Sentencia RP-254-22 — Registro 18074
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la Sentencia Condenatoria con relación a la causa que se instruyó por los delitos de extorsión simple en perjuicio de testigo protegido “BB077”.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (14): Que en la parte dispositiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al ciudadano Ronal Josué Castillo López, la pena de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN y MULTA DE 37.5 SALARIOS MÍNIMOS, equivalente a trescientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres lempiras punto setenta y cinco centavos (Lps.386,853.75), en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB077; asimismo las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal; así como también a trabajar durante aquel tiempo en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Nacional Penitenciario, por haber sido encontrado responsable del delito de Extorsión Simple, en perjuicio Testigo Protegido BB077. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Extorsión, previsto en el artículo 373, prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; aplica en el caso en estudio la agravante Específica que concurre en el delito de Extorsión, contenida en el numeral 1) del artículo 374 de la misma norma, cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado, debiendo las penas aumentarse en un tercio (1/3). Si bien el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, disponía penas más benignas en relación con el delito de Extorsión, en comparación con el Decreto 144-1983, con el cual fue condenado el ciudadano Ronal Josué Castillo López, la norma que contiene la tipificación del delito de Extorsión, fue reformada posteriormente mediante Decreto 93-2021, Decreto que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021 y con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial; en ese orden de ideas cuando el garantista peticionó la aplicación de la Ley Intermedia en el Recurso de Revisión promovido, ya se encontraba en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto que de nuevo incrementa las penas para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; concurriendo asimismo la agravante específica de ser el culpable miembro de un grupo delictivo organizado, contenida en el artículo 374, en cuyo caso la pena se debe incrementar en un tercio (1/3), por lo tanto la pena abstracta a imponer quedaría en veinte (20) a veintiséis (26) años, ocho (8) meses de prisión y multa de 1,000 a 1,333 días; Y al aplicar la rebaja de un cuarto (¼) en aplicación al procedimiento abreviado de acuerdo a los parámetros de la sentencia quedaría como pena abstracta a imponer de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y multa de 750 a 1000 días como bien lo indica la Fiscal del Despacho, en la Audiencia de Oposición celebrada, al aplicar el artículo 53 del nuevo Código Penal, que establece el sistema de Días Multa, determinando la cantidad de cinco mil lempiras (Lps.5,000.00) de mayor nivel, en consecuencia, al efectuar el cálculo aritmético en aplicación de la multa mínima de 750 días, correspondería una multa de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 3,750,000.00). La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al ciudadano Ronal Josué Castillo López; Y el Decreto 93-2021, vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 ahora derogado, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal intermedia en favor del ciudadano Ronal Josué Castillo López, en atención a que el recurso de revisión que fue presentado en fecha 08 de febrero del año 2022, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021
Legislación citada
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de mayo de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor RONALD JOSUE CASTILLO LOPEZ, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, en fecha seis (6) de febrero de dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa que se instruyó contra el señor RONALD JOSUE CASTILLO LOPEZ, por los delitos de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “BB077”. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha seis (06) de febrero de dos mil diecinueve (2019), la Fiscal del Ministerio Público, Abogada SANDRA JOAQUIN, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, presentando requerimiento fiscal contra el Señor RONALD JOSUE CASTILLO LOPEZ, por suponerlo responsable a título de autor del delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “BB077”. (Folios 01 al 04 de la pieza de antecedentes del A-quo). 2) Que en fecha (SIC)….”seis (6) de febrero del año dos mil diecinueve (2019)”, el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: (SIC)…“PRIMERO: CONDENANDO al imputado RONAL JOSÚE CASTILLO LÓPEZ, por haber cometido el delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “BB077” a la pena de 11 AÑOS, 3 MESES DE RECLUSION MAS UNA PENA DE MULTA DE 37.5 SALARIOS MINIMOS, COMO PENA PRINCIPAL Y COMO PENAS ACCESORIAS LA INHABILITACION ABSOLUTA Y LA INTERDICCION CIVIL, POR EL TIEMPO QUE DURE SU CONDENA. Pena que deberá cumplir, en el Centro Penitenciario de Morocelí, ubicado en el Paraíso, Departamento de Francisco Morazán, quedando obligado por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario. SEGUNDO: CONDENANDO al imputado RONAL JOSÚE CASTILLO LOPEZ, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena”.- (Folios 51 al 53 de la pieza de antecedentes del A-quo). 3) Que en fecha ocho (8) de febrero del dos mil veintidós (2022), compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado RAMON MATAMOROS, presentando recurso de revisión penal a favor del señor RONAL JOSUE CASTILLO LOPEZ, contra la sentencia condenatoria de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso el en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-02 del recurso) 4) Que en fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de apoderado legal del señor del señor RONALD JOSUE CASTILLO LOPEZ y la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal más favorable a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, concluyó: el Ministerio Público considera no procedente el recurso de revisión interpuesto por el abogado defensor RAMON MATAMOROS a favor el encartado RONAL JOSUE CASTILLO LOPEZ por no ser aplicable en su sentido más favorable el principio de retroactividad de la Ley Penal vigente…”. (Folios 17 al 19 del expediente del recurso de mérito). CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista expone que el Recurso de Revisión Penal consiste en el cambio de la pena concreta que se impuso al ciudadano Ronal Josué Castillo López, a la pena de 11 años tres meses de reclusión y multa de 37.5 salarios mínimos, por la aplicación del Procedimiento Abreviado del artículo 222 del Código Penal derogado, por la reforma vigente del Código Penal, establecida en el artículo 373 del mismo cuerpo legal; en relación con el principio de la retroactividad de la ley penal, establecida en el artículo 615 y 616, por lo que sería más recomendable imponer una pena conforme a lo que establece nuestra norma penal en el Decreto 130-2017, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 10 de mayo del año 2020, en su artículo 373 la pena para el delito de Extorsión es de 10 a 15 años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas se celebró en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil veintitrés (2023), ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado RAMON MATAMOROS, como garantista a favor del ciudadano RONAL JOSEUE CASTILLO LOPEZ y la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra a la parte recurrente, al abogado Ramón Matamoros, para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: Se solicita muy respetuosamente que se aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley penal al señor Ronal Josué Castillo López, por el delito de Extorsión Simple, en perjuicio de Testigo Protegido BB-077, a una pena de once (11) años tres (03) meses de reclusión y una multa de 37.5 salarios mínimos del artículo 222 del Código Penal derogado. Sustituirle la pena y multa por el artículo 373 del Código Penal Decreto 130-2017 (Ley Intermedia), en donde establece que para el delito de Extorsión la pena es de 10 a 15 años y una multa de 500 a 1000 días. Que lo más beneficioso para los intereses personales del condenado es la ley intermedia, en donde se solicita una pena mínima de 7 años 6 meses y una multa de 375 días a razón de 20, equivalente 7,500.00 lempiras; Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, quien hizo uso de la palabra consideró: … De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando que el delito de EXTORSIÓN SIMPLE por el cual se condenó al señor Ronal Josué Castillo López, en aplicación del artículo 222 del Código Penal derogado, que establecía la pena de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan. En el Código Penal vigente regula el delito de EXTORSIÓN en el artículo 373, reformado a través del Decreto 93-2021, sancionado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS EN SU NIVEL MAS ALTO, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; sí producto de lo anterior se causare la muerte de una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad, misma que debe ser aumentada en un tercio (1/3) por concurrir la circunstancia agravante señalada en el numeral 1) del artículo 374, en virtud que los hechos se cometieron en el ámbito de un grupo delictivo organizado, conforme al fallo emitido al sentenciado que se le condenó, resultando que de estas acciones, se penalice con veinte (20) a veintiséis (26) años con ocho (8) meses; lo cual no resulta más favorable al sentenciado. Por otra parte, mientras que el código penal vigente (decreto 130-2017) regula la misma conducta delictiva en el artículo 373 reformado, castigado a la misma pena de prisión de quince a veinte años y multa de quinientos (500) a (1000) mil días en su nivel más alto, que al relacionarlo con el artículo 53, se establece que cada día de multa tiene un valor no menor de veinte lempiras (lps.20.00) ni mayor de cinco mil lempiras (lps.5,000.00) y esta debe ser rebajada en un cuarto (¼) por la aplicación de la figura procesal del procedimiento abreviado quedando en una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de prisión; así como también se le condenó a la pena de multa de treinta y siete punto cinco salarios mínimos (37.5) a su nivel más bajo equivalente a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (LPS.386,853.75); por lo que en relación a dicha condena de multa, al hacer la conversión corresponde también la aplicación de la multa de quinientos (500) a mil (1000) días y que ya estos días al aumentarse el tercio 1/3 por tratarse de un hecho de extorsión agravada como se ha relacionado, resulta una multa de 1000 días a 1333 días y con la rebaja de un cuarto (¼) por la aplicación del Procedimiento Abreviado resulta con una multa de 750 días a 1000 días de multa en su nivel más alto; que al multiplicar (750 días x 5,000 días); resultando una pena de multa correspondiente a imponer de tres millones setecientos cincuenta mil lempiras (3,750,000.00), de conformidad a los criterios establecidos en el artículo 53 y 616 del nuevo código penal. Se concluye entonces que al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los artículos fijados para determinar la ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al Código Penal vigente y en lo que respecta a la pena de multa, la misma resulta más gravosa respecto de la que fue impuesta en la sentencia que se pretende rever, por lo que no es procedente aplicar el principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República. Pronunciamiento Final del Ministerio Público: No procedente la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. CONSIDERANDO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO (7): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2020, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (8): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MÁS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, el ciudadano RONAL JOSUE CASTILLO LOPEZ, fue condenado mediante sentencia definitiva dictada en fecha (SIC)…”seis (6) de febrero del dos mil diecinueve” , por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión , por el delito de Extorsión Simple, tipificado en el Artículo 222 de la norma derogada que disponía: Artículo 222 “Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencias y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes u otros servicios, obligue a una persona natural o jurídica a: 1. Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2. Suscribir documentos para obtener pagos de dinero; 3. Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrá una pena de reclusión de 15 a 20 años y multa de 50 salarios mínimos, más los accesorios jurídicos que correspondan. Si con ocasión de cometerse estos delitos, se da por muerta la víctima, a su cónyuge, a su compañera de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se le impondrá al culpable, la pena de privación de libertad de por vida. La figura de extorsión se considerará un delito de crimen organizado”. La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 373 el delito de Extorsión el que dispone: Artículo 373. “Extorsión. Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyuge, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad”. El artículo 373 del Código Penal vigente, que tipifica el delito de Extorsión, fue reformado por medio del Decreto No. 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta NUM. 35,760 de fecha uno de noviembre del año 2021 y vigente al día siguiente de su publicación; el nuevo texto dispone: ARTÍCULO 373.- “EXTORSION. Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga a trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. CONSIDERANDO (9): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro-CONSIDERANDO (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (11): CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA LEY INTERMEDIA. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisionomía normativa. Para el jurista René Suazo Lagos reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”. CONSIDERANDO (12): Que en el caso sub júdice, el peticionario Abogado Ramón Matamoros, compareció ante este Alto Tribunal en fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que su representado el ciudadano Ronal Josué Castillo López, fue condenado por el delito de Extorsión Simple estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión a saber: prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días- En su petición, el garantista solicita la aplicación de la Ley Intermedia, o sea el Decreto 130-2017 que contiene el Nuevo Código Penal, por contener penas más benignas para el delito de Extorsión, no obstante, a ello de la foliada del escrito de interposición de la Acción Constitucional de Revisión, se advierte que el mismo fue presentado en fecha 08 de febrero del año 2022, cuando se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017, contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión a saber: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto-. En el caso en estudio nos encontramos ante la situación de la promulgación de una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, ello es así pues el ciudadano Ronal Josué Castillo López, fue condenado por el delito de Extorsión Simple, estando vigente el Decreto 144-83; posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal, pero tal petición la realiza en fecha 08 de febrero del año 2022, estando vigente el Decreto 93-2021 que de nuevo aumenta la pena para el delito de extorsión como líneas arriba se dijo. CONSIDERANDO (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I.- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el ciudadano Ronal Josué Castillo Lopez, fue condenado por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, mediante sentencia definitiva y firme, en fecha seis de febrero del año dos mil diecinueve, a la pena principal de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN y MULTA DE 37.5 SALARIOS MÍNIMOS, equivalente a trescientos trecientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres lempiras punto setenta y cinco centavos (Lps.386,853.75), en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB077; así mismo a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal; así como también a trabajar durante aquel tiempo en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Nacional Penitenciario. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia definitiva condenatoria de fecha diecinueve de Octubre del año dos mil diecisiete, a través de la cual se condenó al ciudadano Ronal Josué Castillo López, el Juez aplicó lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de Extorsión Simple. III. Esta Sala considera que el caso sub júdice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en aplicación de una ley intermedia, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal, en virtud de no ser más benigna la ley en vigencia decreto No. 93-2021, ley vigente al momento de la petición de la Garantía Constitucional de Revisión. CONSIDERANDO (14): Que en la parte dispositiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al ciudadano Ronal Josué Castillo López, la pena de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN y MULTA DE 37.5 SALARIOS MÍNIMOS, equivalente a trescientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres lempiras punto setenta y cinco centavos (Lps.386,853.75), en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB077; asimismo las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal; así como también a trabajar durante aquel tiempo en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Nacional Penitenciario, por haber sido encontrado responsable del delito de Extorsión Simple, en perjuicio Testigo Protegido BB077. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Extorsión, previsto en el artículo 373, prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; aplica en el caso en estudio la agravante Específica que concurre en el delito de Extorsión, contenida en el numeral 1) del artículo 374 de la misma norma, cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado, debiendo las penas aumentarse en un tercio (1/3). Si bien el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, disponía penas más benignas en relación con el delito de Extorsión, en comparación con el Decreto 144-1983, con el cual fue condenado el ciudadano Ronal Josué Castillo López, la norma que contiene la tipificación del delito de Extorsión, fue reformada posteriormente mediante Decreto 93-2021, Decreto que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021 y con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial; en ese orden de ideas cuando el garantista peticionó la aplicación de la Ley Intermedia en el Recurso de Revisión promovido, ya se encontraba en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto que de nuevo incrementa las penas para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; concurriendo asimismo la agravante específica de ser el culpable miembro de un grupo delictivo organizado, contenida en el artículo 374, en cuyo caso la pena se debe incrementar en un tercio (1/3), por lo tanto la pena abstracta a imponer quedaría en veinte (20) a veintiséis (26) años, ocho (8) meses de prisión y multa de 1,000 a 1,333 días; Y al aplicar la rebaja de un cuarto (¼) en aplicación al procedimiento abreviado de acuerdo a los parámetros de la sentencia quedaría como pena abstracta a imponer de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y multa de 750 a 1000 días como bien lo indica la Fiscal del Despacho, en la Audiencia de Oposición celebrada, al aplicar el artículo 53 del nuevo Código Penal, que establece el sistema de Días Multa, determinando la cantidad de cinco mil lempiras (Lps.5,000.00) de mayor nivel, en consecuencia, al efectuar el cálculo aritmético en aplicación de la multa mínima de 750 días, correspondería una multa de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 3,750,000.00). La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al ciudadano Ronal Josué Castillo López; Y el Decreto 93-2021, vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 ahora derogado, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal intermedia en favor del ciudadano Ronal Josué Castillo López, en atención a que el recurso de revisión que fue presentado en fecha 08 de febrero del año 2022, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 69, 373, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; y Decreto 93-2021 publicado en La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor RONAL JOSUE CASTILLO LOPEZ; Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha seis de mayo de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-254-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL