Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia RP-275-22 — Registro 18323

Resumen

Revisión de Sentencia condenatoria por el delito de extorsión en aplicabilidad del Principio de retroactividad en materia penal, considerando la Sala Constitucional no siendo procedente dictar la aplicación retroactiva de la norma penal vigente, al momento de incoarse la presente garantía de revisión penal; por no resultarle más benigna , que la que se encontraba vigente al momento de dictársele sentencia condenatoria

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

en virtud de no ser más benigna la legislación penal contenida en el Decreto No. 93-2021, la cual se encontraba en vigencia al momento de presentarse la presente garantía constitucional de Revisión Penal. CONSIDERANDO (11): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. II. Que, conforme a las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017 para el delito de Extorsión, el artículo 373 prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; de no concurrir la agravante específica al delito de Extorsión, contenida en el numeral 1) del artículo 374 de la misma norma. De ello se desprendería, que el referido Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, contemplaría, aparentemente, una pena privativa de libertad más benigna, en relación con el delito de Extorsión, según contemplado en el Decreto 144-1983, bajo el cual resultó condenado el ciudadano CARLOS ALEXIS VALIENTE PONCE. No obstante, no puede soslayarse, por parte de la Sala, que tal norma penal fue reformada posteriormente, mediante el Decreto 93-2021, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021, con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. En ese orden de ideas, aun y cuando el garantista, Abogado RAMON MATAMOROS, no lo hubiere peticionado; resulta de obligatoria aplicación la Ley Intermedia en el Recurso de Revisión promovido, en vista al momento temporal en que el recurso fuera promovido; ya que se encontraba en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto el cual incrementa nuevamente las penas, para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. Como bien lo ha indicado la Fiscal para la Defensa de la Constitución, en la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, celebrada ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, en fecha diez de agosto de dos mil veintitrés; no debía otorgarse la acción de revisión en vista a que las disposiciones contenidas en la reforma del Código Penal, en comparando, no resultan más favorables al sentenciado, pues resulta igual a la pena de reclusión impuesta; mientras que, en cuanto a la pena de multa, resultaría ésta más gravosa, incluso, que la que fue impuesta en la sentencia que se revisa. Por todo lo cual, con base a lo establecido en los artículos 53 y 616 del Código Penal vigente, no resultaría aplicable el artículo 96 de la Constitución de la República; en cuanto a la no retroactividad de las leyes penales, salvo en caso de favorabilidad para el procesado, o delincuente. CONSIDERANDO (12): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. En consecuencia, la comparativa de penas entre las dos (2) legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al ciudadano CARLOS ALEXIS VALIENTE PONCE, y el Decreto 93-2021, vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que este último prevé sanciones iguales, o más gravosas, que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83, ahora derogado. Por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley por el delito de EXTORSIÓN, tomando en especial consideración para ello, que el recurso de revisión fue presentado por el garantista en fecha 10 de febrero del año 2022, es decir, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021.CONSIDERANDO (13): Que, la subsunción del caso bajo estudio a través de la garantía constitucional de revisión en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, exige la cumplimentación de los requisitos exigidos, tanto en la norma sustantiva, como en la Ley Sobre Justicia Constitucional; no siendo procedente dictar la aplicación retroactiva de la norma penal vigente, al momento de incoarse la presente garantía de revisión penal; por no resultarle más benigna al señor CARLOS ALEXIS VALIENTE PONCE, que la que se encontraba vigente al momento de dictársele sentencia condenatoria.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

en virtud de no ser más benigna la legislación penal contenida en el Decreto No. 93-2021, la cual se encontraba en vigencia al momento de presentarse la presente garantía constitucional de Revisión Penal. CONSIDERANDO (11): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. II. Que, conforme a las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017 para el delito de Extorsión, el artículo 373 prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; de no concurrir la agravante específica al delito de Extorsión, contenida en el numeral 1) del artículo 374 de la misma norma. De ello se desprendería, que el referido Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, contemplaría, aparentemente, una pena privativa de libertad más benigna, en relación con el delito de Extorsión, según contemplado en el Decreto 144-1983, bajo el cual resultó condenado el ciudadano CARLOS ALEXIS VALIENTE PONCE. No obstante, no puede soslayarse, por parte de la Sala, que tal norma penal fue reformada posteriormente, mediante el Decreto 93-2021, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021, con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. En ese orden de ideas, aun y cuando el garantista, Abogado RAMON MATAMOROS, no lo hubiere peticionado; resulta de obligatoria aplicación la Ley Intermedia en el Recurso de Revisión promovido, en vista al momento temporal en que el recurso fuera promovido; ya que se encontraba en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto el cual incrementa nuevamente las penas, para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. Como bien lo ha indicado la Fiscal para la Defensa de la Constitución, en la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, celebrada ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, en fecha diez de agosto de dos mil veintitrés; no debía otorgarse la acción de revisión en vista a que las disposiciones contenidas en la reforma del Código Penal, en comparando, no resultan más favorables al sentenciado, pues resulta igual a la pena de reclusión impuesta; mientras que, en cuanto a la pena de multa, resultaría ésta más gravosa, incluso, que la que fue impuesta en la sentencia que se revisa. Por todo lo cual, con base a lo establecido en los artículos 53 y 616 del Código Penal vigente, no resultaría aplicable el artículo 96 de la Constitución de la República; en cuanto a la no retroactividad de las leyes penales, salvo en caso de favorabilidad para el procesado, o delincuente. CONSIDERANDO (12): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. En consecuencia, la comparativa de penas entre las dos (2) legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al ciudadano CARLOS ALEXIS VALIENTE PONCE, y el Decreto 93-2021, vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que este último prevé sanciones iguales, o más gravosas, que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83, ahora derogado. Por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley por el delito de EXTORSIÓN, tomando en especial consideración para ello, que el recurso de revisión fue presentado por el garantista en fecha 10 de febrero del año 2022, es decir, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021.CONSIDERANDO (13): Que, la subsunción del caso bajo estudio a través de la garantía constitucional de revisión en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, exige la cumplimentación de los requisitos exigidos, tanto en la norma sustantiva, como en la Ley Sobre Justicia Constitucional; no siendo procedente dictar la aplicación retroactiva de la norma penal vigente, al momento de incoarse la presente garantía de revisión penal; por no resultarle más benigna al señor CARLOS ALEXIS VALIENTE PONCE, que la que se encontraba vigente al momento de dictársele sentencia condenatoria.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Carlos Alexis Valiente Ponce, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia Extorsión, de fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, con relación a la causa que se instruyó contra el señor Carlos Alexis Valiente Ponce, por haber sido condenado por el delito de Extorsión Simple, en perjuicio de Testigo Protegido ZS-026.ANTECEDENTES 1)En fecha treinta de diciembre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, la Abogada Yojana Yamileth Zambrano, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Carlos Alexis Valiente Ponce, por suponerlo responsable del delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido “ZS-026” (Folios 1-3 del antecedente)2)Que en fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic)“… PRIMERO: CONDENANDO al imputado CARLOS ALEXIS VALIENTE PONCE, por haber cometido el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO ZS-026 a la pena de 11 AÑOS 3 MESES DE RECLUSIÓN MÁS UNA PENA DE MULTA DE 37.5 SALARIOS MÍNIMOS, penas que deberá cumplir, en el Centro Penitenciario de Choluteca, ubicado en la Ciudad de Choluteca, quedando obligado por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario.- SEGUNDO: CONDENANDO al imputado CARLOS ALEXIS VALIENTE PONCE, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena. - TERCERO: Se declara la responsabilidad civil del imputado CARLOS ALEXIS VALIENTE PONCE, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. - CUARTO: No procede la condena en costas personales ni procesales. - QUINTO: Que se notifique la presente Sentencia a las Partes intervinientes.” (Folios 67-69 del antecedente)3)En fecha diez de febrero de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Carlos Alexis Valiente Ponce, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), por considerarlo más benigno para su representado; bajo la autorización del precepto constitucional número 186, con relación al artículo 96, numeral 8), de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 1-2 vuelto del recurso)4)En fecha diez de agosto de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante Luis Alonso Discua Cerrato, con la comparecencia de la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Giovinezza Dubois Zavala, en su condición de Apoderada Legal del señor Carlos Alexis Valiente Ponce; El Ministerio Público consideró: “…Esta representación del Ministerio Público, señala que a la fecha en que fue presentado el escrito de Recurso Extraordinario de Revisión Penal (10 de febrero del 2022), el artículo 373 del Código Penal vigente ya había sido reformado mediante el Decreto 93- 2021 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 01 de noviembre del 2021, vigente a partir del día siguiente de su publicación, el cual señala: "Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero...debe ser castigado con la pena de prisión de quince años y multa de quinientos (500) a mil nivel más alto, sin perjuicio de las que por los actos de violencia física (15) a veinte (20) (1000) días en su pudieran imponerse de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte de una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación". A realizar el encuadre de los hechos probados de la sentencia con la reforma penal vigente del delito de extorsión, la pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de prisión, que al ser rebajada en ¼ por la aplicación de la figura del procedimiento abreviado queda en una pena ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE PRISION, observándose que la pena abstracta ésta dentro del mismo rango de la pena impuesta. En relación a la comparación de la pena de multa, el artículo 373 del actual Código Penal impone una multa quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto que rebajada en 4 por haberse aplicado en procedimiento abreviado queda de 375 a 500 días de multa, Equivalente la multa mínima en su valor más alto (375 días x L.5,000.00) para un valor de UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS L.1,875,000.00. En virtud de lo anteriormente expuesto Y tomando en consideración los criterios fijados para la determinación de la ley penal más favorable establecidos en los artículos 53 y 616 del Código Penal, se concluye que la nueva pena de prisión a imponer del artículo 373 del Código Penal vigente resulta igual a la impuesta y la pena de multa es de mayor cuantía que la impuesta en la sentencia objeto del recurso interpuesto. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, por no ser la misma más favorable para el condenado.” (Folios 22-24 vuelto del recurso de mérito)FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada.CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del garantista expuestos en el escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista, Abogado RAMON MATAMOROS, compareció ante esta Sala en fecha diez de febrero de dos mil veintidós, presentando recurso de revisión penal a favor del señor CARLOS ALEXIS VALIENTE PONCE, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, cuyo contenido prescriptivo se transcribe en el Antecedente 2); por la cual se le condena por el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO ZS-026 a la pena de 11 AÑOS 3 MESES DE RECLUSIÓN MÁS UNA PENA DE MULTA DE 37.5 SALARIOS MÍNIMOS; solicitando se le imponga una pena mínima conforme a lo que establece nuestra norma penal en el Decreto 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 10 de mayo del año 2020, en cuyo artículo 373 establece que la pena para el delito de EXTORSIÓN es de 10 a 15 años y multa de 500 días. Tal sería, en resumen, la argumentación jurídica expuesta por las partes comparecientes a la Audiencia de oposición y presentación de pruebas, según se desprende de Antecedentes.CONSIDERANDO (4): Que el artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos:a.Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b.Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a.Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal .b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación, entre lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada; teniendo, como consecuencia, la aplicación de la norma que resulte más favorable.CONSIDERANDO (5): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (6): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, mediante la sentencia emitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión en fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia contra al señor CARLOS ALEXIS VALIENTE PONCE, por la que fue condenado a la pena de 11 AÑOS 3 MESES DE RECLUSIÓN MÁS UNA PENA DE MULTA DE 37.5 SALARIOS MÍNIMOS; condena principal acompañada por las condenas accesorias correspondientes y la respectiva condena por responsabilidad civil. Cabe mencionar que, la revisión penal se ha solicitado conforme a lo normado en el nuevo Código Penal, en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, el cual tipifica el delito de EXTORSIÓN, de la siguiente forma: Artículo 373. “Extorsión. Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyuge, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad”. Debe mencionarse, asimismo, que el artículo 373 del Código Penal vigente, en referencia, fue reformado por medio del Decreto No. 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Núm. 35,760 de fecha uno de noviembre del año 2021, y vigente al día siguiente de su publicación; cuyo nuevo texto dispondría: ARTÍCULO 373.- “EXTORSION. Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga a trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad.La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación” CONSIDERANDO (7): ADSCRIPCIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, la cual, una vez en vigor, forma parte de nuestro derecho interno, comprometiéndose nuestro país como Estado suscriptor originario de la Convención, a respetar los derechos y libertades en ella reconocidos. En su artículo 9, la Convención o Pacto de San José establece el Principio de Legalidad y de Retroactividad, por el cual dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha sostenido que: “… en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo.” -Lo resaltado y subrayado es añadido-. CONSIDERANDO (8): EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD exige que, toda medida limitativa de derechos fundamentales debe encontrarse prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, la Ley penal deberá ser scripta, stricta, certa, praevia y válida; transgrediéndose, de lo contrario, el Principio de Legalidad.CONSIDERANDO (9): CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA LEY INTERMEDIA. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa. Para el jurista René SUAZO LAGOS reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema, otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo.”CONSIDERANDO (10): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. I. Que, del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal, se aprecia que el ciudadano CARLOS ALEXIS VALIENTE PONCE, fue condenado a las penas principales y accesorias puestas de manifiesto en el Antecedente 2) de la presente sentencia (11 AÑOS 3 MESES DE RECLUSIÓN MÁS UNA PENA DE MULTA DE 37.5 SALARIOS MÍNIMOS, en lo relativo a la pena privativa de libertad y de otros derechos). No obstante, considera esta Sala de lo Constitucional que, el caso sub júdice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en aplicación de una ley intermedia; a la luz del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho); el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae (El juzgador conoce el derecho); en virtud de no ser más benigna la legislación penal contenida en el Decreto No. 93-2021, la cual se encontraba en vigencia al momento de presentarse la presente garantía constitucional de Revisión Penal. CONSIDERANDO (11): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. II. Que, conforme a las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017 para el delito de Extorsión, el artículo 373 prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; de no concurrir la agravante específica al delito de Extorsión, contenida en el numeral 1) del artículo 374 de la misma norma. De ello se desprendería, que el referido Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, contemplaría, aparentemente, una pena privativa de libertad más benigna, en relación con el delito de Extorsión, según contemplado en el Decreto 144-1983, bajo el cual resultó condenado el ciudadano CARLOS ALEXIS VALIENTE PONCE. No obstante, no puede soslayarse, por parte de la Sala, que tal norma penal fue reformada posteriormente, mediante el Decreto 93-2021, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021, con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. En ese orden de ideas, aun y cuando el garantista, Abogado RAMON MATAMOROS, no lo hubiere peticionado; resulta de obligatoria aplicación la Ley Intermedia en el Recurso de Revisión promovido, en vista al momento temporal en que el recurso fuera promovido; ya que se encontraba en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto el cual incrementa nuevamente las penas, para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. Como bien lo ha indicado la Fiscal para la Defensa de la Constitución, en la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, celebrada ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, en fecha diez de agosto de dos mil veintitrés; no debía otorgarse la acción de revisión en vista a que las disposiciones contenidas en la reforma del Código Penal, en comparando, no resultan más favorables al sentenciado, pues resulta igual a la pena de reclusión impuesta; mientras que, en cuanto a la pena de multa, resultaría ésta más gravosa, incluso, que la que fue impuesta en la sentencia que se revisa. Por todo lo cual, con base a lo establecido en los artículos 53 y 616 del Código Penal vigente, no resultaría aplicable el artículo 96 de la Constitución de la República; en cuanto a la no retroactividad de las leyes penales, salvo en caso de favorabilidad para el procesado, o delincuente. CONSIDERANDO (12): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. En consecuencia, la comparativa de penas entre las dos (2) legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al ciudadano CARLOS ALEXIS VALIENTE PONCE, y el Decreto 93-2021, vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que este último prevé sanciones iguales, o más gravosas, que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83, ahora derogado. Por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley por el delito de EXTORSIÓN, tomando en especial consideración para ello, que el recurso de revisión fue presentado por el garantista en fecha 10 de febrero del año 2022, es decir, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021.CONSIDERANDO (13): Que, la subsunción del caso bajo estudio a través de la garantía constitucional de revisión en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, exige la cumplimentación de los requisitos exigidos, tanto en la norma sustantiva, como en la Ley Sobre Justicia Constitucional; no siendo procedente dictar la aplicación retroactiva de la norma penal vigente, al momento de incoarse la presente garantía de revisión penal; por no resultarle más benigna al señor CARLOS ALEXIS VALIENTE PONCE, que la que se encontraba vigente al momento de dictársele sentencia condenatoria.PARTE DISPOSITIVA POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 69, 373, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; y Decreto 93-2021 publicado en La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021. FALLA: DECLARANDO SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado RAMON MATAMOROS, a favor del ciudadano CARLOS ALEXIS VALIENTE PONCE. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0275-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL