Sentencia RP-162-22 — Registro 18293
Resumen
Revisión de Sentencia Condenatoria en aplicabilidad del Principio de retroactividad en materia penal ,con relación a la causa que se instruyó contra recurrente, por el delito de Extorsión Simple en perjuicio de Testigo Protegido, considerando la Sala Constitucional que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Jorge Alberto Núñez Jacome, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido AC 515; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito (conducta tipificada en el artículo 222 del Código Penal derogado). Asimismo, quedó establecido como hechos probados lo siguiente: “manifiesta el testigo protegido AC 515 que hace dos meses está siendo objeto de extorsión, por parte de la banda que se identifica como el combo que no se deja, que llegan al lugar de su trabajo los días martes de cada semana y mediante una persona de sexo masculino aproximadamente entre 50 y 55 años de edad, quien se identifica como parte de la banda, a la vez exige el pago de 300 lempiras por cada unidad de transporte…”. La conducta antes relacionada y por la cual fue condenado JORGE ALBERTO NUÑEZ JACOME, está prevista en el Código Penal 130-2017, en el artículo 373 como delito de extorsión, precepto reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, que establece “Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”, de lo anterior se observa que penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 numeral 8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 numeral 8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Jorge Alberto Núñez Jacome, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido AC 515; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito (conducta tipificada en el artículo 222 del Código Penal derogado). Asimismo, quedó establecido como hechos probados lo siguiente: “manifiesta el testigo protegido AC 515 que hace dos meses está siendo objeto de extorsión, por parte de la banda que se identifica como el combo que no se deja, que llegan al lugar de su trabajo los días martes de cada semana y mediante una persona de sexo masculino aproximadamente entre 50 y 55 años de edad, quien se identifica como parte de la banda, a la vez exige el pago de 300 lempiras por cada unidad de transporte…”. La conducta antes relacionada y por la cual fue condenado JORGE ALBERTO NUÑEZ JACOME, está prevista en el Código Penal 130-2017, en el artículo 373 como delito de extorsión, precepto reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, que establece “Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”, de lo anterior se observa que penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal
Jerarquía: Reiterativa
revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Jorge Alberto Núñez Jacome, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido AC 515; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito (conducta tipificada en el artículo 222 del Código Penal derogado). Asimismo, quedó establecido como hechos probados lo siguiente: “manifiesta el testigo protegido AC 515 que hace dos meses está siendo objeto de extorsión, por parte de la banda que se identifica como el combo que no se deja, que llegan al lugar de su trabajo los días martes de cada semana y mediante una persona de sexo masculino aproximadamente entre 50 y 55 años de edad, quien se identifica como parte de la banda, a la vez exige el pago de 300 lempiras por cada unidad de transporte…”. La conducta antes relacionada y por la cual fue condenado JORGE ALBERTO NUÑEZ JACOME, está prevista en el Código Penal 130-2017, en el artículo 373 como delito de extorsión, precepto reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, que establece “Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”, de lo anterior se observa que penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de junio de dos mil veinticuatro. VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor JORGE ALBERTO NUÑEZ JACOME, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha cuatro (04) de abril de dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa que se instruyó contra el señor JORGE ALBERTO NUÑEZ JACOME, por el delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC-515.ANTECEDENTES 1.En fecha nueve (09) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), el Fiscal del Ministerio Público, Abogado CRISTIAN RODRIGUEZ, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal DE Tegucigalpa, Francisco Morazán, presentando requerimiento fiscal contra el Señor JORGE ALBERTO NUÑEZ JACOME, por suponerlo responsable a título de autor del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AC515”. (Folios 01-05 de la pieza de antecedentes).2.Seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: “1): CONDENA al señor JORGE ALBERTO NUÑEZ JACOME, por haber cometido el delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AC 515” a la pena principal de ONCE (11) AÑOS, TRES (03) MESES DE RECLUSION que se deberán cumplir en el Centro Penitenciario Nacional de Tamara de este departamento, sujetos a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario.- 2) Asimismo se CONDENA al imputado JORGE ALBERTO NUÑEZ JACOME a pagar UNA MULTA DE 37.5 salarios que deberá enterar a la Tesorería General de la Republica. 3) Se CONDENA al imputado JORGE ALBERTO NUÑEZ JACOME a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena. -ESTANDO FIRME ESTA SENTENCIA EN VIRTUD DE HABER RENUNCIADO LAS PARTES A LOS TERMINOS PROCESALES” (Folios 38 al 39 de la pieza de antecedentes).3.El Abogado RAMON MATAMOROS, en representación del señor JORGE ALBERTO NUÑEZ JACOME, compareció ante la Sala de lo Constitucional, en fecha veinticinco de enero de dos mil veintidós, presentado recurso de revisión a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria de fecha cuatro (04) de abril de dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso el en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-05 del recurso). 4.En fecha veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de apoderado legal del señor JORGE ALBERTO NUÑEZ JACOME y la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. (Folios 22 al 24 del recurso de mérito).FUNDAMENTACIÓN I.Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”.El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . II.Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Ramón Matamoros, en representación de Jorge Alberto Núñez Jacome, como revisionista; y, la Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Ramón Matamoros funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que su representado fue condenado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, a una pena de de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido AC 515; ratifica su acción de revisión y pide se aplique el principio de retroactividad de la ley penal intermedia y se imponga a su representado una pena de siete (7) años seis (6) meses de prisión y multa de 375 días que a razón de 20 lempiras, equivalente 7,500 lempiras. Por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, en virtud de que a la fecha de presentación del recurso de revisión (25 de enero de 2022), el artículo 373 del Código Penal vigente, ya ha sido reformado mediante el decreto legislativo 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 01 de noviembre de 2021, vigente a partir del día siguiente de su publicación. Al realizar el encuadre de lo hecho probados de la sentencia con la reforma penal vigente del delito de extorsión, la circunstancia de que al imputado se identificó como miembro del combo de los que no se dejan, amerita se considere como una agravante especial, que aumenta en 1/3 la pena abstracta, resultando un rango de pena de veinte (20) a veintiséis (26) años, ocho (8) meses de prisión, que al ser rebajada en ¼ por la aplicación de la figura del procedimiento abreviado queda un nuevo margen abstracto de quince (15) a veinte (20) años de prisión, en cuanto a la multa se impone de 500 a 1000 días, que aumentado en 1/3 por tratarse de extorsión agravada resulta una multa de 1000 a 1333 días, rebajada en ¼ por aplicación del procedimiento abreviado queda 750 a 1000 días, que al hacer la conversión resulta una multa de 3,750,000.00. En tal sentido, considera que el Código Penal vigente no implica un beneficio para el sentenciado. III. Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. IV. Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Jorge Alberto Núñez Jacome, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido AC 515; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito (conducta tipificada en el artículo 222 del Código Penal derogado). Asimismo, quedó establecido como hechos probados lo siguiente: “manifiesta el testigo protegido AC 515 que hace dos meses está siendo objeto de extorsión, por parte de la banda que se identifica como el combo que no se deja, que llegan al lugar de su trabajo los días martes de cada semana y mediante una persona de sexo masculino aproximadamente entre 50 y 55 años de edad, quien se identifica como parte de la banda, a la vez exige el pago de 300 lempiras por cada unidad de transporte…”. La conducta antes relacionada y por la cual fue condenado JORGE ALBERTO NUÑEZ JACOME, está prevista en el Código Penal 130-2017, en el artículo 373 como delito de extorsión, precepto reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, que establece “Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”, de lo anterior se observa que penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMÓN MATAMOROS, en favor del señor JORGE ALBERTO NUÑEZ JACOME. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNÁNDEZ. NOTIFIQUESE WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha catorce de junio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0162-2022
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL