Sentencia RP-170-22 — Registro 18890
Resumen
Sentencia condenatoria en aplicabilidad del principio de retroactividad en materia penal por el delito de Extorsión y Portación Ilegal de Armas de fuego en perjuicio de Testigo Protegido y la Seguridad Interior del Estado de Honduras; La Sala Constitucional considera que como lo establece el artículo 616 del Código Penal vigente, la cual no admite como beneficiosa la aplicación fragmentada de las dos normas tomando en cuenta que una de ellas le favorece con un delito y en éste caso con el otro delito imputado no le resulta beneficiosa siendo mas gravosa lo que le significa perjuicio y no un beneficio, en tal sentido esta sala al igual que el Ministerio Público considera que no le es favorable la revisión de su sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
evisión penal.- La sentencia venida en revisión en su parte resolutiva dicta las siguientes penas: “PRIMERO: Condenando a ANGEL DAVID CACERES ANDINO, como autor del delito de EXTORSION a la pena principal de ONCE (11) AÑOS Y TRES (3) MESES DE RECLUSION MAS UNA MULTA DE 37.5 SALARIOS MINIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD371; y a la pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSION MAS LA MULTA DE TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA (L. 3,750.00) LEMPIRAS, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, penas que deberá cumplir en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, Francisco Morazán. SEGUNDO: Condenando a ANGEL DAVID CACERES ANDINO, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario por el tiempo que dure la condena. TERCERO: Se declara la RESPONSABILIDAD CIVIL del condenado, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la Sentencia…” El delito de extorsión con fundamente en el artículo 222 del Código Penal derogado y el delito de portación ilegal de arma de fuego prohibida con base en al artículo 332-b del mismo cuerpo legal derogad. Como hecho probado se encuentra: El testigo protegido interpuso denuncia ante la Fuerza Nacional Anti- extorsión manifestando que estaba siendo amenazado de muerte por parte de una persona que se decía ser parte de una banda llamada Los Benjamines y que tenía que pagar L 5,700.00, razón por la cual dicho medio antiextorsión llevo a cabo una entrega controlada el 29 de agosto de 2017 realizando un sereo de billetes los cuales fueron entregados por el testigo protegido AD371 y colocado en un sobre blanco acordando su entrega en las cercanías de las oficinas del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), el testigo protegido llego a la hora acordada e hizo entrega del sobre conteniendo los billetes seriados y allí el condenado a quien le hizo entrega del mismo por lo que viendo todo los miembros de la Fuerza antiextorsión procedieron a su detención y una vez registrado le encontraron el sobre y además una mini Uzi color gris y un aparato celular, por estos hechos el condenado acepto someterse al proceso abreviado aceptando ambos delitos, el revisionista pretende que a su defendido se le aplique una ley intermedia contenido en el Decreto 130-2017, en el artículo 373 establecía una pena de 10 a 15 años de reclusión, pero esta disposición fue reformada por medio del decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrando en vigencia a partir del día siguiente de su publicación quedando de la siguiente manera: “Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”, como podemos observar la reforma a la ley intermedia entró en vigencia en fecha 2 de noviembre de 2021 y el revisionista presentó el recurso en fecha 26 de Enero de 2022 cuando ya se había reformado el artículo 373 del decreto 130-2017 y como expresó el Ministerio Público la pena impuesta en la sentencia de 11 años y 3 meses está prevista dentro de los parámetros de la pena que se le impondría con el Código Penal vigente, sumado a ello si se hace una ponderación aritmética de la multa que establece el Código Penal derogado en contraposición del Código Penal vigente veremos que la multa le es más gravosa con el nuevo Código y le sube sustancialmente la cantidad a pagar de 37.5 salarios mínimos entre 375 y 500 días lo que le equivale a L. 1,875,000.00, o sea que no se cumple el espíritu de la ley al pretender que se aplique la retroactividad de la ley penal en el sentido de que le sea mas favorable al condenado, en cuanto al delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; contenida en el artículo 332-b del Código Penal derogado con una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión MAS UNA MULTA DE CINCO MIL (5,000.00) LEMPIRAS, más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; haciendo el comparativo entre ambos preceptos y siempre buscando lo más favorable al condenado, se observa que en el artículo 580 del actual Código Penal en su numeral 2, cuya pena es de 4 a 6 años por ser una arma de uso prohibido, a la pena máxima de 6 años se le agrega un tercio como lo establece el último párrafo del artículo supra aludido por la portación de arma de fuego sin autorización resulta un rango de 6 a 8 años y a este rango a su pena mínima se le resta un cuarto por haberse sometido el condenado al proceso abreviado que equivale a un (1) año y medio, nos queda una pena imponible de cuatro (4) años seis (6) meses de prisión y tres (3) años de localización permanente y no los seis (6) a los cuales se le condenó, pero como lo establece el artículo 616 del Código Penal vigente, la cual no admite como beneficiosa la aplicación fragmentada de las dos normas tomando en cuenta que una de ellas le favorece el caso de la PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS y en el caso de EXTORSIÓN la multa es mas gravosa lo que le significa perjuicio y no un beneficio, en tal sentido esta sala al igual que el Ministerio Público considera que no le es favorable la revisión de su sentencia.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96N.8 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96N.8 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96N.8 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96N.8 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
evisión penal.- La sentencia venida en revisión en su parte resolutiva dicta las siguientes penas: “PRIMERO: Condenando a ANGEL DAVID CACERES ANDINO, como autor del delito de EXTORSION a la pena principal de ONCE (11) AÑOS Y TRES (3) MESES DE RECLUSION MAS UNA MULTA DE 37.5 SALARIOS MINIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD371; y a la pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSION MAS LA MULTA DE TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA (L. 3,750.00) LEMPIRAS, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, penas que deberá cumplir en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, Francisco Morazán. SEGUNDO: Condenando a ANGEL DAVID CACERES ANDINO, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario por el tiempo que dure la condena. TERCERO: Se declara la RESPONSABILIDAD CIVIL del condenado, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la Sentencia…” El delito de extorsión con fundamente en el artículo 222 del Código Penal derogado y el delito de portación ilegal de arma de fuego prohibida con base en al artículo 332-b del mismo cuerpo legal derogad. Como hecho probado se encuentra: El testigo protegido interpuso denuncia ante la Fuerza Nacional Anti- extorsión manifestando que estaba siendo amenazado de muerte por parte de una persona que se decía ser parte de una banda llamada Los Benjamines y que tenía que pagar L 5,700.00, razón por la cual dicho medio antiextorsión llevo a cabo una entrega controlada el 29 de agosto de 2017 realizando un sereo de billetes los cuales fueron entregados por el testigo protegido AD371 y colocado en un sobre blanco acordando su entrega en las cercanías de las oficinas del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), el testigo protegido llego a la hora acordada e hizo entrega del sobre conteniendo los billetes seriados y allí el condenado a quien le hizo entrega del mismo por lo que viendo todo los miembros de la Fuerza antiextorsión procedieron a su detención y una vez registrado le encontraron el sobre y además una mini Uzi color gris y un aparato celular, por estos hechos el condenado acepto someterse al proceso abreviado aceptando ambos delitos, el revisionista pretende que a su defendido se le aplique una ley intermedia contenido en el Decreto 130-2017, en el artículo 373 establecía una pena de 10 a 15 años de reclusión, pero esta disposición fue reformada por medio del decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrando en vigencia a partir del día siguiente de su publicación quedando de la siguiente manera: “Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”, como podemos observar la reforma a la ley intermedia entró en vigencia en fecha 2 de noviembre de 2021 y el revisionista presentó el recurso en fecha 26 de Enero de 2022 cuando ya se había reformado el artículo 373 del decreto 130-2017 y como expresó el Ministerio Público la pena impuesta en la sentencia de 11 años y 3 meses está prevista dentro de los parámetros de la pena que se le impondría con el Código Penal vigente, sumado a ello si se hace una ponderación aritmética de la multa que establece el Código Penal derogado en contraposición del Código Penal vigente veremos que la multa le es más gravosa con el nuevo Código y le sube sustancialmente la cantidad a pagar de 37.5 salarios mínimos entre 375 y 500 días lo que le equivale a L. 1,875,000.00, o sea que no se cumple el espíritu de la ley al pretender que se aplique la retroactividad de la ley penal en el sentido de que le sea mas favorable al condenado, en cuanto al delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; contenida en el artículo 332-b del Código Penal derogado con una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión MAS UNA MULTA DE CINCO MIL (5,000.00) LEMPIRAS, más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; haciendo el comparativo entre ambos preceptos y siempre buscando lo más favorable al condenado, se observa que en el artículo 580 del actual Código Penal en su numeral 2, cuya pena es de 4 a 6 años por ser una arma de uso prohibido, a la pena máxima de 6 años se le agrega un tercio como lo establece el último párrafo del artículo supra aludido por la portación de arma de fuego sin autorización resulta un rango de 6 a 8 años y a este rango a su pena mínima se le resta un cuarto por haberse sometido el condenado al proceso abreviado que equivale a un (1) año y medio, nos queda una pena imponible de cuatro (4) años seis (6) meses de prisión y tres (3) años de localización permanente y no los seis (6) a los cuales se le condenó, pero como lo establece el artículo 616 del Código Penal vigente, la cual no admite como beneficiosa la aplicación fragmentada de las dos normas tomando en cuenta que una de ellas le favorece el caso de la PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS y en el caso de EXTORSIÓN la multa es mas gravosa lo que le significa perjuicio y no un beneficio, en tal sentido esta sala al igual que el Ministerio Público considera que no le es favorable la revisión de su sentencia.
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor ANGEL DAVID CACERES ANDINO, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA, en fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, con relación a la causa que se instruyó contra el señor ANGEL DAVID CACERES ANDINO, por el delito de EXTORSION Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD-371 Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.ANTECEDENTES 1)Que en fecha treinta (30) de agosto de dos mil quince (2015), la Fiscal del Ministerio Público, Abogada NOEMY BRUNER MONCADA, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, presentando requerimiento fiscal contra el Señor ANGEL DAVID CACERES ANDINO, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION, PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PROHIBIDA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AD371” Y LA SEGURIDAD INTERNA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 02-06 de la pieza de antecedentes).2)Que continuado que fue el proceso, en fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: “PRIMERO: Condenando a ANGEL DAVID CACERES ANDINO, como autor del delito de EXTORSION a la pena principal de ONCE (11) AÑOS Y TRES (3) MESES DE RECLUSION MAS UNA MULTA DE 37.5 SALARIOS MINIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD371; y a la pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSION MAS LA MULTA DE TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA (L. 3,750.00) LEMPIRAS, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, penas que deberá cumplir en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, Francisco Morazán. SEGUNDO: Condenando a ANGEL DAVID CACERES ANDINO, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario por el tiempo que dure la condena. TERCERO: Se declara la RESPONSABILIDAD CIVIL del condenado, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la Sentencia…” (Folios 84 al 87 de la pieza de antecedentes)3)Que en fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado RAMON MATAMOROS, presentando recurso de revisión penal a favor del señor ANGEL DAVID CACERES ANDINO, contra la sentencia condenatoria de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-05 del recurso) 4)Que en fecha veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de apoderada legal del señor ANGEL DAVID CACERES ANDINO y la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, concluyó que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior, por lo fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE el recurso de revisión,…”. (Folios 22 al 24 del recurso de mérito)FUNDAMENTACIÓN I.Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” .II.- En la celebración de la audiencia de Oposición y presentación de pruebas celebrada en fecha veintinueve (29) de Junio de dos mil veintitrés en el Recurso de Revisión interpuesto por el abogado RAMON MATAMOROS a favor del señor ANGEL DAVID CACERES ANDINO contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciséis (2016) con relación a la causa que se le instruyó por los delitos de EXTORSIÓN Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO en perjuicio de Testigo protegido AD371 y la Seguridad Interior del Estado de Honduras, al cederle la palabra al Abogado Matamoros solicita muy respetuosamente que se le aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal a su representado, quien por el delito de Extorsión simple fue condenado a la pena de 11 años y 3 meses y una multa de 37.5 salarios mínimos por haberse acogido a la figura de procedimiento abreviado, al igual que por el delito de Portación Ilegal de Arma de uso prohibido a la pena de 6 años y su respectiva multa de LPS 3,750.00, y pide sustituirle la pena y multa por el artículo 373 y 580 numeral 2) del Código Penal Decreto 130-2017 (Ley Intermedia) en donde establece una pena para el delito de extorsión de 10-15 años y una multa de 500 a 1000 días. Tenencia ilegal de Arma Prohibida una pena de 4 a 6 años y localización permanente de 3 años. Que lo mas beneficioso para los intereses personales del condenado en la Ley Intermedia, en donde la aplicación de las rebajas a las penas y multas de ¼ es de una pena mínima de 7 años 6 meses multa de 375 días que razón de 20, equivalente a 7,500 lempiras, en cuanto a la portación ilegal de armas de uso prohibido es de 4 a 6 años y localización permanente de 3 años, debe aumentarse 1/3, nueva pena es de 6 a 8 años localización permanente de 4, en el cual se hace la rebaja ¼ por aceptar el procedimiento abreviado queda 4 años 6 meses y localización permanente de 3 años.- Seguidamente El Ministerio Público a través de la agente fiscal la abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ en representación, defensa y protección de los intereses generales de la sociedad, refiriéndose al Recurso Extraordinario de Revisión Penal antes relacionado expone: Que sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciséis (2016) con relación a la causa que se le instruyó por los delitos de EXTORSIÓN Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO en perjuicio de Testigo protegido AD371 y la Seguridad Interior del Estado de Honduras en la cual fue condenado a la pena de 11 años y 3 meses y una multa de 37.5 salarios mínimos por haberse acogido a la figura de procedimiento abreviado, al igual que por el delito de Portación Ilegal de Arma de uso prohibido a la pena de 6 años y su respectiva multa de LPS 3,750.00, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, hace el siguiente análisis jurídico: El revisionista solicita que se revea la sentencia condenatoria fundamentando su petición en el principio de retroactividad de la ley penal a favor de los condenados, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Código Penal Vigente, la pena de multa por la cual fue condenado, así como la reclusión es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca tal y como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional (se transcribe el artículo), la sentencia fue dictada en aplicación al artículo 222 del Código Penal derogado era sancionado con una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión y una multa de cincuenta salarios mínimos en su nivel más alto, más las accesorias que corresponde, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia físicas realizadas, mientras que el Código Penal vigente regula esa misma conducta en el artículo 373 reformado, a través del Decreto 93-2022, el cual lo sanciona con la misma pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS DE MULTA EN SU NIVEL MAS ALTO. La pena de multa se impone por el sistema de días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa, su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de veinte lempiras (L.20.00) ni mayor de cinco mil lempiras (l. 5,000.00). En cuanto al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, que era regulado en el artículo 332-b del Código Penal derogado, prescribía una multa de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de la misma, misma conducta que se encuentra contenida en el artículo 580 numeral 1 del Código Penal Vigente, el cual es sancionado con una pena de un (1) a cuatro (4) años de reclusión, aumentada en un tercio 1/3 conforme su último párrafo, resultando una pena de cuatro (4) a cinco (5) años cuatro (4) meses, al revisar lo peticionado por el revisionista, de conformidad a los criterios fijados para determinar la Ley mas favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son mas favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de la libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al Código Penal Vigente a una pena de once (11) años 3 meses de reclusión, sin embargo la pena de multa resulta más gravosa respecto de la que le fue impuesta en la sentencia que se pretende reveer, ya que le correspondería aplicar una multa de 375 a 500 días, que aplicado en su nivel más alto corresponde imponer una multa de L. 1,875,000.00 de conformidad a los criterios establecidos en el artículo 53 y 616 del nuevo Código Penal. De tal suerte que si bien se aprecia una disminución de la pena a imponer por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA, no podemos obviar, la prohibición contenida en el artículo 616 del Código Penal vigente, la cual no admite como beneficiosa la aplicación fragmentada de las dos (2) norma, tomando en cuenta una de ellas que considere le favorece y rechazando lo que le perjudique, por lo que el Ministerio Público se manifiesta porque no se otorgue la presente acción de revisión en los términos supra señalados. II. Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; III. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. IV.- Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal.- La sentencia venida en revisión en su parte resolutiva dicta las siguientes penas: “PRIMERO: Condenando a ANGEL DAVID CACERES ANDINO, como autor del delito de EXTORSION a la pena principal de ONCE (11) AÑOS Y TRES (3) MESES DE RECLUSION MAS UNA MULTA DE 37.5 SALARIOS MINIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD371; y a la pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSION MAS LA MULTA DE TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA (L. 3,750.00) LEMPIRAS, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, penas que deberá cumplir en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, Francisco Morazán. SEGUNDO: Condenando a ANGEL DAVID CACERES ANDINO, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario por el tiempo que dure la condena. TERCERO: Se declara la RESPONSABILIDAD CIVIL del condenado, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la Sentencia…” El delito de extorsión con fundamente en el artículo 222 del Código Penal derogado y el delito de portación ilegal de arma de fuego prohibida con base en al artículo 332-b del mismo cuerpo legal derogad. Como hecho probado se encuentra: El testigo protegido interpuso denuncia ante la Fuerza Nacional Anti- extorsión manifestando que estaba siendo amenazado de muerte por parte de una persona que se decía ser parte de una banda llamada Los Benjamines y que tenía que pagar L 5,700.00, razón por la cual dicho medio antiextorsión llevo a cabo una entrega controlada el 29 de agosto de 2017 realizando un sereo de billetes los cuales fueron entregados por el testigo protegido AD371 y colocado en un sobre blanco acordando su entrega en las cercanías de las oficinas del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), el testigo protegido llego a la hora acordada e hizo entrega del sobre conteniendo los billetes seriados y allí el condenado a quien le hizo entrega del mismo por lo que viendo todo los miembros de la Fuerza antiextorsión procedieron a su detención y una vez registrado le encontraron el sobre y además una mini Uzi color gris y un aparato celular, por estos hechos el condenado acepto someterse al proceso abreviado aceptando ambos delitos, el revisionista pretende que a su defendido se le aplique una ley intermedia contenido en el Decreto 130-2017, en el artículo 373 establecía una pena de 10 a 15 años de reclusión, pero esta disposición fue reformada por medio del decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrando en vigencia a partir del día siguiente de su publicación quedando de la siguiente manera: “Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”, como podemos observar la reforma a la ley intermedia entró en vigencia en fecha 2 de noviembre de 2021 y el revisionista presentó el recurso en fecha 26 de Enero de 2022 cuando ya se había reformado el artículo 373 del decreto 130-2017 y como expresó el Ministerio Público la pena impuesta en la sentencia de 11 años y 3 meses está prevista dentro de los parámetros de la pena que se le impondría con el Código Penal vigente, sumado a ello si se hace una ponderación aritmética de la multa que establece el Código Penal derogado en contraposición del Código Penal vigente veremos que la multa le es más gravosa con el nuevo Código y le sube sustancialmente la cantidad a pagar de 37.5 salarios mínimos entre 375 y 500 días lo que le equivale a L. 1,875,000.00, o sea que no se cumple el espíritu de la ley al pretender que se aplique la retroactividad de la ley penal en el sentido de que le sea mas favorable al condenado, en cuanto al delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; contenida en el artículo 332-b del Código Penal derogado con una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión MAS UNA MULTA DE CINCO MIL (5,000.00) LEMPIRAS, más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; haciendo el comparativo entre ambos preceptos y siempre buscando lo más favorable al condenado, se observa que en el artículo 580 del actual Código Penal en su numeral 2, cuya pena es de 4 a 6 años por ser una arma de uso prohibido, a la pena máxima de 6 años se le agrega un tercio como lo establece el último párrafo del artículo supra aludido por la portación de arma de fuego sin autorización resulta un rango de 6 a 8 años y a este rango a su pena mínima se le resta un cuarto por haberse sometido el condenado al proceso abreviado que equivale a un (1) año y medio, nos queda una pena imponible de cuatro (4) años seis (6) meses de prisión y tres (3) años de localización permanente y no los seis (6) a los cuales se le condenó, pero como lo establece el artículo 616 del Código Penal vigente, la cual no admite como beneficiosa la aplicación fragmentada de las dos normas tomando en cuenta que una de ellas le favorece el caso de la PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS y en el caso de EXTORSIÓN la multa es mas gravosa lo que le significa perjuicio y no un beneficio, en tal sentido esta sala al igual que el Ministerio Público considera que no le es favorable la revisión de su sentencia. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMÓN MATAMOROS, en favor del señor ANGEL DAVID CACERES ANDINO. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES.PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha once de septiembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0170-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL