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Sentencia RP-323-22 — Registro 18208

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria por el delito de extorsión simple en perjuicio de testigo protegido.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a EDWIN JOEL AVILA OSORIO, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido AF-121; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena principal, así como la responsabilidad civil derivada del delito, dicha conducta se encontraba tipificada en el artículo 222 del Código Penal decreto 144-83. Asimismo, de la lectura de la sentencia, quedó establecido como hechos probados que en fecha veintisiete de febrero de año dos mil dieciocho, siendo las diez de la mañana, se presentó el testigo protegido AF-121 a interponer denuncia por el delito de extorsión, que manifiesta que a su lugar de trabajo se presentó una persona del sexo masculino, estatura mediana, contextura delgada, de aproximadamente 22 a 25 años identificándose como miembro de la pandilla 18 exigiendo la entrega de Mil Lempiras semanales, sino le ocasionaría la muerte por lo que debería ir a entregar los días miércoles de cada semana al punto de mototaxi de la Colonia Brisas de Olancho de la ciudad de Comayaguela”. Ahora bien, el comportamiento antes descrito y por el cual fue condenado el señor EDWIN JOEL AVILA OSORIO, está previsto en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión en el artículo 373, es importante resaltar que el articulo antes mencionado fue reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrando en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, que dispone “Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. Del artículo en comento se desprende que las penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”

Legislación citada

  • Código Procesal Penal, art. 404 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

… “Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a EDWIN JOEL AVILA OSORIO, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido AF-121; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena principal, así como la responsabilidad civil derivada del delito, dicha conducta se encontraba tipificada en el artículo 222 del Código Penal decreto 144-83. Asimismo, de la lectura de la sentencia, quedó establecido como hechos probados que en fecha veintisiete de febrero de año dos mil dieciocho, siendo las diez de la mañana, se presentó el testigo protegido AF-121 a interponer denuncia por el delito de extorsión, que manifiesta que a su lugar de trabajo se presentó una persona del sexo masculino, estatura mediana, contextura delgada, de aproximadamente 22 a 25 años identificándose como miembro de la pandilla 18 exigiendo la entrega de Mil Lempiras semanales, sino le ocasionaría la muerte por lo que debería ir a entregar los días miércoles de cada semana al punto de mototaxi de la Colonia Brisas de Olancho de la ciudad de Comayaguela”. Ahora bien, el comportamiento antes descrito y por el cual fue condenado el señor EDWIN JOEL AVILA OSORIO, está previsto en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión en el artículo 373, es importante resaltar que el articulo antes mencionado fue reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrando en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, que dispone “Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. Del artículo en comento se desprende que las penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a EDWIN JOEL AVILA OSORIO, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido AF-121; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena principal, así como la responsabilidad civil derivada del delito, dicha conducta se encontraba tipificada en el artículo 222 del Código Penal decreto 144-83. Asimismo, de la lectura de la sentencia, quedó establecido como hechos probados que en fecha veintisiete de febrero de año dos mil dieciocho, siendo las diez de la mañana, se presentó el testigo protegido AF-121 a interponer denuncia por el delito de extorsión, que manifiesta que a su lugar de trabajo se presentó una persona del sexo masculino, estatura mediana, contextura delgada, de aproximadamente 22 a 25 años identificándose como miembro de la pandilla 18 exigiendo la entrega de Mil Lempiras semanales, sino le ocasionaría la muerte por lo que debería ir a entregar los días miércoles de cada semana al punto de mototaxi de la Colonia Brisas de Olancho de la ciudad de Comayaguela”. Ahora bien, el comportamiento antes descrito y por el cual fue condenado el señor EDWIN JOEL AVILA OSORIO, está previsto en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión en el artículo 373, es importante resaltar que el articulo antes mencionado fue reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrando en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, que dispone “Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. Del artículo en comento se desprende que las penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor EDWIN JOEL AVILA OSORIO, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE ELO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, en fecha tres de julio de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra el señor EDWIN JOEL AVILA OSORIO, por el delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AF-121. ANTECEDENTES 1)Que en fecha doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018), la Fiscal del Ministerio Público, Abogada SANDRA JOAQUIN, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, presentando requerimiento fiscal contra los Señores EDWIN JOEL AVILA OSORIO, por suponerlo responsable a título de autor del delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AF121”. (Folios 01-04 de la pieza de antecedentes). 2)Que continuado que fue el proceso, en fecha tres de julio de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: “PRIMERO: CONDENANDO al imputado EDWIN JOEL AVILA OSORIO, por haber cometido el delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AF121”, a la pena principal de ONCE (11) AÑOS TRES (03) MESES DE RECLUSION Y A LA PENA DE MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS, penas que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Marco Aurelio Soto, ubicada en el Valle de Tamara, Departamento de Francisco Morazán, quedando sujeto a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario.- SEGUNDO:CONDENANDO al imputado EDWIN JOEL AVILA OSORIO, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena.-TERCERO:…” (Folios 152 al 154 de la pieza de antecedentes) 3)Que en fecha diecisiete de febrero de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado RAMON MATAMOROS, presentando recurso de revisión penal a favor del señor EDWIN JOEL AVILA OSORIO, contra la sentencia condenatoria de fecha tres de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsion, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-04 del recurso)4)Que en fecha diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de apoderada legal del señor EDWIN JOEL AVILA OSORIO y la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, concluyó que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior, por lo fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente acción de revisión,…”. (Folios 20 al 22 del recurso de mérito) FUNDAMENTACIÓN.I.Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”.El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . II.Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Ramón Matamoros, en representación de EDWIN JOEL AVILA OSORIO, como revisionista; y la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Ramón Matamoros funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que ratifica su acción de revisión asimismo, señala que su representado fue condenado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, de acuerdo al artículo 222 del Código Penal derogado, a una pena de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido “AF121”; por lo que solicita se revea la sentencia definitiva fundamentando su petición en aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal Vigente, le son mas benignas a su representado, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que mas le favorezca tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional que dispone “ Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado , en cualquiera de los siguientes casos: 1)….2)…..3)…..4)…..5)…..6)……7)…. 8)Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser mas benigna”, relacionado con el artículo 615 y 616 del nuevo Código Penal. Que del análisis comparativo de ambas leyes penales, se aprecia que el Código Penal derogado regulaba el delito de extorsión en su artículo 222, el cual era castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos; mientras que el Código Penal vigente (Decreto 130-2017) regula la misma conducta penal de Extorsión en el artículo 373 reformado mediante Decreto 93-2021 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 01 de noviembre de 2021 y vigente a partir del día siguiente de su publicación resultando que, a la fecha en que fue presentado el escrito de Recurso Extraordinario de Revisión Penal (17 de febrero de 2022), el artículo 373 ya había sido reformado, el cual señala: ”Debe ser castigado con la pena de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel mas alto que el relacionado con el artículo 53, se establece que cada día multa tiene un valor de no menor de veinte lempiras (L. 20.00) ni mayor de cinco mil lempiras (L 5,000.00).- De las normas transcritas, se extrae que el Código Penal Vigente contempla la misma pena de 15 a 20 años de prisión para el mismo delito de Extorsión, misma que debe ser rebajada en ¼ por la aplicación de la figura procesal de procedimiento abreviado quedando en una pena de 11 años 3 meses a 15 años de prisión, asimismo se aprecia que se condena al procesado, a la pena de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos en su nivel mas bajo, por lo que en relación a dicha condena de multa, con el nuevo código penal vigente esta fue modificada a días multa, que al hacer la conversión corresponde también la aplicación de la multa de quinientos (500) a mil (1000) días, y al ser rebajado en un cuarto ¼ por la aplicación de la figura procesal de procedimiento abreviado resulta una pena de multa de 375 a 500 días que aplicado en su nivel ms alto corresponde imponer una multa de L. 1,875,000.00 de conformidad a los criterios establecidos en los artículos 53 y 616 del nuevo Código Penal. De las comparaciones de penas establecidas en el Código Penal de 1983 articulo 222 derogado y las penas establecidas en el decreto 93-2021 artículos 373 y 374 para el delito de extorsión, la aplicación retroactiva de la ley penal vigente no le favorece al imputado. EN CONCLUSION. Que se declare sin lugar la Garantía Constitucional de Revisión interpuesta por el abogado defensor público RAMON MATAMOROS a favor del encartado EDWIN JOEL AVILA OSORIO, por no favorecerle la aplicación retroactiva de la ley penal. III. Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece.IV. Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a EDWIN JOEL AVILA OSORIO, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido AF-121; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena principal, así como la responsabilidad civil derivada del delito, dicha conducta se encontraba tipificada en el artículo 222 del Código Penal decreto 144-83. Asimismo, de la lectura de la sentencia, quedó establecido como hechos probados que en fecha veintisiete de febrero de año dos mil dieciocho, siendo las diez de la mañana, se presentó el testigo protegido AF-121 a interponer denuncia por el delito de extorsión, que manifiesta que a su lugar de trabajo se presentó una persona del sexo masculino, estatura mediana, contextura delgada, de aproximadamente 22 a 25 años identificándose como miembro de la pandilla 18 exigiendo la entrega de Mil Lempiras semanales, sino le ocasionaría la muerte por lo que debería ir a entregar los días miércoles de cada semana al punto de mototaxi de la Colonia Brisas de Olancho de la ciudad de Comayaguela”. Ahora bien, el comportamiento antes descrito y por el cual fue condenado el señor EDWIN JOEL AVILA OSORIO, está previsto en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión en el artículo 373, es importante resaltar que el articulo antes mencionado fue reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrando en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, que dispone “Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. Del artículo en comento se desprende que las penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMÓN MATAMOROS, en favor del señor EDWIN JOEL AVILA OSORIO. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de octubre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0323-2022

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL