al resultar carente de las formalidades y extraordinarios cauces que la ley procesal constitucional prevé para la concesión del recurso o garantía de revisión penal solicitada; valoración que debe llevar a cabo en base a la taxatividad, que es propia del principio de legalidad penal; y no guiada, en modo alguno, por el arbitrio judicial. En tal sentido, la Sala ha motivado, en anterior pronunciamiento jurisprudencial, el siguiente parámetro de juzgamiento constitucional: “CONSIDERANDO: Que esta Sala debe acotar, que el Recurso de Revisión, es un recurso extraordinario de carácter excepcional, al estar dirigido contra una sentencia firme con carácter de cosa juzgada pronunciada en un juicio ordinario y como tal, no se constituye como una instancia más del procedimiento. El objeto de la revisión al invocar dos supuestos de la causal alegada, mismos que fueron analizados en esta resolución, sería en todo caso demostrar de manera concluyente el acontecimiento, después de la condena, de nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso penal, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma más favorable o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo; por ende la Revisión no tiene por finalidad conocer o sancionar las irregularidades procesales cometidas en el curso del juicio o establecer la forma en que la prueba debió ser valorada, por ello y por las razones antes relacionadas procede, según el parecer de esta Sala, desestimar la presente acción constitucional, pudiendo la recurrente presentar un nuevo recurso conforme lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la presente garantía constitucional de revisión, considera esta Sala que no se subsume el caso sub judice en los causales números seis y ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, al no cumplirse los requisitos exigidos, tanto por la norma sustantiva, como por la Ley Sobre Justicia Constitucional, para proceder a su otorgamiento; examinada que fue la petición, conforme a los cauces legales, que enmarcan la garantía constitucional de revisión.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, POR unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 4, 90, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 6) y 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal presentada por el abogado Carlos Arturo Munguía Martínez, a favor del señor José Francisco Mejía Montes, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha trece de enero de dos mil veintiuno. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado PADILLA CASTELLANOS. - NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha seis de mayo de dos mil veinticuatro recaída en el Recurso de Revisión Penal Registrado en este Tribunal con el número SCO-0339-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL