Sentencia RP-1403-22 — Registro 19319
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente como autor del delito de lavado de activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras a una pena principal de ocho (8) años de reclusión, más penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, con responsabilidad civil y se declaró el comiso del dinero incautado; La Sala concluyó que el recurrente se encuentra gozando de libertad condicional.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"La revisión penal, procede de conformidad, en los términos propios que establece la Ley Penal, existiendo excepciones taxativas, que demarcan los casos de improcedencia. Así, la literalidad del artículo 618 del Código Penal vigente (NCP-130-2017), que estipula:...El artículo 621, siempre del Código Penal vigente (NCP-130-2017), orienta hacia la revisión de sentencias firmes, siempre que el penado esté cumpliendo efectivamente la pena, es decir, se autoriza a la revisión de penas que se encuentren en ejecución, conforme a le legislación vigente; aplicándose la disposición más favorable, considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. En el presente caso, si bien la teleología de nuestro Código Penal pareciere omisa en la cuestión, sí resulta ilustrativo lo establecido en la Exposición de Motivos al Código Penal español (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre); el cual sirvió de inspiración, como se sabe, para la promulgación de nuestro Código Penal; donde se señala, a la letra: “En primer lugar, se propone una reforma total del actual sistema de penas, de modo que permita alcanzar, en lo posible, los objetivos de resocialización que la Constitución le asigna. El sistema que se propone simplifica, de una parte, la regulación de las penas privativas de libertad, ampliando, a la vez, las posibilidades de sustituirlas por otras que afecten a bienes jurídicos menos básicos, y, de otra, introduce cambios en las penas pecuniarias, adoptando el sistema de días-multa y añade los trabajos en beneficio de la comunidad.”..."..."realizado el estudio del expediente y de la sentencia bajo estudio, en garantía de revisión penal, se encuentra la imposición de una pena concreta de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN, al señor SERGIO ORLANDO VENTURA CANTORAL, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS; más las penas de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal; pena concreta, cuya revisión se solicita ante esta Sala de lo Constitucional por la defensa, quien funda su petición en el precepto autorizante del artículo 96 numeral 8) de la Ley sobre Justicia Constitucional; el cual establece, en principio, la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando, en una sentencia firme, proceda la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna; con sendos pareceres discordantes de la Fiscalía del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República, en los términos expresados. Asimismo, es importante acotar que, una vez iniciado un trámite de revisión en materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del recurso, se deberá observar la norma que fue invocada por el revisionista y que al momento de peticionar estuviese en vigencia. Asimismo, al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso); siempre y cuando se cumplan los requisitos y condiciones establecidas en la Ley, lo cual no es particularmente el caso, como se verá a continuación..."..."resulta que, el señor SERGIO ORLANDO VENTURA CANTORAL, se encuentra condenado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, y que, en virtud de resolución del Juzgado de Ejecución Penal con Jurisdicción Nacional (Exp. 5-10-2020), fechada dieciséis (16) de febrero de dos mil dos mil veintidós (2022), se le otorga la figura de LIBERTAD CONDICIONAL, en virtud de la cual deberá estar en libertad y firmando durante el periodo de duración de la condena. Examinada la foliada, se encuentra ello en concordancia al Cómputo de Pena, emitido por el Juzgado de Ejecución Penal con Jurisdicción Nacional, en fecha seis (06) de diciembre de dos mil dos mil veintiuno (2021); según el cual, el señor SERGIO ORLANDO VENTURA CANTORAL podría solicitar la Libertad Condicional desde fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), si reunía los requisitos del artículo 81 y 82 del Código Penal (Decreto 130-2017) y hacía efectivo el pago de la multa por DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (2, 301, 989.04); teniendo como fecha de cumplimiento de la pena de reclusión, el veintinueve (29) de marzo del año dos mil veintisiete (2027). En tal virtud, de manera excepcional, señalada en las leyes, y específicamente en la literalidad del artículo 618 del Código Penal vigente (NCP-130-2017), no procederá revisar las PENAS SUSPENDIDAS: “…, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocaré. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma (…)”; estableciendo, in fine, que la misma regla se observará si el penado se encuentra en libertad condicional. – Por lo anteriormente motivado, no cabe sino dictar improcedencia a la presente garantía de revisión penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 70 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 618 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 621 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 70 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 618 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 621 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por los Abogados Lucio Ferrera Salgado y Juan Carlos Carbajal Funez, a favor del señor Sergio Orlando Ventura Cantoral, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, Sala II, de fecha quince de octubre de dos mil veintiuno; con relación a la causa que se instruyó contra el señor Sergio Orlando Ventura Cantoral, por haber sido condenado por el delito Lavado de Activos, en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras. ANTECEDENTES 1)En fecha treinta de marzo de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal con Sede en San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, Abogado Oscar Mauricio Tabora Álvarez, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Sergio Orlando Ventura Cantoral, por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. (Folios 1-4 del antecedente)2)Que en fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional con Sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Condenar al señor SERGIO ORLANDO VENTURA CANTORAL como autor de un delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA HACIENDA PUBLICA a la pena principal de ocho (8) AÑOS DE PRISION, la cual deberá cumplir en el establecimiento penal que corresponda conforme a la ley, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, descontándose el tiempo que se ha encontrado privado de libertad por esta causa; asimismo también se le condena como pena principal al pago de una multa del 100% de los lavado, equivalente a dos millones trescientos un mil. novecientos ochenta y nueve lempiras con cuatro centavos, la cual deberá enterar a la Tesorería General de la República y se le condena a la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, por el tiempo que dure la pena principal. SEGUNDO: Se declara al condenado responsable civilmente. TERCERO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. CUARTO: Se declara el comiso de los noventa y tres mil seiscientos dólares americanos equivalentes a dos millones trescientos un mil novecientos ochenta y nueve lempiras con cuatro centavos que le fueron incautados al acusado. QUINTO: Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales. ASÍ LO PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS…” (Folios 1053-1059 del antecedente)3)En fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por los Abogados Lucio Ferrera Salgado y Juan Carlos Carbajal Funez, a favor del señor Sergio Orlando Ventura Cantoral, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del artículo 96 de la Constitución de la República; en consonancia a los artículos 615, 616, 621 y 439 reformado del Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), mediante Decreto 93-2021, por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-5 del recurso de mérito)4)En fecha veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante Luis Alonso Discua Cerrato, con la comparecencia de la Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Lucio Ferrera Salgado, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor Sergio Orlando Ventura Cantoral; El Ministerio Público consideró: “…Al examinar el fallo emitido por el A-quo, se aprecia que se condenó a SERGIO ORLANDO VENTURA CANTORAL, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS a la pena de OCHO (08) AÑOS, DE RECLUSIÓN Y una pena de multa de 100% EQUIVALENTE A DOS MILLONES, TRESCIENTOS UN MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (Lps.2,301,984.04) con fundamento en el artículo 439 decreto 130-2017; no obstante, Si bien es cierto, la reforma al artículo 439 del Código Penal vigente, realizada a través del decreto 93-2021 publicado en el Diario Oficial La Gaceta NO. 35,760, derogó lo atinente "O que no tenga causa o justificación económica o licita de su procedencia." No menos cierto es, que la reforma contraviene disposiciones de carácter convencional al suprimir que no se tengan causa o, justificación económica o licita de la procedencia del bien, lo que violenta el numeral 7) del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados Partes a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen licito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno. Asimismo, la Convención de Palermo expone en su artículo 12 numeral 7): "Los Estados Partes podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso, en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas". De ahí que al ser el Estado de Honduras, parte de estos Tratados internacionales constituye obligatoriedad de cumplimiento conforme al principio fundamental que tratados deben ser los cumplidos (PACTA SUNT SERVANDA), contemplado en la convención de Viena de 1969, que en el artículo 26, señala: "todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe", mismo que lo encontramos consagrado en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, en el párrafo 2 del artículo 2 que dice:" sus miembros cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos. En razón a ello, el Ministerio Público solicita a esta Honorable Sala de lo Constitucional aplique el respectivo Control de Convencionalidad y decrete la inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el Decreto 93-2021 en lo atinente "que no tenga causa o justificación económica o licita de su procedencia, por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte. Aunado a lo anterior, el ente acusador presentó ante la Sala de lo Constitucional recurso de Inconstitucionalidad POR VÍA DE ACCIÓN POR RAZON DE FORMA Y CONTENIDO CONTRA EL DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 93-2021, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA NÚMERO 35,750 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021, POR COLISIONAR CON EL CONTENIDO ESENCIAL DE LOS ARTÍCULOS 16, 18, 63, 232 Y 320 DE NUESTRA LEY FUNDAMENTAL. De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión…” (Folios 18-21 vuelto del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. CONSIDERANDO DOS (2): El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,la que una vez en vigor forma parte del derecho interno de nuestro país.Al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se ha comprometido a respetar los derechos y libertades allí reconocidos. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO TRES (3): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en audiencia de oposición y presentación de pruebas. Llevada a cabo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintiséis de octubre del año dos mil veintitrés, contó con la comparecencia de la Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; del Abogado Erick Gerardo Rodríguez Licona, en su condición de representante de la Procuraduría General de la República; y de los Abogados Lucio Ferrera Salgado y Juan Carlos Carbajal Funez, en su condición de Apoderados Legales del señor Sergio Orlando Ventura Cantoral. Fundan su petición los revisionistas en el precepto autorizante del artículo 96 numeral 8) de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando, en una sentencia firme, proceda la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye, en síntesis, la representación garantista, que ratificaba todos los puntos expuestos en los fundamentos jurídicos y fácticos de su solicitud, en vista a que el señor Sergio Orlando Ventura Cantoral fue condenado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, bajo la égida del artículo 439 del Código Penal Vigente (Decreto 130-2017); suscitándose la reforma del referido artículo, realizada a través del Decreto 93-2021, donde ya desaparece el elemento de tipo penal consistente en no tener causa o justificación económica o lícita de su procedencia; lo cual ocasiona la atipicidad penal de la conducta juzgada, en aplicación estricta de la reforma operada mediante el Decreto 93-2021. La posición jurídica planteada por la Fiscal compareciente, fue de oposición a que se conceda el recurso de revisión bajo estudio; al haberse violentado disposiciones de carácter convencional, en su criterio, al suprimirse dicha causal típica mediante la reforma del delito de LAVADO DE ACTIVOS; conforme a lo estipulado en el numeral 7 del artículo 5, y 26 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados Partes a considerar la posibilidad de exigir al delincuente que demuestre el origen lícito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad; en armonía a lo preceptuado en la Convención de Palermo en su artículo 12 numeral 7). De allí que, al ser parte el Estado de Honduras de ambos Tratados Internacionales, procede, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, párrafo 2 del artículo 2, cumplirlos; de conformidad al principio Pacta Sunt Servanda, contemplada en la Convención de Viena de 1969, cuyo artículo 26 obliga a las partes al cumplimiento de buena fe de los tratados internacionales en vigor. En razón de ello, el Ministerio Público solicita se aplique el respectivo control de convencionalidad y decrete la inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el Decreto 93-2021 en lo atinente “o que no tenga causa o justificación económica o lícita de su procedencia”, por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte. Asimismo, el Ministerio Público manifiesta que se presentó, ante la Sala de lo Constitucional, recurso de inconstitucionalidad por vía de acción, por razón de forma y de contenido contra dicho Decreto Legislativo; por colisionar con el contenido esencial de los artículos 16, 18, 63, 232 y 320 de nuestra Ley Fundamental. En tal sentido, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión penal. Acto y seguido, se cedió la palabra el Abogado Erick Gerardo Rodríguez Licona, en su condición de representante de la Procuraduría General de la República, a efecto de que presente oposición al recurso de revisión de mérito; quien manifestó adherirse a los conceptos jurídicos y fácticos expresados por la Fiscalía General de la República, después de realizar estudio del presente caso; solicitando, de igual manera, se aplique el respectivo control de convencionalidad y decrete inaplicabilidad para el caso concreto del Decreto Legislativo Número 93-2021, en lo atinente a que no tenga causa o justificación económica o lícita de su procedencia, y que proceda la honorable Sala a declarar sin lugar la solicitud.CONSIDERANDO CUATRO (4): Reglas de ponderación generalmente aplicables. En el supuesto de pena no concursada, bajo ejecución penal, con base a la firmeza de la sentencia y a la no suspensión de pena, procedería, en su caso, la comparación de la pena concreta impuesta bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; b. No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; c. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP 144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP 130-2017; d. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; e. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. f. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP-130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala, previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados, no existiera claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, le consultara la Sala a éste para que señale la ley que estima más le favorece. CONSIDERANDO CINCO (5): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional: I. Casos de improcedencia de la garantía de revisión penal. La revisión penal, procede de conformidad, en los términos propios que establece la Ley Penal, existiendo excepciones taxativas, que demarcan los casos de improcedencia. Así, la literalidad del artículo 618 del Código Penal vigente (NCP-130-2017), que estipula: “PENAS SUSPENDIDAS. SI el cumplimiento de la pena estuviere suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocaré. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma. La misma regla se observa si el penado se encuentra en libertad condicional”. El artículo 621, siempre del Código Penal vigente (NCP-130-2017), orienta hacia la revisión de sentencias firmes, siempre que el penado esté cumpliendo efectivamente la pena, es decir, se autoriza a la revisión de penas que se encuentren en ejecución, conforme a le legislación vigente; aplicándose la disposición más favorable, considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. En el presente caso, si bien la teleología de nuestro Código Penal pareciere omisa en la cuestión, sí resulta ilustrativo lo establecido en la Exposición de Motivos al Código Penal español (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre); el cual sirvió de inspiración, como se sabe, para la promulgación de nuestro Código Penal; donde se señala, a la letra: “En primer lugar, se propone una reforma total del actual sistema de penas, de modo que permita alcanzar, en lo posible, los objetivos de resocialización que la Constitución le asigna. El sistema que se propone simplifica, de una parte, la regulación de las penas privativas de libertad, ampliando, a la vez, las posibilidades de sustituirlas por otras que afecten a bienes jurídicos menos básicos, y, de otra, introduce cambios en las penas pecuniarias, adoptando el sistema de días-multa y añade los trabajos en beneficio de la comunidad.” CONSIDERANDO SEIS (6): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional: II. Causales legales para dictar la improcedencia de la garantía de revisión penal: Suspensión de la Pena y Libertad Condicional. Que, realizado el estudio del expediente y de la sentencia bajo estudio, en garantía de revisión penal, se encuentra la imposición de una pena concreta de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN, al señor SERGIO ORLANDO VENTURA CANTORAL, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS; más las penas de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal; pena concreta, cuya revisión se solicita ante esta Sala de lo Constitucional por la defensa, quien funda su petición en el precepto autorizante del artículo 96 numeral 8) de la Ley sobre Justicia Constitucional; el cual establece, en principio, la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando, en una sentencia firme, proceda la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna; con sendos pareceres discordantes de la Fiscalía del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República, en los términos expresados. Asimismo, es importante acotar que, una vez iniciado un trámite de revisión en materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del recurso, se deberá observar la norma que fue invocada por el revisionista y que al momento de peticionar estuviese en vigencia. Asimismo, al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso); siempre y cuando se cumplan los requisitos y condiciones establecidas en la Ley, lo cual no es particularmente el caso, como se verá a continuación. CONSIDERANDO SIETE (7): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional: III. Suspensión de la Pena y Libertad Condicional: Causales legales para dictar la improcedencia de la garantía de revisión penal. Que, en efecto, de lo manifestado en la Audiencia de oposición y presentación de pruebas, por los Letrados garantistas y la representación estatal, y en concordancia al estudio de la foliada, resulta que, el señor SERGIO ORLANDO VENTURA CANTORAL, se encuentra condenado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, y que, en virtud de resolución del Juzgado de Ejecución Penal con Jurisdicción Nacional (Exp. 5-10-2020), fechada dieciséis (16) de febrero de dos mil dos mil veintidós (2022), se le otorga la figura de LIBERTAD CONDICIONAL, en virtud de la cual deberá estar en libertad y firmando durante el periodo de duración de la condena. Examinada la foliada, se encuentra ello en concordancia al Cómputo de Pena, emitido por el Juzgado de Ejecución Penal con Jurisdicción Nacional, en fecha seis (06) de diciembre de dos mil dos mil veintiuno (2021); según el cual, el señor SERGIO ORLANDO VENTURA CANTORAL podría solicitar la Libertad Condicional desde fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), si reunía los requisitos del artículo 81 y 82 del Código Penal (Decreto 130-2017) y hacía efectivo el pago de la multa por DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (2, 301, 989.04); teniendo como fecha de cumplimiento de la pena de reclusión, el veintinueve (29) de marzo del año dos mil veintisiete (2027). En tal virtud, de manera excepcional, señalada en las leyes, y específicamente en la literalidad del artículo 618 del Código Penal vigente (NCP-130-2017), no procederá revisar las PENAS SUSPENDIDAS: “…, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocaré. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma (…)”; estableciendo, in fine, que la misma regla se observará si el penado se encuentra en libertad condicional. – Por lo anteriormente motivado, no cabe sino dictar improcedencia a la presente garantía de revisión penal.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 4, 70, 90, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículos 1, 615, 618, 621 y 622 del Código Penal vigente (Decreto Legislativo Número 130-2017); 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN PENAL promovida por los abogados LUCIO FERRERA SALGADO y JUAN CARLOS CARBAJAL FUNEZ, a favor del señor SERGIO ORLANDO VENTURA CANTORAL, por encontrarse éste gozando de Libertad Condicional. SEGUNDO: DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE SU PROCEDENCIA, para cumplimentar los alcances y efectos que rigen la garantía de ejecución penal, con base a lo normado en la Constitución de la República y en el Código Penal vigente (NCP-130-2017). Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha cinco de diciembre de dos mil veinticuatro recaída en el Recurso de Revisión Penal . Registrado en este Tribunal con el número SCO-1403-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL