Sentencia RP-222-22 — Registro 19227
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del principio de retroactividad en materia penal en relación a sentencia condenatoria por el delito de Extorsión Simple, en perjuicio del Testigo Protegido, La Sala Constitucional concluye que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen abstracto de la que se le pudiere imponer en esta sentencia y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 excede por mucho el importe pecuniario impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la multa en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a los señores Jairo Alexander Núñez Amador y Mario Alfredo Juárez Gómez, la pena principal de once (11) años tres (3) meses de reclusión más una pena de multa de 37.5 salarios mínimos como autores del delito de extorsión en perjuicio de Testigo Protegido AB-113; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. La conducta por la cual fueron condenados los señores Jairo Alexander Núñez Amador y Mario Alfredo Juárez Gómez, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No.93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrando en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen abstracto de la pena privativa de libertad que se le pudiere imponer en esta sentencia, y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 excede por mucho el importe pecuniario impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la multa en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a los señores Jairo Alexander Núñez Amador y Mario Alfredo Juárez Gómez, la pena principal de once (11) años tres (3) meses de reclusión más una pena de multa de 37.5 salarios mínimos como autores del delito de extorsión en perjuicio de Testigo Protegido AB-113; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. La conducta por la cual fueron condenados los señores Jairo Alexander Núñez Amador y Mario Alfredo Juárez Gómez, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No.93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrando en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen abstracto de la pena privativa de libertad que se le pudiere imponer en esta sentencia, y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 excede por mucho el importe pecuniario impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la multa en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a los señores Jairo Alexander Núñez Amador y Mario Alfredo Juárez Gómez, la pena principal de once (11) años tres (3) meses de reclusión más una pena de multa de 37.5 salarios mínimos como autores del delito de extorsión en perjuicio de Testigo Protegido AB-113; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. La conducta por la cual fueron condenados los señores Jairo Alexander Núñez Amador y Mario Alfredo Juárez Gómez, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No.93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrando en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen abstracto de la pena privativa de libertad que se le pudiere imponer en esta sentencia, y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 excede por mucho el importe pecuniario impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la multa en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de diciembre de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor de los señores Jairo Alexander Núñez Amador y Mario Alfredo Juárez Gómez, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra los señores Jairo Alexander Núñez Amador y Mario Alfredo Juárez Gómez, por haber sido condenados por el delito de Extorsión Simple, en perjuicio del Testigo Protegido AB-113.ANTECEDENTES 1).-En fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Agente de Tribunales del Ministerio Público, la Abogada Leticia Najar, presentando requerimiento fiscal en contra los señores Jairo Alexander Núñez Amador y Mario Alfredo Juárez Gómez, por suponerlos responsables del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido AB-112. (Folios 2-10 del antecedente).2).- Que en fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: CONDENAR a los encausados MARIO ALFREDO JUAREZ GOMEZ y JAIRO ALEXANDER NUÑEZ AMADOR, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta Sentencia, a la pena principal de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES MAS UNA MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS, como autor del delito de EXTORSION en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO AB113. SEGUNDO: Como consecuencia de la Condena Principal se les condena a penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la pena principal. TERCERO: No procede la condena en costas procesales ni personales, ni gastos ocasionados en el juicio. CUARTO: Se mantienen la medida cautelar contemplada en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal.- Y MANDA: Que si no se interpone recurso alguno contra ésta Sentencia, una vez firme, se libren copias certificadas de la misma al Director del Centro Penitenciario Nacional de Támara; Antecedentes Penales y a la Coordinación de este Juzgado y al Juzgado de Ejecución para los efectos legales correspondientes.-NOTIFIQUESE A LAS PARTES ESTE FALLO…” (Folios 256-258 vuelto del antecedente).3).- En fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor de los señores Jairo Alexander Núñez Amador y Mario Alfredo Juárez Gómez, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para sus representados. (Folios 1-5 vuelto del recurso de mérito).4).- En fecha veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Integrante Aida Patricia Martínez, con la comparecencia de la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Ramón Matamoros, actuando en su condición de Apoderado Legal de los señores Jairo Alexander Núñez Amador y Mario Alfredo Juárez Gómez; El Ministerio Público consideró: “…II. ANÁLISIS JURÍDICO: Alega el recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión que con la entrada en vigencia del decreto 130-2017 publicado en el diario oficial la Gaceta el 10 de mayo del año 2020, en el artículo 373 se tipifica el delito de extorsión cuya pena a imponer es de 10 a 15 años de prisión y una multa de 500 a 1000 días por lo que considera debe ser revisada la sentencia condenatoria que se dictó a sus representados y se aplique el principio de retroactividad de la ley penal, conforme el artículo 15 de Derechos Civiles y Políticos y, el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Esta representación del Ministerio Público, señala que a la fecha en que fue presentado el escrito de Recurso Extraordinario de Revisión Penal (4 de febrero del 2022), el artículo 373 del Código Penal vigente ya había sido reformado mediante el Decreto 93- 2021 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 01 de noviembre del 2021, vigente a partir del día siguiente de su publicación, el cual señala: "Comete el delito de extorsión, quien, con violencia, amenazas 。 intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero... debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte de una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación". El artículo 374 "AGRAVANTES ESPECIFICAS. Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) Si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado…". Conforme al fallo emitido a los sentenciados se les condenó por el delito de extorsión bajo el artículo 222 del decreto 144-83 que señalaba una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan, imponiéndole el juzgador la pena concreta dentro del rango mínimo y rebajada en 4 por haberse sometido al procedimiento abreviado, de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES de reclusión y una multa de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS; puede verse que la descripción del tipo penal de extorsión (arts. 373, 374) con la reforma penal vigente encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica de la sentencia, igualmente en relación con la agravante específica de ser los encausados miembros de un grupo criminal organizado "mara 18" como se lee de los hechos probados circunstancia que conlleva el aumento de las penas a imponer en 1/3, resultando así una pena abstracta a imponer de veinte (20) a veintiséis (26) años, ocho (8) meses de prisión, que al hacer la rebaja de 1/4 por la aplicación de la figura del procedimiento abreviado queda una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión, pena que como se puede apreciar resulta más gravosas que la impuesta en la sentencia que se pretende reveer. En relación a la comparación de la pena de multa el artículo 373 del actual Código Penal impone una multa quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto que con el aumento de un 1/3 haciendo aplicación de la regla establecida en el numeral 1 del artículo 69 del Código Penal resulta en una multa de 1000 a 1333 días, la que a su vez rebajada en 4 por haberse aplicado el procedimiento abreviado resulta en una pena de multa de 750 a 1000. Y al hacer la conversión de días multa en su nivel más alto (750 días x L.5,000.00) resulta una pena de multa de L.3,750,000.00 (TRES MILLONES SETENCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS). Al respecto véase el artículo 53 del Código Penal Vigente que refiere: "PENA DE DÍAS MULTA. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L. 5, 000.00)". En virtud de lo anteriormente expuesto y tomando en consideración los criterios fijados para la determinación de la ley penal más favorable establecidos en los artículos 53 y 616 del Código Penal, se concluye que las nuevas penas a imponer del artículo 373 del Código Penal vigente, son de mayor cuantía que las impuestas en la sentencia objeto del recurso interpuesto. III. EN CONCLUSION: El Ministerio Público considera no procedente el recurso de revisión interpuesto por el abogado defensor RAMON MATAMOROS a favor de los encartados JAIRO ALEXANDER NUÑEZ AMADOR Y MARIO ALFREDO JUAREZ GOMEZ por no ser aplicable en su sentido más favorable el principio de retroactividad de la ley penal vigente…” (Folios 16-18 del recurso de mérito).CONSIDERANDO (1): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (2): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO (3): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Ramón Matamoros, en representación de los señores JAIRO ALEXANDER NUÑEZ AMADOR Y MARIO ALFREDO JUAREZ GOMEZ, como revisionistas; y, la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Ramón Matamoros funda su petición en que se les aplique a sus representados la retroactividad de la Ley Penal, por el delito de extorsión simple, en perjuicio de Testigo Protegido AB-113, a una pena de 11 años, 3 meses y una multa de 37.5 salarios mínimos por haber aceptado la figura de procedimiento abreviado, se le debe de rebajar ¼ parte de la pena y multa del artículo 222 del Código Penal derogado. Sustituirle la pena y multa por el artículo 373 del Código Penal Decreto 130-2017 (Ley Intermedia), en donde se establece que para el delito de Extorsión la pena es de 10-15 años y una multa de 500 al 1000 días. Que lo más beneficioso para los intereses personales de los condenados es la ley intermedia, donde se solicita una pena mínima de 7 años, 6 meses y multa de 375 días a razón de 20 lempiras, equivalente a L.7,500. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis: Que del examen de los antecedentes del caso y alegaciones del recurrente se observa que a los imputados se les condeno por el delito de extorsión bajo el artículo 222 del Decreto 144-83 que señalaba una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan¸ imponiéndole el juzgador la pena concreta dentro del rango mínimo y rebajada en ¼ por haberse sometido al procedimiento abreviado, de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN Y UNA MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS; puede verse que la descripción del tipo penal de extorsión (373, 374) con la reforma penal vigente encuadra con los hechos probaos y fundamentación jurídica de la sentencia, igualmente con relación a la agravante especifica de ser los encausados miembros de un grupo criminal organizado “mara 18”, como se lee de los hechos probados circunstancia que conlleva el aumento de las penas a imponer de 1/3, resultando así una pena abstracta a imponer de veinte (20) años a veintiséis (26) años, ocho (8) meses de prisión, que al hacer la rebaja de ¼ por la aplicación de la figura de procedimiento abreviado queda una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión, pena que como se puede apreciar resulta más gravosa que la impuesta en la sentencia que se pretende reveer.- En relación a la comparación de la pena de multa el artículo 373 del actual Código Penal impone una multa de quinientos (500) a mil (1,000) días en su nivel más alto que con el aumento de 1/3 haciendo aplicación de la regla establecida en el numeral 1 del artículo 69 del Código Penal, resulta en una multa de 1,000 a 1,333 días, la que a su vez rebajada en ¼ por haberse aplicado el procedimiento abreviado resulta en una pena de multa de 750 a 1,000. Y al hacer la conversión de días multa en su nivel más alto (750 días x L.5,000.00) resulta una pena de multa de L.3,700,000.00 (TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS). Al respecto véase el artículo 53 del Código Penal vigente.- En virtud de lo anteriormente expuesto y tomando en consideración los criterios fijados para la determinación de la ley penal más favorable establecidos en los artículos 53 y 616 del Código Penal, se concluye que las nuevas penas a imponer del artículo 373 del Código Pena vigente, son de mayor cuantía que las impuestas en la sentencia objeto del recurso interpuesto.- En CONCLUSIÓN: El Ministerio Público considera no procedente del recurso de revisión interpuesto por el abogado defensor Ramón Matamoros a favor de los encartados JAIRO ALEXANDER NUÑEZ AMADOR Y MARIO ALFRESO JUAREZ GOMEZ, por no ser aplicable en su sentido más favorable al principio de retroactividad de la Ley Penal vigente.CONSIDERANDO (4): Del principio de legalidad y de las reglas generales y particulares de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. * Del principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11.2), en la Declaración de los derechos y Deberes del Hombre (artículos 5 y 15), en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (artículo 9), en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (artículos 6, 9 y 14), en el Código de Conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer y Cumplir la Ley (artículo 1), así como en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades y la Carta Africana Sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. De igual modo, en la Constitución de la República de Honduras se establece en el artículo 84 que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (5): El Principio de Legalidad exige del legislador: a. Que formule las descripciones del delito del modo más preciso posible (Nullum crimen sine lege certa), y, b. Que las leyes no tengan efecto retroactivo (nullum crimen sine lege praevia), salvo cuando le sea más favorable al procesado o condenado. Por otra parte, exige del juzgador: a. Que sus condenas se basen en la ley escrita y no en el derecho consuetudinario (nullum crimen sine lege scripta) y, b. Que no amplíe la ley escrita en perjuicio del afectado (nullum crimen sine lege stricta), la llamada prohibición por analogía. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley que regula las mismas situaciones que la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría a su arbitrio contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad son: a. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; b. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o, c. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más favorable no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. En el texto del artículo 96 de la Constitución Política se establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente al momento del hecho; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior y por la cual estaba siendo juzgada o por la cual fue condenada la persona; y, c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.CONSIDERANDO (6): Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; y, c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales en los siguientes casos: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. * Casos en que no procede la ponderación de norma penal más favorable. El nuevo Código Penal prevé una serie de prohibiciones respecto a la ponderación de la norma más favorable y, en su caso, la aplicación retroactiva de la norma penal sustantiva más favorable. Dichas prohibiciones son: a. Penas ejecutadas (artículo 622): No se hará revisión de penas ejecutadas completamente, salvo para efectos de alegar inexistencia de reincidencia en un nuevo proceso penal; b. Penas a cumplir en vacancia legal (artículo 622): No se hará revisión de las penas cuya fecha de cumplimiento este dentro del periodo de vacancia legal del cp-130-2017; c. Suspensión de la pena y libertad condicional (artículo 618): no se hará revisión de penas suspendidas condicionalmente y penas de personas en libertad condicional conforme el VCP 144-1983, salvo reactivación de la pena por incumplimiento del beneficio; y, d. Responsabilidad civil derivada del delito (artículo 626): La despenalización del delito no afectará los procesos pendientes y los pronunciamientos firmes respecto a la responsabilidad civil derivada.CONSIDERANDO (7): Reglas generales de ponderación. El Código Penal 130-2017 prevé una serie de reglas generales que deben de observarse en el proceso de ponderación ya sea en primera instancia como en la resolución de recursos devolutivos. Dichas reglas generales son: a) Proceso contradictorio: El proceso de ponderación debe de realizarse de manera contradictoria; el artículo 616 indica que es obligatorio emplazar siempre a la persona procesada o condenada, así como a las demás partes, para la celebración de una audiencia que tenga tal efecto. Es excepción de esto los procesos que se encuentren en trámite de un recurso devolutivo, cuyo emplazamiento este hecho por la ley al disponerse la presentación de un escrito supletorio; b) Prohibición de fragmentación: El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera confrontación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 versus todas las normas del Código 130-2017; c) Penas conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (artículo 617 NCP); d) Extinción de la pena por cumplimiento: El artículo 621 indica que el juzgado de ejecución deberá de declarar extinguida la pena y ordenará la libertad inmediata de la persona cuando conforme el NCP144-83 haya cumplido una pena superior a la que señala para ese mismo delito por el NCP130-2017. Es pues que el supuesto requiere: i. Identidad en el tipo de Pena entre ambos cuerpos normativos; y ii. Que se trate de penas no concursadas. Cuando no se cumplan estas dos reglas se deberá de seguir con el procedimiento respecto a penas de distinta naturaleza o penas concursadas; e) Atipicidad: De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 615 del NCP, los hechos tipificados como delitos en el VCP pero que no encuentren su réplica en la nueva codificación, deben de motivar el dictado de un sobreseimiento definitivo en las causas penales activas y la declaratoria de cesación de cumplimiento de pena en las sentencias condenatorias firmes que se estén ejecutando. El sobreseimiento puede ser dictado en cualquier etapa del proceso, siendo la excepción a la regla de que la ponderación se debe de reservar para el momento del juzgamiento; f) Penas privativas de libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (artículo 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentra dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (artículo 621); g) Pena de multa: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa. La aplicación retroactiva se realizará excepcionalmente cuando: i. No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y ii. la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (artículo 619). En caso de encontrar un delito o falta en el VCP coincidente en el supuesto de hecho con uno previsto en el NCP, y que ambos sancionen con multa; y que además proceda la excepción antes explicada, se procederá a la conversión, cuyas reglas son las siguientes: i. Cada salario mínimo impuesto como pena de multa por el VCP144-83 equivaldrá a 10 días multa regulados por el NCP130-2017; ii. Si la pena de multa impuesta por el VCP144-83 es por una cantidad fija, se procederá a realizar la comparación cuantitativa entre ésta y la pena de multa que corresponda conforme el NCP130-2017; h) Penas privativas de derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (artículo 620); y, i) Medidas de seguridad: Respecto a las medidas de seguridad impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (artículo 625). CONSIDERANDO (8): Reglas particulares de ponderación: penas concursadas y penas no concursadas. A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta con base al rigor del VCP 144-83, lo que incluye establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: * Concurso ideal. Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un concurso ideal (artículo 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017. Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; b. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o c. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i. Limite subjetivo, ii. Limite objetivo ordinario; y, iii. Limite objetivo extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. *Delito continuado. En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (artículo 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (artículo 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el concurso ideal. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: a. En primera instancia: a. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. CONSIDERANDO (9): Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cuál es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá qué codificación es la más beneficiosa; o b. En segunda instancia y única instancia: La comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicará la pena que le sea más favorable al procesado y con ello se definirá que cuerpo normativo corresponde aplicar. *Concurso real. Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa. Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: i. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y, ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o iii. Para hacer efectivo el límite subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: *. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior. CONSIDERANDO (10): Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el límite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. b. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: i. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. ii. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: *. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; **. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; ***. Si el concurso real está compuesto por penas conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite objetivo extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. CONSIDERANDO (11): Concurso medial. El concurso medial desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un concurso medial (artículo 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, explicado ut supra; b. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; c. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas. *Penas conjuntas no concursadas. Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a los señores Jairo Alexander Núñez Amador y Mario Alfredo Juárez Gómez, la pena principal de once (11) años tres (3) meses de reclusión más una pena de multa de 37.5 salarios mínimos como autores del delito de extorsión en perjuicio de Testigo Protegido AB-113; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. La conducta por la cual fueron condenados los señores Jairo Alexander Núñez Amador y Mario Alfredo Juárez Gómez, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No.93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrando en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen abstracto de la pena privativa de libertad que se le pudiere imponer en esta sentencia, y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 excede por mucho el importe pecuniario impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la multa en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 105 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMÓN MATAMOROS, en favor del señor JAIRO ALEXANDER NUÑEZ AMADOR Y MARIO ALFREDO JUAREZ GOMEZ. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas, deberá devolver los antecedentes del caso al Juzgado de Ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. - Redacto la MAGISTRADA BUSTILLO HERNÁNDEZ. - NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0222-2022
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL