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Sentencia RP-201-22 — Registro 18062

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal interpuesto contra la Sentencia Condenatoria con relación a la causa que se instruyó por el delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido AC 170.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Norman de Jesús Salgado Martínez, las penas principales de quince (15) años de reclusión y una multa de cincuenta (50) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión Simple. La conducta por la cual fue condenado Norman de Jesús Salgado Martínez, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: de 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto. Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que las nuevas penas no resultan más favorables que las establecidas en el anterior código penal, ya que resulta que la prisión tiene la misma pena abstracta que el anterior código, o sea que resulta también imponible con el actual código y la pena de multa se eleva considerablemente el importe a pagar en comparación con el código penal derogado. 2. En cuanto a la solicitud que hace el recurrente de aplicar retroactivamente de la “ley intermedia”; esta Sala recuerda, que la Constitución de la República establece que: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Para esta sala, la ley intermedia no es una norma vigente, y solo pueden aplicarse leyes de manera retroactiva y que favorezcan a los acusados o condenados cuando sean normas que forman parte de la legislación vigente, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de legalidad, ya que se tomaría en cuenta una ley que al momento de los hechos y al momento del juzgamiento no estaba vigente, aun cuando fuera favorable, por lo que no es procedente en el caso concreto la aplicación de una ley intermedia. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Norman de Jesús Salgado Martínez, las penas principales de quince (15) años de reclusión y una multa de cincuenta (50) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión Simple. La conducta por la cual fue condenado Norman de Jesús Salgado Martínez, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: de 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto. Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que las nuevas penas no resultan más favorables que las establecidas en el anterior código penal, ya que resulta que la prisión tiene la misma pena abstracta que el anterior código, o sea que resulta también imponible con el actual código y la pena de multa se eleva considerablemente el importe a pagar en comparación con el código penal derogado. 2. En cuanto a la solicitud que hace el recurrente de aplicar retroactivamente de la “ley intermedia”; esta Sala recuerda, que la Constitución de la República establece que: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Para esta sala, la ley intermedia no es una norma vigente, y solo pueden aplicarse leyes de manera retroactiva y que favorezcan a los acusados o condenados cuando sean normas que forman parte de la legislación vigente, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de legalidad, ya que se tomaría en cuenta una ley que al momento de los hechos y al momento del juzgamiento no estaba vigente, aun cuando fuera favorable, por lo que no es procedente en el caso concreto la aplicación de una ley intermedia. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Norman de Jesús Salgado Martínez, las penas principales de quince (15) años de reclusión y una multa de cincuenta (50) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión Simple. La conducta por la cual fue condenado Norman de Jesús Salgado Martínez, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: de 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto. Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que las nuevas penas no resultan más favorables que las establecidas en el anterior código penal, ya que resulta que la prisión tiene la misma pena abstracta que el anterior código, o sea que resulta también imponible con el actual código y la pena de multa se eleva considerablemente el importe a pagar en comparación con el código penal derogado. 2. En cuanto a la solicitud que hace el recurrente de aplicar retroactivamente de la “ley intermedia”; esta Sala recuerda, que la Constitución de la República establece que: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Para esta sala, la ley intermedia no es una norma vigente, y solo pueden aplicarse leyes de manera retroactiva y que favorezcan a los acusados o condenados cuando sean normas que forman parte de la legislación vigente, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de legalidad, ya que se tomaría en cuenta una ley que al momento de los hechos y al momento del juzgamiento no estaba vigente, aun cuando fuera favorable, por lo que no es procedente en el caso concreto la aplicación de una ley intermedia. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Norman de Jesús Salgado Martínez, las penas principales de quince (15) años de reclusión y una multa de cincuenta (50) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión Simple. La conducta por la cual fue condenado Norman de Jesús Salgado Martínez, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: de 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto. Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que las nuevas penas no resultan más favorables que las establecidas en el anterior código penal, ya que resulta que la prisión tiene la misma pena abstracta que el anterior código, o sea que resulta también imponible con el actual código y la pena de multa se eleva considerablemente el importe a pagar en comparación con el código penal derogado. 2. En cuanto a la solicitud que hace el recurrente de aplicar retroactivamente de la “ley intermedia”; esta Sala recuerda, que la Constitución de la República establece que: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Para esta sala, la ley intermedia no es una norma vigente, y solo pueden aplicarse leyes de manera retroactiva y que favorezcan a los acusados o condenados cuando sean normas que forman parte de la legislación vigente, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de legalidad, ya que se tomaría en cuenta una ley que al momento de los hechos y al momento del juzgamiento no estaba vigente, aun cuando fuera favorable, por lo que no es procedente en el caso concreto la aplicación de una ley intermedia. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Norman de Jesús Salgado Martínez, las penas principales de quince (15) años de reclusión y una multa de cincuenta (50) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión Simple. La conducta por la cual fue condenado Norman de Jesús Salgado Martínez, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: de 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto. Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que las nuevas penas no resultan más favorables que las establecidas en el anterior código penal, ya que resulta que la prisión tiene la misma pena abstracta que el anterior código, o sea que resulta también imponible con el actual código y la pena de multa se eleva considerablemente el importe a pagar en comparación con el código penal derogado. 2. En cuanto a la solicitud que hace el recurrente de aplicar retroactivamente de la “ley intermedia”; esta Sala recuerda, que la Constitución de la República establece que: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Para esta sala, la ley intermedia no es una norma vigente, y solo pueden aplicarse leyes de manera retroactiva y que favorezcan a los acusados o condenados cuando sean normas que forman parte de la legislación vigente, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de legalidad, ya que se tomaría en cuenta una ley que al momento de los hechos y al momento del juzgamiento no estaba vigente, aun cuando fuera favorable, por lo que no es procedente en el caso concreto la aplicación de una ley intermedia. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: del fallo que literalmente dicen: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de mayo del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Norman de Jesus Salgado Martinez, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, con relación a la causa que se instruyó contra el señor NORMAN DE JESUS SALGADO MARTINEZ, por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC170. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL. “PRIMERO: En fecha lunes veinticinco de abril del año dos mil dieciséis, en horas de la mañana el testigo AC170, compareció a la Fuerza Nacional Antiextorsión, a denunciar que desde hace dos años, está pagando cuatro mil lempiras, semanales en contra de su voluntad, debido a que si no lo hace, la persona que le cobra le manifestó que lo iba a matar. En esa misma fecha fue asesorado por los agentes de investigación, quienes le solicitaron que les facilitara dos billetes de quinientos lempiras, con el fin de seriarlos para hacer una entrega controlada, la que se llevaría a cabo en horas de la tarde. SEGUNDO: Seguidamente se conformaron varios equipos de agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, quienes se ubicaron inmediaciones del Centro de Tegucigalpa, sitio al que llego el Testigo Protegido AC 170, donde una persona del sexo masculino, le solicitó el paquete con el dinero previamente preparado, abordando posteriormente un vehículo el que era conducido por el señor Norman de Jesus Salgado Martínez, dándoles en ese momento persecución los agentes de investigación y detención a unas cuadras más adelante, junto con su acompañante, quien ya le había hecho entrega del dinero que recibió del Testigo Protegido, siendo ambos capturados y puestos a la orden de la autoridad competente.” ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiséis (26) de abril de dos mil dieciséis (2016), la Fiscal del Ministerio Público, Abogada FRANCYS MALDONADO, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando requerimiento fiscal contra los señores NORMAN DE JESUS SALGADO MARTINEZ, por suponerlo responsable a título de autor del delito de EXTORSION contra MILTON ALBAAN HERNANDEZ ORDOÑEZ, por suponerlo responsable a título de autor del delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AC170”. (Folios 01-04 de la pieza de antecedentes). 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: “PRIMERO: Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS al señor NORMAN DE JESUS SALGADO MARTINEZ, a una pena concreta de QUIENCE (15) años de reclusión más una multa de cincuenta (50)salarios mínimos, por un delito de EXTORSION SIMPLE, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AC170”, la que deberá cumplir donde el juez de Ejecución establezca, debiéndosele descontar el tiempo que ha estado en efectiva prisión. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor NORMAN DE JESUS SALGADO MARTINEZ, como consecuencia de una pena de Reclusión a las PENAS ACCESORIAS de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, establecidas en el artículo 63 del Código Penal, por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario…” (Folios 136 al 137 de la pieza de antecedentes) 3) Que en fecha uno de febrero de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado RAMON MATAMOROS, presentando recurso de Revisión Penal a favor del señor NORMAN DE JESUS SALGADO MARTINEZ, contra la sentencia condenatoria de fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-04 del recurso). 4) Que en fecha ocho de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala Constitucional, habiendo comparecido el Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de apoderada legal del señor NORMAN DE JESUS SALGADO MARTINEZ y la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de Revisión en aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). La representante del Ministerio Público, concluyó que en la presente causa no concurre la causal de Revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior, por lo fue de la opinión porque: “SIN LUGAR la presente acción de revisión,”. (Folios 32 al 34 del recurso de mérito). FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal se celebró en fecha ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Norman de Jesús Salgado Martinez, como revisionista; y, la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. El Abogado Ramón Matamoros, solicita la revisión de la pena y que se aplique el principio de retroactividad de la ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigente en el Decreto 130-2017, quien fue condenada por el delito de extorsión simple y se sometieron a un procedimiento abreviado, quedando una pena de 15 años de reclusión y una multa de 50 salarios mínimos; con el nuevo código penal vigente, las penas quedarían en 10 años y una multa de 500 a 1000 días (ley intermedia). Por su parte el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables a la sentenciada, en virtud que la pena a imponer es de mayor cuantía, pues deberá imponérsele una pena entre 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Norman de Jesús Salgado Martínez, las penas principales de quince (15) años de reclusión y una multa de cincuenta (50) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión Simple. La conducta por la cual fue condenado Norman de Jesús Salgado Martínez, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: de 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto. Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que las nuevas penas no resultan más favorables que las establecidas en el anterior código penal, ya que resulta que la prisión tiene la misma pena abstracta que el anterior código, o sea que resulta también imponible con el actual código y la pena de multa se eleva considerablemente el importe a pagar en comparación con el código penal derogado. 2. En cuanto a la solicitud que hace el recurrente de aplicar retroactivamente de la “ley intermedia”; esta Sala recuerda, que la Constitución de la República establece que: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Para esta sala, la ley intermedia no es una norma vigente, y solo pueden aplicarse leyes de manera retroactiva y que favorezcan a los acusados o condenados cuando sean normas que forman parte de la legislación vigente, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de legalidad, ya que se tomaría en cuenta una ley que al momento de los hechos y al momento del juzgamiento no estaba vigente, aun cuando fuera favorable, por lo que no es procedente en el caso concreto la aplicación de una ley intermedia. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 373 por Decreto Legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre de 2021. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ramón Matamoros, en favor del señor NORMAN DE JESUS SALGADO MARTINEZ. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la Magistrada. - VILLELA ZAVALA. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha seis de mayo de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0201-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL