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Sentencia RP-302-22 — Registro 18302

Resumen

Acto recurrido contra la sentencia de condena dictada con relación a la causa que se instruyó por el delito de Extorción en perjuicio de Testigo Protegido, por considerar que ley intermedia le favorece en cuanto a la pena

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" … En cuanto a la solicitud que hace el recurrente de aplicar retroactivamente la “ley intermedia”; esta sala recuerda que la Constitución de la República establece que: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Para esta sala la ley intermedia no es una norma vigente, y solo pueden aplicarse leyes de manera retroactiva y que favorezcan a los acusados o condenados cuando sean normas que forman parte de la legislación vigente, de lo contrario se estaría transgrediendo el principio de legalidad, ya que se tomaría en cuenta una ley que al momento de los hechos y al momento del juzgamiento carecía de vigencia, aun cuando fuera favorable, por lo que no es procedente en el caso concreto la aplicación de una ley intermedia. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."

Legislación citada

  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de mayo del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor de la señora Kathia Maria Castillo Ponce, contra las sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), con relación a la causa que se instruyó contra la señora KATHIA MARIA CASTILLO PONCE, por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC-17.HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL“PRIMERO: Que el día lunes cuatro de enero del año 2016, aproximadamente a las 10:30 A.M., llegaron dos individuos al trabajo del TESTIGO PROTEGIDO AC-017, diciendo que eran miembros activos de LA MAFIA y procedieron a entregarle un teléfono celular y que estaba obligado a contestarlo, caso contrario lo matarían. Minutos después recibió una llamada del número 8897-7073, a través de la cual una voz masculina le manifestó que debía pagar L.80,000, caso contrario lo matarían. El testigo protegido TESTIGO PROTEGIDO AC-017 le manifestó que no podían conseguir ese dinero, por lo acordaron un pago de L.40,000.00.SEGUNDO: El día doce de enero del 2016, el TESTIGO PROTEGIDO AC-017, se hizo presente ante las oficinas de la Fuerza Nacional Anti Extorsión, a interponer la denuncia correspondiente, debido a la extorsión a que estaba siendo sujeto. Se procedió a realizar el fotocopiado o sereo de varios billetes, con el objeto de preparar la entrega controlada. Ese mismo día el TESTIGO PROTEGIDO AC-017 acordó con el extorsionador la hora y lugar de la entrega del dinero. Como consecuencia se prepararon dos equipos de agentes de la Fuerza Nacional Anti extorsión. Se trasladaron al barrio los Dolores de Comayaguela. Se realizó la entrega como se había planeado, de manera inmediata por agentes de la policía le dieron captura a la señora KATHIA MARIA CASTILLO PONCE, quien tenía en su poder los billetes que previamente habían sido fotocopiados o sereados en la oficinas de la Fuerza Nacional Anti Extorsión, no brindando la detenido explicación alguna, para portar dichos billetes.” ANTECEDENTES 1)Que en fecha trece (13) de enero de dos mil dieciséis (2016), la Fiscal del Ministerio Público, Abogada KARLA SUYAPA ZAVALA, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando requerimiento fiscal contra la señora KATHIA MARIA CASTILLO PONCE, por suponerlo responsable a título de autor del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AC017”. (Folios 02-06 de la pieza de antecedentes).2)Que continuado que fue el proceso, en fecha veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Falló: “1): Se CONDENA a la señora KATHIA MARIA CASTILLO PONCE, por haber cometido el delito de EXTORSION, en perjuicio de la TESTIGO PROTEGIDO “AC-017”, a la pena de ONCE AÑOS, TRES MESES DE RECLUSION, que se deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional Dr. Marco Aurelio Soto, en Tamara de este departamento, sujeto a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras publicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario.- 2) Se CONDENA a la señora KATHIA MARIA CASTILLO PONCE, por haber cometido el delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AC-017”, al pago de una multa de TREINTA Y SIETE Y MEDIOS SALARIOS MINIMOS (37 ½), que deberá enterar en las oficinas de la Tesorería General de la Republica de Honduras.- 3) Asimismo se CONDENA a la imputada KATHIA MARIA CASTILLO PONCE a las penas accesorias de IHNABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena. 4)…” (Folios 61 al 62 de la pieza de antecedentes).3)Que en fecha quince de febrero de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado RAMON MATAMOROS, presentando recurso de Revisión Penal a favor de la señora KATHIA MARIA CASTILLO PONCE, contra la sentencia condenatoria de fecha veintisiete de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-04 del recurso). 4)Que en fecha diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala Constitucional, habiendo comparecido el Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de apoderada legal de la señora KATHIA MARIA CASTILLO PONCE y la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de Revisión; que habiendo manifestando el recurrente, que interpone el recurso de Revisión en aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). La representante del Ministerio Público, concluyó que en la presente causa no concurre la causal de Revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior, por lo que fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente acción de revisión…”. (Folios 20 al 22 del recurso de mérito).CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186, abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de Revisión Penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal se celebró en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Ramón Matamoros, a favor de la señora Kathia Maria Castillo Ponce, como revisionista; y, la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. El Abogado Ramón Matamoros, solicita la revisión de la pena y que se aplique el Principio de Retroactividad de la Ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigente en el Decreto 130-2017, quien fue condenada por el delito de Extorsión Simple y se sometieron a un procedimiento abreviado, quedando una pena de 11 años, 3 meses de reclusión y una multa de 37.5 salarios mínimos; con el nuevo código penal vigente, las penas quedarían en 7 años, 6 meses y una multa de 500 salarios mínimos, si se aplica la ley intermedia. Por su parte, el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables a la sentenciada, en virtud que la pena a imponer es de mayor cuantía, pues deberá imponérsele una pena entre 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto, al concurrir la agravante del 374.1, “Cometer el hecho en el ámbito de un grupo delictivo organizado”, por lo que dicha pena debe aumentarse en 1/3, quedando una pena abstracta de 20 a 26 años, 8 meses de prisión, y una multa de 1,000 a 1,333 días; la que a su vez debe ser rebajada en ¼ por la aplicación del procedimiento abreviado, quedando una pena abstracta de 15 a 20 años de prisión y multa entre 750 y 1,000 días. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP 130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Kathia Maria Castillo Ponce, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autora penalmente responsable de un delito de Extorsión Simple. La conducta por la cual fue condenada Kathia Maria Castillo Ponce, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: de 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto, al concurrir la agravante del 374.1, “Cometer el hecho en el ámbito de un grupo delictivo organizado”, por lo que dicha pena debe aumentarse en 1/3, quedando una pena abstracta de 20 a 26 años, 8 meses de prisión, y una multa de 1,000 a 1,333 días; la que a su vez debe ser rebajada por la aplicación del procedimiento abreviado, quedando una pena abstracta de 15 a 20 años de prisión y multa entre 750 y 1,000 días. Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que las nuevas penas no resultan más favorables que las establecidas en el anterior código penal, tanto en la prisión, como la pena de multa, la que se eleva considerablemente el importe a pagar, en comparación con el código penal derogado. 2. En cuanto a la solicitud que hace el recurrente de aplicar retroactivamente la “ley intermedia”; esta sala recuerda que la Constitución de la República establece que: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Para esta sala la ley intermedia no es una norma vigente, y solo pueden aplicarse leyes de manera retroactiva y que favorezcan a los acusados o condenados cuando sean normas que forman parte de la legislación vigente, de lo contrario se estaría transgrediendo el principio de legalidad, ya que se tomaría en cuenta una ley que al momento de los hechos y al momento del juzgamiento carecía de vigencia, aun cuando fuera favorable, por lo que no es procedente en el caso concreto la aplicación de una ley intermedia. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 373 por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ramón Matamoros, en favor de la señora KATHIA MARIA CASTILLO PONCE. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA.- Notifíquese. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha seis de mayo de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0302-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL