Sentencia RP-1476-21 — Registro 18696
Resumen
Con relación a la causa que se instruyó y se condenó a recurrente por el delito de Parricidio, la Sala Constitucional concluyendo que a la fecha de interposición de la presente garantía de revisión penal, tenía más de veinte años de efectiva reclusión, gozando del beneficio de tratamiento de Pre Liberación , Por lo tanto, es procedente aplicar el artículo 101 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que refiere ordenar la libertad del condenado, asimismo el cese de la inhabilitación y de las penas accesorias que le fueron impuestas como consecuencia de la pena de reclusión. Esto a razón de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, donde con la nueva pena es evidente que el sentenciado ya habría cumplido su tiempo de condena.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor WILFER GREEN ORTIZ fue condenado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante sentencia definitiva y firme de fecha veintiuno de enero del año dos mil dos, a la pena de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de PARRICIDIO, en perjuicio de INGRID MARBELLA CEVALLOS BARAHONA, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la garantista, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 118 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Parricidio. III- Esta Sala considera que el caso sub júdice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma más benigna; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor WILFER GREEN ORTIZ, la pena principal de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de PARRICIDIO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I- Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 118, establecía una pena abstracta de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 194 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. Ponderando el quantum de la pena, es notorio que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el condenado. II- El sentenciado, al tenor del artículo 194 del nuevo Código Penal cometió el delito de Parricidio, en atención a los hechos probados de la sentencia que se revisa, quedando establecido que el señor Wilfer Green Ortiz, dio muerte a la señora Ingrid Marbella Cevallos, quien era su esposa, estableciendo la norma penal una pena de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados esbozados en la sentencia revisada (folios 219-221fv de la pieza de antecedentes del A-quo). Por lo tanto y en vista que las circunstancias del hecho no manifiestan concurrencia de agravantes o atenuantes ni circunstancias modificativas del delito reconocidas en la nueva norma penal, corresponde aplicar al encausado la pena mínima de veinte (20) años de prisión. III- Siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo aplicación de las fórmulas estatuidas en el Código Penal vigente y en atención a la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al señor Green Ortiz se le impuso la pena mínima por el delito de Parricidio, se le debe imponer la pena de veinte (20) años de prisión. IV- Al revisar los antecedentes y el cómputo de la pena emitido por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán (folio 244fv de la pieza de antecedentes del A-quo), verificamos que el condenado está recluido desde el 22 de noviembre del año 1999, concluyendo que a la fecha de interposición de la presente garantía de revisión penal, tenía más de veinte años de efectiva reclusión, gozando del beneficio de tratamiento de Pre Liberación a partir del 25 de mayo del año 2019, como lo expone la garantista en su escrito de interposición del presente recurso de Revisión Penal. Por lo tanto, es procedente aplicar el artículo 101 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que refiere ordenar la libertad del condenado, asimismo el cese de la inhabilitación y de las penas accesorias que le fueron impuestas como consecuencia de la pena de reclusión. Esto a razón de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, donde con la nueva pena es evidente que el sentenciado ya habría cumplido su tiempo de condena
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de noviembre del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión interpuesto por las Abogadas ANA DEL CARMEN RAUDALES y MIRIAM ROSIBEL BENAVIDES BUSTAMANTE, a favor del señor WILFER GREEN ORTIZ, contra la sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dos (2002), con relación a la causa que se instruyó y se condenó al señor WILFER GREEN ORTIZ, por el delito de PARRICIDIO, en perjuicio de INGRID MARBELLA CEVALLOS BARAHONA.ANTECEDENTES 1)Que en fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil siete (2007), compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada OLGA FLORINDA MONCADA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando acusación contra el señor WILFER GREEN ORTIZ, por suponerlo responsable de la comisión del delito de PARRICIDIO, en perjuicio de INGRID MARBELLA CEVALLOS BARAHONA. (Folios del 1-3 de la pieza de antecedentes del A-quo)2)Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dos (2002), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “CONDENANDO al encausado WILFER GREEN ORTIZ de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia a la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de PARRICIDIO en perjuicio de INGRID MARBELLA CEVALLOS BARAHONA de generales conocidas y a las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el término que dure la condena con abono del tiempo que ha permanecido en efectiva prisión.- Y MANDA: Que si dentro del termino de ley no se interpone recurso alguno contra el presente fallo, el mismo una vez notificadas las partes y de conformidad a lo establecido en el decreto numero 9-99-E y el articulo 447 del Código Procesal Penal el mismo quedara firme…” (Folios del 219-221fv de la pieza de antecedentes del A-quo)3)Que las recurrentes Abogadas ANA DEL CARMEN RAUDALES y MIRIAM ROSIBEL BENAVIDES BUSTAMANTE, comparecieron ante este Tribunal de Justicia Constitucional, en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), presentando Recurso de Revisión Penal a favor del señor WILFER GREEN ORTIZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dos (2002), por considerar que a su representado le es favorable la aplicación de las disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal, conforme el Principio de Retroactividad de la Ley Penal más favorable. (Folios del 1-3 de los autos)4)Que en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veintidós (2022), la Sala de lo Constitucional admitió el Recurso de Revisión Penal relacionado, ordenando librar comunicación a los juzgados de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y al Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. (Folio 15 de los autos)5) Que en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, habiendo comparecido la Abogada ANA DEL CARMEN RAUDALES, en su condición de apoderado legal del señor WILFER GREEN ORTIZ y la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: “…ratificamos en todo el contenido el recurso extraordinario de revisión penal que se promovió a efecto que se revise la sentencia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, su señoría teniendo nosotros fundamentándonos su señoría en el artículo 186 de la Constitución de la República y el 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional…”; cedida que le fue la palabra a la Fiscal del Ministerio Público, después de su análisis jurídico consideró: “… Ante las premisas expuestas, estima esta Representación fiscal que en el caso sub -examine, las disposiciones contempladas en el Nuevo Código Penal efectivamente establece una pena más favorable, por lo que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el articulo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado…”, siendo de la OPINIÓN el Ministerio Público porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios del 35-37fv de los autos)CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos de las Garantistas expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Las garantistas fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Las garantistas en su escrito de interposición del Recurso señalan que la sentencia recurrida en Revisión fue dictada en la ley penal vigente mediante Decreto 144-83 que conforme al artículo 118 establece que el reo de Parricidio sufrirá la pena de treinta (30) años a cuarenta (40) años de reclusión, ley que fue derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal en fecha 25 de junio del año 2020, mediante Decreto No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo del año 2019. Esta nueva ley contiene el artículo 194, donde se establece que el delito de Parricidio será castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión, observándose en la sentencia recurrida en revisión que al condenado se le aplicó la pena mínima por no concurrir circunstancias agravantes. Al hacer el comparativo de la Ley derogada con la ley vigente, se desprende que la ley más favorable al condenado es el artículo 194 del Código Penal vigente, es decir la aplicación de la pena concreta que sería la pena mínima de 20 años de prisión. Se desprende además que del cumplimiento en efectiva prisión que ha venido acumulando el condenado a partir del 22 de noviembre de 1999, goza del beneficio de tratamiento de Pre Liberación a partir del 25 de mayo del año 2019 y en aplicación del artículo 101 numeral 4) de la Ley sobre Justicia Constitucional, la Sala de lo Constitucional deberá dictar una sentencia que ordene la ejecución de la nueva pena que en forma concreta subyace en el fondo, que el señor Wilfer Green Ortiz ha cumplido con su condena y consecuentemente deberá ordenarse su libertad. CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición y presentación de pruebas. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas se celebró en fecha catorce de diciembre del año dos mil veintidós, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada Ana del Carmen Raudales, como garantista a favor del ciudadano Wilfer Green Ortiz y la abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra a la abogada Ana del Carmen Raudales, quien expresa que ratifica en todo el contenido del recurso extraordinario de Revisión Penal que se promovió a efecto que se revise la sentencia de fecha 21 de noviembre del año 2002, fundamentando su petición en el artículo 186 de la Constitución de la República y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional; que su representado fue condenado conforme a la pena que se mantenía en el artículo 118 que contiene el tipo penal de Parricidio a una pena de 30 años de reclusión sin incluir agravantes por no existir, siendo la pena de 30 años la pena mínima, con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal en su artículo 194 contiene las penas para el delito de parricidio de 20 a 25 años de prisión; que su representado ha estado en prisión a partir del año 1999, estando en efectiva prisión 21 años y 2 días, por lo que aplicando el principio de retroactividad de la ley su representado ha cumplido entonces ya su pena, exactamente en el año 2019, por ello se presenta la solicitud de revisión, a efecto que la Sala emita nueva sentencia en la cual se de por cumplida la pena concreta, asimismo con las accesorias y pueda dictarse una sentencia favorable y se ordene su inmediata libertad, emitiendo la carta de libertad correspondiente.- Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, quien en su análisis jurídico hace referencia a los artículos 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 615 y 616 del nuevo Código Penal, 118 del Código Penal derogado y 194 del Código Penal vigente; expresando que ante las premisas expuestas, estima que en el caso sub -examine, las disposiciones contempladas en el nuevo Código Penal efectivamente establece una pena más favorable, por lo que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la ley penal por ser esta mas benigna al condenado, siendo de la opinión el Ministerio Público porque SE OTORGUE la presente acción de revisión en los términos supra señalados. CONSIDERANDO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a.Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente;b.Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c.Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.CONSIDERANDO (7): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones:a.Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b.Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.CONSIDERANDO (8): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”.CONSIDERANDO (9): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, el señor Wilfer Green Ortiz, fue condenado mediante sentencia dictada en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil dos, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el delito de Parricidio, tipificado en el Artículo 118 de la norma derogada que disponía “Es reo de parricidio, quien diere muerte a alguno de sus ascendientes o descendientes, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, y sufrirá la pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión”. La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 194 “Parricidio. Quien mata a alguno de sus ascendientes, descendientes, a su cónyuge o persona con la que el agraviado mantenga una relación estable de análoga naturaleza de la anterior, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. La pena establecida en el párrafo anterior se aumenta en un tercio (1/3) cuando la muerte a que hace referencia esta se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato”. (Énfasis y subrayado añadidos)CONSIDERANDO (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro-CONSIDERANDO (11): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO (12): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor WILFER GREEN ORTIZ fue condenado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante sentencia definitiva y firme de fecha veintiuno de enero del año dos mil dos, a la pena de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de PARRICIDIO, en perjuicio de INGRID MARBELLA CEVALLOS BARAHONA, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la garantista, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 118 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Parricidio. III- Esta Sala considera que el caso sub júdice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma más benigna; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor WILFER GREEN ORTIZ, la pena principal de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de PARRICIDIO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I- Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 118, establecía una pena abstracta de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 194 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. Ponderando el quantum de la pena, es notorio que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el condenado. II- El sentenciado, al tenor del artículo 194 del nuevo Código Penal cometió el delito de Parricidio, en atención a los hechos probados de la sentencia que se revisa, quedando establecido que el señor Wilfer Green Ortiz, dio muerte a la señora Ingrid Marbella Cevallos, quien era su esposa, estableciendo la norma penal una pena de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados esbozados en la sentencia revisada (folios 219-221fv de la pieza de antecedentes del A-quo). Por lo tanto y en vista que las circunstancias del hecho no manifiestan concurrencia de agravantes o atenuantes ni circunstancias modificativas del delito reconocidas en la nueva norma penal, corresponde aplicar al encausado la pena mínima de veinte (20) años de prisión. III- Siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo aplicación de las fórmulas estatuidas en el Código Penal vigente y en atención a la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al señor Green Ortiz se le impuso la pena mínima por el delito de Parricidio, se le debe imponer la pena de veinte (20) años de prisión. IV- Al revisar los antecedentes y el cómputo de la pena emitido por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán (folio 244fv de la pieza de antecedentes del A-quo), verificamos que el condenado está recluido desde el 22 de noviembre del año 1999, concluyendo que a la fecha de interposición de la presente garantía de revisión penal, tenía más de veinte años de efectiva reclusión, gozando del beneficio de tratamiento de Pre Liberación a partir del 25 de mayo del año 2019, como lo expone la garantista en su escrito de interposición del presente recurso de Revisión Penal. Por lo tanto, es procedente aplicar el artículo 101 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que refiere ordenar la libertad del condenado, asimismo el cese de la inhabilitación y de las penas accesorias que le fueron impuestas como consecuencia de la pena de reclusión. Esto a razón de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, donde con la nueva pena es evidente que el sentenciado ya habría cumplido su tiempo de condena.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 92, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 35, 194, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por las abogadas ANA DEL CARMEN RAUDALES y MIRIAM ROSIBEL BENAVIDES BUSTAMANTE, a favor del señor WILFER GREEN ORTIZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS (2002); III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor WILFER GREEN ORTIZ, por el delito de PARRICIDIO, en perjuicio de INGRID MARBELLA CEVALLOS BARAHONA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: CONDENANDO al encausado WILFER GREEN ORTIZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, por el delito de PARRICIDIO, en perjuicio de INGRID MARBELLA CEVALLOS BARAHONA, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INHABILITACIÓN ESPECIAL por el tiempo que dure la condena; IV) Que el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, declare extinguida la responsabilidad penal del señor WILFER GREEN ORTIZ, por el cumplimiento de la condena por el delito de PARRICIDIO; V) Se le ordena al Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, extienda Carta de Libertad definitiva y nota de Excarcelación a favor del señor WILFER GREEN ORTIZ por el cumplimiento de la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrada Francisca Villela Zavala.- NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1476-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL