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Sentencia RP-321-22 — Registro 18585

Resumen

Recurso contra la sentencia Condenatoria con relación a la causa que se instruyó por el delito de Extorsión; por considerar entrada en vigor legislación mas benigna.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" … Esta Sala observa que efectivamente el señor JUNIOR ALEXANDER QUIROZ PONCE fue condenado mediante Procedimiento Abreviado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecisiete (2017) a la pena de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC105; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL y la conducta por la cual fue condenado el señor JUNIOR ALEXANDER QUIROZ PONCE, está prevista en el nuevo Código Penal (decreto 130-2017) como delito de extorsión en su artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00); estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos daría como resultado al momento de imponer la pena concreta de, once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, reformado, el importe pecuniario excede por mucho el señalado en la sentencia de instancia venida en revisión, por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

…" … Esta Sala observa que efectivamente el señor JUNIOR ALEXANDER QUIROZ PONCE fue condenado mediante Procedimiento Abreviado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecisiete (2017) a la pena de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC105; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL y la conducta por la cual fue condenado el señor JUNIOR ALEXANDER QUIROZ PONCE, está prevista en el nuevo Código Penal (decreto 130-2017) como delito de extorsión en su artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00); estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos daría como resultado al momento de imponer la pena concreta de, once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, reformado, el importe pecuniario excede por mucho el señalado en la sentencia de instancia venida en revisión, por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de agosto del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor JUNIOR ALEXANDER QUIROZ PONCE, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN en fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, con relación a la causa que se instruyó contra el señor JUNIOR ALEXANDER QUIROZ PONCE por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AC-025”. ANTECEDENTES1) En fecha veinte (20) de enero de dos mil dieciséis (2016), la Fiscal del Ministerio Público, Abogada ELSY MARICEL ANDINO CRUZ compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, presentando requerimiento fiscal contra el señor JUNIOR ALEXANDER QUIROZ PONCE por el delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC025. (Folios 2-7 de la pieza de antecedentes).2)Continuado el proceso, el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: “PRIMERO: Condenando a JUNIOR ALEXANDER QUIROZ PONCE, como autor del delito de EXTORSION, a la pena principal DE ONCE (11) AÑOS Y TRES (3) MESES DE RECLUSION, los que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, con sede en Tamara, Francisco Morazán. Y UNA DE MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS (37.5). -SEGUNDO: Condenando a JUNIOR ALEXANDER QUIROZ PONCE, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley. - TERCERO: Se declara la RESPONSABILIDAD CIVIL de la condenada, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia.” (Folios 128 al 131 de la pieza de antecedentes) 3)En fecha diecisiete de febrero de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado RAMON MATAMOROS, presentando recurso de revisión penal a favor del señor JUNIOR ALEXANDER QUIROZ PONCE, contra la sentencia condenatoria de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso el en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-04 del recurso).4)En fecha diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de apoderado legal del señor JUNIOR ALEXANDER QUIROZ PONCE y la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público Y cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; habiendo manifestando el recurrente que: “se solicita muy respetuosamente que se Aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal al señor Junior Alexander Quiroz Ponce, por el delito de Extorsión Simple, en Perjuicio de Testigo Protegido AC-029, a una pena de 11 años 3 meses y una multa de 37.5 salarios mínimos por haber aceptado la figura de procedimiento abreviado se le debe de rebajar la cuarta parte de la pena y multa del Artículo 222 del Código Penal derogado. Sustituirle la pena y multa por el artículo 373 del Código Penal Decreto 130-2017 (Ley Intermedia) en donde establece que para el delito Extorsión la pena es 10-15 años una multa de 500 a 1000 días. Que lo más beneficioso para los intereses personales al condenado es la ley intermedia, en donde se solicita una pena minina de 7 años 6 meses multa de 375 días que razón de 20, equivalente 7,500 Lps.” La representante del Ministerio Público, expresó que: “del análisis comparativo de ambas leyes penales, se aprecia que el Código Penal derogado regulaba el delito de EXTORSION en su artículo 222, el cual era castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos; mientras que el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), regula la misma conducta penal de EXTORSIÓN en el Articulo 373 reformado mediante el Decreto 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 01 de noviembre del 2021 y vigente a partir del día siguiente de su publicación, resultando que, la fecha a en que fue presentado el escrito de Recurso Extraordinario de Revisión Penal (17 de febrero del 2022), el articulo 373 ya había sido reformado, el cual señala: "Debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, que al relacionarlo con el artículo 53, se establece que cada dial multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5,000.00). De las normas transcritas, se extrae que en el Código Penal vigente contempla la misma pena de 15 a 20 años de prisión para el delito de EXTORSION, misma que debe ser rebajada en un cuarto por la aplicación de la figura procesal del procedimiento abreviado quedando en una pena de 11 años 3 meses a 15 años de prisión. Asimismo, se aprecia que también se condenó al procesado, a la pena de multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos en su nivel más bajo, por lo que en relación a dicha condena de multa, con el actual Código Penal esta fue modificada a días multa, que al hacer la conversión corresponde también la aplicación de la multa de quinientos (500) a mil (1000), y al ser rebajado en 1/4 por la aplicación de la figura procesal del procedimiento abreviado resulta una pena de multa de 375 a 500 días, que aplicado en su nivel más alto corresponde imponer una multa de L.1,875,000,00 de conformidad a los criterios establecidos el artículo 53 y 616 del nuevo Código Penal. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena a imponer es igual a la cual deberá imponérsele conforme la norma sustantiva vigente, sumado a que la pena de multa a imponer resulta más onerosa; de ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por no ser esta más benigna al condenado. III OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque no se otorgue la presente acción de revisión, en los términos supra señalados”. (Folios 23 al 25 del recurso de mérito)CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio.CONSIDERANDO DOS (2) Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “Procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” CONSIDERANDO TRES (3). De conformidad con el artículo 96 preámbulo y numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, entre otros casos, cuando: “proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna”, y el artículo 99 de la misma ley, dispone que, la Sala de lo Constitucional, según proceda, declarará sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada.CONSIDERANDO CUATRO (4): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño de la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO CINCO (5): El Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”, asimismo, el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO SEIS (6): El Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior, en consecuencia, cumpliéndose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello implicaría una aplicación parcial de dos normas penales y con ello el juzgador estaría creando una nueva norma penal. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.-CONSIDERANDO SIETE (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. El artículo 616 del Código Penal prevé que: “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena. Si la imposición de la pena dependiera de un dato que no obra en las actuaciones, se solicita el correspondiente dictamen para que el Órgano Jurisdiccional competente pueda determinar la cuantía de la nueva pena que habrá de sustituir a la anterior. Si el dictamen no llegara a ser conclusivo y se tratara de una pena de multa proporcional, para calcular la que correspondiera en el presente Código se ésta a lo dispuesto en el Artículo 54 de éste. En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación. Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. En el caso de que lo procedente sea aplicar la regla más beneficiosa de limitación de cumplimiento, incorporada al presente Código, que consiste en el triple del tiempo de la pena más grave por la que se hubiere condenado al sujeto sin que se llegaren a alcanzar los treinta (30) años, habrán de compararse las penas que hubieren podido corresponder a los distintos delitos para determinar qué es lo más beneficioso para el condenado. En todos los supuestos en los que a criterio del Órgano Jurisdiccional competente proceda la revisión de la condena es inexcusable oír al condenado; por ello, no lo es en el supuesto en el que se considere que la legislación anterior es más beneficiosa, en cuyo caso se puede dictar directamente Auto declarando la improcedencia de la revisión. Sin embargo y aún en esta última ocasión, el Órgano Jurisdiccional competente puede si lo considera, dar audiencia al condenado”.CONSIDERANDO OCHO (8): Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo mullen crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: al establecer que “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario se transgrediría el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO DIEZ (10): Sobre la aplicación de la ley penal intermedia. Se le denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso de marras se trata de una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”.CONSIDERANDO ONCE (11): En el caso sub examine, el peticionario abogado RAMON MATAMOROS, compareció ante este Tribunal, el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, presentando acción de Revisión de una sentencia condenatoria penal, solicitando la aplicación de la ley más benigna que según el peticionario estaba vigente en ese momento, (Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el Nuevo Código Penal), en consideración a que su representado el señor JUNIOR ALEXANDER QUIROZ PONCE, fue condenado por el delito de EXTORSIÓN estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. Sin embargo, este Tribunal Constitucional advierte que la nueva norma penal que establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión: -prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, al momento en que fue presentada la acción de revisión penal, ya no estaba vigente, porque el decreto 93-2021 que entró en vigencia el dos de noviembre de dos mil veintiuno ya había reformado la pena más benigna, es decir, entró en vigencia desde el año anterior, antes de que se solicitara la revisión penal, distinto sería el caso, si en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, hubiese entrado en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del Nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: -prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. Sin embargo, en el caso sujeto a estudio, nos encontramos ante la pretensión de que se aplique una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, incluso no se encontraba vigente al momento de la presentación del recurso de revisión, ello es así porque el señor JUNIOR ALEXANDER QUIROZ PONCE, fue condenado por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia nuevamente una pena de prisión igual a la que originalmente fue condenado. En ese orden de ideas, el Ministerio Público ha reprochado la aplicación del decreto 130-2017, dado que la norma vigente actualmente es la del decreto 93-2021, advirtiendo que la norma sustantiva vigente no le es favorable en virtud de contemplar una pena de prisión igual a la que fue sentenciado, pero que agrava la pena de multa, poniendo de manifiesto una discusión doctrinal en relación a si la ley intermedia más favorable debe tenerse en cuenta o no, pues corresponde a una concepción jurídica inexistente en el momento del hecho y que ya no se profesa, “sin embargo, la doctrina española, de modo prácticamente unánime entiende que dichas leyes surten efectos retroactivos en cuanto benefician al reo”, en ese sentido, el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. Sin embargo, en el caso subjúdice no podría adoptarse ese criterio doctrinal, no solo porque ya no estaba vigente la norma más benigna cuando se solicitó la revisión, sino también porque la tardanza en activar el órgano jurisdiccional no es imputable a este tribunal.CONSIDERANDO DOCE (12): Esta Sala Constitucional estima que en el presente caso, una vez iniciado el trámite de Revisión penal, al momento de decidir la aplicación de las normas penales deberá tomarse en cuenta únicamente la norma bajo cuya vigencia resultó condenado el imputado y la que se encuentra vigente actualmente que resulta ser la misma que regía cuando se presentó la acción de revisión penal, en ese orden de ideas, esta Sala observa que efectivamente el señor JUNIOR ALEXANDER QUIROZ PONCE fue condenado mediante Procedimiento Abreviado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecisiete (2017) a la pena de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC105; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL y la conducta por la cual fue condenado el señor JUNIOR ALEXANDER QUIROZ PONCE, está prevista en el nuevo Código Penal (decreto 130-2017) como delito de extorsión en su artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00); estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos daría como resultado al momento de imponer la pena concreta de, once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, reformado, el importe pecuniario excede por mucho el señalado en la sentencia de instancia venida en revisión, por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 373, 615, 616 del nuevo código penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMON MATAMOROS, en favor del señor el señor JUNIOR ALEXANDER QUIROZ PONCE. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. Notifíquese. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0321-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL