Sentencia RP-306-22 — Registro 18383
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente a una penal principal de Once (11) años y Tres (3) meses de reclusión más pena de multa de salarios mínimos, como autor del Delito de Extorsión Simple en perjuicio de Testigo Protegido AC-029; más penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción civil; La Sala concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Oscar Ovidio Girón Portillo, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, que equivalen a (L.343,815.75), por ser autor penalmente responsables de un delito de Extorsión Simple. La conducta por la cual fue condenado Oscar Ovidio Girón Portillo, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por Decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días, a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que la pena de prisión está dentro del rango imponible en ambas normas (11 años tres meses de prisión), no así la pena de multa, que con el nuevo código se eleva considerablemente el importe a pagar, en comparación con el código penal derogado. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de mayo del dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor OSCAR OVIDIO GIRON PORTILLO, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal de la sección judicial de Tegucigalpa, en fecha ocho (8) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), con relación a la causa que se instruyó contra el señor OSCAR OVIDIO GIRON PORTILLO, por el delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC-029. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL “ÚNICO: El día 19 de enero se presentó el día a manifestar que dos personas llegaron a su lugar de trabajo una del sexo masculino y otra del sexo femenino, y mediante amenazas a muerte con arma de fuego exigieron que recibiera un teléfono celular con numero 8823-4765, ese mismo día comenzó a recibir mensajes y llamadas de un numero desconocido exigiéndole la cantidad de doscientos mil lempiras; que el día 28 de enero de 2016 aproximadamente a las 11:35 horas observaron que llego el testigo protegido al lugar y a eso de las 11:55 observaron a un joven de sexo masculino con las siguientes características: tez trigueña, contextura delgada, estatura de 1.65 mts y de 18 a 23 años, vestía chaqueta color azul, pantalón jeans azul y tenis color negro y blanco, OSCAR OVIDIO GIRON PORTILLO este se acerco al testigo e inmediatamente el testigo le entrego un sobre de papel Manila amarillo que contenía billetes de a quinientos lempiras, previamente sereado y varios recortes de papel periódico.” ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintinueve (29) de enero de dos mil dieciséis (2016), la Fiscal del Ministerio Público, Abogada SANDRA JOAQUIN, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando requerimiento fiscal contra el señor OSCAR OVIDIO GIRON PORTILLO, por suponerlo responsable a título de autor del delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AC029”. (Folios 02-06 de la pieza de antecedentes). 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha ocho de septiembre de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Falló: “PRIMERO: CONDENAR al encausado OSCAR OVIDIO GIRON PORTILLO de generales ya conocidas en el preámbulo de esta Sentencia, a la pena principal de ONCE (11) AÑOS Y TRES (3) MESES DE RECLUSION MAS UNA PENA DE MULTA DE 37.5 SALARIOS MINIMOS como autor de delito de EXTORCION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC 029 misma que deberá cumplirse en Centro Penitenciario Nacional de Tamara, Francisco Morazán de este Departamento. Será computable a efectos del cumplimiento de la pena, el tiempo que el acusado ha permanecido cautelarmente privado de su libertad ambulatoria por esta causa. Además, el condenad esta obligado a trabajar por el tiempo que dure las mismas en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley del Sistema Penitenciario. SEGUNDO: Se le condena a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL…” (Folios 61 al 63 de la pieza de antecedentes). 3) Que en fecha quince de febrero de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado RAMON MATAMOROS, presentando recurso de Revisión Penal a favor del señor OSCAR OVIDIO GIRON PORTILLO, contra la sentencia condenatoria de fecha ocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-04 del recurso). 4) Que en fecha diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de apoderada legal del señor OSCAR OVIDIO GIRON PORTILLO y la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de Revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de Revisión en aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017. La representante del Ministerio Público, concluyó que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior, por lo que fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente acción de revisión”. (Folios 22 al 24 del recurso de mérito). FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, se celebró en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Oscar Ovidio Girón Portillo, como revisionista; y, la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. El Abogado Ramón Matamoros, solicita la revisión de la pena y que se aplique el Principio de Retroactividad de la ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigentes en el Decreto 130-2017, quienes fueron condenados por el delito de Extorsión Simple y se sometieron a un procedimiento abreviado, quedando una pena de 11 años, 3 meses de reclusión y una multa de 37.5 salarios mínimos; con el nuevo Código Penal Vigente, las penas quedarían en 7 años, 6 meses y una multa de 500 salarios mínimos. Por su parte el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal, no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena a imponer es de mayor cuantía, pues deberá imponérsele una pena entre 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1000 días, en su nivel más alto. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Oscar Ovidio Girón Portillo, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, que equivalen a (L.343,815.75), por ser autor penalmente responsables de un delito de Extorsión Simple. La conducta por la cual fue condenado Oscar Ovidio Girón Portillo, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por Decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días, a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que la pena de prisión está dentro del rango imponible en ambas normas (11 años tres meses de prisión), no así la pena de multa, que con el nuevo código se eleva considerablemente el importe a pagar, en comparación con el código penal derogado. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 373 por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal, interpuesta por la Abogado Ramón Matamoros en favor del señor OSCAR OVIDIO GIRON PORTILLO. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Wagner Vallecillo Paredes.- NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA DE LO SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha siete de mayo de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-306-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL