Sentencia RP-1408-21 — Registro 17900
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó por el delito de asociación ilícita, en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras (Exp.No.139-2021) hechos probados de la sentencia venida en revisión penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los señores ROBERTO ARMANDO CARRANZA ROMERO Y HECTOR JACINTO MENDOZA GONZALEZ, la pena principal de TRECE AÑOS DE RECLUSION por el delito de ASOCIACION ILICITA más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en 332 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de Cien Mil (L. 100, 000.00) a Trescientos Mil (L. 300, 000.00) lempiras, rebajándose la pena en un tercio cuando no sea jefe o cabecilla de la estructura criminal; y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 554 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. II. Los sentenciados, al tenor del artículo 554 del nuevo Código Penal cometieron el delito de Asociación para delinquir. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados esbozados en la sentencia revisada (folios 716 al 719 de la pieza del expediente de Revisión). III. Por lo tanto en vista de que las circunstancias del hecho no manifiestan concurrencia de agravantes o atenuantes ni circunstancias modificativas del delito reconocidas en la nueva norma penal; siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo usanza de las fórmulas estatuidas en el Código Penal vigente, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, y replicando los parámetros dictados por el juzgador primario, donde al encausado se le impuso la pena mínima por el delito de Asociación Ilícita. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el Ministerio Público de acuerdo al acta de audiencia de oposición y presentación de pruebas procedió a revisar las leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de ASOCIACION ILICITA, por los cuales se condenó al imputado a la pena de trece (13) años de reclusión, de tal suerte que, el Código Penal derogado (Decreto 144-83) sancionaba el delito de ASOCIACION ILICITA en el artículo 332 que disponía una pena abstracta de trece (13) años cuatro (4) meses de reclusión a veinte (20) años, que rebajada por la aplicación del Procedimiento Abreviado queda una pena de diez (10) años a quince (15) años de reclusión, imponiéndole una pena de TRECE AÑOS DE RECLUSIÒN.- En el Código Penal vigente (Decreto 130-2017), se establece en el artículo 554, que el tipo penal de ASOCIACION PARA DELINQUIR, será sancionado en el caso de los directivos, promotores y financistas de la asociación ilícita, con pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, mientras que los simples integrantes de la asociación deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días y con la rebaja de 1/4 por la aplicación de Procedimiento Abrevado, resulta una pena de cuatro (4) años seis (6) meses a seis (6) años de reclusión, más a la pena de multa de queda una pena de setenta y cinco (75) días a cien (100) días, con relación al artículo 53 del Código Penal Vigente. Por lo expuesto, Se debe imponer a los encausados la pena de seis (6) años y multa de cien (100) días. IV. Con relación a la multa por el impacto de la conducta criminal y en atención a lo dispuesto en el artículo 53 del Código Penal decreto 130-2017, se debe imponer multa de mil lempiras (L. 1,000.00) por día.”
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los señores ROBERTO ARMANDO CARRANZA ROMERO Y HECTOR JACINTO MENDOZA GONZALEZ, la pena principal de TRECE AÑOS DE RECLUSION por el delito de ASOCIACION ILICITA más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en 332 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de Cien Mil (L. 100, 000.00) a Trescientos Mil (L. 300, 000.00) lempiras, rebajándose la pena en un tercio cuando no sea jefe o cabecilla de la estructura criminal; y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 554 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. II. Los sentenciados, al tenor del artículo 554 del nuevo Código Penal cometieron el delito de Asociación para delinquir. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados esbozados en la sentencia revisada (folios 716 al 719 de la pieza del expediente de Revisión). III. Por lo tanto en vista de que las circunstancias del hecho no manifiestan concurrencia de agravantes o atenuantes ni circunstancias modificativas del delito reconocidas en la nueva norma penal; siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo usanza de las fórmulas estatuidas en el Código Penal vigente, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, y replicando los parámetros dictados por el juzgador primario, donde al encausado se le impuso la pena mínima por el delito de Asociación Ilícita. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el Ministerio Público de acuerdo al acta de audiencia de oposición y presentación de pruebas procedió a revisar las leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de ASOCIACION ILICITA, por los cuales se condenó al imputado a la pena de trece (13) años de reclusión, de tal suerte que, el Código Penal derogado (Decreto 144-83) sancionaba el delito de ASOCIACION ILICITA en el artículo 332 que disponía una pena abstracta de trece (13) años cuatro (4) meses de reclusión a veinte (20) años, que rebajada por la aplicación del Procedimiento Abreviado queda una pena de diez (10) años a quince (15) años de reclusión, imponiéndole una pena de TRECE AÑOS DE RECLUSIÒN.- En el Código Penal vigente (Decreto 130-2017), se establece en el artículo 554, que el tipo penal de ASOCIACION PARA DELINQUIR, será sancionado en el caso de los directivos, promotores y financistas de la asociación ilícita, con pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, mientras que los simples integrantes de la asociación deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días y con la rebaja de 1/4 por la aplicación de Procedimiento Abrevado, resulta una pena de cuatro (4) años seis (6) meses a seis (6) años de reclusión, más a la pena de multa de queda una pena de setenta y cinco (75) días a cien (100) días, con relación al artículo 53 del Código Penal Vigente. Por lo expuesto, Se debe imponer a los encausados la pena de seis (6) años y multa de cien (100) días. IV. Con relación a la multa por el impacto de la conducta criminal y en atención a lo dispuesto en el artículo 53 del Código Penal decreto 130-2017, se debe imponer multa de mil lempiras (L. 1,000.00) por día.”
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los días siete días del mes de febrero del año so mil veinticuatro. VISTOS: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado MAURICIO FERNANDO ROSALES SARRES a favor del Señor HECTOR JACINTO MENDOZA GONZALES, contra sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA PENAL en fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa que se instruyó contra los señores ROBERTO ARMANDO CARRANZA ROMERO Y HECTOR JACINTO MENDOZA GONZALEZ, a quienes se les instruye proceso por el delito de ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS (Exp.No.139-2021) HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL. PRIMERO: Que de acuerdo con el expediente investigativo remitido a la cede fiscal por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) se ha logrado establecer algunos hechos delictivos en donde han perdido la vida varios ciudadanos, dichos hechos han sido ordenados y planificados por algunos líderes de la estructura criminal denominada Mara Salva Trucha MS-13, quienes se asociaron ilícitamente para cometer algunos delitos contra la vida. SEGUNDO: Que en fecha 10 de octubre del 2014, como a eso de las siete de la noche en 7 y 8 avenida de la Colonia "Prado Alto" de San Pedro Sula, se conducía las Abogadas Marlene Jeaneth Benegas Breve, Olga Patricia Eufragio Murillo, a bordo de un vehículo Tipo Pick-up, Color Gris, Marca: Toyota, cuando fueron interceptados por varios vehículos, quienes se bajaron, sacaron sus armas de fuego y comenzaron a disparar en múltiples ocasiones en contra de la humanidad de las victimas hasta causarles la muerte de manera inmediata. De acu3erdo al avance de las investigaciones Y declaraciones rendidas por los Testigos Protegidos "A y Z" se ha logrado determinar que estas dos muertes fueron ordenadas coordenadas y lideradas para la ejecución del hecho por los cabecillas de la Estructura criminal denominada Mara Salva Trucha, que responde a los nombres de Alexander Mendoza, Alias Porky, Viejo, Gordo o Tesoro, Jairo Anwar Orellana Recinos, Alias Kawas, Sony, o 13 Loco, Rony Villanueva, Alias Tony o Rony, Jairo Josué Aguilar entre otros. Asimismo se pudo determinar que dicha estructura criminal, con la cooperación de funcionarios públicos y de agentes policiales brindándoles información con el objeto de obtener información para aniquilar a los otros miembros rivales con su estructura criminal, tal como ocurrió con la muerte de las Abogadas Marlene Jeanette Banegas Breve, Olga Patricia Eufragio Murillo, que fueron planificadas y ejecutas por órdenes de la estructura criminal Mara Salva Trucha, y de quienes se tiene plenamente identificados a los señores Roberto Armando Carranza, quien según declaración del Testigo Protegido es la persona que sabía en lugar en donde se encontraban las armas para participa en dicho hecho. TERCERO: De las investigaciones realizadas se desprende que los imputados Héctor Jacinto Mendoza González, Alias Camuna, Roberto Armando Carranza Romero Alias Carranza, Milton Eduardo Cardoza Martínez, Alias Don Milton, Y otros, son integrantes de una Asociación Ilícita denominada Mara Salva Trucha, a la que ellos denominan La Empresa o la Familia, cuyos miembros tiene atribuciones específicas para que realicen determinados hechos ilícitos, como· ser: Asesinatos, Trafico de Drogas tanto en el territorio nacional como fuera de el con el objeto de agenciarse fondos necesarios para la subsistencias de dicha organización. ANTECEDENTES.1. Que, según antecedentes recibidos en esta Sala, el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA PENAL dictó sentencia condenatoria en fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil diecisiete (2017), contra los señores ROBERTO ARMANDO CARRANZA ROMERO Y HECTOR JACINTO MENDOZA GONZALEZ, por el delito de ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, proceso en el cual se celebró la Audiencia declaración imputado en fecha 18 de octubre del 2016, y la Audiencia inicial el 21 de noviembre del 2016. 2. Que en fecha ocho (8) de mayo de dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado MAURICIO FERNANDO ROSALES SARRES presentando recurso de revisión penal a favor del señor HECTOR JACINTO MENDOZA GONZALES, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA PENAL en fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil diecisiete (2017). (Folios 01 y 02 del recurso)3. Que en fecha diecisiete (17) de febrero del dos mil veintidós (2022), la Sala de lo Constitucional resolvió admitir el recurso de revisión de que se hace relación y se dispuso a librar las respectivas comunicaciones con las inserciones de estilo al JUZGADO DE EJECUCIÓN CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA PENAL, a efecto de que remitieran los expedientes de la causa. En consecuencia, una vez recibidos los antecedentes, esta Sala ordenó la celebración de la Audiencia respectiva. (Folios 17 al 29).4.Que en fecha doce (12) de octubre de dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado MAURICIO FERNANDO ROSALES SARRES, en su condición de apoderado legal del señor HECTOR JACINTO MENDOZA GONZALEZ, y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, a favor de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), en la cual su representado debería ser condenado a una pena más baja de reclusión, por el delito de Asociación Ilícita.- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque se OTORGUE la presente acción de revisión, en virtud de que lo peticionado por el revisionista está conforme a la Ley. Arguyendo lo siguiente: “Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las disposiciones contenidas en el Código Penal Vigente, los delitos por los cuales fue condenado su representado, son sancionados con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2)..., 3)..., 4)...,5)... 6) .. 7)..., 8)Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna...", relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal.- De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar las leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de ASOCIACION ILICITA, por los cuales se condenó al hoy imputado a la pena de trece (13) años de reclusión, de tal suerte que, el Código Penal derogado sancionaba el delito de ASOCIACION ILICITA en el artículo 332 que disponía una pena abstracta de trece (13) años cuatro (4) meses de reclusión a veinte (20)años, que rebajada 14 por la aplicación del Procedimiento Abreviado queda una pena de diez (10) años a quince (15) años de reclusión, imponiéndole una pena de TRECE AÑOS DE RECLUSIÒN.- En el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017),establece en el artículo 554, que el tipo penal de ASOCIACION PARA DELINQUIR, será sancionado en el caso de los directivos, promotores y financistas de la asociación ilícita, con pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, mientras que los simples integrantes de la asociación deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días y con la rebaja de 1 por la aplicación de Procedimiento Abrevado, resulta una pena de cuatro (4) años seis (6) meses a seis (6) años de reclusión, más a la pena de multa de queda una pena de setenta y cinco (75) días a cien (100) días, con relación al artículo 53 del Código Penal Vigente.- Estima esta Representación fiscal que el nuevo Código Penal efectivamente establece una pena más favorable al hoy condenado, en ese sentido se estima que las circunstancias en la cuales sucedieron los hechos se debe imponer la pena mediante la figura de Procedimiento Abreviado.” (Folios 30 al 33 del recurso de mérito) FUNDAMENTACION. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El J.E.F.V. manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos . CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos expuestos en el escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): El Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. “Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. […]. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: “Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás”. La sentencia condenatoria en revisión es contra los señores ROBERTO ARMANDO CARRANZA ROMERO Y HECTOR JACINTO MENDOZA GONZALEZ, a quienes se les instruye proceso por el delito de ASOCIACION ILICITA, aunque la acción de revisión fue promovida únicamente por la representación de condenado señor HECTOR JACINTO MENDOZA GONZALEZ. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SEIS(6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos , la que una vez en vigor forma parte del derecho interno ; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo” . -Lo negrito y subrayado es nuestro. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia R.C. Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que des incriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa ; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigor, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO ONCE (11): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores ROBERTO ARMANDO CARRANZA ROMERO Y HECTOR JACINTO MENDOZA GONZALEZ fueron condenados por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha en fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil diecisiete (2017), a la pena de TRECE AÑOS DE RECLUSION por el delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 332 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Asociación Ilícita. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; D. aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: I. novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los señores ROBERTO ARMANDO CARRANZA ROMERO Y HECTOR JACINTO MENDOZA GONZALEZ, la pena principal de TRECE AÑOS DE RECLUSION por el delito de ASOCIACION ILICITA más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en 332 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de Cien Mil (L. 100, 000.00) a Trescientos Mil (L. 300, 000.00) lempiras, rebajándose la pena en un tercio cuando no sea jefe o cabecilla de la estructura criminal; y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 554 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. II. Los sentenciados, al tenor del artículo 554 del nuevo Código Penal cometieron el delito de Asociación para delinquir. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados esbozados en la sentencia revisada (folios 716 al 719 de la pieza del expediente de Revisión). III. Por lo tanto en vista de que las circunstancias del hecho no manifiestan concurrencia de agravantes o atenuantes ni circunstancias modificativas del delito reconocidas en la nueva norma penal; siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo usanza de las fórmulas estatuidas en el Código Penal vigente, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, y replicando los parámetros dictados por el juzgador primario, donde al encausado se le impuso la pena mínima por el delito de Asociación Ilícita. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el Ministerio Público de acuerdo al acta de audiencia de oposición y presentación de pruebas procedió a revisar las leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de ASOCIACION ILICITA, por los cuales se condenó al imputado a la pena de trece (13) años de reclusión, de tal suerte que, el Código Penal derogado (Decreto 144-83) sancionaba el delito de ASOCIACION ILICITA en el artículo 332 que disponía una pena abstracta de trece (13) años cuatro (4) meses de reclusión a veinte (20) años, que rebajada por la aplicación del Procedimiento Abreviado queda una pena de diez (10) años a quince (15) años de reclusión, imponiéndole una pena de TRECE AÑOS DE RECLUSIÒN.- En el Código Penal vigente (Decreto 130-2017), se establece en el artículo 554, que el tipo penal de ASOCIACION PARA DELINQUIR, será sancionado en el caso de los directivos, promotores y financistas de la asociación ilícita, con pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, mientras que los simples integrantes de la asociación deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días y con la rebaja de 1/4 por la aplicación de Procedimiento Abrevado, resulta una pena de cuatro (4) años seis (6) meses a seis (6) años de reclusión, más a la pena de multa de queda una pena de setenta y cinco (75) días a cien (100) días, con relación al artículo 53 del Código Penal Vigente. Por lo expuesto, Se debe imponer a los encausados la pena de seis (6) años y multa de cien (100) días. IV. Con relación a la multa por el impacto de la conducta criminal y en atención a lo dispuesto en el artículo 53 del Código Penal decreto 130-2017, se debe imponer multa de mil lempiras (L. 1,000.00) por día. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado MAURICIO FERNANDO ROSALES SARRES, a favor del señor HECTOR JACINTO MENDOZA GONZALES; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil diecisiete (2017); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar las penas impuestas a los señores ROBERTO ARMANDO CARRANZA ROMERO Y HECTOR JACINTO MENDOZA GONZALEZ, por el delito ASOCIACIÓN ILICITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS la cual deberá leerse de la siguiente manera: “PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a ROBERTO ARMANDO CARRANZA ROMERO Y HECTOR JACINTO MENDOZA GONZALEZ, como autores penalmente responsables por el delito de ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de seis (6) años de prisión y la pena de multa de cien (100) días a razón de mil lempiras (L 1,000.00) por día que equivalen a cien mil lempiras (L 100,000.00), más la pena accesoria de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (artículo 42.1) por el tiempo que dure la condena de prisión, la cual deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto de Tamara Francisco Morazán, quedando sujeto a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario.”. SEGUNDO: Se dejan incólumes los demás pronunciamientos no afectados por el presente. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de abril de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha siete de febrero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1408-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.