Sentencia RP-1645-22 — Registro 19321
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria por el delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en aplicabilidad del Principio de Retroactividad de le Ley en materia penal, considerando la Sala Constitucional que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme lo dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso al condenado ALLAN ISAAC MORALES COELLO, las penas principales de trece (13) años y cuatro (4) meses de reclusión, por ser autores penalmente responsables de un delito de Asesinato en su grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de YOCELIN ALEXANDRA LAGOS OSORIO, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad. La conducta por la cual fue condenado Allan Isaac Morales Coello, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Asesinato en su grado de Ejecución de Tentativa (artículo 193 Decreto 130-2017), cuyas penas principales son: prisión de veinte (20) a veinte y cinco (25) años de reclusión y si concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria la pena de prisión debe ser de veinticinco (25) a treinta (30) años. Relacionado con lo establecido en el artículo 21, que dice, que hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito por actos exteriores directa y objetivamente encaminados a su consumación, y este no se produce por causas independientes de la voluntad del agente, esta tentativa puede ser: a) Tentativa Inacabada, que es cuando el agente ejecuta parte de los actos encaminados a producir la consumación del delito, no concluyéndolos por causas ajenas a su voluntad. b) Tentativa Acabada, cuando el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y esta no se produjo; asimismo, el artículo 62 establece, la pena para los autores de tentativa del delito, se les debe imponer la pena del delito consumado rebajada en un cuarto (1/4) si se tratase de tentativa acaba y en un tercio (1/3) en caso de tentativa inacabada y al examinar los hechos del fallo se concluye, que la tentativa realizada por el hoy condenado fue la tentativa acabada, por lo que al hacer la operación aritmética, a la pena a imponer por el delito de Asesinado en su grado de Ejecución de Tentativa, que es de Veinte a Veinticinco Años, a esta pena principal, al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por ser una tentativa acabada (Artículo 62), nos da como resultado una pena de quince (15) a Veinte (20) años de Reclusión, por lo que se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia con el Código Penal Anterior, Decreto 144-83, beneficia más al condenado Allan Isaac Morales Coello, que la pena de prisión que se le impondría con el Código Penal, Decreto 130-2017. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme lo dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el señor Allan Isaac Morales Coello, a favor de Sí Mismo, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, con relación a la causa que se instruyó contra el señor Allan Isaac Morales Coello, por haber sido condenado por el delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de la ciudadana Yocelin Alexandra Lagos Osorio. ANTECEDENTES1)En fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, Abogado Elmer Alvarado, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Allan Isaac Morales Coello, por suponerlo responsable del delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de la ciudadana Yocelin Alexandra Lagos Osorio. (Folios 2-8 del antecedente).2)Que en fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a Allan Isaac Morales Coello, cuyas generales ya han sido anteriormente detalladas, como autor de un delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de YOCELIN ALEXANDRA LAGOS OSORIO, a una pena de TRECE AÑOS CUATRO MESES DE RECLUSION, la que deberá cumplir en el centro penitenciario según lo ordene el juez de ejecución respectivo debiendo abonarse a su favor el tiempo que haya estado en efectiva prisión. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos a Allan Isaac Morales Coello, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO: Se declara la responsabilidad civil del joven Allan Isaac Morales Coello, la que será determinada por el Juez de Ejecución Competente. CUARTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a Allan Isaac Morales Coello. QUINTO: No procede declarar el comiso ya que no se presentó ningún objeto o instrumento del delito. SEXTO: Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales…” (Folios 174-184 del antecedente).3)En fecha catorce de noviembre de dos mil veintidós, esta Sala, tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el señor Allan Isaac Morales Coello, a favor de Sí Mismo, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su persona. (Folios 1-2 del recurso de mérito).4)En fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante Felipe René Speer Laínez, con la comparecencia de la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Martha Yamileth Velásquez, actuando en su condición de Apoderada Legal del señor Allan Isaac Morales Coello. El Ministerio Público consideró: “…II. ANÁLISIS JURÍDICO: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva antes citada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad con el nuevo Código Penal, el delito por el cual fue condenado su representado es sancionado con una pena más baja, por lo que es procedente aplicar la Ley que más le favorezca, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1), 2), 3) 4), 5), 6) 7), 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna...", relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal. De lo expuesto por el revisionista, y al examinar el fallo condenatorio sub- judice se extrae que el señor ALLAN ISAAC MORALES COELLO, fue condenado a una pena de TRECE AÑOS CUATRO MESES de reclusión por el delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA. El código penal vigente establece para estos delitos la siguiente sanción: ARTÍCULO 193. ASESINATO. Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión DE VEINTE (20) A VEINTICINCO (25) AÑOS: Si concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria la pena de prisión debe ser de veinticinco (25) a treinta (30) años. Relacionado con lo establecido en el artículo 21 que literalmente establece: Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito por actos exteriores directa y objetivamente encaminados a su consumación y, este no se produce por causas independientes de la voluntad del agente. Son clases de tentativa: a) Tentativa Inacabada: La tentativa es inacabada cuando el agente ejecuta parte de los actos encaminados a producir la consumación del delito, no concluyéndolos por causas ajenas a su voluntad. b) Tentativa Acabada: La tentativa es acabada cuando el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y esta no se produjo. El artículo 62 establece la Pena para la Tentativa: a los autores de tentativa de delito se les debe imponer la pena del delito consumado rebajada en un cuarto (1/4) si se tratase de tentativa acabada y en un tercio (1/3) en caso de tentativa inacabada. Al examinar el fallo sub-judice y de conformidad a las normas transcritas se extrae que la pena a imponer en el delito de ASESINATO es de VEINTE (20) A VEINTICINCO (25) AÑOS se debe de rebajar un (4) por tratarse de una tentativa acabada, la cual de conformidad a las reglas establecidas en el artículo 69 del nuevo Código Penal, resulta una pena abstracta de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION. Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, que reza: Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. Por lo que concluimos que las disposiciones del actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en tanto no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad en virtud de ser la pena más gravosa, por lo que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Derecho. OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados…” (Folios 42-44 del recurso de mérito).HECHOS PROBADOS “Primero: En fecha uno de julio del año dos mil diecisiete (2017) aproximadamente las dos de la tarde (2:00p. m.) se encontraban los jóvenes, YOCEIN ALEXANDRA LAGOS OSORIO, en compañía de WENDY QUIROZ (conocida como MARISOL), BRENDA QUIROZ Y ALLAN ISAAC MORALES COELLO, en el barrio Las Brisas de la comunidad de Zambrano, departamento de Francisco Morazán, departiendo entre sí, minutos después se produjo una discusión entre el señor Allan Morales y la joven Yocelin Lagos, lo que ocasiono que este le propinara un golpe en la nuca a esta última, por lo que ella decidió retirarse del lugar junto con la joven Wendy Quiroz. SEGUNDO: Alrededor de las cinco (5) de la tarde, mientras se trasladaban Yocelin y Wendy a la casa de habitación de esta última, Wendy decide adelantarse, circunstancia que es aprovechada por el encausado Allan Morales, quien iba tras ellas siguiéndolas, para propinarle una patada en la espalda a la ofendida, producto de lo cual, la misma cayó al suelo, pero en el instante que esta trato de reincorporarse, recibió por parte del señor Allan Isaac Morales Coello, otra patada, esta vez en su rostro, lo que le provoco la perdida de sus incisivos centrales y al mismo tiempo una caída de una pendiente con declive de cuatro punto diez metros (4.10 mts) de alto. TERCERO: No bastando lo anterior, el señor Isaac Morales, bajo unas gradas que se encontraban en las cercanías del lugar, se aproximo a Yocelin Lagos y al verla aun con vida, le propino una tercera patada en la frente dejándola inconsciente, por lo que fue auxiliada por personal de la empresa Covi Honduras, quienes le dieron la asistencia medica primaria y posteriormente la trasladaron al Hospital Escuela Universitario.” FUNDAMENTOS DE DERECHO CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia, aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” El Estado de Honduras, es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que: “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que: “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” .CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal se celebró en fecha veintiuno (21) de Septiembre de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada MARTHA YAMILETH VELASQUEZ, en favor de ALLAN ISAAC MORALES COELLO, como revisionista; y, la Abogada Claudia Suyapa Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. La Abogada MARTHA YAMILETH VELASQUEZ, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, y los artículos 614 Y 615 de la Reforma del Decreto 130-2017, ya que su representado fue condenado con una pena de 13 años, cuatro meses y la pena más favorable es de 13 años de acuerdo a lo establecido en el artículo 193, ya que este delito de asesinato ahora contempla una pena de 20 a 15 años, por lo que solicito que se haga una revisión en cuanto a la pena establecida en la sentencia emitida el dos de marzo. Por su parte, la agente Fiscal del Ministerio Público, emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, en virtud de que la representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en el escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva antes citada, fundamentando su petición en la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad con el nuevo Código Penal, el delito por el cual fue condenado su representado es sancionado con una pena más baja, por lo que es procedente aplicar la Ley que más le favorezca, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1), 2), 3) 4), 5), 6) 7), 8). Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna...", relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal. De lo expuesto por el revisionista, y al examinar el fallo condenatorio sub- judice se extrae que el señor ALLAN ISAAC MORALES COELLO, fue condenado a una pena de TRECE AÑOS CUATRO MESES de reclusión por el delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA. El código penal vigente establece para estos delitos la siguiente sanción: ARTÍCULO 193. ASESINATO. Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión DE VEINTE (20) A VEINTICINCO (25) AÑOS: Si concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria la pena de prisión debe ser de veinticinco (25) a treinta (30) años. Relacionado con lo establecido en el artículo 21 que literalmente establece: Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito por actos exteriores directa y objetivamente encaminados a su consumación y, este no se produce por causas independientes de la voluntad del agente. Son clases de tentativa: a) Tentativa Inacabada: La tentativa es inacabada cuando el agente ejecuta parte de los actos encaminados a producir la consumación del delito, no concluyéndolos por causas ajenas a su voluntad. b) Tentativa Acabada: La tentativa es acabada cuando el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y esta no se produjo. El artículo 62 establece la Pena para la Tentativa: a los autores de tentativa de delito se les debe imponer la pena del delito consumado rebajada en un cuarto (1/4) si se tratase de tentativa acabada y en un tercio (1/3) en caso de tentativa inacabada. Al examinar el fallo sub-judice y de conformidad a las normas transcritas se extrae que la pena a imponer en el delito de ASESINATO es de VEINTE (20) A VEINTICINCO (25) AÑOS se debe de rebajar un (4) por tratarse de una tentativa acabada, la cual de conformidad a las reglas establecidas en el artículo 69 del nuevo Código Penal, resulta una pena abstracta de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION. Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, que reza: Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. Por lo que concluimos que las disposiciones del actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en tanto no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad en virtud de ser la pena más gravosa, por lo que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Derecho. OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de Revisión, en los términos supra señalados…” (Folios 42-44 del recurso de mérito).CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala, previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala, le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso al condenado ALLAN ISAAC MORALES COELLO, las penas principales de trece (13) años y cuatro (4) meses de reclusión, por ser autores penalmente responsables de un delito de Asesinato en su grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de YOCELIN ALEXANDRA LAGOS OSORIO, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad. La conducta por la cual fue condenado Allan Isaac Morales Coello, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Asesinato en su grado de Ejecución de Tentativa (artículo 193 Decreto 130-2017), cuyas penas principales son: prisión de veinte (20) a veinte y cinco (25) años de reclusión y si concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria la pena de prisión debe ser de veinticinco (25) a treinta (30) años. Relacionado con lo establecido en el artículo 21, que dice, que hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito por actos exteriores directa y objetivamente encaminados a su consumación, y este no se produce por causas independientes de la voluntad del agente, esta tentativa puede ser: a) Tentativa Inacabada, que es cuando el agente ejecuta parte de los actos encaminados a producir la consumación del delito, no concluyéndolos por causas ajenas a su voluntad. b) Tentativa Acabada, cuando el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y esta no se produjo; asimismo, el artículo 62 establece, la pena para los autores de tentativa del delito, se les debe imponer la pena del delito consumado rebajada en un cuarto (1/4) si se tratase de tentativa acaba y en un tercio (1/3) en caso de tentativa inacabada y al examinar los hechos del fallo se concluye, que la tentativa realizada por el hoy condenado fue la tentativa acabada, por lo que al hacer la operación aritmética, a la pena a imponer por el delito de Asesinado en su grado de Ejecución de Tentativa, que es de Veinte a Veinticinco Años, a esta pena principal, al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por ser una tentativa acabada (Artículo 62), nos da como resultado una pena de quince (15) a Veinte (20) años de Reclusión, por lo que se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia con el Código Penal Anterior, Decreto 144-83, beneficia más al condenado Allan Isaac Morales Coello, que la pena de prisión que se le impondría con el Código Penal, Decreto 130-2017. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme lo dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el señor Allan Isaac Morales Coello, en favor de sí mismo. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al Juzgado de Ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado VALLECILLO.- Notifíquese. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1645-2022
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL