Sentencia RP-1467-22 — Registro 18901
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria con relación a la causa por los delitos de Robo de Vehículo en aplicabilidad del Principio de retroactividad de la Ley en materia penal, considerando la Sala Constitucional que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en Revisión Penal, se impuso a Juan Mateo Vásquez, la pena de diez (10) años de reclusión, por el delito de Robo de vehículo. En cuanto al delito de robo con violencia e intimidación, esta conducta está penalizada en el código penal vigente, en el artículo 361: “Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice”, esta pena se aumenta en 1/3 por la agravante especifica el 363.9 por la utilización de un arma de fuego como medio de intimidación, resultando con el nuevo código penal una pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión. 2. El artículo 616.4 del código penal vigente establece “Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente código penal”. En el presente caso, la pena impuesta al condenado por el delito de Robo de Vehículo, fue de 10 años de reclusión y el actual código penal establece una pena abstracta de 8 a 10 años y 8 meses de prisión, por lo que dicha pena (10 años de reclusión) resulta también imponible con arreglo al presente código penal, razón por la cual no procede aplicar el artículo 96 Constitucional. 3. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 618 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 618 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 618 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 618 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: del fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Max Enrique Dávila Nolasco, a favor del señor Juan Mateo Vásquez, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Departamento de Yoro, de fecha treinta de agosto de dos mil diecinueve, con relación a la causa que se instruyó contra el señor JUAN MATEO VASQUEZ, por haber sido condenado por dos delitos de ROBO DE VEHICULO en perjuicio de ALMACENES LADY LEE. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL “PRIMERO: En fecha doce (12) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), a las seis con cuarenta y cinco (6:45 PM) minutos de la tarde; el señor OSCAR MANUEL VILLAFRANCA ROBLES se dirigía para su casa de habitación y se transportaba en una motocicleta motocicleta Marca Itálica, modelo 125Z, motor LC157FMIQE048350, chasis LLCL1C05HE104629, color roja, misma que estaba pagando el señor Juan Antonio Amaya Fiallos a los Almacenes Lady Lee S.A. de C.V.; y cuando iba por el semáforo frente a la residencial El Progreso de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro; el señor JUAN MATEO VASQUEZ con una arma de fuego amenazó al señor OSCAR MANUEL VILLAFRANCA ROBLES y le quito la motocicleta, junto con el casco y se fue con rumbo desconocido. SEGUNDO: En fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), a eso de las ocho con cincuenta y cinco minutos de la mañana aproximadamente, en la casa de la señora Sonia Isabel Vásquez, ubicada en la Jurisdicción del Municipio de Morazán, departamento de Yoro; agentes de investigación realizaron un allanamiento de dicha vivienda, en donde encontraron en dicha propiedad la motocicleta, Marca Itálica, modelo 125Z, motor LC157FMIQE048350, chasis LLCL1C05HE104629, color roja, misma que estaba pagando el señor Juan Antonio Amaya Fiallos a los Almacenes Lady Lee S.A. de C.V; siendo decomisada dicha motocicleta y detenido el señor JUAN MATEO VASQUEZ.” ANTECEDENTES Primero: Que en fecha (19) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), la Fiscal del Ministerio Público, la Abogada JANETH MARTINEZ, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE EL PROGRESO, YORO, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JUAN MATEO VASQUEZ, por suponerlo responsable, a título de autor, del delito de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR (MOTOCICLETA) en perjuicio de ALMACENES LADY LEE y JUAN ANTONIO AMAYA FIALLOS. (Folios 01 al 03 de la pieza de antecedentes). Segundo: Que continuado que fue el proceso, en fecha treinta (30) de agosto de dos mil diecinueve (2019), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, dictó Sentencia Definitiva, mediante la cual Falló: “PRIMERO: CONDENAR al señor JUAN MATEO VASQUEZ cuyas generales de ley han sido descritas en el preámbulo de la sentencia, por el delito de ROBO DE VEHICULO en perjuicio de ALMACENES DE LADY LEE S.A DE C.V., imponiéndole la pena de DIEZ AÑOS (10) de reclusión, los que deberá cumplir en el Centro Penal de la Ciudad de El Progreso, u otro centro penitenciario que estima la autoridad competente. (Folios 81 AL 85 de la pieza de antecedentes). Tercero: Que en fecha trece (13) de octubre de dos mil veintidós (2022), compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado MAX ENRIQUE DAVILA NOLASCO, presentando recurso de revisión penal a favor del Señor JUAN MATEO VASQUEZ, contra la sentencia condenatoria de fecha treinta (30) de agosto de dos mil diecinueve (2019), dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se procediera a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01 y 03 del recurso). Cuarto: Que en fecha uno (01) de junio de dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, habiendo comparecido el Abogado JUAN CARLOS FLORES OVIEDO, en su condición de Apoderado Legal del señor JUAN MATEO VASQUEZ y el Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de Revisión; habiendo manifestando el recurrente, que interpuso el recurso de Revisión en aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal, a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). La representante del Ministerio Público, concluyó que lo peticionado cumple con los requisitos establecidos en la Constitución de la República y el Artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, al ser las disposiciones del nuevo Código Penal más favorables al sentenciado, por lo fue de la opinión porque: “SE OTORGUE la presente acción de revisión en los términos súper señalados. (Folios 22 al 24 del recurso de mérito). FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186, abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega, que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al Principio de Seguridad Jurídica, basado en la firmeza de la cosa juzgada. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, se celebró en fecha primero (1) de junio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Max Enrique Dávila Nolasco, a favor del señor Juan Mateo Vásquez, como revisionista; y, el Abogado René Mauricio Aceituno Ulloa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. El Abogado Juan Mateo Vásquez, solicita la revisión de la pena y que se aplique el principio de retroactividad de la ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigente en el Decreto 130-2017, en base al artículo 96 de la Constitución de la República, se solicita la retroactividad de la ley, siempre que favorezca al reo, por lo que se solicita la revisión de las penas. Por su parte el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, son más favorables al sentenciado; por lo que solicita que se otorgue la revisión solicitada. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en Revisión Penal, se impuso a Juan Mateo Vásquez, la pena de diez (10) años de reclusión, por el delito de Robo de vehículo. En cuanto al delito de robo con violencia e intimidación, esta conducta está penalizada en el código penal vigente, en el artículo 361: “Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice”, esta pena se aumenta en 1/3 por la agravante especifica el 363.9 por la utilización de un arma de fuego como medio de intimidación, resultando con el nuevo código penal una pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión. 2. El artículo 616.4 del código penal vigente establece “Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente código penal”. En el presente caso, la pena impuesta al condenado por el delito de Robo de Vehículo, fue de 10 años de reclusión y el actual código penal establece una pena abstracta de 8 a 10 años y 8 meses de prisión, por lo que dicha pena (10 años de reclusión) resulta también imponible con arreglo al presente código penal, razón por la cual no procede aplicar el artículo 96 Constitucional. 3. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 373 por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021. Artículo 618 del código penal vigente. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Max Enrique Dávila Nolasco, en favor del señor JUAN MATEO VASQUEZ. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Wagner Vallecillo Paredes. - Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha diecisiete de mayo del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1467-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL