Sentencia RP-1396-21 — Registro 19125
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria por el delito de Secuestro en aplicabilidad del Principio de retroactividad en materia penal, sosteniendo la Sala Constitucionalla nueva norma penal también se contempla como pena principal la prohibición de residencia por el doble del tiempo, la cual no estaba contemplada en la normativa anterior. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP-130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
En este caso, según el primer hecho probado de la sentencia, el delito se materializó por la actuación conjunta de cuatro (4) personas fuertemente armadas. Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión (20 años de reclusión) se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad con el NCP 130-2017 (15 a 20 años de prisión); adicionalmente, en la nueva norma penal también se contempla como pena principal la prohibición de residencia por el doble del tiempo, la cual no estaba contemplada en la normativa anterior. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP-130-2017
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia Sala de lo Constitucional Sentencia de revisión penal. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el magistrado Wagner Vallecillo Paredes, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Francisca Villela Zavala, Isbela Bustillo Hernández y Sonia Marlina Dubón Villeda, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-1396-2021, promovido por la Abogada María Dolores Arambu Medina, en favor de Denis Orlando Henríquez Paz, contra la sentencia de fecha treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Jhony Jesús Pineda Orellana, como autor penalmente responsable de un delito de Secuestro, en perjuicio de la libertad de Armando Ávila Fernández, imponiéndole la pena de veinte (20) años de reclusión, debiéndose computar la misma desde el día en que fue recluido de manera efectiva en el centro penitenciario respectivo. Segundo: Condenó a Denis Orlando Henríquez Paz, como autor penalmente responsable de un delito de Secuestro, en perjuicio de la libertad de Armando Ávila Fernández, imponiéndole la pena de veinte (20) años de reclusión, debiéndose computar la misma desde el día en que fue recluido de manera efectiva en el centro penitenciario respectivo. Tercero: Condenó a Jhony Jesús Pineda Orellana y Denis Orlando Henríquez Paz, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena privativa de la libertad, la que deberá ejecutarse en la fase de ejecución de la pena. Cuarto: Declaró la responsabilidad civil de los condenados Jhony Jesús Pineda Orellana y Denis Orlando Henríquez Paz, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. Quinto: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Sexto: No decretó comiso. Son partes: 1) El Abogado María Dolores Arambu Medina, en representación de Denis Orlando Henríquez Paz, como revisionista;2) La Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. “PRIMERO: En fecha doce (12) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), a eso de las 8:00 de la mañana, el señor ARMANDO ÁVILA FERNÁNDEZ salió de su casa de habitación, ubicada en el Barrio San Antonio del Municipio de Tela, Departamento de Atlántida, con destino a su finca de Palma Africana ubicada en la Aldea Agua Blanca del mismo Departamento, donde permaneció trabajando hasta a eso de la 1:30 de la tarde, cuando salió de la finca que se encuentra localizada en el lugar conocido como el Moregen, del Municipio de Tela, fue interceptado por cuatro personas fuertemente armadas en motocicletas, quienes llevaban cubiertos sus rostros con pasamontañas, siendo uno de ellos JHONY JESÚS PINEDA ORELLANA, quien se subió a la izquierda y luego conducía el vehículo marca Nissan, tipo pick up, color azul, modelo Frontier, placa PDQ9177 del ofendido, también lo desapoderaron de su aparato celular, llevándoselo con rumbo a una Finca de Palma Africana de la zona, una vez en cautiverio le manifestaron los raptores que se trataba de un secuestro y a través del número 9580-0193 la víctima se comunicaba con el señor Armando Ávila Murillo, padre del ofendido, quien portaba el número de celular 9995-0068 manifestándoles los raptores que lo tenían privado de su libertad al señor ARMANDO ÁVILA FERNÁNDEZ y que para su liberación exigían la cantidad de dos millones de lempiras por el rescate, negociando con los captores a quienes se les pagó la cantidad de ciento cincuenta mil lempiras (L 150,000.00). SEGUNDO: Durante el tiempo que el ofendido estuvo en cautiverio, el señor DENIS ORALNDO HENRÍQUEZ PAZ desempeñaba el rol de cuidador de la víctima, escuchando entre los secuestradores que iban a mandar a traer bebidas gaseosas, señalando el señor Denis Orlando que al ofendido le gustaba tomar AMP bebida energizante, por lo que éste logró identificarlo como un antiguo trabajador que había tenido, una vez entregado el rescate los captores lo subieron a una motocicleta y lo liberan antes de llegar a la Colonia Guayfor.” Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Territorial Nacional, el Abogado Miguel Ángel Sosa, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de Jhony Jesús Pineda Orellana y Denis Orlando Henríquez Paz, por considerarlos autores penalmente responsables del delito de Secuestro, en perjuicio de Armando Ávila Fernández.SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, dictó sentencia en fecha treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020), mediante la cual falló condenar a Denis Orlando Henríquez Paz, a la pena principal de veinte (20) años de reclusión, por ser autor penalmente responsable de un delito de Secuestro, en perjuicio de Armando Ávila Fernández; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito.TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. La Abogada María Dolores Arambu Medina en representación de Denis Orlando Henríquez Paz, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha seis (6) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020), por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil veintidós (2022) (f. 53).CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional (f. 56), habiendo comparecido la Abogada María Dolores Arambu Medina, en representación de Denis Orlando Henríquez Paz, como revisionista; y, la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando la revisionista que, ratifica su recurso de revisión penal y con base en los artículos 239, 614 y 615 del CP 130-2017, pide modificar la condena impuesta de veinte (20) años de reclusión y la aplicación en concreto de una pena de ocho (8) años de prisión en virtud de no existir agravantes en el hecho ni en las circunstancias personales del sentenciado; por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que en el delito de secuestro concurren dos agravantes específicas contempladas en los numerales 1) y 7) del artículo 240 del CP 130-2017, lo que conlleva que la pena concreta impuesta en instancia corresponde al marco penal imponible de conformidad con el CP 130-2017, por lo que es de la opinión que se mantenga la pena impuesta en instancia y no se otorgue el recurso de mérito.Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado María Dolores Arambu Medina, en representación de Denis Orlando Henríquez Paz, como revisionista; y, la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. La Abogada María Dolores Arambu Medina funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Ratifica su recurso de revisión penal y con base en los artículos 239, 614 y 615 del CP 130-2017, pide modificar la condena impuesta de veinte (20) años de reclusión y la aplicación en concreto de una pena de ocho (8) años de prisión en virtud de no existir agravantes en el hecho ni en las circunstancias personales del procesado; por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que en el delito de secuestro concurren dos agravantes específicas contempladas en los numerales 1) y 7) del artículo 240 del CP 130-2017, lo que conlleva que la pena concreta impuesta en instancia corresponde al marco penal imponible de conformidad con el CP 130-2017, por lo que es de la opinión que se mantenga la pena impuesta en instancia y no se otorgue el recurso de mérito.CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Denis Orlando Henríquez Paz, la pena de veinte (20) años de reclusión, por ser autor penalmente responsable del delito de secuestro, en perjuicio de Armando Ávila Fernández; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Denis Orlando Henríquez Paz, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Secuestro cuyas penas son prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. Según los hechos probados de la sentencia, este margen abstracto debe aumentarse de quince (15) a veinte (20) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena, en virtud de concurrir dos agravantes específicas: i. La contemplada en el artículo 240 numeral 1) del CP 130-2017, que establece cuando el autor logra el cumplimiento de la condición; en este caso, el primer hecho probado de la sentencia establece que la liberación de la víctima fue como consecuencia del pago de ciento cincuenta mil lempiras (L 150,000.00), que realizaron sus familiares a los autores del delito; y, ii. La contemplada en el artículo 240 numeral 7) del NCP 130-2017, que establece la circunstancia de que el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado, entendiendo por este cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves (artículo 136 del NCP). En este caso, según el primer hecho probado de la sentencia, el delito se materializó por la actuación conjunta de cuatro (4) personas fuertemente armadas. Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión (20 años de reclusión) se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad con el NCP 130-2017 (15 a 20 años de prisión); adicionalmente, en la nueva norma penal también se contempla como pena principal la prohibición de residencia por el doble del tiempo, la cual no estaba contemplada en la normativa anterior. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP-130-2017.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada María Dolores Arambu Medina, en favor del señor Denis Orlando Henríquez Paz. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la Magistrada ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. Notifíquese. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.“CORTE SUPREMA DEJUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de octubre del dos mil veinticuatro. VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada MARIA DOLORES ARAMBU MEDINA en la sentencia del recurso de revisión penal presentado por la peticionaria a favor del señor DENNIS ORLANDO HENRIQUEZ PAZ, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha catorce de junio de dos mil veinticuatro y por la cual se falla no ha lugar el recurso de revisión penal interpuesto contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha treinta de abril de dos mil veinte, con relación a la causa que se instruyó contra el señor DENNIS ORLANDO HENRIQUEZ PAZ, por el delito de SECUESTRO en perjuicio del señor ARMANDO AVILA FERNANDEZ.CONSIDERANDO (1): Que en fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro, la recurrente abogada MARIA DOLORES ARAMBU MEDINA, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la resolución emitida por este Alto Tribunal en fecha catorce de junio de dos mil veinticuatro, por considerar que esta Sala consideró únicamente aspectos que perjudican al condenado (considerando el argumento fiscal sobre dos agravantes) para denegarle el derecho al señor Dennis Orlando Henríquez Paz, pues en dicha normativa penal (decreto 130-2017) en el artículo 136 establece: “GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO. Se considera grupo delictivo organizado a cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme a lo dispuesto en este Código”. De ahí que se considera que, en todo caso, la norma para la aplicación de la retroactividad de la ley mas favorable, en el artículo 615, último párrafo dice que los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código, se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan mas favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplicaran estas; y es de aquí que se establece que al haber emitido resolución desfavorable al señor Henríquez Paz, esta Sala al impartir justicia, debió valorar la norma en su totalidad, en todo caso, lo establecido en el artículo 70 referente a la concurrencia o ausencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Partiendo de ahí, se considera que la Sala de lo Constitucional debe enmarcar la nueva pena al señor Dennis Orlando Henríquez a razón de doce años, ya que se encuentra en el rango solicitado por esta defensa, y si se van a valorar agravantes consintiendo lo argumentado por el Ministerio Público como representante de los intereses del Estado, y al ser el referido señor parte de esa sociedad, en aras de una igualdad de armas; si la Sala considera que existe la agravante 1) del articulo 240 del Código Penal vigente, el cual establece una pena de doce a quince años al delito de secuestro agravado; debió además la Sala valorar que nunca había delinquido previo al hecho del secuestro y nunca se tuvo noticia de que se haya opuesto a la detención o intentado darse a la fuga después de haber sido detenido. CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, mismo que podrá interponerse en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho; misma que fue efectuada por la tabla de avisos del despacho a la abogada MARIA DOLORES ARAMBU MEDINA en fecha veinte de septiembre de dos mil veinticuatro, interponiéndose el recurso de reposición en fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro, según consta en la pieza de mérito.CONSIDERANDO (3): Que revisado que ha sido el recurso de reposición planteado por la recurrente y la sentencia dictada en fecha catorce de junio de dos mil veinticuatro por esta Sala, se aprecia que no son de recibo las exposiciones planteadas por la recurrente en el recurso de reposición interpuesto en fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro, puesto que tal como lo manifiesta en el mismo, al señor DENNIS ORLANDO HENRIQUEZ PAZ, se le condenó por el delito de secuestro a una pena de veinte años como pena principal y la inhabilitación absoluta e interdicción civil como penas accesorias y siendo que tal como quedó plasmado en la sentencia dictada por esta Sala en fecha catorce de junio de do mil veinticuatro, la pena impuesta en la sentencia venida en revisión se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad establecida en el articulo 239 del Código Penal vigente; contemplando asimismo como pena principal la prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena; pena que no se encontraba contemplada en la legislación anterior. Aunado a ello, se constató la concurrencia de las agravantes 1 y 7 contemplada en el articulo 240 del mismo cuerpo legal, lo que aumenta la pena abstracta aplicable al referido señor; por tanto, se concluye no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal al no ser más beneficiosa en relación a la legislación anterior. CONSIDERANDO (4): En este orden de ideas, esta Sala encuentra que las pretensiones expresadas por la recurrente en el recurso de reposición, al no encontrarse dentro del ámbito de la justicia constitucional y dada la naturaleza de los derechos que se estiman violentados con el acto reclamado, por las razones antes expuestas, resulta procedente declarar no ha lugar el presente recurso de reposición intentado en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188, 189, 222 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 239, 240 numerales 1 y 7 del Código Penal, 119, 120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada MARIA DOLORES ARAMBU MEDINA en la sentencia del recurso de revisión penal presentado por la peticionaria a favor del señor DENNIS ORLANDO HENRIQUEZ PAZ, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha catorce de junio de dos mil veinticuatro; por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y ORDENA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha catorce de junio de dos mil veinticuatro, y resolución de fecha once de octubre de dos mil veinticuatro recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1396-2021CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL