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Sentencia RP-146-22 — Registro 19036

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del principio de de retroactividad en materia penal, con relación a la causa que se instruyó ,por el delito de Extorsión Simple en perjuicio de Testigo Protegido, considerando la Sala Constitucional por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Santos Alberto Murillo Santos, las penas principales de 11 años, 3 meses de reclusión y una multa de 37.5 salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión Simple. Las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables al sentenciado, en virtud que al momento de la interposición del recurso extraordinario de Revisión Penal (24 enero 2022), el articulo 373 ya había sido reformado, por lo que no es aplicable la ley penal intermedia; dicho artículo vigente establece una pena de prisión de 15 a 20 años, y una multa de 500 a 1,000 días en su nivel más alto; pena de prisión que al aplicarse la rebaja de ¼ por la aplicación de la figura del procedimiento abreviado queda la nueva pena en 11 años y 3 meses de prisión, siendo imponible la misma pena en el actual código, con la impuesta con el código penal derogado. En relación con la multa impuesta de 37.5 salarios mínimos, que equivalen a L. 386,385.75; con la nueva pena de multa resulta de 375 a 500 días multas en su nivel más alto, y aplicando la rebaja de ¼, corresponde imponer una multa de L. 1,875,000; la que evidentemente tampoco le es más favorable al condenado; razón por la cual las disposiciones y penas contenidas en el código penal vigente, no son más favorables para el justiciado; por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Santos Alberto Murillo Santos, las penas principales de 11 años, 3 meses de reclusión y una multa de 37.5 salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión Simple. Las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables al sentenciado, en virtud que al momento de la interposición del recurso extraordinario de Revisión Penal (24 enero 2022), el articulo 373 ya había sido reformado, por lo que no es aplicable la ley penal intermedia; dicho artículo vigente establece una pena de prisión de 15 a 20 años, y una multa de 500 a 1,000 días en su nivel más alto; pena de prisión que al aplicarse la rebaja de ¼ por la aplicación de la figura del procedimiento abreviado queda la nueva pena en 11 años y 3 meses de prisión, siendo imponible la misma pena en el actual código, con la impuesta con el código penal derogado. En relación con la multa impuesta de 37.5 salarios mínimos, que equivalen a L. 386,385.75; con la nueva pena de multa resulta de 375 a 500 días multas en su nivel más alto, y aplicando la rebaja de ¼, corresponde imponer una multa de L. 1,875,000; la que evidentemente tampoco le es más favorable al condenado; razón por la cual las disposiciones y penas contenidas en el código penal vigente, no son más favorables para el justiciado; por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Santos Alberto Murillo Santos, las penas principales de 11 años, 3 meses de reclusión y una multa de 37.5 salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión Simple. Las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables al sentenciado, en virtud que al momento de la interposición del recurso extraordinario de Revisión Penal (24 enero 2022), el articulo 373 ya había sido reformado, por lo que no es aplicable la ley penal intermedia; dicho artículo vigente establece una pena de prisión de 15 a 20 años, y una multa de 500 a 1,000 días en su nivel más alto; pena de prisión que al aplicarse la rebaja de ¼ por la aplicación de la figura del procedimiento abreviado queda la nueva pena en 11 años y 3 meses de prisión, siendo imponible la misma pena en el actual código, con la impuesta con el código penal derogado. En relación con la multa impuesta de 37.5 salarios mínimos, que equivalen a L. 386,385.75; con la nueva pena de multa resulta de 375 a 500 días multas en su nivel más alto, y aplicando la rebaja de ¼, corresponde imponer una multa de L. 1,875,000; la que evidentemente tampoco le es más favorable al condenado; razón por la cual las disposiciones y penas contenidas en el código penal vigente, no son más favorables para el justiciado; por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de octubre de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Santos Alberto Murillo Santos, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, con relación a la causa que se instruyó contra el señor SANTOS ALBERTO MURILLO SANTOS, por el delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB-369. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL PRIMERO: Desde el dia martes Cinco (5) de Septiembre del año dos mil diecisiete (2017), a eso de las siete de la noche (7:00 p.m.), llegaron tres personas del sexo masculino al lugar de trabajo del TESTIGO PROTEGIDO "AB369", quienes mediante amenazas con matarlo, le entregar un teléfono celular, color negro, marca CNYX, con número de registro 3324-5372, exigiéndole que contestara las llamadas; sin embargo fue hasta el Miércoles Seis (06) de Septiembre del año dos mil diecisiete (2017), como a eso de las once la mañana (11:00 a.m.), empezó a recibir llamadas de un número desconocido 3220-9083, y un individuo del sexo masculino, mediante amenazas con matarlo, le exigió la cantidad de OCHENTA MIL LEMPIRAS (LPS, 80,000.00), manifestándole TESTIGO PROTEGIDO "AB369", no tener esa cantidad, que solamente tenía la cantidad de TREINTA MIL LEMPIRAS ( L. 30,000.00), manifestándole que le llamarían el día viernes Ocho (8) de Septiembre del año dos mil diecisiete (2017), a las ocho de la mañana (8:00 a.m.),, para ponerse de acuerdo donde sería la entrega del dinero y que de no hacerlo lo iba a matar a él y a un compañeros de trabajo, vez recibida la denuncia que hace el TESTIGO PROTEGIDO "AB369", en la Fuerza Nacional Antiextorsión, es asesorado por un Agente de Investigación, el cual le indica sobre la diligencia investigativa de entrega controlada y para tal efecto el día Jueves siete (7) de Septiembre del año dos mil diecisiete (2017) , llevan a cabo un Acta de Sereo de Billetes los cuales consistían en Dos Billetes de la denominación de Quinientos Lempiras con las Series: AC2297363, Z8475534, mismos que serían entregados por el TESTIGO PROTEGIDO "AB369", a los supuestos extorsionadores, agregándoles además varios recortes de papel periódico, el día Viernes ocho (8) de Septiembre del año dos mil diecisiete (2017) , una vez indicado el lugar y hora de entrega, se conformaron Tres Equipos de Agentes de Investigación de la Fuerza Nacional Antiextorsión, quienes se dirigen hacia el Anillo Periférico, en cercanías de la Tienda Larach y Compañía, a realizar la vigilancia en torno a los hechos denunciados, ubicándose en diferentes lugares, un Equipo con dirección hacia el Aeropuerto, Toncontin y Dos Equipos con dirección hacia la Colonia La Cañada, a unos cincuenta metros de distancia del lugar donde se realizaría la entrega, siendo las diez con treinta de la mañana (10:30 a.m.), observan que el testigo protegido “AB369”, se movilizaba por el Anillo Periférico, estacionándose a la orilla de la calle con dirección al Aeropuerto Internacional Toncontin, y al otro lado de la calle, en las cercanías de la Tienda Larach y Compañía, en dirección a la Universidad UTH, estaban estacionados dos sujetos del sexo masculino, en una motocicleta Marca KMF, Color Rojo, Sin Placa, procediendo a cruzar la calle a pie, con dirección hacia donde estaba el testigo protegido “AB369”, entregándole el dinero al sujeto que vestía una camisa de color blanco, con pantalón color negro, regresando hacia donde tenían la motocicleta, donde ambos la abordaron y se dirigieron hacia la Colonia La Cañada, por lo que Dos Equipos procedieron a darles seguimiento, hasta llegar a las cercanías de la entrada de la colonia San Isidro, donde se observó que a la orilla de la calle estaba estacionado un Taxi con registro 4867, en el que se encontraban dos individuos del sexo masculino, a quienes los individuos de la motocicleta le entregaron el dinero al sujeto que estaba en la parte trasera del taxi, quien vestía una camisa de botones, color verde y un pantalón de color azul, intercambiaron palabras de manera breve y al momento que se retiraban del lugar procedieron a requerirlos, al practicarle el registro personal al individuo que vestía una camiseta de color negro y un pantalón jean de color azul, se le encontró en la bolsa frontal izquierda un teléfono celular maraca M4, color gris, con IMEI; 860201034163009, quien se identifico con el nombre de ORLIN GEOVANNY HERNANDEZ HERNANDEZ, así también al individuo que vestía una camisa de botones, color verde y un pantalón jean de color azul, encontrándole en la bolsa frontal izquierda, una bolsa plástica de color negro, conteniendo en su interior, dos billetes de Quinientos Lempiras (LPS. 500.00), con Series: Z8475534 Y AC2297366, y varios recortes de papel periódico, y en la bolsa frontal derecha del pantalón, se le encontró dos teléfonos celulares marca IPHONE, Color Gris y Negro, y el otro Teléfono Celular Marca CNYX, Color Blanco Con Franja Roja, Con Numero de IMEI: 352080080158666, y en la bolsa izquierda trasera del pantalón, se le encontró Ochocientos Lempiras (LPS.800.00), Tres billetes de la denominación de Cien Lempiras (LPS.100.00), con Series: CB686262523, CE1875994 Y CH3900593, y un billete de Quinientos Lempiras (LPS. 500.00), Con Serie: Z7806419, quien se identifico con el nombre de SANTOS ALBERTO MURILLO SANTOS, de igual manera se le practico registro personal a la persona que vestía una camisa tipo polo, color gris, con pantalón jean de color azul, encontrándole a la altura de la cintura del lado derecho de sujeta al pantalón , Un arma de Fuego, Tipo Revolver, Calibre 38 MM, Marca Desconocida, Sin Serie, con empuñadura de madera, Color Café, contendiendo en su interior Seis (6) Proyectiles Sin Percutir, y en la bolsa frontal derecha del pantalón, Un teléfono Celular, Marca BLU, Color Azul y Negro, con IMEI: 351763055487688, y Un vehículo Tipo Taxi, Marca HONDA CIVIC, con Placa PCH5574, con numero 4867, quien se identifico con el nombre de DELMER XAVIER ORTEGA AVILA, y también se le practico el registro personal al individuo que vestía, una camisa de color blanco, pantalón jean de color gris, encontrándole a la altura de la cintura, Un Arma de fuego, tipo pistola, calibre 9MM, Marca TAURUS, Con Serie TZD15061, y en la bolsa frontal derecha del pantalón, Un Teléfono Celular Marca SAMSUNG, Color Negro, Con IMEI: 358516082969395, 358517082969933, y en la bolsa frontal derecha, Un teléfono celular, Marca BLU, Color Gris con Negro, Con Numero de IMEI: 3590140709389, 359014070962384, y Una Motocicleta Marca KMF, Color Roja, Sin Placas, quien se identifico con el nombre de CARLOS ALBERTO MARTINEZ MONCADA, siendo detenidos y puestos a la orden de la Autoridad Competente.ANTECEDENTES 1)Que en fecha nueve (9) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), el Fiscal del Ministerio Público, Abogado ALEXIS CASTILLO, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores SANTOS ALBERTO MURILLO SANTOS, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB-369. (Folios 1-9 de la pieza de antecedentes).2)Que continuado que fue el proceso, en fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, dictó Sentencia Definitiva, mediante la cual Falló: CONDENANDO al señor SANTOS ALBERTO MURILLO SANTOS, de generales ya conocidas, como autor del delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "AB369", a la pena principal de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSION Y EL PAGO DE TREINTA Y SIETE (37) Y MEDIOS SALARIOS MINIMOS, calculados de acuerdo al salario mínimo vigente en la región en donde ocurrieron los hechos constitutivos del delito de EXTORSION, la que deberá cumplir recluido en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, Departamento de Francisco Morazán. SEXTO: También se le condena a SANTOS ALBERTO MURILLO SANTOS, como consecuencia de la penas de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal.- SEPTIMO:...” (Folios 125 al 128 de la pieza de antecedentes).3)Que en fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado RAMON MATAMOROS, presentando Recurso de Revisión Penal a favor del señor SANTOS ALBERTO MURILLO SANTOS, contra la sentencia condenatoria de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-06 del recurso). 4)Que en fecha veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado Ramón Matamoros, en su condición de apoderado legal del señor SANTOS ALBERTO MURILLO SANTOS y la Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el Recurso de Revisión en aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). La representante del Ministerio Público, concluyó que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior, por lo fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente acción de revisión,…” (Folios 26 al 28 del recurso de mérito).FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del Recurso de Revisión Penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal se celebró en fecha veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Santos Alberto Murillo Santos, como revisionista; y, la Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. El Abogado Ramón Matamoros, solicita la revisión de la pena y que se aplique el Principio de Retroactividad de la Ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigente en el Decreto 130-2017, quien fue condenado por el delito de Extorsión Simple, a la pena de 11 años y 3 meses de reclusión y una multa de 37 salarios mínimos. Por su parte el Ministerio Público estima, que las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables al sentenciado, siendo imponible la misma pena de prisión, y siendo más grave la pena de multa con el actual código; razón por la cual, las disposiciones y penas contenidas en el código penal vigente no son más favorables para el justiciado.CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Santos Alberto Murillo Santos, las penas principales de 11 años, 3 meses de reclusión y una multa de 37.5 salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión Simple. Las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables al sentenciado, en virtud que al momento de la interposición del recurso extraordinario de Revisión Penal (24 enero 2022), el articulo 373 ya había sido reformado, por lo que no es aplicable la ley penal intermedia; dicho artículo vigente establece una pena de prisión de 15 a 20 años, y una multa de 500 a 1,000 días en su nivel más alto; pena de prisión que al aplicarse la rebaja de ¼ por la aplicación de la figura del procedimiento abreviado queda la nueva pena en 11 años y 3 meses de prisión, siendo imponible la misma pena en el actual código, con la impuesta con el código penal derogado. En relación con la multa impuesta de 37.5 salarios mínimos, que equivalen a L. 386,385.75; con la nueva pena de multa resulta de 375 a 500 días multas en su nivel más alto, y aplicando la rebaja de ¼, corresponde imponer una multa de L. 1,875,000; la que evidentemente tampoco le es más favorable al condenado; razón por la cual las disposiciones y penas contenidas en el código penal vigente, no son más favorables para el justiciado; por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del Agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 373 por Decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021; artículo 616 del Nuevo Código Penal. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ramón Matamoros, en favor del señor SANTOS ALBERTO MURILLO SANTOS. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al Juzgado de Ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, recaídas en el Recurso de Revisión Penal Registrado en este Tribunal con el número SCO-0146-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL