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Sentencia RP-1630-22 — Registro 19320

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria por cuatro delitos de Asesinato, con una pena de veinte (20) años de prisión por cada delito para hacer un total de ochenta (80) años, misma que se ha de computar desde el día en que fue aprehendido por esta causa. Se denegó el recurso en virtud que la pena impuesta en la sentencia de veinte (20) años por cada delito de asesinato a igual número de personas cometido por el encausado se encuentra subsumido en la misma pena señalada para el delito de asesinato en el actual Código Penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “V. Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso de revisión de la cual se pide la aplicación de la retroactividad de la ley penal por considerar que el nuevo ordenamiento jurídico favorece al imputado, el artículo 66 del nuevo Código Penal dice: “Hay concurso real cuando un mismo sujeto realiza dos o más acciones u omisiones y con ello infringe una misma norma penal varias veces o varias normas penales” en ese orden de ideas encontramos que el imputado le dio muerte de cuatro personas en un mismo acto concurriendo las agravantes de alevosía y ventaja por lo que su acción fue calificada por el juzgador como ASESINATO, nuestro actual Código penal en su artículo 193 dice: ”Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años”, en contraposición con el artículo 117 del Código Penal derogado que fijaba una pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión por el delito de asesinato, en la sentencia el imputado fue condenado a la pena de ochenta (80) años de prisión precisamente por haberle dado muerte a 4 personas en un solo acto concurriendo como hechos probados la declaración de testigos protegidos, actas de levantamiento de cadáveres, acta de decomiso de aparato celular con su respectivo vaciado telefónico, lo que llevo a la conclusión del señor juez que el imputado fue el autor material del hecho…… esta sala considera que la sentencia dictada al condenado esta apegada a derecho y es de la opinión que no se otorgue el recurso extraordinario de revisión penal presentada en virtud que la pena impuesta en la sentencia de veinte (20) años por cada delito de asesinato a igual número de personas cometido por el encausado se encuentra subsumido en la misma pena señalada para el delito de asesinato en el actual Código Penal al señalar una pena mínima de veinte (20) a veinticinco (25) años de reclusión, es decir que si fuese sentenciado con base en este nuevo código penal la sanción imponible para cada uno de los delitos sería siempre de veinte (20) años de reclusión, siguiendo el orden de ideas del artículo 66 del nuevo código Penal establece en su párrafo segundo establece que: “ Al culpable de dos (2) o mas delitos o faltas se le imponen todas las penas correspondientes a las infracciones cometidas para su cumplimiento simultáneo, si fuere posible, atendida la naturaleza y efectos de las mismas.- Si las penas impuestas por las diversas infracciones no pueden ser cumplidas simultáneamente, debe seguirse el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo.- No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el máximo de cumplimiento viene determinado por el triple del tiempo de duración de la más grave de las penas impuestas, que no puede exceder de treinta (30) años”, es decir el límite de cumplimiento de la pena privativa de la libertad en el nuevo Código penal es de treinta (30) años, salvo que una de las penas de prisión impuesta exceda de veinte (20) años, en donde se debe aplicar el límite objetivo extraordinario (40) años. En definitiva, también existe identidad respecto al límite de cumplimiento del tiempo de la pena privativa de libertad entre el Código derogado y el nuevo código, por lo que no se determina según lo que estipula el artículo 616 del nuevo Código como criterio para determinar la ley más favorable al encausado según lo supra indicado en el sentido de la comparación de ambas normas relacionada por la comisión del delito en comento.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada María Elena Fonseca Cruz, a favor del señor José Ernesto Arias Figueroa, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, de fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, con relación a la causa que se instruyó contra el señor José Ernesto Arias Figueroa, por cuatro delitos de Asesinato, en perjuicio de Martin Alexis Mejía Gómez, Carlos Heriberto Mejía, Delia Xiomara Jiménez y Guadalupe Mejía. ANTECEDENTES 1)En fecha siete de agosto de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el Abogado Sahid Alexander Espinal Sauceda, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Martin Alexis Mejía Gómez, Carlos Heriberto Mejía Ochoa y Guadalupe del Carmen Mejía Gómez, por suponerlos responsables del delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Testigo Protegido con clave “DJ06”.2)Que en fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic)“… PRIMERO: QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS al señor JOSÉ ERNESTO ARIAS FIGUEROA cuyas generales ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de CUATRO (4) delitos de ASESINATO CON ALEVOSÍA en perjuicio de los señores MARTIN ALEXIS MEJÍA GÓMEZ, CARLOS HERIBERTO MEJÍA, DELIA XIOMARA JIMÉNEZ, GUADALUPE MEJÍA, con una PENA DE VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN POR CADA DELITO para hacer un total de OCHENTA (80) años, misma que se ha de computar desde el día en que fue aprehendido por esta causa, debiéndola cumplirla en la Penitenciaría Nacional de la ciudad de Danlí departamento de El Paraíso. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor JOSÉ ERNESTO ARIAS FIGUEROA como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA, Por el tiempo que dure la condena, así como también, a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario Nacional. TERCERO: No procede la condena en costas procésales, personales al señor JOSÉ ERNESTO ARIAS FIGUEROA, como tampoco los gastos ocasionados por el juicio. CUARTO: Se declara la responsabilidad Civil del condenado la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. QUINTO: Que se notifique esta sentencia a las partes procesales, haciéndoseles saber que contra la misma cabe interponer el recurso de casación dentro del plazo de veinte (20) días. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos…” (Folios 153-163 del antecedente)2)En fecha nueve de noviembre de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por la Abogada María Elena Fonseca Cruz, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para sus representados. (Folios 1-4 del recurso de mérito)3)En fecha catorce de septiembre de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante Felipe René Speer Laínez, con la comparecencia de la Abogada Sobeida Isabel Zapata Grande, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada María Elena Fonseca Cruz, actuando en su condición de Apoderada Legal del señor José Ernesto Arias Figueroa; El Ministerio Público consideró: “…II. APRECIACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS. Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que la Revisionista en su escrito de interposición. del recurso solicita se revea la Sentencia Definitiva emitida en fecha tres (03) de diciembre del dos mil veintiuno (2021), por el Tribunal de Sentencia de Danlí, el Paraíso, invocando como causa de revisión lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1), 2), 3), 4),5), 6) que el hecho cometido, no es punible O encuadra en una norma más favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo 7) 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna", relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal. Al analizar el antecedente se advierte que la recurrente describe como motivo de revisión el numeral 5) del artículo 96, sin embargo, describe el contendido del numeral 6), lo que produce desacierto en su petitoria; denotándose que la causa invocada no concurre en vista que las acciones ilícitas por las que se condenó se encuentran tipificada en la nueva norma penal vigente; y consecuentemente no logra subsumirse en otra norma que le favorezca. Por otra fallo solicitado en sentenciador concluyó que Figueroa, actuó a Asesinato, contenido parte se aprecia del revisión, que el Tribunal señor José Ernesto Arias título de en autor en el delito del artículo 193 de la norma sustantiva vigente, en tal sentido al haberse aplicado la nueva normativa Penal, no concurre la causal de retroactividad de la ley contenida en el artículo 96.8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional al no cumplirse la disposición del artículo 616 del Código Penal, que establece en el párrafo primero lo siguiente: Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. III. PETICIÓN: Que en atención a las razones anteriormente expuestas, el Ministerio Público, es del parecer que NO PROCEDE el recurso de Revisión planteado en los términos supra señalados.” (Folios 15-17 del recurso de mérito) FUNDAMENTACIÓN I.Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”.El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . II.Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada MARIA ELENA FONSECA CRUZ, en representación de JOSE ERNESTO ARIAS FIGUEROA, como revisionista; y la Abogada SDOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. La abogada MARIA ELENA FONSECA CRUZ ratifica el recurso de revisión penal presentado contra la sentencia de fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno emitida por el tribunal de sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso donde se le condenó a su representado por cuatro delitos de asesinato con alevosía a la pena veinte años de prisión por cada delito para hacer un total de ochenta años, asi como a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena, por lo que de conformidad a la ley de justicia constitucional en su artículo 96 numeral 8 establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado, siendo el caso que nos ocupa que se condenó al imputado conforme al artículo 177 del Código Penal decreto 144-83, que establecía una pena de veinte años de prisión por cada delito sumando ochenta años de prisión y habiendo una nueva norma penal decreto 130-2017 que favorece al reo en virtud que en su artículo 66 de dicho cuerpo legal que dice: Cuando se trate de varias penas impuestas se impone a la configuración de este mismo delito, en su artículo 193 impone a la configuración de asesinato a la pena de veinte a veinticinco años, lo que nos lleva a la razón , de que en aplicación de la retroactividad de la ley comprendida en el numeral 4 del artículo 1 del Código Penal decreto 130-2017, y otras normas asi como la aplicación de la ley mas favorable al reo solicitando se declare con lugar el presente recurso y se proceda a la reforma de la sentencia definitiva condenatoria cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El Ministerio Público a través de su agente fiscal SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE refiriéndose al Recurso de Revisión Penal supra aludido aprecia que al apreciar el antecedente advierte que la recurrente describe como motivo de revisión el numeral 5 del artículo 96,lo que produce desacierto en su petitoria, denotándose que la causa invocada no concurre en vista que las acciones ilícitas por las que se condenó se encuentran tipificadas en la nueva norma penal vigente, y consecuentemente no logra subsumirse en otra norma que le favorezca. Por otra parte se aprecia del fallo solicitado en revisión , que el Tribunal sentenciador concluyó que el señor José Ernesto Arias Figueroa , actúo a título de autor en el delito de asesinato , contenido en el artículo 193 de la norma sustantiva vigente, en tal sentido al haberse aplicado la nueva norma penal, no concurre la causal de retroactividad de la ley penal contenida en el artículo 96.8 de la ley sobre Justicia Constitucional al no cumplirse la disposición del artículo 616 del Código Penal, por lo que es de la opinión que NO SE OTORGUE el recurso planteado. III. Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece.IV.Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso de revisión de la cual se pide la aplicación de la retroactividad de la ley penal por considerar que el nuevo ordenamiento jurídico favorece al imputado, el artículo 66 del nuevo Código Penal dice: “Hay concurso real cuando un mismo sujeto realiza dos o mas acciones u omisiones y con ello infringe una misma norma penal varias veces o varias normas penales” en ese orden de ideas encontramos que el imputado le dio muerte de cuatro personas en un mismo acto concurriendo las agravantes de alevosía y ventaja por lo que su acción fue calificada por el juzgador como ASESINATO, nuestro actual Código penal en su artículo 193 dice: ”Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años”, en contraposición con el artículo 117 del Código Penal derogado que fijaba una pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión por el delito de asesinato, en la sentencia el imputado fue condenado a la pena de ochenta (80) años de prisión precisamente por haberle dado muerte a 4 personas en un solo acto concurriendo como hechos probados la declaración de testigos protegidos, actas de levantamiento de cadáveres, acta de decomiso de aparato celular con su respectivo vaciado telefónico, lo que llevo a la conclusión del señor juez que el imputado fue el autor material del hecho…… esta sala considera que la sentencia dictada al condenado esta apegada a derecho y es de la opinión que no se otorgue el recurso extraordinario de revisión penal presentada en virtud que la pena impuesta en la sentencia de veinte (20) años por cada delito de asesinato a igual número de personas cometido por el encausado se encuentra subsumido en la misma pena señalada para el delito de asesinato en el actual Código Penal al señalar una pena mínima de veinte (20) a veinticinco (25) años de reclusión, es decir que si fuese sentenciado con base en este nuevo código penal la sanción imponible para cada uno de los delitos sería siempre de veinte (20) años de reclusión, siguiendo el orden de ideas del artículo 66 del nuevo código Penal establece en su párrafo segundo establece que: “ Al culpable de dos (2) o mas delitos o faltas se le imponen todas las penas correspondientes a las infracciones cometidas para su cumplimiento simultáneo, si fuere posible, atendida la naturaleza y efectos de las mismas.- Si las penas impuestas por las diversas infracciones no pueden ser cumplidas simultáneamente, debe seguirse el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo.- No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el máximo de cumplimiento viene determinado por el triple del tiempo de duración de la mas grave de las penas impuestas, que no puede exceder de treinta (30) años”, es decir el límite de cumplimiento de la pena privativa de la libertad en el nuevo Código penal es de treinta (30) años, salvo que una de las penas de prisión impuesta exceda de veinte (20) años, en donde se debe aplicar el límite objetivo extraordinario (40) años. En definitiva también existe identidad respecto al límite de cumplimiento del tiempo de la pena privativa de libertad entre el Código derogado y el nuevo código, por lo que no se determina según lo que estipula el artículo 616 del nuevo Código como criterio para determinar la ley mas favorable al encausado según lo supra indicado en el sentido de la comparación de ambas normas relacionada por la comisión del delito en comento. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada MARISA ELENA FONSECA CRUZ, en favor del señor JOSE ERNESTO ARIAS FIGUEROA. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la Magistrada DUBÓN VILLEDA. NOTIFIQUESE WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de abril de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Panel registrado en este Tribunal con el número SCO-1630-2022

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL