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Sentencia RP-1484-21 — Registro 17768

Resumen

Se interpuso Recursos de Revisión Penal contra la sentencia que fueron condenados por los delitos de asociación ilícita, portación ilegal de armas de fuego comercial y portación ilegal de armas de fuego prohibidas, en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor GERSON DAVID CRUZ PADILLA fue condenado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante sentencia definitiva y firme de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, por los delitos de: 1) ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la PENA PRINCIPAL de TRECE (13) AÑOS, CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN; 2) PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PROHIBIDAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la PENA PRINCIPAL de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN, más una MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS (L. 5,000.00); asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena principal. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la garantista, que la sentencia condenatoria de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis mediante la cual se condenó al ciudadano GERSON DAVID CRUZ PADILLA, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en los artículos 332 y 332-A del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió los delitos de Asociación Ilícita y Portación Ilegal de Armas Prohibidas. III- Esta Sala considera que el caso sub júdice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma más favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión a favor del condenado GERSON DAVID CRUZ PADILLA. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. IV- Que en relación a la garantía constitucional de revisión penal promovida a favor del señor CARLOS DANIEL CASTRO ROMERO, esta Sala aprecia que efectivamente el señor CASTRO ROMERO fue condenado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante sentencia definitiva y firme de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la PENA PRINCIPAL de TRECE (13) AÑOS, CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN; asimismo fue condenado por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fecha nueve de junio del año dos mil veinte, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Ministerio Público, contra la sentencia de fecha 19 de septiembre del año 2016, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la PENA PRINCIPAL de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal. V- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la garantista, que la sentencia condenatoria de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis mediante la cual se condenó al ciudadano CARLOS DANIEL CASTRO ROMERO, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en los artículos 332 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de Asociación Ilícita; asimismo se constata de la sentencia condenatoria de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, se aplicó lo dispuesto en los artículos 332-B del Código Penal derogado, estimando que el condenado cometió el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial. VI- Esta Sala aprecia que el caso del señor CARLOS DANIEL CASTRO ROMERO no se subsume en la causal número 8 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ello es así porque nos encontraríamos ante un supuesto de fragmentación de norma, lo que resulta contrario a los lineamientos establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, que en sus parámetros de Revisión establece: “CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MÁS FAVORABLE. Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique…”. La fragmentación de la norma se presenta al realizar la comparativa de las penas al caso concreto, en el orden de ideas que al condenado le beneficia lo atinente a la pena que corresponde aplicar por el delito de Asociación para Delinquir, no así la pena que corresponde por el delito de Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego, cuya pena abstracta queda de cuatro (4), a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión, por el aumento de un tercio (1/3) a las penas correspondientes, por el porte de las armas de fuego sin autorización y el señor CARLOS DANIEL CASTRO ROMERO fue condenado a TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial. Por lo estatuido en la norma sustantiva sobre el ámbito de la Revisión, no es admisible hacer uso del Código Penal solo en su parte más conveniente y dejar a salvo lo que no es beneficioso. En este orden de ideas se concluye que la Revisión debe hacerse de manera completa y global, no fragmentada. En el caso que nos ocupa solo se estaría utilizando una parte de la norma no de toda en su conjunto. Bajo estas premisas no procede la Revisión Penal por vía constitucional, quedando a salvo que el recursista pueda solicitar lo que corresponda en instancia siempre y cuando no sea revisión de la sentencia tal y como está configurada en la Constitución de la República y la Ley Sobre Justicia Constitucional. Como corolario de lo anterior, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión a favor del condenado CARLOS DANIEL CASTRO ROMERO. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal en virtud de no ser más benigna. CONSIDERANDO (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor GERSON DAVID CRUZ PADILLA, la pena principal de: 1) TRECE (13) AÑOS, CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN, con la rebaja en la imposición de las penas correspondientes, de un tercio (1/3), en atención a que no fue condenado como jefe o cabecilla de maras o pandilla, por haber sido encontrado responsable como autor del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Se le impuso además las penas principales de 2) OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN, más una MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS (l. 5,000.00), por haber sido encontrado responsable como autor del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PROHIBIDAS, en perjuicio LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Asimismo, fue condenado con las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena principal. Procediéndose, en consecuencia, por la judicatura competente Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y de conformidad al artículo 69 del Código Penal derogado, a la imposición de la pena mínima acorde a la solicitud formulada por el representante del Ministerio Público. En ese orden de ideas y conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto en el artículo 554, prevé una pena abstracta de SEIS (6) A DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DÍAS, a los simples integrantes de la asociación, conforme fue condenado el señor GERSON DAVID CRUZ PADILLA; obteniéndose, por consiguiente, que resulta conforme a derecho imponer al señor GERSON DAVID CRUZ PADILLA, como autor del delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, la pena principal de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE CIEN (100) DÍAS. Asimismo, el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, previsto en el artículo 580, numeral 2), prevé una pena abstracta de CUATRO (4) A SEIS (6) AÑOS Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE HASTA TRES (3) AÑOS, si se trata de armas o municiones prohibidas; con el aumento en la imposición de las penas correspondientes, de un tercio (1/3), en atención a que dichas armas son portadas sin autorización; obteniéndose, por consiguiente, que resulta conforme a derecho imponer al señor GERSON DAVID CRUZ PADILLA, como autor del delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, la pena principal de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN y LOCALIZACIÓN PERMANENTE POR UN AÑO, quedando el penado a someterse a la condición contenida en el Artículo 52, numeral 5) del Código Penal Decreto 130-2017, consistente en: “Obligación de presentarse periódicamente ante el Órgano Jurisdiccional competente”. Siendo en consecuencia que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la Ley penal en favor del señor GERSON DAVID CRUZ PADILLA."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de junio del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en los Recursos de Revisión Penal, interpuestos por los Abogados SIONY GUSTAVO DIAZ PADILLA, LIDENY XIOMARA CARTAGENA RAMOS y DAYSI LILIANA SILVA RODRÍGUEZ: 1° a favor del señor GERSON DAVID CRUZ PADILLA (Reg. No.1484-2021); y, 2° a favor del señor CARLOS DANIEL CASTRO ROMERO (Reg. No.1485-2021); ambas acciones, contra la sentencia dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), en relación a la causa que se instruyó contra los señores CARLOS DANIEL CASTRO ROMERO y GERSON DAVID CRUZ PADILLA, quienes fueron condenados por los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA, PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PROHIBIDAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) En fecha once de febrero del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada VILMA MONOCAL, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores GERSON DAVID CRUZ PADILLA, por suponerlo responsable a título de autor de los delitos de PORTACIÓN DE ARMA PROHIBIDA, POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, ASOCIACIÓN ILÍCITA y FACILITACIÓN DE LOCAL PARA CONSUMO DE DROGA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO y contra CARLOS DANIEL CASTRO ROMERO, por los delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, ASOCIACIÓN ILÍCITA y FACILITACIÓN DE LOCAL PARA CONSUMO DE DROGA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO. (Folios del 1-6 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “… PRIMERO: ABSOLVER al señor CARLOS DANIEL CASTRO ROMERO, de generales anteriormente detalladas, del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIALES, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, del que venía siendo acusado por el Ministerio Público. SEGUNDO: CONDENAR al señor CARLOS DANIEL CASTRO ROMERO, como autor responsable penalmente del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de TRECE (13) AÑOS CON CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN. TERCERO: CONDENAR al señor GERSON DAVID CRUZ PADILLA, de generales anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de TRECE (13) AÑOS CON CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN. CUARTO: CONDENAR al señor GERSON DAVID CRUZ PADILLA, como autor responsable penalmente del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PROHIBIDAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a las penas principales de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN, más una MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS (L. 5,000.00), la que deberá enterar en la Tesorería General de la República o en la institución del Sistema Financiero Nacional autorizado para tal fin. QUINTO: Como consecuencia de las penas de reclusión, se condena a los señores GERSON DAVID CRUZ PADILLA y CARLOS DANIEL CASTRO ROMERO, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena principal. SEXTO: Los condenados deberán cumplir las penas en el establecimiento penal que corresponda conforme a la ley, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, descontándose el tiempo que se ha encontrado privado de libertad por esta causa. En el caso de GERSON DAVID CRUZ PADILLA, deberá cumplir las penas de reclusión una en pos de otra iniciando por la de mayor gravedad. SÉPTIMO: Se declara a los condenados responsables civilmente. OCTAVO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. NOVENO: Se declara el comiso de los siguientes objetos: 1) un fusil modelo T65, calibre 5,56 MM, número de serie 173377; 2) una pistola, marca CZ. modelo CZ75B, calibre .40 S&W, serie A9340X y, 3) una pistola, marca BROWNING, modelo HIGH POWER, CALIBRE 9mm, SERIE T156848, todas las armas con sus respectivos cargadores; 4) un chaleco de color negro con la leyenda POLICÍA NACIONAL; 5) un teléfono móvil, marca BlackBerry, color negro, modelo 9320; y, 6) un teléfono celular marca Samsung, modelo GTE1205L. En lo que respecta a las armas de naturaleza comercial (pistolas) y los teléfonos móviles, se declara su comiso, sin perjuicio que se le devuelvan a un tercero no responsable de los hechos que acredite su propiedad. DÉCIMO: Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales. ASÍ LO PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS…” (Folios del 294-305fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) En fecha veintisiete de octubre del año dos mil dieciséis, el Abogado Franklin Gerardo Flores, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, interponiendo Recurso de Casación por Infracción de Ley, en contra del Fallo dictado el diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), que se relaciona en el acápite anterior. (Folios del 311-314 de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) Que, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, promovido por el Ministerio Público en contra de la sentencia de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, dictó sentencia en fecha nueve (9) de junio del año dos mil veinte (2020), mediante la cual falló: (Sic) “… 1) Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Franklin Gerardo Flores, en su condición de fiscal del Ministerio Público. 2) Casa parcialmente la sentencia de fecha diecinueve de septiembre del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en lo que respecta al acápite primero de la parte dispositiva, el cual deberá leerse de la siguiente manera: “PRIMERO: Que debemos condenar y al efecto condenamos, al acusado Carlos Daniel Castro Romero, como autor responsable penalmente del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena principal de tres (3) años de reclusión, la cual deberá cumplir en el establecimiento penitenciario que determine el juez de ejecución competente, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Asimismo, se le condena a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal.” 3) Se mantiene incólume la sentencia en sus demás pronunciamientos y resoluciones. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal respecto a los pronunciamientos judiciales que han adquirido el carácter de firme y además de librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial…” (Folios del 323-325fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 5) En fecha quince de diciembre del año dos mil veintiuno, comparecieron ante la Sala de lo Constitucional, los Abogados SIONY GUSTAVO DIAZ PADILLA, LIDENY XIOMARA CARTAGENA RAMOS y DAYSI LILIANA SILVA RODRÍGUEZ, solicitando la aplicación retroactiva de la legislación penal más favorable (Decreto 130-2017), a favor de los señores GERSON DAVID CRUZ PADILLA (Reg. No. 1484-2021) y CARLOS DANIEL CASTRO ROMERO (Reg. No. 1485-2021), por considerar que es más benigno para sus representados. Acciones interpuestas contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y sentencia dictada en Casación Penal por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que se dejan relacionadas en los acápites que anteceden. (Folios del 1-3 y 17-19 de los autos) 6) Que en fecha veintitrés de enero del año dos mil veintitrés, los abogados SIONY GUSTAVO DIAZ PADILLA y DAYSI LILIANA SILVA RODRIGUEZ, comparecieron ante la Sala de lo Constitucional solicitando se acumulen los expedientes con registro SCO-1484-2021 y SCO-1485-2021, en atención a que ambos representados fueron sentenciados en el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula; resolviendo la Sala en fecha veintiuno de febrero del año dos mil veintitrés la acumulación de los expedientes referidos, al apreciar de los autos que las acciones de revisión intentadas se dirigen contra la misma sentencia condenatoria. (Folios 32-33 y 39 de la pieza de autos) 7) En fecha uno (1) de junio del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante LUIS ALONSO DISCUA CERRATO, con la comparecencia de los Abogados RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA y XIOMARA YAMILETH OSORIO VELÁSQUEZ, en su condición de Fiscales del Ministerio Público y la Abogada LIDENY XIOMARA CARTAGENA RAMOS, en su condición de Apoderada Legal de los señores CARLOS DANIEL CASTRO ROMERO y GERSON DAVID CRUZ PADILLA. Y en lo que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; habiendo manifestando la recurrente que ratifica el recurso de revisión de sentencia a favor de sus representados en virtud que el nuevo Código Penal del Decreto 130-2017 es más benigno y en atención a los artículos 96 de la Constitución de la República y 615 del Código Penal se declare con lugar su petición de Revisión Penal.- El Agente Fiscal del Ministerio Público Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, fue de la opinión porque: “SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados”, a favor del condenado GERSON DAVID CRUZ PADILLA. Por su parte la Agente Fiscal Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELÁSQUEZ, fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados”. (Folios del 43-47fv de los autos) CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Los garantistas fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Los garantistas en sus escritos de interposición de los Recursos señalan que considerando que sus representados fueron sentenciados con el Decreto 144-83 y entró en vigencia el Decreto No. 130-2017, donde se establece claramente el concepto y la nueva pena del delito por el cual su representado fue sentenciado, donde también establece claramente clasificando a un simple integrante que es la categoría en la que se encuentra su representados según la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia y siendo que la nueva norma reduce la condena, es claro que la retroactividad se aplica siempre y cuando sea favorable para la aplicación a los hechos pasados, para aplicarse a los ya realizados siempre y cuando aporte un grado favorable a la situación del sentenciado, en atención a los artículos 554 y 580 del Código Penal vigente Decreto No. 130-2017. CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición y presentación de pruebas. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas se celebró en fecha uno de junio del año dos mil veintitrés, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada Lideny Xiomara Cartagena Ramos, como garantista a favor de los ciudadanos Carlos Daniel Castro Romero y Gerson David Cruz Padilla y los abogados Rene Mauricio Aceituno Ulloa y Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de Fiscales del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra a la abogada Lideny Xiomara Cartagena Ramos, quien expresa que ratifica el recurso se revisión de sentencia a favor de sus representados, en virtud que el nuevo Código Penal Decreto 130-2017 es más benigno, ya que en su artículo 554 establece una nueva pena, quedando de seis (6) a diez (10) años, por lo que solicita que según el artículo 96 de la Constitución de la República y 615 del Código Penal Decreto 130-2017 sea declarado ha lugar el recurso interpuesto.- Seguidamente se le cedió la palabra al Fiscal del Ministerio Público Abogado Rene Mauricio Aceituno Ulloa, quien en su análisis jurídico hace referencia a los artículos 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 615 y 616 del nuevo Código Penal, 332 y 332-A del Código Penal derogado y 554 y 580 del Código Penal vigente, en atención a las sanciones para los delitos de Asociación Ilícita y Portación Ilegal de Armas; expresando que al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley mas favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esa Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal son más favorables al sentenciado, en tanto es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República. Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, por lo que el Ministerio Público es de la opinión porque se Otorgue la presente acción de revisión en los términos supra señalados a favor del condenado Gerson David Cruz Padilla.- Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, quien en su análisis jurídico hace referencia a los artículos 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 615 y 616 del nuevo Código Penal, 332 y 332-B del Código Penal derogado, 554 Y 580 del Código Penal vigente; expresando que al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley mas favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, que reza: Para determinar cual sea la ley mas favorable se comparara la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Es así como esa Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado respecto del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial y al no ser admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, no es posible aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Siendo de la opinión el Ministerio Público porque No se otorgue la presente acción de revisión, en los términos señalados a favor del condenado Carlos Daniel Castro Romero. CONSIDERANDO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (7): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO (8): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (9): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, los señores: 1) Carlos Daniel Castro Romero, fue condenado mediante sentencia dictada en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el delito de Asociación Ilícita, tipificado en el Artículo 332 de la norma derogada y fue condenado mediante sentencia dictada en fecha nueve de junio del año dos mil veinte por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, tipificado en el Artículo 332-B de la norma derogada; y, 2) Gerson David Cruz Padilla, fue condenado mediante sentencia dictada en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por los delitos de Asociación Ilícita y Portación Ilegal de Armas de Fuego Prohibidas, tipificados en los Artículos 332 y 332-A de la norma derogada, normas que disponían en su orden: “Asociación Ilícita. Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L 100,000.00) a trescientos mil (L. 300,000.00) lempiras a los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo anterior rebajada en un tercio (1/3), se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas. Son Jefes o cabecillas, aquellos que se destaquen o identifiquen como tales y cuyas decisiones influyan en el animo y acciones del grupo”; Artículo 332-A “Fabricación y Tráfico de Material de Guerra, Armas y Municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra de combate, incluidas en estas ultimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L.5,000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras por cada arma incautada. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público”; Artículo 332-B “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa y deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial”. La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 554 “Asociación para Delinquir. Son asociaciones ilícitas las constituidas, sea de modo permanente o transitorio, por dos (2) o mas personas con la finalidad de cometer ilícitos penales. Asimismo, se consideran asociaciones ilícitas las que después de constituidas lícitamente dedican su actividad, en todo o en parte a la comisión de delitos. Poseen también la consideración de asociaciones ilícitas las que aún teniendo como objeto uno lícito, emplean como estrategia permanente y definida medios violentos, intimidatorios u otros ilícitos para el logro de aquél. El delito se considera cometido con independencia de que la asociación haya sido constituida en el extranjero, siempre que se lleva a cabo algún acto con relevancia penal en el territorio de Honduras. Los directivos, promotores y financistas de la asociación ilícita deben ser castigados con las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Los simples integrantes de la asociación deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días”; el Artículo 580 dispone “Tenencia o porte Ilegal de Armas de Fuego. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización”. (Énfasis y subrayado añadidos) CONSIDERANDO (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (11): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor GERSON DAVID CRUZ PADILLA fue condenado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante sentencia definitiva y firme de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, por los delitos de: 1) ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la PENA PRINCIPAL de TRECE (13) AÑOS, CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN; 2) PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PROHIBIDAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la PENA PRINCIPAL de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN, más una MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS (L. 5,000.00); asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena principal. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la garantista, que la sentencia condenatoria de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis mediante la cual se condenó al ciudadano GERSON DAVID CRUZ PADILLA, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en los artículos 332 y 332-A del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió los delitos de Asociación Ilícita y Portación Ilegal de Armas Prohibidas. III- Esta Sala considera que el caso sub júdice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma más favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión a favor del condenado GERSON DAVID CRUZ PADILLA. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. IV- Que en relación a la garantía constitucional de revisión penal promovida a favor del señor CARLOS DANIEL CASTRO ROMERO, esta Sala aprecia que efectivamente el señor CASTRO ROMERO fue condenado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante sentencia definitiva y firme de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la PENA PRINCIPAL de TRECE (13) AÑOS, CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN; asimismo fue condenado por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fecha nueve de junio del año dos mil veinte, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Ministerio Público, contra la sentencia de fecha 19 de septiembre del año 2016, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la PENA PRINCIPAL de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal. V- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la garantista, que la sentencia condenatoria de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis mediante la cual se condenó al ciudadano CARLOS DANIEL CASTRO ROMERO, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en los artículos 332 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de Asociación Ilícita; asimismo se constata de la sentencia condenatoria de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, se aplicó lo dispuesto en los artículos 332-B del Código Penal derogado, estimando que el condenado cometió el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial. VI- Esta Sala aprecia que el caso del señor CARLOS DANIEL CASTRO ROMERO no se subsume en la causal número 8 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ello es así porque nos encontraríamos ante un supuesto de fragmentación de norma, lo que resulta contrario a los lineamientos establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, que en sus parámetros de Revisión establece: “CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MÁS FAVORABLE. Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique…”. La fragmentación de la norma se presenta al realizar la comparativa de las penas al caso concreto, en el orden de ideas que al condenado le beneficia lo atinente a la pena que corresponde aplicar por el delito de Asociación para Delinquir, no así la pena que corresponde por el delito de Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego, cuya pena abstracta queda de cuatro (4), a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión, por el aumento de un tercio (1/3) a las penas correspondientes, por el porte de las armas de fuego sin autorización y el señor CARLOS DANIEL CASTRO ROMERO fue condenado a TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial. Por lo estatuido en la norma sustantiva sobre el ámbito de la Revisión, no es admisible hacer uso del Código Penal solo en su parte más conveniente y dejar a salvo lo que no es beneficioso. En este orden de ideas se concluye que la Revisión debe hacerse de manera completa y global, no fragmentada. En el caso que nos ocupa solo se estaría utilizando una parte de la norma no de toda en su conjunto. Bajo estas premisas no procede la Revisión Penal por vía constitucional, quedando a salvo que el recursista pueda solicitar lo que corresponda en instancia siempre y cuando no sea revisión de la sentencia tal y como está configurada en la Constitución de la República y la Ley Sobre Justicia Constitucional. Como corolario de lo anterior, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión a favor del condenado CARLOS DANIEL CASTRO ROMERO. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal en virtud de no ser más benigna. CONSIDERANDO (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor GERSON DAVID CRUZ PADILLA, la pena principal de: 1) TRECE (13) AÑOS, CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN, con la rebaja en la imposición de las penas correspondientes, de un tercio (1/3), en atención a que no fue condenado como jefe o cabecilla de maras o pandilla, por haber sido encontrado responsable como autor del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Se le impuso además las penas principales de 2) OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN, más una MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS (l. 5,000.00), por haber sido encontrado responsable como autor del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PROHIBIDAS, en perjuicio LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Asimismo, fue condenado con las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena principal. Procediéndose, en consecuencia, por la judicatura competente Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y de conformidad al artículo 69 del Código Penal derogado, a la imposición de la pena mínima acorde a la solicitud formulada por el representante del Ministerio Público. En ese orden de ideas y conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto en el artículo 554, prevé una pena abstracta de SEIS (6) A DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DÍAS, a los simples integrantes de la asociación, conforme fue condenado el señor GERSON DAVID CRUZ PADILLA; obteniéndose, por consiguiente, que resulta conforme a derecho imponer al señor GERSON DAVID CRUZ PADILLA, como autor del delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, la pena principal de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE CIEN (100) DÍAS. Asimismo, el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, previsto en el artículo 580, numeral 2), prevé una pena abstracta de CUATRO (4) A SEIS (6) AÑOS Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE HASTA TRES (3) AÑOS, si se trata de armas o municiones prohibidas; con el aumento en la imposición de las penas correspondientes, de un tercio (1/3), en atención a que dichas armas son portadas sin autorización; obteniéndose, por consiguiente, que resulta conforme a derecho imponer al señor GERSON DAVID CRUZ PADILLA, como autor del delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, la pena principal de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN y LOCALIZACIÓN PERMANENTE POR UN AÑO, quedando el penado a someterse a la condición contenida en el Artículo 52, numeral 5) del Código Penal Decreto 130-2017, consistente en: “Obligación de presentarse periódicamente ante el Órgano Jurisdiccional competente”. Siendo en consecuencia que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la Ley penal en favor del señor GERSON DAVID CRUZ PADILLA.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 92, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 35, 52, 57, 58, 69, 554, 615, 616 y 580.2) del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; FALLA: UNO: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los abogados SIONY GUSTAVO DIAZ PADILLA, LIDENY XIOMARA CARTAGENA RAMOS y DAYSI LILIANA SILVA RODRÍGUEZ, a favor del señor GERSON DAVID CRUZ PADILLA (Reg. No.1484-2021); II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar las penas impuestas al señor GERSON DAVID CRUZ PADILLA, por los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PROHIBIDAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: … TERCERO: CONDENANDO al señor GERSON DAVID CRUZ PADILLA, como autor del delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, en perjuicio de OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES, a las penas principales de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE CIEN (100) DÍAS. CUARTO: CONDENANDO al señor GERSON DAVID CRUZ PADILLA, como autor del delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, en perjuicio del ORDEN PÚBLICO, a las penas principales de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN y LOCALIZACIÓN PERMANENTE POR UN AÑO. QUINTO: Como consecuencia de las penas de prisión, se condena al señor GERSON DAVID CRUZ PADILLA, a la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la pena principal, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. DOS: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los abogados SIONY GUSTAVO DIAZ PADILLA y DAYSI LILIANA SILVA RODRÍGUEZ, a favor del señor CARLOS DANIEL CASTRO ROMERO; Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente, para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrada Francisca Villela Zavala.- NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de junio de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha cinco de junio del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1484 y 1485-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL