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Sentencia RP-336-22 — Registro 18891

Resumen

Sentencia en revisión condenó a recurrente a una pena de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa pecuniaria como pena principal por el delito de Extorsión en perjuicio de testigo protegido AD-322; se les condenó a penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; La Sala de lo Constitucional concluyó que la pretensión es que se aplique la norma más benigna que no está vigente al momento de dictar sentencia, ni tampoco al momento de la presentación del recurso de mérito; Se encuentra vigente nuevamente una pena de prisión igual a la que originalmente fue condenado; incluso el importe pecuniario excede por mucho al señalado en la sentencia de instancia venida en revisión; por lo que no procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"este Tribunal Constitucional advierte que la nueva norma penal que establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión: -prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, al momento en que fue presentada la acción de revisión penal, ya no estaba vigente, porque el decreto 93-2021 que entró en vigencia el dos de noviembre de dos mil veintiuno ya había reformado la pena más benigna, es decir, entró en vigencia desde el año anterior, antes de que se solicitara la revisión penal, distinto sería el caso, si en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, hubiese entrado en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del Nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: -prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. Sin embargo, en el caso sujeto a estudio, nos encontramos ante la pretensión de que se aplique una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, incluso no se encontraba vigente al momento de la presentación del recurso de revisión, ello es así porque los señores NOE MARTIN SANCHEZ FIGUEROA Y CRISTOFER ISAAC MAIRENA HERNANDEZ, fueron condenados por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83 y posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia nuevamente una pena de prisión igual a la que originalmente fue condenado..."..."Esta Sala Constitucional estima que en el presente caso, una vez iniciado el trámite de Revisión penal, al momento de decidir la aplicación de las normas penales deberá tomarse en cuenta únicamente la norma bajo cuya vigencia resultó condenado el imputado y la que se encuentra vigente actualmente que resulta ser la misma que regía cuando se presentó la acción de revisión penal, en ese orden de ideas, esta Sala observa que efectivamente los señores NOE MARTIN SANCHEZ FIGUEROA Y CRISTOFER ISAAC MAIRENA HERNANDEZ fueron condenados mediante Procedimiento Abreviado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) a la pena de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AD-322”; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL y la conducta por la cual fueron condenados los señores NOE MARTIN SANCHEZ FIGUEROA Y CRISTOFER ISAAC MAIRENA HERNANDEZ, está prevista en la nueva normativa penal como delito de extorsión en su artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00); estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos daría como resultado al momento de imponer la pena concreta de, once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 reformado, el importe pecuniario excede por mucho el señalado en la sentencia de instancia venida en revisión, por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"este Tribunal Constitucional advierte que la nueva norma penal que establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión: -prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, al momento en que fue presentada la acción de revisión penal, ya no estaba vigente, porque el decreto 93-2021 que entró en vigencia el dos de noviembre de dos mil veintiuno ya había reformado la pena más benigna, es decir, entró en vigencia desde el año anterior, antes de que se solicitara la revisión penal, distinto sería el caso, si en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, hubiese entrado en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del Nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: -prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. Sin embargo, en el caso sujeto a estudio, nos encontramos ante la pretensión de que se aplique una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, incluso no se encontraba vigente al momento de la presentación del recurso de revisión, ello es así porque los señores NOE MARTIN SANCHEZ FIGUEROA Y CRISTOFER ISAAC MAIRENA HERNANDEZ, fueron condenados por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83 y posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia nuevamente una pena de prisión igual a la que originalmente fue condenado..."..."Esta Sala Constitucional estima que en el presente caso, una vez iniciado el trámite de Revisión penal, al momento de decidir la aplicación de las normas penales deberá tomarse en cuenta únicamente la norma bajo cuya vigencia resultó condenado el imputado y la que se encuentra vigente actualmente que resulta ser la misma que regía cuando se presentó la acción de revisión penal, en ese orden de ideas, esta Sala observa que efectivamente los señores NOE MARTIN SANCHEZ FIGUEROA Y CRISTOFER ISAAC MAIRENA HERNANDEZ fueron condenados mediante Procedimiento Abreviado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) a la pena de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AD-322”; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL y la conducta por la cual fueron condenados los señores NOE MARTIN SANCHEZ FIGUEROA Y CRISTOFER ISAAC MAIRENA HERNANDEZ, está prevista en la nueva normativa penal como delito de extorsión en su artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00); estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos daría como resultado al momento de imponer la pena concreta de, once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 reformado, el importe pecuniario excede por mucho el señalado en la sentencia de instancia venida en revisión, por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de diciembre del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor de los señores Noé Martin Sánchez Figueroa y Cristofer Isaac Mairena Hernández, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha seis de abril de dos mil dieciséis, con relación a la causa que se instruyó contra los señores Noé Martin Sánchez Figueroa y Cristofer Isaac Mairena Hernández, por haber sido condenados por el delito de Extorsión Simple, en perjuicio de Testigo Protegido “AD-322”.ANTECEDENTES 1)En fecha trece de agosto de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el Abogado Santiago René Moncada Sauceda, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Noé Martin Sánchez Figueroa y Cristofer Isaac Mairena Hernández, por suponerlos responsables del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido “AD-322”. (Folios 2-9 del antecedente)2)En fecha seis de abril de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “… PRIMERO: Condenar al imputado NOE MARTIN SANCHEZ FIGUEROA de generales ya conocidas, como autor directo del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD-322, a la pena de ONCE (11) AÑOS Y TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN y la multa de 37.5 SALARIOS como pena Principal. SEGUNDO: Condenar al imputado CRISTOFER ISAAC MAIRENA HERNANDEZ de generales ya conocidas, como autor directo del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD-322, a la pena de ONCE (11) AÑOS Y TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN y la multa de 37.5 SALARIOS como pena Principal. TERCERO: Condenar a los imputados NOE MARTIN SANCHEZ FIGUEROA Y CRISTOFER ISAAC MAIRENA HERNANDEZ de generales ya conocidas a las penas accesoria de Inhabilitación Absoluta e interdicción Civil. - CUARTO: No procede condenar a los señores NOE MARTIN SANCHEZ FIGUEROA Y CRISTOFER ISAAC MAIRENA HERNANDEZ en costas procésales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. - QUINTO: No se ordena decomiso alguno en virtud que lo decomisado pertenece a un tercero no responsable. SEXTO: No se declara responsabilidad Civil al señor NOE MARTIN SANCHEZ FIGUEROA Y CRISTOFER ISAAC MAIRENA HERNANDEZ, en virtud de no haberse acreditado la restitución, la reparación de los daños materiales y morales y la indemnización de perjuicios, en virtud que en la misma pena se establece la multa por el tipo penal antes descrito. SÉPTIMO: Que se notifique esta Sentencia a las partes procésales, haciéndoseles saber que contra la misma cabe interponer los recursos que la ley manda y una vez firme la presente resolución envié certificación al señor Juez de Ejecución para su estricto cumplimiento. Redacto la presente Sentencia la Juez de Letras Penal Abogada INGRIS QUIROZ BANEGAS. JUEZ. -NOTIFIQUESE…” (Folios 71-77 vuelto del antecedente)3)En fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor de los señores Noé Martin Sánchez Figueroa y Cristofer Isaac Mairena Hernández, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para sus representados. (Folios 1-3 del recurso de mérito)4)En fecha catorce de septiembre de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante Felipe René Speer Laínez, con la comparecencia de la Abogada Zobeida Isabel Zapata Grande, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Ramón Matamoros, actuando en su condición de Apoderado Legal de los señores Noé Martin Sánchez Figueroa y Cristofer Isaac Mairena Hernández; El abogado Ramón Matamoros, en la condición con que actúa manifestó: “Se ratifica el contenido de la Solicitud de Revisión de la Sentencia Condenatoria, fue presentada que ante la Sala de lo Constitucional. Se Aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal a los señores Noé Martin Sánchez Figueroa y Cristofer Isaac Mairena Hernández, quien fue condenado por el delito de Extorsión Simple, en Perjuicio de Testigo Protegido ad-322, a una pena de 11 años 3 meses y una multa 37.5 salarios mínimos en relación con el artículo 222 del Código Penal Derogado. (Ley intermedia) del nuevo Código Penal Vigente, establece en su artículo 373 una pena de 10 a 15 años de reclusión y una multa 500 a 1000 días multa, siendo lo más beneficioso aplicar a los condenados ya que aceptaron un procedimiento abreviado se le debe hacer la rebaja de 4 a la pena y multa quedando una pena y multa mínima 7 años 6 meses de reclusión y una multa Los. 7,500.00. Ofrece como medio de prueba la sentencia de mérito, misma que se encuentra incorporada en la presente pieza de autos”. El Ministerio Público consideró: “…El Ministerio Público al hacer un análisis comparativo de ambas leyes penales se establece que el Código Penal derogado Decreto 144/83 sancionaba el delito de EXTORSION SIMPLE en su artículo 222 que establecía una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN y una multa de CINCUENTA SALARIOS MINIMOS y al haberse aplicado procedimiento abreviado, por tal razón el juzgador impuso una pena de ONCE (11) AÑOS TRES MESES DE RECLUSION Y UNA MULTA 37.5 SALARIOS MINIMOS. Esta representación del Ministerio Público, señala que a la fecha en que fue presentado el escrito de Recurso Extraordinario de Revisión Penal (18 de febrero del 2022), el artículo 373 del Código Penal vigente ya había sido reformado mediante el Decreto 93-2021 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 01 de noviembre del 2021, vigente a partir del día siguiente de su publicación, el cual señala: "Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero..., debe ser castigado con la pena de prisión de Quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Conforme al fallo emitido al sentenciado se le condenó por el delito de extorsión según el artículo 222 del decreto 144-83 que fijaba una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan, imponiéndole la pena concreta de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES de reclusión y una multa de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS, penas aplicadas dentro del rango mínimo y rebajada en ¼ por haberse sometido el enjuiciado al procedimiento abreviado; De los hechos probados se desprende además que el imputado se identificó como miembro de la Mara Salvatrucha, quien bajo amenazas a muerte, le exigió al testigo protegido AD322 le entregara la cantidad de dinero. A realizar el encuadre de los hechos probados de la sentencia con la reforma penal vigente del delito de extorsión, la circunstancia de que el imputado se identificó como miembro de la Mara Salvatrucha, implica aumentar la pena en 1/3, resultando así la pena abstracta de veinte (20) a veintiséis (26) años, ocho (8) meses de prisión, que al ser rebajada en ¼ por la aplicación de la figura del procedimiento abreviado queda de nuevo en una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión, pena privativa de la libertad que resulta más gravosa que la impuesta en la sentencia que se pretende rever. En relación a la comparación de la pena de multa, el artículo 373 del actual Código Penal impone una multa quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto que con el aumento de un 1/3 por concurrir la agravante suprarelacionada, resulta en una multa de 1000 a 1333 días que rebajada en ¼ por haberse aplicado el procedimiento abreviado queda de 750 a 1000 días de multa. Pena que al hacer la conversión de días multa en su nivel más alto (750 días x L.5,000.00) resulta una pena de multa de L.3,1750,000.00 (tres millones setecientos cincuenta mil lempiras). Al respecto véase el artículo 53 del Código Penal Vigente que refiere: "PENA DE DÍAS MULTA. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L. 5, 000.00)". En virtud de lo anteriormente expuesto y tomando en consideración los criterios fijados para la determinación de la ley penal más favorable establecidos en los artículos 53 y 616 del Código Penal, se concluye que las nuevas penas a imponer del artículo 373 del Código Penal vigente, son de mayor cuantía que las impuestas en la sentencia objeto del recurso interpuesto. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, por ser no la misma más favorable para el condenado.” (Folios 22-24 vuelto del recurso de mérito)CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. CONSIDERANDO DOS (2) Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “Procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”CONSIDERANDO TRES (3). De conformidad con el artículo 96 preámbulo y numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, entre otros casos, cuando: “proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna”, y el artículo 99 de la misma ley, dispone que, la Sala de lo Constitucional, según proceda, declarará sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada.CONSIDERANDO CUATRO (4): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño de la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO CINCO (5): El Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”, asimismo, el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO SEIS (6): El Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior, en consecuencia, cumpliéndose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello implicaría una aplicación parcial de dos normas penales y con ello el juzgador estaría creando una nueva norma penal. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.-CONSIDERANDO SIETE (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. El artículo 616 del Código Penal prevé que: “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena. Si la imposición de la pena dependiera de un dato que no obra en las actuaciones, se solicita el correspondiente dictamen para que el Órgano Jurisdiccional competente pueda determinar la cuantía de la nueva pena que habrá de sustituir a la anterior. Si el dictamen no llegara a ser conclusivo y se tratara de una pena de multa proporcional, para calcular la que correspondiera en el presente Código se ésta a lo dispuesto en el Artículo 54 de éste. En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación. Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. En el caso de que lo procedente sea aplicar la regla más beneficiosa de limitación de cumplimiento, incorporada al presente Código, que consiste en el triple del tiempo de la pena más grave por la que se hubiere condenado al sujeto sin que se llegaren a alcanzar los treinta (30) años, habrán de compararse las penas que hubieren podido corresponder a los distintos delitos para determinar qué es lo más beneficioso para el condenado. En todos los supuestos en los que a criterio del Órgano Jurisdiccional competente proceda la revisión de la condena es inexcusable oír al condenado; por ello, no lo es en el supuesto en el que se considere que la legislación anterior es más beneficiosa, en cuyo caso se puede dictar directamente Auto declarando la improcedencia de la revisión. Sin embargo y aún en esta última ocasión, el Órgano Jurisdiccional competente puede si lo considera, dar audiencia al condenado”.CONSIDERANDO OCHO (8): Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo mullen crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: al establecer que “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario se transgrediría el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO DIEZ (10): Sobre la aplicación de la ley penal intermedia. Se le denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso de marras se trata de una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”.CONSIDERANDO ONCE (11): En el caso sub examine, el peticionario abogado RAMON MATAMOROS, compareció ante este Tribunal, el dieciocho (18) de febrero de veintidós (2022), presentando acción de Revisión de una sentencia condenatoria penal, solicitando la aplicación de la ley más benigna (Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el Nuevo Código Penal), en consideración a que sus representados los señor NOE MARTIN SANCHEZ FIGUEROA Y CRISTOFER ISAAC MAIRENA HERNANDEZ, fueron condenados por el delito de EXTORSIÓN estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. Sin embargo, este Tribunal Constitucional advierte que la nueva norma penal que establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión: -prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, al momento en que fue presentada la acción de revisión penal, ya no estaba vigente, porque el decreto 93-2021 que entró en vigencia el dos de noviembre de dos mil veintiuno ya había reformado la pena más benigna, es decir, entró en vigencia desde el año anterior, antes de que se solicitara la revisión penal, distinto sería el caso, si en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, hubiese entrado en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del Nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: -prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. Sin embargo, en el caso sujeto a estudio, nos encontramos ante la pretensión de que se aplique una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, incluso no se encontraba vigente al momento de la presentación del recurso de revisión, ello es así porque los señores NOE MARTIN SANCHEZ FIGUEROA Y CRISTOFER ISAAC MAIRENA HERNANDEZ, fueron condenados por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83 y posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia nuevamente una pena de prisión igual a la que originalmente fue condenado. En ese orden de ideas, el Ministerio Público ha reprochado la aplicación del decreto 130-2017, dado que la norma vigente actualmente es la del decreto 93-2021, advirtiendo que la norma sustantiva vigente no le es favorable en virtud de contemplar una pena de prisión igual a la que fue sentenciado, pero que agrava la pena de multa, poniendo de manifiesto una discusión doctrinal en relación a si la ley intermedia más favorable debe tenerse en cuenta o no, pues corresponde a una concepción jurídica inexistente en el momento del hecho y que ya no se profesa, “sin embargo, la doctrina española, de modo prácticamente unánime entiende que dichas leyes surten efectos retroactivos en cuanto benefician al reo”, en ese sentido, el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. Sin embargo, en el caso subjúdice no podría adoptarse ese criterio doctrinal, no solo porque ya no estaba vigente la norma más benigna cuando se solicitó la revisión, sino también porque la tardanza en activar el órgano jurisdiccional no es imputable a este tribunal.CONSIDERANDO DOCE (12): Esta Sala Constitucional estima que en el presente caso, una vez iniciado el trámite de Revisión penal, al momento de decidir la aplicación de las normas penales deberá tomarse en cuenta únicamente la norma bajo cuya vigencia resultó condenado el imputado y la que se encuentra vigente actualmente que resulta ser la misma que regía cuando se presentó la acción de revisión penal, en ese orden de ideas, esta Sala observa que efectivamente los señores NOE MARTIN SANCHEZ FIGUEROA Y CRISTOFER ISAAC MAIRENA HERNANDEZ fueron condenados mediante Procedimiento Abreviado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) a la pena de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AD-322”; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL y la conducta por la cual fueron condenados los señores NOE MARTIN SANCHEZ FIGUEROA Y CRISTOFER ISAAC MAIRENA HERNANDEZ, está prevista en la nueva normativa penal como delito de extorsión en su artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00); estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos daría como resultado al momento de imponer la pena concreta de, once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 reformado, el importe pecuniario excede por mucho el señalado en la sentencia de instancia venida en revisión, por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 373, 615, 616 del nuevo código penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMON MATAMOROS, en favor de los señores NOE MARTIN SANCHEZ FIGUEROA Y CRISTOFER ISAAC MAIRENA HERNANDEZ. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. Notifíquese. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha cinco de diciembre de dos mil veinticuatro recaída en el Recurso de Revisión Penal . Registrado en este Tribunal con el número SCO-0336-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL