Sentencia RP-1410-21 — Registro 18379
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente una pena de veintidós (22) años de reclusión, más penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el Delito de Asesinato en perjuicio de víctima; La Sala concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor SANTIAGO ALEJANDRO PAZ, fue condenado por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, mediante sentencia de fecha ocho (08) de septiembre de dos mil catorce (2014), a pena principal DE VEINTIDOS (22) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las penas de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el delito de ASESINATO, en perjuicio de ADOLFO RENE PANAMEÑO. II. Esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la impetrante, que, en la Sentencia Condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 117 DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 144-1983, estimando que el señor SANTIAGO ALEJANDRO PAZ cometió el delito de ASESINATO. La recursista manifiesta hubo un error en la calificación del ilícito penal imputado a su representado y por el que fue sentenciado, en virtud de ello invoca una recalificación del delito de asesinato tipificado en el artículo 117 VCP 144-83, ya que a su entender los hechos que fueron probados deben calificarse como homicidio regulado en el artículo 192 NCP 130-2017, asimismo, porque las circunstancias agravantes del articulo 27 numeral 15 y 18 VCP 144-83, ya no existen con el nuevo Código Penal. Esta Sala al examinar el alegato de la revisionista estima que no es procedente la recalificación del delito de asesinato -articulo 117 VCP 144-83- por el que fue condenado el señor SANTIAGO ALEJANDRO PAZ, al delito de homicidio -192 NCP 130-2017- con la norma penal vigente, en vista que el delito de asesinato regulado en el artículo 117 VCP 144-83, trae implícita la alevosía, es decir, que la alevosía es inherente al delito de asesinato, conducta que fue tipificada de acuerdo a la consideración de los hechos probados estimando el órgano jurisdiccional que la acción ejecutada se subsume en el tipo penal de ASESINATO, de ahí que, las circunstancias agravantes mencionadas por la recursista no modifican el delito en que se enmarcaron los hechos y por el cual fue condenado el señor SANTIAGO ALEJANDRO FLORES, reiterando que dicho delito tiene previstas las agravantes propias del tipo penal. Por otro lado, el sentenciador en aplicación al artículo 69 VCP 144-83, que establece “El juez determinará en la sentencia la pena aplicable al indiciado dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito y las circunstancias en que el mismo se haya cometido. Para ello tendrá en cuenta sus antecedentes personales, su mayor o menor peligrosidad, las circunstancias atenuantes y agravantes que hayan concurrido en el hecho apreciadas tanto por su número como, sobre todo, por su magnitud e importancia, y la mayor o menor extensión de los males producidos por el delito, en particular los de naturaleza económica.”, esto es, que el Tribunal para determinar la pena a imponer toma en cuenta la conducta tipificada, los hechos probados y además las circunstancias agravantes o atenuantes, valorando en su conjunto, no obstante, si bien es cierto que con la nueva norma las agravantes han desaparecido, no es menos cierto que en el caso que nos ocupa como ya se dijo, estas agravantes no determinan el delito de asesinato -articulo 117 VCP 144-83-, razón por la que esta sala considera que la argumentación seguida por la revisionista, en cuanto a la recalificación del delito de ASESINATO VCP 144-83 por el delito de HOMICIDIO NCP 130-2017, constituye más un alegato jurídico procesal, es oportuno acotar como ya lo ha hecho así, esta Sala en forma reiterada, que el Recurso de Revisión no tiene por finalidad conocer o sancionar las omisiones o irregularidades procesales cometidas en el curso del proceso o establecer la forma en que la prueba debió ser valorada; estas cuestiones tienen establecidas ya en la propia ley su vía recursiva y sus medios de impugnación en el procedimiento ordinario. III. No obstante lo anterior, esta Sala realiza un examen de ambas normas penales aplicables el caso sub judice para verificar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."..."En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor SANTIAGO ALEJANDRO PAZ, las penas de VEINTIDOS (22) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASESINATO en perjuicio del señor ADOLFO RENE PANAMEÑO; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II.- La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, Artículo 117 Penalizaba el delito ASESINATO con una pena de reclusión de veinte (20) a treinta (30) años, pena abstracta de la cual se le condenó a una pena concreta de veintidós (22) años, por inferir el tribunal sentenciador concurrencia calificativas propias del tipo penal de asesinato. III. - Por su parte, el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su Artículo 193, establece: “ASESINATO. Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. Siendo esta la premisa fundamental para determinar la procedencia del beneficio de retroactividad; por lo que corresponde como siguiente paso determinar dentro del margen abstracto la pena concreta a imponer según la circunstancia atenuante establecida del artículo 70 NCP 130-2017, ya que según lo manifestado por las partes tanto la recursista y el Fiscal del Ministerio Publico, en la sentencia no se consideró la circunstancia atenuante del artículo 31 numeral 4 NCP 130-2017, que dispone “CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. Son circunstancias atenuantes comunes las siguientes: 1… 2… 4. Ser el culpable mayor de dieciocho (18) años y menor de veintiuno (21);” para disminuir el quantum de la pena, en aplicación a esto la pena se calcula a partir del termino medio hasta el limite mínimo, es decir, que la pena abstracta para el delito de asesinato NCP 130-2017, es de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión y aplicando la regla sería una de veinte (20) a veintidós (22) años seis (6) meses de prisión, y el señor SANTIAGO ALEJANDRO PAZ fue condenado a veintidós (22) años, dentro de los parámetros establecidos. IV. En consecuencia esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente; no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor SANTIAGO ALEJANDRO PAZ FLORES de una nueva norma penal vigente porque no le resulta más benigna.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, treinta de enero del dos mil veinticuatro. VISTA: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quesada, a favor del señor Santiago Alejandro Paz Flores, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, de fecha ocho (8) de septiembre de dos mil catorce (2014), con relación a la causa que se instruyó contra el señor Santiago Alejandro Paz Flores, por haber sido condenado por el delito de Asesinato, en perjuicio del señor Adolfo René Panameño. ANTECEDENTES 1) En fecha trece de marzo de dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Irvin Farid Erazo Arita, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Julio Cesar Andrade Valladares alias “El Mono”, Julio Cesar Medina Guadrón alias “El Shakiro” y Santiago Alejandro Paz Flores alias “El Calavera”, por el delito de Homicidio, en perjuicio del señor Adolfo René Panameño Mejía. (Folios 1-4 del expediente del A-quo). 2) En fecha ocho de septiembre de dos mil catorce, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic)“…PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al señor JULIO CESAR ANDRADE VALLADARES, a título de Autor cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, por el delito de ASESINATO, en perjuicio de ADOLFO RENE PANAMEÑO a la pena principal de VEINTIDOS (22) AÑOS DE RECLUSION, misma que se ha de computar desde el día en que fue aprehendido por esta causa. debiéndola cumplir en la Penitenciaría Nacional que desine el Juzgado de Ejecución Competente. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor JULIO CESAR MEDINA GUADRON, a título de Autor cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, por el delito de ASESINATO, en perjuicio de ADOLFO RENE PANAMEÑO a la pena principal de VEINTIDOS (22) AÑOS DE RECLUSION, misma que se ha de computar desde el día en que fue aprehendido por esta causa, debiéndola cumplir en la Penitenciaría Nacional que desine el Juzgado de Ejecución Competente. TERCERO: Que debemos condenar y condenamos al señor SANTIAGO ALEJANDRO PAZ, a título de Autor cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, por el delito de ASESINATO, en perjuicio de ADOLFO RENE PANAMEÑO a la pena principal de VEINTIDOS (22) AÑOS DE RECLUSION, misma que se ha de computar desde el día en que fue aprehendido por esta causa, debiéndola cumplir en la Penitenciaría Nacional que desine el Juzgado de Ejecución Competente. CUARTO: Que debemos condenar y condenamos a los señores, JULIO CESAR ANDRADE VALLADARES, SANTIAGO ALEJANDRO PAZ Y JULIO CESAR MEDINA GUADRON como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también, a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema Penitenciario Nacional. QUINTO: Se declara la responsabilidad civil de los condenados, JULIO CESAR ANDRADE VALLADARES, SANTIAGO ALEJANDRO PAZ Y JULIO CESAR MEDINA GUADRON, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. SEXTO: No se condena en costas procesales, personales, como tampoco los gastos ocasionados por el juicio. SEPTIMO: No se declara el comiso por las razones expuestas en la fundamentación de esta sentencia. OCTAVO: Que se notifique esta sentencia a las partes procesales, haciéndoseles saber que contra la misma cabe interponer el Recurso de Casación dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, a partir de la última notificación. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.” (Folios 378-387 vuelto del antecedente). 3) En fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por la Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quesada, a favor del señor Santiago Alejandro Paz Flores, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-11 del recurso de mérito). 4) En fecha dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Martha Delia Merino Conde, con la comparecencia de la Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quesada, en su condición de Apoderada Legal del señor Santiago Alejandro Paz Flores; El Ministerio Público consideró: “…El Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), regula el delito de ASESINATO en el artículo 193, con una pena de VEINTE (20) a VEINTICINCO (25) AÑOS y si concurre las circunstancias de precio, recompensa o promesa remuneratoria la pena será de VEINTICINCO (25) A TREINTA (30) años. Siendo que en el caso de autos concurren dos circunstancias agravantes contempladas en el artículo 32 numerales 2) y 4) del nuevo Código Penal, y la atenuante contenida en el artículo 31 numeral 4), la pena se calcula a partir del término medio hasta el límite máximo tal como lo establece el artículo 70, es decir, que a partir del término medio seria de VEINTIDOS AÑOS SEIS MESES 1levada hasta la pena máxima, por lo que a la revisión de la pena estos lejos de favorecer al imputado más bien le afectaría lo que está prohibido en derecho penal. Por lo que esta representación fiscal, es del criterio que no resulta procedente lo solicitado por la revisionista, en tanto que las disposiciones contenidas en el Código Penal Vigente, respecto al marco punitivo aplicable al delito de Asesinato, no resulta más beneficiosa para el sentenciado, por lo que no concurre la causal contenida en los artículos 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE presente acción de revisión, por NO la ser la misma más favorable para el condenado.” (Folios 26-29 del recurso de mérito). CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 186 de la Constitución de la Republica y el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Asimismo, explica que al disminuir la esencia de los presupuestos legitimadores de la calificación del articulo 117 -VCP 144-83-, quedando los hechos probados a su representados susceptible de recalificación en el artículo 192 – NCP 130-2017- que regula el delito de homicidio, lo cual le beneficia ya que la sanción a imponer a quien cometa el delito de homicidio es de 15 a veinte años de reclusión. Argumenta que la concurrencia de las dos agravantes de la pena del articulo 27 numeral 15 y 18 - VCP 144-, que observó el Tribunal de sentencia ya no existen como agravantes en el nuevo código penal, por lo que invoca el articulo 32 -NCP 130-2017- de las circunstancias comunes a las partes, así como también la aplicación del artículo 31 numeral 4 y 6 que favorecen a su representado. CONSIDERANDO (3): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de Oposición Y Presentación de pruebas. En la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA como garantista del Señor SANTIAGO ALEJANDRO PAZ FLORES, y la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra a la abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA, quien expuso lo siguiente: “…ratifica el recurso extraordinario de revisión en cada uno de sus extremos, con base en el numeral 8 del artículo 96 de la Ley Justicia Constitucional, en contra de la sentencia condenatoria de fecha ocho (8) de septiembre del año dos mil catorce (2014), emitida por el Honorable Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, en donde se condenó mi representado la pena de 22 años de reclusión, por considerarlo responsable del delito de asesinato en perjuicio de Adolfo Rene Panameño. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que tanto en el nuevo código penal como en el derogado existe como un requisito sine qua non el elemento objetivo especializante de la alevosía en la comisión del delito de asesinato, el cual ya fue valorado y analizado en base a las reglas de la sana critica por el juzgado de primera instancia y que fueron plasmados en los hechos probados de la sentencia y los mismos se mantienen incólumes sosteniendo que no han desaparecido los presupuestos que llevaron al juez a condenar al imputado Santiago Paz como autor del delito de asesinato, por tanto, no procede la recalificación del delito por uno menos gravoso, agrega que no es aplicable la desaparición de la agravantes que fueron admitidas del artículo 27 numeral 15 y 18 del Código Penal derogado pues subiste en otras que están inmersa en los hechos y circunstancias del delito cometido que tampoco se pueden desconocer. Agrega que al hacer un análisis comparativo de ambas leyes penales aprecia que en el Código Penal derogado decreto 144-83 sancionaba el delito de asesinato en el artículo 117 con una pena de 20 a 30 años de reclusión y cuando se comete mediante pago, recompensa o promesa, remuneratoria o se acompaña de robo violencia, la pena será de 30 años a privación de libertad de por vida de la libertad. El Código Penal vigente decreto 130-2017, regula el delito de asesinato en el artículo 193 con una pena de 20 a 25 años y si concurren las circunstancias de precio recompensa o promesa remuneratorio la pena será de 25 a 30 años, siendo que en el caso de autos concurre dos circunstancias agravantes contempladas en el artículo 32 numeral 2 y 4 del nuevo Código Penal y la atenuante contenida en el artículo 31 numeral 4, la pena se calcula a partir del término medio hasta el límite máximo tal como lo establece el artículo 70, es decir, que a partir del término medio sería de 22 años, seis (6) meses llevada hasta la pena máxima, por lo que lejos de favorecer al imputado, más bien le afectaría lo que está prohibido en derecho penal, por lo que esta representación fiscal es del criterio que no se otorgue la acción de revisión. CONSIDERANDO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO (5): Dispone el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (6): Dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO (7): Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro-. CONSIDERANDO (8): La Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO (11): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614,615,616 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. La Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor SANTIAGO ALEJANDRO PAZ, fue condenado por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, mediante sentencia de fecha ocho (08) de septiembre de dos mil catorce (2014), a pena principal DE VEINTIDOS (22) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las penas de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el delito de ASESINATO, en perjuicio de ADOLFO RENE PANAMEÑO. II. Esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la impetrante, que, en la Sentencia Condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 117 DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 144-1983, estimando que el señor SANTIAGO ALEJANDRO PAZ cometió el delito de ASESINATO. La recursista manifiesta hubo un error en la calificación del ilícito penal imputado a su representado y por el que fue sentenciado, en virtud de ello invoca una recalificación del delito de asesinato tipificado en el artículo 117 VCP 144-83, ya que a su entender los hechos que fueron probados deben calificarse como homicidio regulado en el artículo 192 NCP 130-2017, asimismo, porque las circunstancias agravantes del articulo 27 numeral 15 y 18 VCP 144-83, ya no existen con el nuevo Código Penal. Esta Sala al examinar el alegato de la revisionista estima que no es procedente la recalificación del delito de asesinato -articulo 117 VCP 144-83- por el que fue condenado el señor SANTIAGO ALEJANDRO PAZ, al delito de homicidio -192 NCP 130-2017- con la norma penal vigente, en vista que el delito de asesinato regulado en el artículo 117 VCP 144-83, trae implícita la alevosía, es decir, que la alevosía es inherente al delito de asesinato, conducta que fue tipificada de acuerdo a la consideración de los hechos probados estimando el órgano jurisdiccional que la acción ejecutada se subsume en el tipo penal de ASESINATO, de ahí que, las circunstancias agravantes mencionadas por la recursista no modifican el delito en que se enmarcaron los hechos y por el cual fue condenado el señor SANTIAGO ALEJANDRO FLORES, reiterando que dicho delito tiene previstas las agravantes propias del tipo penal. Por otro lado, el sentenciador en aplicación al artículo 69 VCP 144-83, que establece “El juez determinará en la sentencia la pena aplicable al indiciado dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito y las circunstancias en que el mismo se haya cometido. Para ello tendrá en cuenta sus antecedentes personales, su mayor o menor peligrosidad, las circunstancias atenuantes y agravantes que hayan concurrido en el hecho apreciadas tanto por su número como, sobre todo, por su magnitud e importancia, y la mayor o menor extensión de los males producidos por el delito, en particular los de naturaleza económica.”, esto es, que el Tribunal para determinar la pena a imponer toma en cuenta la conducta tipificada, los hechos probados y además las circunstancias agravantes o atenuantes, valorando en su conjunto, no obstante, si bien es cierto que con la nueva norma las agravantes han desaparecido, no es menos cierto que en el caso que nos ocupa como ya se dijo, estas agravantes no determinan el delito de asesinato -articulo 117 VCP 144-83-, razón por la que esta sala considera que la argumentación seguida por la revisionista, en cuanto a la recalificación del delito de ASESINATO VCP 144-83 por el delito de HOMICIDIO NCP 130-2017, constituye más un alegato jurídico procesal, es oportuno acotar como ya lo ha hecho así, esta Sala en forma reiterada, que el Recurso de Revisión no tiene por finalidad conocer o sancionar las omisiones o irregularidades procesales cometidas en el curso del proceso o establecer la forma en que la prueba debió ser valorada; estas cuestiones tienen establecidas ya en la propia ley su vía recursiva y sus medios de impugnación en el procedimiento ordinario. III. No obstante lo anterior, esta Sala realiza un examen de ambas normas penales aplicables el caso sub judice para verificar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO (13): I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y articulo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia [Apelación o Casación]. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. Vale precisar que este no es un Recurso diseñado para hacer valoraciones sobre las decisiones tomadas por el juzgador primario solo se limita a precisar la existencia o no, de benignidad de una nueva norma penal para así garantizar la satisfacción del artículo 96 de la Constitución de la Republica. CONSIDERANDO (14): I.- En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor SANTIAGO ALEJANDRO PAZ, las penas de VEINTIDOS (22) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASESINATO en perjuicio del señor ADOLFO RENE PANAMEÑO; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II.- La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, Artículo 117 Penalizaba el delito ASESINATO con una pena de reclusión de veinte (20) a treinta (30) años, pena abstracta de la cual se le condenó a una pena concreta de veintidós (22) años, por inferir el tribunal sentenciador concurrencia calificativas propias del tipo penal de asesinato. III. - Por su parte, el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su Artículo 193, establece: “ASESINATO. Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. Siendo esta la premisa fundamental para determinar la procedencia del beneficio de retroactividad; por lo que corresponde como siguiente paso determinar dentro del margen abstracto la pena concreta a imponer según la circunstancia atenuante establecida del artículo 70 NCP 130-2017, ya que según lo manifestado por las partes tanto la recursista y el Fiscal del Ministerio Publico, en la sentencia no se consideró la circunstancia atenuante del artículo 31 numeral 4 NCP 130-2017, que dispone “CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. Son circunstancias atenuantes comunes las siguientes: 1… 2… 4. Ser el culpable mayor de dieciocho (18) años y menor de veintiuno (21);” para disminuir el quantum de la pena, en aplicación a esto la pena se calcula a partir del termino medio hasta el limite mínimo, es decir, que la pena abstracta para el delito de asesinato NCP 130-2017, es de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión y aplicando la regla sería una de veinte (20) a veintidós (22) años seis (6) meses de prisión, y el señor SANTIAGO ALEJANDRO PAZ fue condenado a veintidós (22) años, dentro de los parámetros establecidos. IV. En consecuencia esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente; no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor SANTIAGO ALEJANDRO PAZ FLORES de una nueva norma penal vigente porque no le resulta más benigna. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA, en favor del señor SANTIAGO ALEJANDRO PAZ FLORES. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes abril de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-1410-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL