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Sentencia RP-31-23 — Registro 18980

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria por el delito de homicidio simple declarada sin lugar por que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible en el nuevo código.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala, a continuación, hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal esta Sala aprecia, que efectivamente, el señor NELSON CASTILLO ESPINOZA, fue condenado por el delito de HOMICIDIO SIMPLE, a una pena de dieciséis (16) años seis (6) meses de reclusión, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 116 del Código Penal derogado que establecía como pena abstracta entre quince (15) a veinte (20) años de reclusión: por lo que al realizar el análisis comparativo de la pena a imponer conforme el Código Penal vigente, se aprecia que esa misma conducta delictiva es regulada en el ARTÍCULO 192, el cual es castigado con una pena igual de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Visto así, y por tratarse de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas las circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Sumado a lo anterior, del examen del fallo sub-judice se extrae de los hechos probados y jurídica, que en el presente caso existen las circunstancias agravante consistentes en accionar el acusado por motivos fútiles o abyectos, no había una razón de peso que justifique la decisión por parte del acusado, asimismo la gravante de haber ejecutado el hecho en cuadrilla, pues se probó que del carro del acusado se bajaron los tres individuos armados, o sea que participaron cuatro personas en el presente caso, de ello se deduce ya que los coautores actuaron de forma sorpresiva, atacaron con arma de fuego a la víctima, empleando un medio que aseguraba sin riesgo su ejecución; por lo que corresponde imponer la pena en su término medio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 70, numeral 1) literal a) del Código Penal vigente. En consecuencia, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme lo dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala, a continuación, hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal esta Sala aprecia, que efectivamente, el señor NELSON CASTILLO ESPINOZA, fue condenado por el delito de HOMICIDIO SIMPLE, a una pena de dieciséis (16) años seis (6) meses de reclusión, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 116 del Código Penal derogado que establecía como pena abstracta entre quince (15) a veinte (20) años de reclusión: por lo que al realizar el análisis comparativo de la pena a imponer conforme el Código Penal vigente, se aprecia que esa misma conducta delictiva es regulada en el ARTÍCULO 192, el cual es castigado con una pena igual de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Visto así, y por tratarse de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas las circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Sumado a lo anterior, del examen del fallo sub-judice se extrae de los hechos probados y jurídica, que en el presente caso existen las circunstancias agravante consistentes en accionar el acusado por motivos fútiles o abyectos, no había una razón de peso que justifique la decisión por parte del acusado, asimismo la gravante de haber ejecutado el hecho en cuadrilla, pues se probó que del carro del acusado se bajaron los tres individuos armados, o sea que participaron cuatro personas en el presente caso, de ello se deduce ya que los coautores actuaron de forma sorpresiva, atacaron con arma de fuego a la víctima, empleando un medio que aseguraba sin riesgo su ejecución; por lo que corresponde imponer la pena en su término medio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 70, numeral 1) literal a) del Código Penal vigente. En consecuencia, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme lo dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala, a continuación, hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal esta Sala aprecia, que efectivamente, el señor NELSON CASTILLO ESPINOZA, fue condenado por el delito de HOMICIDIO SIMPLE, a una pena de dieciséis (16) años seis (6) meses de reclusión, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 116 del Código Penal derogado que establecía como pena abstracta entre quince (15) a veinte (20) años de reclusión: por lo que al realizar el análisis comparativo de la pena a imponer conforme el Código Penal vigente, se aprecia que esa misma conducta delictiva es regulada en el ARTÍCULO 192, el cual es castigado con una pena igual de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Visto así, y por tratarse de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas las circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Sumado a lo anterior, del examen del fallo sub-judice se extrae de los hechos probados y jurídica, que en el presente caso existen las circunstancias agravante consistentes en accionar el acusado por motivos fútiles o abyectos, no había una razón de peso que justifique la decisión por parte del acusado, asimismo la gravante de haber ejecutado el hecho en cuadrilla, pues se probó que del carro del acusado se bajaron los tres individuos armados, o sea que participaron cuatro personas en el presente caso, de ello se deduce ya que los coautores actuaron de forma sorpresiva, atacaron con arma de fuego a la víctima, empleando un medio que aseguraba sin riesgo su ejecución; por lo que corresponde imponer la pena en su término medio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 70, numeral 1) literal a) del Código Penal vigente. En consecuencia, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme lo dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado José Alejandro Núñez Valladares, a favor del señor Nelson Castillo Espinoza, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diez de junio de dos mil diez, con relación a la causa que se instruyó contra el señor Nelson Castillo Espinoza, por haber sido condenado por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de Marlen Yamileth Bustillo Martínez. ANTECEDENTES 1)En fecha cinco de mayo de dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, Abogado Santiago René Moncada Sauceda, presentando Requerimiento Fiscal en contra del señor Nelson Castillo Espinoza, por suponerlo responsable del delito de Asesinato en perjuicio de la señora Marlen Yamileth Bustillo Martínez. (Folios 2-5 del antecedente).2)Que en fecha diez de junio de dos mil diez, el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a NELSON CASTILLO ESPINOZA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de MARLEN YAMILETH BUSTILLO MARTINEZ; a la pena principal de DIECISEIS AÑOS SEIS MESES DE RECLUSION, debiendo computarse la pena desde el día en que fue aprehendido por esta causa y la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en Tamara, Departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos a NELSON CASTILLO ESPINOZA, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal, así como también, a trabajar por s tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: Se declara la responsabilidad civil del condenado NELSON CASTILLO ESPINOZA, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: No procede decretar el comiso. Que se notifique esta sentencia a las partes procesales, haciéndoseles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación, dentro del plazo de veinte días. Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos…” (Folios 251-261 vuelto del antecedente).3)En fecha nueve de enero de dos mil veintitrés, esta Sala, tuvo por recibido el recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado José Alejandro Núñez Valladares, a favor del señor Nelson Castillo Espinoza, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-3 vuelto del recurso de mérito).4)En fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante Luis Alonso Discua Cerrato, con la comparecencia de la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado José Alejandro Núñez Valladares, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor Nelson Castillo Espinoza. El Ministerio Público consideró: “…II. ANÁLISIS JURÍDICO: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva antes citada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad d al actual Código Penal los delitos por los cuales fue condenado su representado es sancionado con una pena más baja, por lo que es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el articulo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2)..., 3), 4), 5), 6). 7), 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,..." relacionado con los artículos 615 y 616 del Código Penal vigente. De lo expuesto por el revisionista y al examinar el fallo condenatorio sub-judice, se extrae que el señor NELSON CASTILLO ESPINOZA, fue condenado por el delito de HOMICIDIO SIMPLE, a una pena de dieciséis (16) años seis (6) meses de reclusión, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 116 del Código Penal derogado que establecía como pena abstracta entre quince (15) a veinte (20) años de reclusión: por lo que al realizar el análisis comparativo de la pena a imponer conforme el Código Penal vigente, se aprecia que esa misma conducta delictiva es regulada en el ARTÍCULO 192, el cual es castigado con una pena igual de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Visto así, y por tratarse de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas las circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Sumado a lo anterior, del examen del fallo sub-judice se extrae de los hechos probados y jurídica, que en el presente circunstancia agravante contenida su fundamentación caso concurre la en el artículo 32 numeral 4) por haber ejecutado el hecho aprovechando las circunstancias de tiempo y lugar para facilitar su ejecución o la impunidad del delincuente, en tanto en el presente caso quedo como un hecho probado que del carro del acusado se bajaron 3 individuos armados, de ello se deduce ya que los coautores actuaron de forma sorpresiva, atacaron con arma de fuego a la víctima, empleando un medio que aseguraba sin riesgo su ejecución; por lo que corresponde imponer la pena en su término medio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 70, numeral 1) literal a) del Código Penal vigente, quedando una pena de diecisiete (17) años cinco (5) meses, de aquí que se estime que la pena aplicar no resulta más favorable al sentenciado, en comparación con la pena impuesta con la aplicación de legislación derogada. OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados…” (Folios 16-19 vuelto del recurso de mérito).HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día 4 mayo del año 2008, aproximadamente a las siete de la noche, en la Colonia Nueva Danlí de Comayagüela, una hermana menor de la señora Marlene Yamileth Bustillo fue a una pulpería, encontrándose con una hija del acusado Nelson Castillo Espinoza, produciéndose entre ellas, una pelea, hasta que la señora Marlene llegó a separarlas; al enterase de lo sucedido, el señor Nelson Castillo Espinoza fue en busca de la menor con un machete en mano, encontrándose con la señora Marlene Yamileth Bustillo en la acera de su casa, donde discutieron, al tiempo que le sonaba el machete el señor Nelson a la señor Marlene, diciéndole a la vez que le iba a traer a “Los Olanchanos”. SEGUNDO: Acto seguido el acusado Nelson Castillo Espinoza salió en su vehículo marca Datsun, color oscuro, con dirección a la Colonia Divino Paraíso y minutos después, regresó en compañía de tres individuos conocidos en la zona como “los Olanchanos”, encontrándose todavía la señora Marlene Yamileth en la acera de su casa con su hermano Dennis Bustillo. Del carro del acusado se bajaron tres hombres portando armas de fuego y empezaron a disparar con dirección a donde se encontraba Marlene y Dennis, ante lo cual, estos corrieron introduciéndose a la casa de Marlene y en el momento en que Marlene aseguraba la puerta de acceso a la vivienda, uno de los disparos efectuados por tales individuos, traspasó la madera de la puerta y le fue a impactar a Marlene en la región frontal de la cabeza, lo que le produjo fractura de cráneo, laceración y hemorragia de maza encefálica, siendo trasladada al Hospital Escuela, donde falleció omentos después a consecuencia de las heridas producidas por el disparo recibido. TERCERO: Después de los disparos, los individuos conocidos como “Los Olanchanos” regresaron al vehículo, donde eran esperados por el acusado Nelson Castillo Espinoza, se introdujeron al mismo, siendo conducido el vehículo por el mismo Nelson Castillo Espinoza, quien los sacó de dicha zona, retirándose así del lugar, regresando Nelson minutos después al lugar del hecho, donde fue detenido por agentes de la policía preventiva que aún se encontraban allí. ”FUNDAMENTOS DE DERECHO CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos; sin embargo, adopta la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido, manda que la ley, reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte, el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano, manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de Revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentación del Garantista expuesta en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. EL recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de Revisión Penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna.CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de Revisión se celebró en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES en su condición de Apoderado Legal del señor NELSON CASTILLO ESPINOZA, quien manifestó lo siguiente: “ratifica el contenido de la Solicitud de Revisión de la Sentencia condenatoria, se solicita que se aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Pey Penal al señor Nelson Castillo Espinoza, por el delito de Homicidio simple en perjuicio de Marlene Yamileth Bustillo Martinez, fundamentado en el artículo 615 y 616 donde aplica la retroactividad de la ley más favorable, artículo 192 del Código Penal vigente Decreto 130-2017 en más benigno no solo por la pena a implementar, sino también por el beneficio que su representado pueda obtener, haciendo un cambio de legislación o haciendo un cambio al nuevo código Penal, en vista de que el Juzgado de Ejecución Penal no ha querido reformar cómputos, ni ha querido otorgar beneficios de acuerdo a los artículo 181. El Ministerio Público, a través de su agente fiscal Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA expreso lo siguiente: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva antes citada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad d al actual Código Penal los delitos por los cuales fue condenado su representado es sancionado con una pena más baja, por lo que es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el articulo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2)..., 3), 4), 5), 6). 7), 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,..." relacionado con los artículos 615 y 616 del Código Penal vigente. De lo expuesto por el revisionista y al examinar el fallo condenatorio sub- judice, se extrae que el señor NELSON CASTILLO ESPINOZA, fue condenado por el delito de HOMICIDIO SIMPLE, a una pena de dieciséis (16) años seis (6) meses de reclusión, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 116 del Código Penal derogado que establecía como pena abstracta entre quince (15) a veinte (20) años de reclusión: por lo que al realizar el análisis comparativo de la pena a imponer conforme el Código Penal vigente, se aprecia que esa misma conducta delictiva es regulada en el ARTÍCULO 192, el cual es castigado con una pena igual de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Visto así, y por tratarse de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas las circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Sumado a lo anterior, del examen del fallo sub-judice se extrae de los hechos probados y jurídica, que en el presente circunstancia agravante contenida su fundamentación caso concurre la en el artículo 32 numeral 4) por haber ejecutado el hecho aprovechando las circunstancias de tiempo y lugar para facilitar su ejecución o la impunidad del delincuente, en tanto en el presente caso quedo como un hecho probado que del carro del acusado se bajaron 3 individuos armados, de ello se deduce ya que los coautores actuaron de forma sorpresiva, atacaron con arma de fuego a la víctima, empleando un medio que aseguraba sin riesgo su ejecución; por lo que corresponde imponer la pena en su término medio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 70, numeral 1) literal a) del Código Penal vigente, quedando una pena de diecisiete (17) años cinco (5) meses, de aquí que se estime que la pena aplicar no resulta más favorable al sentenciado, en comparación con la pena impuesta con la aplicación de legislación derogada. OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados…” (Folios 16-19 vuelto del recurso de mérito).CONSIDERANDO CINCO (5): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala, a continuación, hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal esta Sala aprecia, que efectivamente, el señor NELSON CASTILLO ESPINOZA, fue condenado por el delito de HOMICIDIO SIMPLE, a una pena de dieciséis (16) años seis (6) meses de reclusión, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 116 del Código Penal derogado que establecía como pena abstracta entre quince (15) a veinte (20) años de reclusión: por lo que al realizar el análisis comparativo de la pena a imponer conforme el Código Penal vigente, se aprecia que esa misma conducta delictiva es regulada en el ARTÍCULO 192, el cual es castigado con una pena igual de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Visto así, y por tratarse de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas las circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Sumado a lo anterior, del examen del fallo sub-judice se extrae de los hechos probados y jurídica, que en el presente caso existen las circunstancias agravante consistentes en accionar el acusado por motivos fútiles o abyectos, no había una razón de peso que justifique la decisión por parte del acusado, asimismo la gravante de haber ejecutado el hecho en cuadrilla, pues se probó que del carro del acusado se bajaron los tres individuos armados, o sea que participaron cuatro personas en el presente caso, de ello se deduce ya que los coautores actuaron de forma sorpresiva, atacaron con arma de fuego a la víctima, empleando un medio que aseguraba sin riesgo su ejecución; por lo que corresponde imponer la pena en su término medio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 70, numeral 1) literal a) del Código Penal vigente. En consecuencia, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme lo dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, a favor del señor NELSON CASTILLO ESPINOZA, contra la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha diez de junio del año dos mil diez. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado .- NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0031-2023

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL