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Sentencia RP-200-22 — Registro 18322

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó por el delito de testaferrato en perjuicio del orden socioeconómico del estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “II. En respuesta a lo antes expuesto, esta Sala aprecia, que el legislador mediante el Decreto Legislativo No. 93-2021, reformo el artículo 439, sin que las mismas fueran extensivas al artículo 442 del mismo cuerpo legal, que contempla el delito de Testaferrato; En tal sentido, la norma sustantiva en el ARTÍCULO 439 dispone. LAVADO DE ACTIVOS: “Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, convierta, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero”. Se puede apreciar de la lectura del citado artículo, que suprime únicamente lo concerniente a: “o que no tenga causa de justificación económica o licita de su procedencia”. Sin embargo, deja incólume un catálogo de delitos precedentes entre ellos el delito de tráfico ilícito de drogas para incurrir en el delito de lavado de activos. III. Aunado a lo anterior, y de la lectura de los hechos probados de la sentencia revisada, se establece “que en el mes de mayo del año 2010, bajo certificación de escritura pública número 18, se hizo la constitución de la sociedad anónima de capital variable, otorgada por MARLA RAMONA NÁJERA RUBI, DINA HERENIA FUNEZ LISSER, YADIR MANZANARES Y JOSE IGNACIO LÓPEZ INVERSIONES TURISTICAS JOYA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con un capital inicial de CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 400,000.00), cada uno, determinándose que las acusadas no tenían la capacidad económica para aportar el capital inicial y solo figuraron en la escritura con su nombre, pues se trató de una fachada como empresa “Eco Parque de Entrenamiento, Explotación Turística Y Zoológico Joya Grande”, creada con la finalidad de lavar activos por parte de los señores Rivera Maradiaga.” Siendo un hecho notorio, que las personas antes relacionadas, se dedicaban al Tráfico Ilícito de Drogas (delito precedente de donde provenían esos bienes de orígen ilícitos), y las imputadas según el fallo revisado, fueron condenadas en estricta conformidad, por prestar sus nombres, constituir empresas para el blanqueo de activos, conducta que se subsume en el delito de Testaferrato, artículo 442, que no fue modificado mediante Decreto Legislativo No. 93-2021, cómo se explicó entre línea, por lo tanto, no se puede aplicar la retroactividad ese decreto al delito de Testaferrato como lo pretende la recurrente. IV. Siguiendo ese orden de ideas, Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, para Otorgar la presente Garantía Constitucional de Revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal por no resultar está, más benigna.”

Legislación citada

  • Código Penal, art. 439 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Penal, art. 442 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los treinta días del mes de enero del año dos mil veinticuatro VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por la Abogada DEXA ESTELA ANTUNEZ FLORES, a favor de las señoras MARLA RAMONA NAJERA RUBI y DINA HERENIA FUNEZ LISSER, contra la sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencias con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha siete de septiembre del año dos mil veinte (2020), con relación a la causa que se instruyó contra la señora MARLA RAMONA NAJERA RUBI Y DINA HERENIA FUNEZ LISSER, por el delito de TESTAFERRATO en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE HONDURAS. A N T E C E D E N T E S 1) Que según los antecedentes, el Tribunal de Sentencias con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó Sentencia en fecha siete (7) de septiembre del año dos mil veinte (2020), mediante la cual: “FALLA:… CUARTO: Que debemos condenar y condenamos al señoras DINA HERENIA FUNEZ LISSER y MARLA RAMONA NAJERA RUBÍ, por el delito de TESTAFERRATO, en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de CINCO AÑOS DE PRISION, debiéndose computar esta pena principal de CINCO AÑOS DE PRISION, debiéndose computar esta pena de prisión, desde el día en que las imputadas fueron aprehendidas por esta causa y la que deberán cumplir en una penitenciaría Nacional, mediante la regulación de la Ley del sistema penitenciario Nacional, asimismo se les condena a la pena principal de 200 DIAS DE MULTA EQUIVALENTES A 20 LEMPIRAS POR CADA DIA DE MULTA, SIENDO UN TOTAL CUATRO MIL LEMPIRAS DE MULTA.- QUINTO: Que debemos condenar y condenamos a las señoras DIANA HERENIA FUNEZ LISSER y MARLA RAMONA NAJERA RUBI, como consecuencia de la pena de prisión a la pena accesoria de INHABILTACION ESPECIAL, la cual suponerla privación del derecho a ejercer actos de comercio, durante el tiempo de la condena de prisión.- SEXTO: No procede condenarle en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- SEPTIMO: Se declara a los condenados CELI ASMERY PASOS GALO, NIXON YADIR MANZANARES MURILLO, DINA HERENIA FUNEZ LISSER y MARLA RAMONA NAJERA RUBI, responsables civilmente como consecuencia proveniente del delito.- OCTAVO: Se ordena el comiso de los bines siguientes: Una propiedad con matricula 399240654040, ubicada en el barrio bella vista en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, la cantidad de L. 32,589.00 ( treinta y dos mil quinientos ochenta y nueve lempiras) y 11 (once) dólares americanos, encontrados en la casa de habitación del señor CELI ASMERY PASOS GALO, la cantidad de L. 23,575.00 (Veintitrés mil quinientos setenta y cinco lempiras) decomisados en la oficina administrativa de la empresa de la empresa Brisas del Mar, propiedad del señor CELI ASMERY PASOS GALO, una propiedad con matricula 550468, ubicada en la aldea pinta de ocote, sector de la Trinidad, Municipio de Yoro, una camioneta con placa PCM9781, Marca Mitsubishi, año 2009, chasis jmyxtcw5w9z00098, a nombre de MARIA RAMONA NAJERA RUBI…”(Folio 1698 al 1705 de la pieza del Tribunal). 2) Que la recurrente Abogada DEXA ESTELA ANTUNEZ FLORES, compareció ante este Tribunal en fecha uno (1) de febrero del año dos mil veintidós (2022) presentando recurso de revisión penal a favor de las señoras MARLA RAMONA NAJERA RIBI ANTUNEZ y DINA HERENIA FUNEZ LISSER, contra la sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha siete (07) de septiembre del año dos mil veinte (2020). 3 ) Que en fecha trece (13) de abril del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada DEXA ESTELA ANTUNEZ FLORES, en su condición de apoderada legal de las MARLA RAMONA NAJERA RUBI Y DINA HERENIA FUNEZ LISSER, y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- fue de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de revisión que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. La recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha trece (13) de abril del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada DEXA ESTELA ANTUNEZ FLORES, en su condición de apoderada legal de las MARLA RAMONA NAJERA RUBI Y DINA HERENIA FUNEZ LISSER, quien manifestó lo siguiente: “…ratificando en cada una de sus partes la acción Constitucional de Revisión Penal de la sentencia firme condenatoria recaída en el proceso criminal que se le siguió a mis representadas por el delito de TESTAFERRATO. Solicitando la revisión de la sentencia condenatoria de carácter firme dictada por el Tribunal de Sentencias con Jurisdicción Nacional en fecha siete (07) de Septiembre de dos mil veinte (2020) de conformidad a lo estipulado en el artículo 96 numeral 8 de La Ley Sobre Justicia Constitucional y especialmente en el artículo 96 de la Constitución de la República que de manera diáfana señala que “la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”, relacionando dichos artículos con los artículos 615 y 616 del Código penal vigente. La retroactividad de la ley más favorable está preceptuada, entre otros instrumentos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 15.1, ya mencionado) y en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sobre este punto, la Corte Interamericana señala que una ley es favorable cuando: a) descarta un tipo penal; b) disminuye —cuantitativa o cualitativamente— la pena anteriormente prevista; c) crea una nueva causa de justificación o de inculpabilidad; o d) prescinde o extingue la persecución penal de ciertas conductas. La Corte Interamericana considera aplicable el principio de retroactividad de la ley penal más favorable con respecto a leyes sancionadas por razones elementales de derecho humano. Lo anterior va dirigido a cambiar la situación de las ciudadanas MARLA RAMONA NÁJERA RUBÍ y DINA HERENIA FÚNEZ LISSER ante la ley y las instituciones que determinan su condición de delincuente. Medios de prueba documentales acreditan fehacientemente que mis poderdantes fueron condenadas a cinco (5) años de Reclusión por la comisión de un delito de TESTAFERRATO en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS de conformidad a lo que disponía el artículo 442 Título XXV, Reptación y Lavado de Activos, del Código Penal vigente contenido en el Decreto 130-2017. Es de público conocimiento que posterior a la condena de las señoras MARLA RAMONA NÁJERA RUBÍ y DINA HERENIA FÚNEZ LISSER se produjo una reforma legislativa al decreto 130-2017, mediante la cual se modificó la configuración del delito de LAVADO DE ACTIVOS, mediante decreto 93-2021, publicado en la gaceta en fecha 02 de noviembre del año dos mil veintiuno, mediante la cual se elimina del aludido artículo 439 la mera no justificación de procedencia de bienes y activos como elemento típico del delito de LAVADO DE ACTIVOS, lo cual implica la despenalización de dicha conducta de no justificación, es decir que deja de ser típica y por lo tanto el Poder Judicial ya no está facultado para seguir manteniendo una condena en contra de mis poderdantes, ya que estas no tienen antecedentes de haber sido condenadas por alguno de la gran cantidad de delitos precedentes para la existencia del delito de lavado de activos, lo cual es sin lugar a dudas un requisito indispensable probar de manera fehaciente la comisión de cualquiera de estos delitos, delitos que no le fueron probados a ninguno de los coimputados en la misma causa, ya que fueron condenados por lavado de activos por la no justificación de la procedencia de sus bienes. El factum de la sentencia que se pretende la revisión describe que mis poderdantes formaban parte del brazo financiero de una estructura criminal sin apuntar a más allá del incremento del patrimonio personal, pues no esclarece el giro criminal que dio origen a esa riqueza. Vale recordar que entre los principios generales del Derecho se encuentra aquel que sostiene que, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es decir, no puede existir una cosa secundaria si no existe una de la cual se deriva, algo de capital relevancia en este caso, dado que resulta claro que pese a que la reforma en cuestión no alteró la sustancia del artículo 442 del Código Penal que comprende el “Testaferrato” este indudablemente está íntimamente ligado al citado artículo 439, por lo que es imposible no hacer caso de él. “ARTÍCULO 442.- TESTAFERRATO. Quien, presta su nombre en actos o contratos reales o simulados, de carácter civil o mercantil, que se refieran a la adquisición, transferencia o administración de bienes que procedan directa o indirectamente de cualquiera de las actividades referidas en el delito de lavado de activos, debe ser castigado con las penas de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y multa de doscientos (200) a quinientos (500) días. Al no especificarse en la sentencia cuál de las actividades punibles que constituyen el Lavado de Activos (artículo 439 C.P.) no puede afirmarse que existe un acto criminal de prestación de nombre. Es posible plantear que para que un acto de testaferraje sea punible éste debe estar provisto de un aspecto volitivo (voluntad para ocultar una calidad. contrato, etc.) y la necesidad de un perjuicio hacia un bien jurídico tutelado. En el nuevo contexto penal “prestar el nombre” es punible solamente si parte de una conducta tipificada como delito por nuestro ordenamiento, ya sea como figura independiente o como modalidad comisiva. Admitir la presente acción; y por último que se profiera sentencia determinando la atipicidad de las acciones por las que fueron condenadas mis representadas, dictando un sobreseimiento definitivo a favor de mis poderdantes por no existir delito.” El Ministerio Público, a través de su agente fiscal Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, expresó lo siguiente: “…Al examinar el fallo sub-judice, se desprende que las sentenciadas aceptaron en estricta conformidad admitieron como hecho probado que en el mes de mayo del año 2010, bajo certificación de escritura pública número 18, constituyeron la sociedad anónima de capital variable INVERSIONES TURISTICAS JOYA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, otorgada por MARLA RAMONA NÁJERA RUBI, DINA HERENIA FUNEZ LISSER, YADIR MANZANARES Y JOSE IGNACIO LÓPEZ, con un capital inicial de CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 400,000.00), determinándose que las acusadas no tenían la capacidad para aportar el capital inicial y solo figuraron en la escritura con su nombre, pues se trató de una fachada como empresa “Eco Parque de Entrenamiento, Explotación Turística Y Zoológico Joya Grande”, creada con la finalidad de lavar activos por parte de los señores Rivera Maradiaga, miembros de la organización criminal conocido como “Los Cachiros”, siendo de público conocimiento que sus cabecillas se entregaron voluntariamente a las autoridades Anti Drogas de los Estados Unidos de Norte América, en virtud de tener procesos en su contra por delitos de Tráfico de Droga transnacional. De lo expuesto, esta representación fiscal es de la opinión que se mantenga la pena impuesta a los hoy condenadas, en virtud que el Decreto 93-2021 no alteró la sustancia del artículo 442 del Código Penal vigente, que regula el tipo penal de TESTAFERRATO; por otra parte, la reforma al artículo 439 del Código Penal que comprende el delito de Lavado de Activo, únicamente derogó lo atinente “O que no tenga causa o justificación económica o licita se su procedencia”, dejando vigente como delito precedente el Tráfico ilícito de Drogas, por el cual están siendo procesados los miembros de la referida organización criminal a favor de quienes prestaron su nombre las sentenciadas para la constitución de una empresa a través de la cual lavaron activos. Sumado a lo anterior, la reforma del delito 439 contraviene disposiciones de carácter convencional al suprimir que no se tengan causa o, justificación económica o lícita de la procedencia del bien, lo que violenta el numeral 7) del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados Partes a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen lícito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno. Asimismo, la Convención de Palermo expone en su artículo 12 numeral 7): “Los Estados Partes podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas”. De ahí que al ser el Estado de Honduras, parte de estos Tratados internacionales constituye obligatoriedad de cumplimiento conforme al principio fundamental que los tratados deben ser cumplidos (PACTA SUNT SERVANDA), contemplado en la convención de Viena de 1969, en el artículo 26: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe”, mismo que lo encontramos consagrado en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, en el párrafo 2 del artículo 2 que dice: ”…sus miembros cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos”. En razón a ello el Ministerio Público solicita a esta Honorable Sala de lo Constitucional aplique el respectivo Control de Convencionalidad y decrete la inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el Decreto 93-2021 en lo atinente “que no tenga causa o justificación económica o lícita de su procedencia, por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte. Aunado a lo anterior, el ente acusador presentó ante la Sala de lo Constitucional recurso de Inconstitucionalidad POR VÍA DE ACCIÓN POR RAZON DE FORMA Y CONTENIDO CONTRA EL DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 93-2021, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA NÚMERO 35,750 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021, POR COLISIONAR CON EL CONTENIDO ESENCIAL DE LOS ARTÍCULOS 16, 18, 63, 232 Y 320 DE NUESTRA LEY FUNDAMENTAL. En tal sentido, no procede aplicar la retroactividad de la Ley Penal solicitada por la revisionista, por no favorecerle la nueva ley sustantiva, en ese sentido pretendido por el recurrente por los argumentos antes expuestos. III. OPINIÓN: El Ministerio Público, con base a lo antes expuesto, es del parecer QUE NO SE OTORGUE.” CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente las señoras MARLA RAMONA NAJERA RUBI Y DINA HERENIA FUNEZ LISSER, fueron condenadas, por el TRIBUNAL DE SENTENCIAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante Sentencia Definitiva Y Firme, de fecha siete de septiembre del año dos mil veinte (2020), a la pena principal de CINCO AÑOS DE PRISION, por el delito de TESTAFERRATO, en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE HONDURAS. Asimismo, se le condenó a la pena principal de 200 DIAS DE MULTA EQUIVALENTES A 20 LEMPIRAS POR CADA DIA DE MULTA, SIENDO UN TOTAL CUATRO MIL LEMPIRAS DE MULTA, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL, por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 442, del CÓDIGO PENAL VIGENTE, que señala lo siguiente: “Quien, presta su nombre en actos o contratos reales o simulados, de carácter civil o mercantil, que se refieran a la adquisición, transferencia o administración de bienes que procedan directa o indirectamente de cualquiera de las actividades referidas en el delito de lavado de activos, debe ser castigado con las penas de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y multa de doscientos (200) a quinientos (500) días.” Estimando que las condenadas cometieron el delito de TESTAFERRATO. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub judice para estimar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando la procedencia de aplicar retroactivamente una nueva norma penal en relación a una derogada y plasmada en la sentencia denominada cosa juzgada; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a las señoras MARLA RAMONA NAJERA RUBI Y DINA HERENIA FUNEZ LISSER, la pena principal de CINCO AÑOS DE PRISION, por el delito de TESTAFERRATO. Asimismo, se le condenó a la pena principal de 200 DIAS DE MULTA EQUIVALENTES A 20 LEMPIRAS POR CADA DIA DE MULTA, SIENDO UN TOTAL CUATRO MIL LEMPIRAS DE MULTA, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL, por el tiempo que dure la condena. I. En cuanto a lo peticionado por la impetrante, sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, a sus representadas y por consiguiente, se dicte un sobreseimiento definitivo a su favor, en virtud que se produjo una reforma legislativa al Código Penal Vigente decreto 130-2017, mediante la cual se modificó la configuración del delito de Lavado de Activos, a través del decreto 93-2021, donde se elimina “ la mera no justificación de procedencia de bienes y activos como elemento típico del delito de LAVADO DE ACTIVOS, lo cual implica la despenalización de dicha conducta de no justificación”, por lo tanto, dicha conducta ha dejado de ser típica, y sus poderdantes, no tienen antecedentes de haber sido condenadas por alguno de delitos precedentes para la existencia del delito de lavado de activos; Expone que la reforma no alteró el artículo 442 que estipula el delito de Testaferrato, pero está ligado al artículo 439 referente al delito de lavado de activos. II. En respuesta a lo antes expuesto, esta Sala aprecia, que el legislador mediante el Decreto Legislativo No. 93-2021, reformo el artículo 439, sin que las mismas fueran extensivas al artículo 442 del mismo cuerpo legal, que contempla el delito de Testaferrato; En tal sentido, la norma sustantiva en el ARTÍCULO 439 dispone. LAVADO DE ACTIVOS: “Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, convierta, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero”. Se puede apreciar de la lectura del citado artículo, que suprime únicamente lo concerniente a: “o que no tenga causa de justificación económica o licita de su procedencia”. Sin embargo, deja incólume un catálogo de delitos precedentes entre ellos el delito de tráfico ilícito de drogas para incurrir en el delito de lavado de activos. III. Aunado a lo anterior, y de la lectura de los hechos probados de la sentencia revisada, se establece “que en el mes de mayo del año 2010, bajo certificación de escritura pública número 18, se hizo la constitución de la sociedad anónima de capital variable, otorgada por MARLA RAMONA NÁJERA RUBI, DINA HERENIA FUNEZ LISSER, YADIR MANZANARES Y JOSE IGNACIO LÓPEZ INVERSIONES TURISTICAS JOYA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con un capital inicial de CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 400,000.00), cada uno, determinándose que las acusadas no tenían la capacidad económica para aportar el capital inicial y solo figuraron en la escritura con su nombre, pues se trató de una fachada como empresa “Eco Parque de Entrenamiento, Explotación Turística Y Zoológico Joya Grande”, creada con la finalidad de lavar activos por parte de los señores Rivera Maradiaga.” Siendo un hecho notorio, que las personas antes relacionadas, se dedicaban al Tráfico Ilícito de Drogas (delito precedente de donde provenían esos bienes de orígen ilícitos), y las imputadas según el fallo revisado, fueron condenadas en estricta conformidad, por prestar sus nombres, constituir empresas para el blanqueo de activos, conducta que se subsume en el delito de Testaferrato, artículo 442, que no fue modificado mediante Decreto Legislativo No. 93-2021, cómo se explicó entre línea, por lo tanto, no se puede aplicar la retroactividad ese decreto al delito de Testaferrato como lo pretende la recurrente. IV. Siguiendo ese orden de ideas, Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, para Otorgar la presente Garantía Constitucional de Revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal por no resultar está, más benigna. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada DEXA ESTELA ANTUNEZ FLORES, a favor de las señoras MARLA RAMONA NAJERA RUBI Y DINA HERENIA FUNEZ LISSER. Y MANDA: Que con certificación de la presente Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de abril de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-200-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL