Sentencia RP-249-22 — Registro 18584
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria por el delito de extorsión en aplicabilidad del propicio de retroactividad de la ley en materia penal, con relación a la causa que se instruyó contra recurrente, por el delito de Extorsión en perjuicio de Testigo protegido, concluyendo la Sala Constitucional que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en Revisión Penal, se impuso a WILMER ANTONIO ALVAREZ PORTILLO, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos que equivalen a trescientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres lempiras con setenta y cinco centavos (L.386,853.75), por ser autor penalmente responsables de un delito de Extorsión Simple, en perjuicio del testigo protegido “AB-161”; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Wilmer Antonio Álvarez Portillo, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L.2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L.5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L. 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L.1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 Numeral 8 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en Revisión Penal, se impuso a WILMER ANTONIO ALVAREZ PORTILLO, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos que equivalen a trescientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres lempiras con setenta y cinco centavos (L.386,853.75), por ser autor penalmente responsables de un delito de Extorsión Simple, en perjuicio del testigo protegido “AB-161”; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Wilmer Antonio Álvarez Portillo, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L.2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L.5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L. 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L.1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 Numeral 8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor WILMER ANTONIO ALVAREZ PORTILLO, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra el señor WILMER ANTONIO ALVAREZ PORTILLO, por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AB-161”. ANTECEDENTES 1)Que en fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecisiete (2017), la Fiscal del Ministerio Público, Abogada KATIA ZERON, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor WILMER ANTONIO ALVAREZ PORTILLO, por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AB-161”. (Folios 2-5 de la pieza de antecedentes).2)Que continuado que fue el proceso, en fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, dictó Sentencia Definitiva, mediante la cual estableció como hechos probados: “PRIMERO Que en fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete, el testigo protegido AB-161, se presentó a la Fuerza Nacional Anti Extorsión a interponer denuncia, de que hace aproximadamente seis meses está siendo víctima de extorsión por una persona de sexo masculino, a quien se le conoce como alias chino, el cual se identifica como miembro de la mara MS-13, quien mediante amenaza a muerte le exigió la cantidad de 700 lempiras semanales, los días jueves, que esta persona siempre se encuentra cobrando en el boulevard de las fuerzas armadas a la par de la gasolinera uno y que los seis meses siempre ha sido el punto de entrega del dinero producto de la extorsión, por lo que se le asignó el caso a un agente, el cual le asesoró sobre realizar una vigilancia y acta de seriado de dinero y la víctima proporcionó un billete de quinientos lempiras, el día jueves treinta de marzo del año 2017, a las nueve horas se conformó un equipo de investigadores de la Fuerza Nacional Antiextorsión FNA, en donde se dirigieron hacia el boulevard Fuerzas Armadas frente a la gasolinera Uno, con el propósito de realizar vigilancias; y, siendo las nueve y diez de la mañana rápidamente observaron a la persona sospechosa del sexo masculino con las característica brindadas por el testigo protegido, a quien este le entregó el dinero que ya había sido seriado y luego la víctima se retiró del lugar, por lo que se procedió a requerir a la persona encontrándole en la bolsa frontal izquierda del pantalón, un teléfono celular y en la bolsa izquierda del pantalón la cantidad ochocientos lempiras. Asimismo, se Falló: “PRIMERO: CONDENANDO al imputado WILMER ANTONIO ALVAREZ PORTILLO, a la pena principal de ONCE (11) AÑOS Y TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN, como autora del delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB161, y al pago de 37.5 salarios mínimos la que deberá cumplir en el Centro Penitenciario Nacional, Támara, Departamento de Francisco Morazán. -SEGUNDO: También se le condena a WILMER ANTONIO ALVAREZ PORTILLO, como consecuencia de las penas de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena. - TERCERO: ...” (Folios 64 al 66 de la pieza de antecedentes).3)Que en fecha ocho de febrero de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado RAMON MATAMOROS, presentando recurso de revisión penal a favor del señor WILMER ANTONIO ALVAREZ PORTILLO, contra la sentencia condenatoria de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial De Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-04 del recurso).4)Que en fecha diez de agosto de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA, en su condición de apoderado legal del señor WILMER ANTONIO ALVAREZ PORTILLO y la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de Revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). La representante del Ministerio Público, concluyó que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior, por lo fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE el recurso de revisión,…”. (Folios 23 al 25 del recurso de mérito).Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” .CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión penal se celebró en fecha diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA, en favor de WIMER ANTONIO ALVAREZ PORTILLO, como revisionista; y, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de fiscal del Ministerio Público. La Abogada DUBOIS, ratifica el contenido de su solicitud de Revisión y solicita que se le aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal al señor WILMER ANTONIO ALVAREZ PORTILLO por el delito de Extorsión Simple, en perjuicio de testigo Protegido ABN-161, a una pena de 11 años y 3 meses de reclusión y una multa de 37.5 salarios mínimos del artículo 222 del Código Penal derogado, sustituirle la pena y multa por el artículo 373 del Código Penal Decreto 130-2017 (ley Intermedia) en donde establece que para el delito de Extorsión, la pena es de 10-15 años, de multa de 500 a 1000 días. Al igual debe hacerle la rebaja ¼ parte de la pena y multa, por haber aceptado la figura de procedimiento abreviado. Que lo más beneficiosa para los intereses personales de la condena es la ley intermedia, en donde se solicita una pena mínima de 7 años 6 meses de reclusión y una multa 375 días que, a razón de 20, equivalente a L.7,500.00. Se ofrece como medio de prueba la sentencia de mérito, misma que se encuentra incorporada la presente pieza de autos. Por su parte, la Agente Fiscal del Ministerio Público, emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, en virtud de que a la fecha que fue presentado el escrito de Recurso Extraordinario de Revisión Penal (08 de febrero del 2022) el artículo 373 del NCP ya había sido reformado mediante el Decreto 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 01 de noviembre del 2021, vigente a partir del día siguiente de su publicación, el cual señala que se debe castigar por el delito de Extorsión a la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte de una persona se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. El Artículo 374 “AGRAVANTES ESPECIFICAS. Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3 cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o que ejecute el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado. Al realizar el encuadre de los hechos probados de la sentencia con la reforma, se concluye que las nuevas penas a imponer del artículo 373 del Código Penal Vigente, son de mayor cuantía que las impuestas en la sentencia objeto del recurso interpuesto y no le favorece al condenado.CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP 130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP 130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP1 44-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultará a éste para que señale la que más le favorece.CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en Revisión Penal, se impuso a WILMER ANTONIO ALVAREZ PORTILLO, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos que equivalen a trescientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres lempiras con setenta y cinco centavos (L.386,853.75), por ser autor penalmente responsables de un delito de Extorsión Simple, en perjuicio del testigo protegido “AB-161”; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Wilmer Antonio Álvarez Portillo, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L.2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L.5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L. 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L.1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del Agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ramón Matamoros, en favor del señor Wilmer Antonio Álvarez Portillo. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Vallecillo Paredes. Notifíquese. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0249-2022
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL