Sentencia RP-292-22 — Registro 18582
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, por el delito de secuestro, en perjuicio de la libertad de debiéndose computar la misma desde el día en que fue recluida de manera efectiva en el Centro Penitenciario.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “IV.- Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal.- El encausado EDWIN REINALDO REYES CARIAS fue sentenciado a la pena de veintidós (22) años de reclusión por la comisión del delito de SECUESTRO mismos que se encuentra cumpliendo en prisión efectiva por sentencia dictada el 16 de junio de 2014, el revisionista solicita se le aplique lo preceptuado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional que dispone: “Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)…..2)…..3)…..4)…..5)…..6)….7)…..8)Procede la aplicación retroactiva de una ley penal, por ser más benigna”, relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal, la sentencia recaída fue fundamentada en el artículo 192 del Código Penal derogado que en su letra dice: “ Será sancionado con la pena de veinte (20) años de privación de libertad de por vida, aún cuando no consiguiere su propósito , quien con violencia intimidación o engaño, u otra forma que vicie el consentimiento , sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera su libertad una o más personas, con cualquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o de las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b) obligue a alguien a que haga o deje de hacer algo; c) Publicitarios o Políticos. Se agrava la pena por haberse configurado lo contemplado en el artículo 194 numeral 2) del Código penal derogado: Si la privación de la libertad se prolonga por mas de veinticuatro (24) horas y como hecho probado en el juicio se comprobó que la víctima estuvo retenida por mas de dicho término y además el numeral 5) Cuando existan amenazas o trato crueles para la persona secuestrada. El nuevo código penal en su artículo 240 dispone: “SECUESTRO AGRAVADO El hecho previsto en el artículo anterior (secuestro)debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)….2)….3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas; 4)….. 5)…..6)… 7) El delito se cometa en el ámbito de un grupo delictivo organizado; en los hechos probados se pudo constatar la concurrencia de los numerales 3 y 7 por lo que se aplica lo que dispone el párrafo último del mismo artículo: Si concurrieren dos o mas de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Haciendo la ponderación de ambas normas la derogada y la actual se aprecia que al condenado efectivamente le favorece la pena contemplada en el Código Penal nuevo artículo 240 ya descrito por lo que esta sala concuerda con el dictamen emitido por el Ministerio Público de que se le aplique retroactivamente la pena más favorable modificando su condena actual de veintidós (22) años de prisión a una pena máxima de veinte (20) años por concurrir las dos circunstancias supra relacionadas.”
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 240 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 617 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 Numeral 8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de octubre de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Iván Alexis Ayala Mejía, a favor del señor Edwin Reinaldo Reyes Carías, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, de fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, que fallo: TERCERO: Condenamos al señor Edwin Reynaldo Reyes Carias cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de SECUESTRO, en perjuicio de la libertad de Alex Daniel Verde Garay, imponiéndole al acusado, una pena principal de veintitrés (22) Años de Reclusión, debiéndose computar la misma desde el día en que fue recluida de manera efectiva en el Centro Penitenciario respectivo CUARTO: Debemos declarar la responsabilidad civil de los condenados; Javier Armando Ponce, Edwin Reynaldo Carias, y Fátima del Milagro Ardón Castillo, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. Son Partes: 1.- El Abogado Iván Alexis Ayala Mejía, en favor de Edwin Reinaldo Reyes Carías, como revisionista. 2.- La Abogada Yulibeth Garay Hernández en su condición de Fiscal del Ministerio Público. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISION PENAL PRIMERO: El día sábado 12 de mayo del año 2012, entre 8:30 a 9:00 de la noche el joven Alex Daniel Verde Garay se conducía en su vehículo tipo turismo Marca Toyota, modelo Corolla, año 2000, Placa 4218, color verde, cuando iba a inmediaciones del anillo periférico, específicamente por la Gasolinera Texaco, de esta Ciudad de Tegucigalpa, cuatro individuos en ese momento no identificados< quienes se conducían a bordo de un carro tipo Honda Civic, le chocaron su vehículo por la parte trasera, por lo cual Alex se bajo para que le pagaran el golpe, en eso dos individuos se bajaron del vehículo que conducían diciéndole "no fue nada", pero que no se preocupara que le iban a pagar el golpe, diciéndole uno de los individuos que se estacionara a la orilla de la calle porque estaban en medio, una vez que el joven Alex Daniel Verde estaba estacionado con su vehículo en el lugar indicado, dos de los individuos que se conducían el vehículo Honda Civic, se le acercaron a Alex, uno de ellos se puso al lado de él, sacándose este una pistola y encañonándolo, ordenándole que se pasara a la parte de atrás de su mismo vehículo, mientras que el otro individuo se montó en la parte de atrás de dicho automotor, poniéndole la pistola en la cabeza a Alex Daniel, ordenándole que se callara y que se agachara, despojándole de su celular y billetera, llevándoselo con rumbo desconocido. SEGUNDO: El día domingo, 13 de mayo del año 2012, las personas que tenían retenido al joven Alex Daniel Verde, en horas de la noche le pusieron una chumpa, unos lentes, unos audífonos y un gorro, una vez disfrazado, lo trasladaron a una vivienda ubicada en la Colonia Buena Vista, sector# 1. Bloque #1, de la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central-Ese mismo día, en horas de la noche, las personas que tenían retenido a Alex se comunicaron vía teléfono celular con su señora madre, solicitándole la cantidad de un millón de lempiras por la liberación de Alex, manifestándole que si no cumplía con la exigencia le iban a mandar un prueba, que consistía en mandarle una oreja de Alex Daniel Verde. TERCERO: El día martes 15 de mayo del año 2012, a eso de las 12.30 a 1.00 de la tarde, las personas que tenían retenida a Alex Daniel Verde, se comunicaron nuevamente con su Madre, ordenándole que requerían la cantidad de un millón de lempiras, por la liberación de este, luego llegaron a un acuerdo de pagar la cantidad de 500,000.00 lempiras: y finalmente negociaron a pagar la cantidad de 250,000.00 lempiras. CUARTO: El día jueves 17 de mayo de 2012, a eso de las 2: 00 de la tarde. se presentó un informante a las Oficinas del Grupo Especial Anti Secuestro (IGEAS), informando de que quienes tenían al joven Alex Daniel Verde Garay, eran dos personas, de nombre Javier Ponce y Fátima Ardón Bustillo, manifestándoles que el señor Javier Ponce, se encontraba en la Colonia Flor del Campo, cerca del colegio Saul Zelaya y que este se conducía en un taxi, por lo que se desplazaron dos equipos policiales a verificar dicha información a la referida colonia, como a eso de las 4:00 de la tarde identificaron al señor Javier Armando Ponce quien fue la persona que entrego, al joven Alex David Verde a la señora Fátima del Milagro. QUINTO: Ese mismo día, el equipo policial (GEAS) se trasladó a la Colonia Buena Vista, de Comayagüela, en donde encontraron al joven Alex Daniel Verde en el interior de la casa, en el suelo, a la par de una cama matrimonial y junto con este se encontraban cuidándolo el señor Edwin Reynaldo Reyes Carias y un menor de edad; sin que se haya pagado el dinero que habían solicitado por el rescate del mismo por la intervención del grupo GEAS. SEXTO: Fátima Ardón fue la encargada, de recibir a Alex Verde cuando fue interceptado por los individuos desconocidos, y quien lo llevó a la vivienda en donde permaneció cautivo encargándose además de cuidado en el referido sitio. ANTECEDENTES 1) Del Inicio del proceso penal. En fecha dieciocho de mayo de dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia Penal, la Agente Fiscal, la abogada Miriam Yessenia Barahona Ordoñez, presentando requerimiento fiscal contra los señores Fátima del Milagro Ardón Castillo, Javier Armando Ponce Rivera y Edwin Reynaldo Reyes Carías, por suponerlos responsables del delito de Secuestro, en perjuicio de Alex Daniel Verde Garay. (Folios 12-16 del antecedente) 2)De la sentencia Condenatoria. Que en fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Condenamos al señor Javier Armando Ponce Rivera cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de SECUESTRO, en perjuicio de la libertad de Alex Daniel Verde Garay, imponiendo al acusado, una pena principal de veinticuatro (24) Años de Reclusión, debiéndose computar la misma desde el día en que fue recluido de manera efectiva en el Centro Penitenciario respectivo. SEGUNDO: Condenamos a la señora Fátima del Milagro Ardón Castillo cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de SECUESTRO, en perjuicio de la libertad de Alex Daniel Verde Garay, imponiéndole a la acusada, una pena principal de veintitrés (23) Años de Reclusión, debiéndose computar la misma desde el día en que fue recluida de manera efectiva en el Centro Penitenciario respectivo. TERCERO: Condenamos al señor Edwin Reynaldo Reyes Carias cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de SECUESTRO, en perjuicio de la libertad de Alex Daniel Verde Garay, imponiéndole al acusado, una pena principal de veintitrés (22) Años de Reclusión, debiéndose computar la misma desde el día en que fue recluida de manera efectiva en el Centro Penitenciario respectivo CUARTO: Debemos declarar la responsabilidad civil de los condenados; Javier Armando Ponce, Edwin Reynaldo Carias, y Fátima del Milagro Ardón Castillo, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. QUINTO: No procede la condena de los acusados, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SEXTO: Se declara el comiso de: 1) Un teléfono celular marca Motorola, color negro, con número de Simcard 97206183, con IMEI 012245003484711, con su respectiva batería, y 2.- Un pedazo de papel rosado, con serie de números escritos con lápiz carbón de los números, 9772-7624 YBR, MISA 3193-4632, 9772-7624, 96614517, M9560-2523. Que se notifique esta sentencia a las partes procesales que han intervenido, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación dentro del término de veinte días. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.” (Folios 271-284 del antecedente) 3)De la interposición del recurso de revisión penal y su admisión por la sala de lo Constitucional. En fecha once de febrero de dos mil veintidós, compareció ante esta Sala, el Abogado Iván Alexis Ayala Mejía, interponiendo recurso de revisión a favor del señor Edwin Reinaldo Reyes Carías, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-4 del recurso de mérito) 4) De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha trece de abril de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos, con la comparecencia de la Abogada Yulibeth Garay Hernández, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Iván Alexis Ayala Mejía, en su condición de Apoderado Legal del señor Edwin Reinaldo Reyes Carías, se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: “…esta defensa en representación del señor EDWIN REINALDO REYES CARIAS, en fecha 11 de febrero de 2022 tuvo a bien interponer recurso de revisión de pena en favor de mi defendido quien fue condenado en fecha 16 de junio de 2014 por el TRIBUNAL DE SENTENCIAS CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA PENAL, a una pena de reclusión de 22 años por el delito de SECUESTRO en perjuicio de la libertad del señor ALEX DANIEL VERDE GARAY, esto en virtud lo que establece el artículo 96 de nuestra Constitución, dice que la Ley no tiene efecto retroactivo excepto en Materia Penal cuando la nueva Ley favorece al condenado, el artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional y los artículos 615 y 616 del Código Penal Vigente ya establecen los parámetros para la interposición del Recurso de Revisión. Honorables magistrados esta defensa tal como lo expreso en el recurso de revisión pide un cambio en la pena tal como lo establece el artículo 240 del Código Penal Vigente a una Nueva Pena de reclusión de 12 años, tomando en consideración que esta es la pena que más le favorece…” El Ministerio Público consideró: “…Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme el artículo 192 del Código Penal derogado, la pena a imponer por el delito de SECUESTRO era reclusión de 20 años a privación de Libertad de por vida; mientras que la pena regulada en el artículo 240 del vigente Código Penal se regula el delito de SECUESTRO AGRAVADO y la pena oscila entre doce (12) a quince (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)…; 2)…; 3) La privación de la libertad exceda de setenta y dos (72) horas; 4)...; 5)…; 6)…; 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 8)…; 9)... Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Bajo este examen, se constata con los antecedentes y de los hechos declarados probados en la sentencia que se pretende rever, que en el presente caso se encuentran acreditadas las circunstancias contenidas en los numerales 3) y 7) del precitado artículo 240, pues se constató que el secuestro inicio del 12 de mayo de 2012 hasta el 17 mayo de ese mismo año y que el delito se cometió en el ámbito de un grupo delictivo organizado, siendo que participaron más de tres personas. Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable el Ministerio Publico estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta más perjudicial que con el actual, siendo por lo tanto, procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.” Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados…” El Magistrado manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 36-38 del recurso de mérito) FUNDAMENTACIÓN I. Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” II.- Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición.- En fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas del recurso extraordinario de revisión interpuesto por el abogado IVAN ALEXIS AYALA MEJIA en favor del señor EDWIN REYNALDO REYES CARÍAS contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de sentencia con competencia territorial nacional en materia penal en fecha dieciséis (16) de junio de dos mil catorce (2014) por el delito de secuestro en perjuicio de ALEX DANIEL VERDE GARAY con intervención de la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ en su calidad de agente fiscal del Ministerio Público a efecto de hacer oposición al presente recurso, al cedérsele la palabra al abogado revisionista en su calidad indicada dice: Que en fecha once (11) de febrero del año dos mil veintidós (2022) interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia relacionado supra relacionada en virtud que nuestra Constitución de la República en su artículo 96 dice que la ley no tiene efecto retroactivo excepto en materia penal cuando la nueva ley favorece al condenado, asimismo el artículo 96 de la Ley sobre Justicia constitucional y los artículos 615 y 616 del actual Código Penal ya establecen los parámetros para la interposición del Recurso de Revisión, manifiesta que solicita el cambio de pena de reclusión a 12 años de prisión que establece el nuevo Código Penal en su artículo 240 y que se ordene al Juzgado de Ejecución con jurisdicción nacional que realice el cómputo de manera inmediata ya que su defendido estaría optando al beneficio de Libertad condicional con el nuevo cambio de pena, seguidamente se le cede la palabra a la agente fiscal del Ministerio Público a efecto de que exponga su defensa: Según los antecedentes ya relacionados manifiesta que al condenado se le dictó una pena de veintidós (22) años de reclusión y a las accesorias de Inhabilitación absoluta e Interdicción Civil, dice que después de hacer un estudio del presente caso y de acuerdo a lo peticionado además con base al artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional que dispone: “Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)…..2)…..3)…..4)…..5)…..6)….7)…..8)Procede la aplicación retroactiva de una ley penal, por ser mas benigna”, relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal, la comparativa entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, conforme al artículo 192 del Código Penal derogado , la pena a imponer por el delito de SECUESTRO era de reclusión de 20 años de privación de libertad de por vida, mientras que la pena regulada en el artículo 240 del Código Penal Vigente el delito de secuestro agravado la pena oscila entre doce (12) a quince (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble tiempo de la condena cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 1)….2)…3)La privación de la libertad exceda de setenta y dos horas (72), 4)…. 5)…. 6)…. 7) El delito se cometa en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 8)…. 9)… , si concurrieran dos (2) o más circunstancias anteriores debe imponer la pena de privación de quince (15) a veinte (20) años, bajo este examen se constató que según los hechos probados se cumplieron las circunstancia contenidas en los numerales 3) y 7) del precitado artículo 240, aún así se puede verificar que la ley derogada es mas gravosa para el condenado y que con base al artículo 96 constitucional, este ente acusador estima que la nueva ley vigente es mas favorable al delincuente por lo que es de la opinión que se otorgue la presente acción de revisión a su favor. III.- Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. IV.- Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal.- El encausado EDWIN REINALDO REYES CARIAS fue sentenciado a la pena de veintidós (22) años de reclusión por la comisión del delito de SECUESTRO mismos que se encuentra cumpliendo en prisión efectiva por sentencia dictada el 16 de junio de 2014, el revisionista solicita se le aplique lo preceptuado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional que dispone: “Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)…..2)…..3)…..4)…..5)…..6)….7)…..8)Procede la aplicación retroactiva de una ley penal, por ser más benigna”, relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal, la sentencia recaída fue fundamentada en el artículo 192 del Código Penal derogado que en su letra dice: “ Será sancionado con la pena de veinte (20) años de privación de libertad de por vida, aún cuando no consiguiere su propósito , quien con violencia intimidación o engaño, u otra forma que vicie el consentimiento , sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera su libertad una o más personas, con cualquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o de las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b) obligue a alguien a que haga o deje de hacer algo; c) Publicitarios o Políticos. Se agrava la pena por haberse configurado lo contemplado en el artículo 194 numeral 2) del Código penal derogado: Si la privación de la libertad se prolonga por mas de veinticuatro (24) horas y como hecho probado en el juicio se comprobó que la víctima estuvo retenida por mas de dicho término y además el numeral 5) Cuando existan amenazas o trato crueles para la persona secuestrada. El nuevo código penal en su artículo 240 dispone: “SECUESTRO AGRAVADO El hecho previsto en el artículo anterior (secuestro)debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)….2)….3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas; 4)….. 5)…..6)… 7) El delito se cometa en el ámbito de un grupo delictivo organizado; en los hechos probados se pudo constatar la concurrencia de los numerales 3 y 7 por lo que se aplica lo que dispone el párrafo último del mismo artículo: Si concurrieren dos o mas de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Haciendo la ponderación de ambas normas la derogada y la actual se aprecia que al condenado efectivamente le favorece la pena contemplada en el Código Penal nuevo artículo 240 ya descrito por lo que esta sala concuerda con el dictamen emitido por el Ministerio Público de que se le aplique retroactivamente la pena más favorable modificando su condena actual de veintidós (22) años de prisión a una pena máxima de veinte (20) años por concurrir las dos circunstancias supra relacionadas. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales:FALLA: Primero: Declara Con Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Iván Alexis Ayala Mejía, a favor del señor Edwin Reinaldo Reyes Carías. Segundo: Se Anula Parcialmente la sentencia definitiva firme dictada en fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil catorce (2014), por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Tercero: Se Reforman las penas impuestas al señor Edwin Reinaldo Reyes Carías, por el delito Secuestro, en perjuicio de Alex Daniel Verde Garay; las cuales deberán leerse de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al señor Edwin Reinaldo Reyes Carías, por ser autor responsable penalmente del delito Secuestro Agravado, en perjuicio de Alex Daniel Verde Garay, a las penas siguientes: i. veinte (20) años de prisión, a la cual deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad por la misma causa criminal y que deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017; ii. Prohibición de residencia por doble tiempo de la condena en su domicilio en este caso el municipio el Distrito Central , por cuarenta (40) años; asimismo, debemos condenar y condenamos al señor Edwin Reinaldo Reyes Carías, como consecuencia de la pena de prisión, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta, así como a la suspensión de la ciudadanía, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2).”. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó …. Notifíquese FIRMA Y SELLO. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre del dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veintiuno de octubre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0292-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL