Sentencia RP-1388-21 — Registro 18519
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del Principio de retroactividad en materia penal por suponerlos responsables del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
No obstante, mediante el decreto legislativo No. 93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal de lavado de activos, ya no se establece como modalidad criminosa que el sujeto no tenga justificación lícita de los activos, determinando el legislador que este supuesto de hecho no debe ser reprochable penalmente, debiendo el Ministerio Público acreditar que los activos son productos de un delito grave y a los cuales busca dárseles condición de licitud. En el caso bajo estudio, en el hecho probado de la sentencia solo establece que los sentenciados ostentaba una cantidad de dinero del cual no acreditaron la justificación lícita de su procedencia. No se establece que los activos sean producto directo o indirecto de las diferentes acciones que describe y exige el tipo penal o de un delito grave. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados no encaja en la descripción de la nueva norma penal convirtiéndolo en atípico al no tener relevancia jurídico penal con la nueva legislación. Por otra parte, la fiscalía expuso en síntesis que no procedía la retroactividad de la ley penal arguyendo que dicha reforma contraviene disposiciones garantizadas en el bloque de constitucional y solicita “se decrete inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el decreto legislativo 93-2021 en lo atinente “que no tenga causa de justificación económica o licita de su procedencia” por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte”. Considera que se violenta el numeral 7 del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados parte a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen licito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno; y, la convención de Palermo que en su artículo 12 numeral 7) que dice: “Los Estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas”; así como también considera lesionados el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. De lo antes expuesto, la Sala de lo Constitucional pone de relieve que los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República establecen que «Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales», y que, «los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno», se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño. En este sentido, haciendo un análisis de lo peticionado por la fiscalía, la Sala no encuentra una relación directa de las normas convencionales que invoca con el caso sometido a estudio, el núcleo de este caso es sobre un tipo penal, su morfología objetiva para determinar los supuestos de hechos hipotéticos sancionables por la norma penal como última ratio, y los artículos convencionales invocados se refieren al decomiso e incautación de bienes de origen ilícito; por lo tanto, no establecen en sí un tipo penal conformado por una descripción objetiva que esté conminado con una pena. Por lo antes expuesto, la Sala de lo Constitucional concluye que es procedente la aplicación retroactiva de la ley penal en favor de los señores JORGE LUIS BULGUIN THORPE y CÁNDIDO MANA ORTEGA; pues la conducta por la que fueron condenados no tiene tipificación en la nueva norma penal, por lo que es procedente resolver de conformidad a lo establecido en el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que proceda a conceder la inmediata libertad de los sentenciados, sin perjuicio de otras causas penales que tengan pendientes; la restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa y el cese de la inhabilitación absoluta, con devolución de los efectos del comiso, si ello es posible.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro. VISTA: Para dictar sentencia en el recurso de revisión penal, interpuesto por los abogados Brenda Janeth Cruz Hernández y Rony Alfredo Lanza Cruz, a favor de los señores Cándido Mena Ortega y Jorge Luis Bulguin Thorpe, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional con sede en el departamento de Francisco Morazán, de fecha veinte de enero de dos mil veintiuno, con relación a la causa que se instruyó contra los señores Cándido Mena Ortega y Jorge Luis Bulguin Thorpe, por haber sido condenados por el delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. hechos probados de la sentencia venida en revisión “PRIMERO: En fecha diecisiete de diciembre del años dos mil diecisiete, en horas de la mañana, los señores JORGE LUIS BULGUIN THORPE Y CANDIDO MENA ORTEGA de nacionalidad panameña, se encontraban en la terminal aérea Internacional del Aeropuerto Toncontin de la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, ya que se disponían a abordar un vuelo de la Aerolínea Copa, con rumbo a la ciudad de Panamá, y cuando sus respectivos equipajes de mano fueron examinados en el punto de control de Rayos X, las autoridades de seguridad aeroportuaria se percataron que portaban paquetes extraños, por lo cual se les practicó una inspección manual más minuciosa, resultando que la maleta color negro, marca Samsonite del señor CANDIDO MENA tenía tres compartimentos falsos en los cuales iban escondidos igual número de paquetes de dólares, que sumaban la cantidad de sesenta mil dólares, mientras que el equipaje de mano del señor JORGE LUIS BULGUIN THORPE una maleta negra marca Swiss Brand tenía igualmente cuatro compartimentos falsos donde levaba escondida la cantidad de doscientos sesenta mil cien dólares, los cuales ninguno de los dos pasajeros había declarado a las autoridades aduaneras hondureñas ya que no contaban con una justificación económica licita de su procedencia.” ANTECEDENTES 1. En fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, la abogada Elsy Andino Cruz, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Cándido Mena Ortega y Jorge Luis Bulguin Thorpe, por suponerlos responsables del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. (Folios 2-8 del antecedente). 2. El Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional con sede en el departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de enero de dos mil veintiuno, dictó sentencia mediante la cual resolvió: “…PRIMERO: Condenar al señor JORGE LUIS BULGUIN THORPE como autor de un delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA HACIENDA PUBLICA a la pena principal de diez (10) AÑOS DE PRISION, la cual deberá cumplir en el establecimiento penal que corresponda conforme a la ley, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, descontándose el tiempo que se ha encontrado privado de libertad por esta causa; asimismo también se le condena como pena principal al pago de una multa del 150% de los lavado, equivalente a nueve millones ciento veintinueve mil quinientos diez lempiras, la cual deberá enterar a la Tesorería General de la República y se le condena a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, por el tiempo que dure la pena principal. SEGUNDO: Condenar al señor CANDIDO MENA ORTEGA como autor de un delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA HACIENDA PUBLICA a la pena principal de ocho (5) AÑOS DE PRISION, la cual deberá cumplir en el establecimiento penal que corresponda conforme a la ley, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, descontándose el tiempo que se ha encontrado privado de libertad por esta causa: asimismo también se le condena como pena principal al pago de una multa del 50% de los lavado, equivalente a setecientos dos mil lempiras, la cual deberá enterar a la Tesorería General de la República y se le condena a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, por el tiempo que dure la pena principal. TERCERO: Se declara a los condenados responsables civilmente. CUARTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: Se declara el comiso de las siguientes evidencias: 1) Respecto al señor CANDIDO MENA un celular marca Samsung, copias de álbum fotográfico de los dólares incautados, documentos personales, pases de abordar, maleta de mano Samsonite, computadora laptop marca Toshiba y tres paquetes de dólares que suman un total de sesenta mil dólares americanos, que de acuerdo al factor de cambio vigente al momento de la incautación (23.4 lempiras X dólar) equivalen a UN MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL LEMPIRAS. 2) En cuanto al señor JORGE LUIS BULGUIN THORPE dos celulares marca Huawei. boleto aéreo, declaración de aduana, memoria USB marca Kinstong, disco duro extraíble, computadora laptop Toshiba, cuatro paquetes de dólares que suman un total de doscientos sesenta mil cien dólares americanos, que de acuerdo al factor de cambio vigente al momento de la incautación (23.4 lempiras X dólar) equivalen a SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS. SEXTO: Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales. ASÍ LO PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS.” (Folios 530-541 del antecedente) 3. En fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por los abogados Brenda Janeth Cruz Hernández y Rony Alfredo Lanza Cruz, a favor de los señores Cándido Mena Ortega y Jorge Luis Bulguin Thorpe, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para sus representados. (Folios 1-5 del recurso de mérito). 4. Se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, en fecha uno de junio de dos mil veintitrés, ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado José Ricardo Pineda Medina, con la comparecencia de la abogada Sobeida Isabel Zapata Grande, en su condición de fiscal del Ministerio Público y los abogados Dexa Estela Antúnez Flores, actuando en su condición de apoderada legal del señor Jorge Luis Bulguin Thorpe y Rony Alfredo Lanza Cruz, actuando en su condición de apoderado legal del señor Cándido Mena Ortega. (Folios 28-32 del recurso de mérito). FUNDAMENTACIÓN I. Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. II. Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha uno (1) de junio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada Dexa Estela Antunez Flores, en representación del señor Jorge Luis Bulguin Thorpe, el abogado Rony Alfredo Lanza Cruz, en representación del señor Candido Mena Ortega, como revisionistas; la abogada Sobeida Isabel Zapata Grande, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña; y, el abogado Juan Fernando Molina Godoy, procurador de la Procuraduría General de la República. La abogada Dexa Estela Antunez Flores, en representación del señor Jorge Luis Bulguin Thorpe, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que ratifica su recurso de revisión en cada una de sus partes, y apunta que los presupuestos que se tomaron en cuenta para condenar a su representado (decreto 130-2017) disponía en el artículo 438 que era típica o penal la acción de no justificar tanto bienes como activos fue reformado mediante decreto número 93-2021, en donde se elimina por completo la mera no justificación tal como lo refiere el artículo 439, por lo tanto es procedente aplicar la retroactividad de la ley, en consecuencia solicita se decrete sobreseimiento definitivo a favor de su representado. La abogada Sobeida Isabel Zapata Grande en su condición de fiscal del Ministerio Público manifestó que los señores CANDIDO MANA ORTEGA y JORGE LUIS BULGUIN THORPE, fueron condenados por el delito de lavado de activos de conformidad a lo dispuesto en el articulo 439 del Código Penal (decreto 130-2017), si bien es cierto fue reformado mediante decreto 93-2021, cuya aplicación solicita el revisionista, no obstante, la reforma del artículo en comento derogó lo atinente a no tener causa o justificación económica licita de la procedencia de los activos, no menos cierto es, que la reforma contraviene disposiciones de carácter convencional contenidas en el numeral 7) del artículo 5 de la convención de Viena, la convención de Palermo en su artículo 12 numeral 7) y 26; la Carta de las Naciones Unidas, párrafo 2 del artículo 2. En razón de ello el Ministerio Público solicita aplique el respectivo control de convencionalidad y decrete la inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el decreto 93-2021 en lo atinente “que no tenga causa o justificación económica o lícita de su procedencia”, por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte. Aunado a lo anterior, el ente acusador manifiesta presentó ante la Sala de lo constitucional recurso de inconstitucionalidad por vía de acción por razón de forma y contenido contra el decreto legislativo número 93-2021, publicado en el diario oficial la gaceta número 35,750 de fecha 01 de noviembre del 2021, por considerar colisionar con el contenido esencial de los artículos 16, 18, 63, 232 y 320 de la ley fundamental. Concluyendo que NO SE OTORGE la presente acción de revisión. El abogado Juan Fernando Molina Godoy, en su condición de representante de la Procuraduría General de la República, quien expone que no se debe otorgar el recuso solicitado en virtud que transgrede tratados internacionales, ratificando lo manifestado por el Ministerio Público. El abogado Rony Alfredo Lanza Cruz, en representación del señor Cándido Mena Ortega, de manera resumida argumenta que en virtud de la reforma al articulo 438 del Código Penal mediante decreto 91-2021, su representado se vuelve signatario de ser sujeto del principio de retroactividad, por lo que solicita sea sobreseído. Al respecto la abogada Sobeida Isabel Zapata Grande en su condición de fiscal del Ministerio Público y el abogado Juan Fernando Molina Godoy, en su condición de representante de la Procuraduría General de la República, mantienen la postura que no se otorgue el recurso de revisión. III. Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. IV. Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a los señores JORGE LUIS BULGUIN THORPE, la pena principal de diez (10) AÑOS DE PRISION y una multa del 150% de lo lavado, consistente en nueve millones ciento veintinueve mil quinientos diez lempiras (L. 9,129,510.00); a CÁNDIDO MANA ORTEGA la pena de cinco (5) AÑOS DE PRISIÓN y una multa de 50% de lo lavado, equivalente a setecientos dos mil lempiras (L.702,000.00); por ser autores penalmente responsables del delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. En el caso bajo estudio, la Sala de lo Constitucional identifica tres etapas procesales distintas a considerar: i. El momento del dictado de la sentencia condenatoria firme venida en revisión de fecha veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021), en el cual se sancionó la conducta del lavado de activos bajo la vigencia del decreto legislativo 130-2017, que contiene el Código Penal Vigente a partir del veinticinco (25) de junio de dos mil veinte (2020); ii. El momento de la interposición del recurso de revisión de fecha tres (3) de diciembre de dos mil veintidós (2022), presentado bajo la vigencia del decreto legislativo 93-2021, que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017 contentivo del Nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal de lavado de activos; y, iii. La presente fecha del dictado de la sentencia de revisión, en el cual se encuentra en vigencia el decreto legislativo 43-2023, mediante el cual se reformó el decreto legislativo 93-2021 en lo atinente a las disposiciones que reforman el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017 y lo vuelven a su estado anterior al de la reforma. Aclarado lo anterior, la problemática de determinar cuál es el decreto legislativo que se debe tomar en consideración para hacer el análisis de ponderación de retroactividad de la ley penal se resume a la descripción objetiva del tipo penal de lavado de activos contenida en el decreto legislativo 130-2017 y la descripción objetiva del tipo penal de lavado de activos contenida en el decreto legislativo 93-2021. Para dictar el fallo condenatorio, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, aplicó lo dispuesto en el artículo 439 del decreto 130-2017, entrado en vigencia a partir del 25 de junio de 2020, y el cual establecía como una de sus modalidades criminosas para la realización del delito, la no justificación de la procedencia lícita de los activos; es decir, según la construcción objetiva del tipo penal, bastaba al ente acusador demostrar la no justificación legal de los activos sin necesidad de que procedan de algún delito de los enumerados en el tipo penal o algún delito considerado grave. Por su parte, los sentenciado devenían obligados a acreditar la condición de licitud de los activos en descargo de la acusación o, que no procedían de un delito de los enlistados en el tipo penal o considerado grave. No obstante, mediante el decreto legislativo No. 93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal de lavado de activos, ya no se establece como modalidad criminosa que el sujeto no tenga justificación lícita de los activos, determinando el legislador que este supuesto de hecho no debe ser reprochable penalmente, debiendo el Ministerio Público acreditar que los activos son productos de un delito grave y a los cuales busca dárseles condición de licitud. En el caso bajo estudio, en el hecho probado de la sentencia solo establece que los sentenciados ostentaba una cantidad de dinero del cual no acreditaron la justificación lícita de su procedencia. No se establece que los activos sean producto directo o indirecto de las diferentes acciones que describe y exige el tipo penal o de un delito grave. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados no encaja en la descripción de la nueva norma penal convirtiéndolo en atípico al no tener relevancia jurídico penal con la nueva legislación. Por otra parte, la fiscalía expuso en síntesis que no procedía la retroactividad de la ley penal arguyendo que dicha reforma contraviene disposiciones garantizadas en el bloque de constitucional y solicita “se decrete inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el decreto legislativo 93-2021 en lo atinente “que no tenga causa de justificación económica o licita de su procedencia” por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte”. Considera que se violenta el numeral 7 del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados parte a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen licito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno; y, la convención de Palermo que en su artículo 12 numeral 7) que dice: “Los Estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas”; así como también considera lesionados el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. De lo antes expuesto, la Sala de lo Constitucional pone de relieve que los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República establecen que «Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales», y que, «los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno», se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño. En este sentido, haciendo un análisis de lo peticionado por la fiscalía, la Sala no encuentra una relación directa de las normas convencionales que invoca con el caso sometido a estudio, el núcleo de este caso es sobre un tipo penal, su morfología objetiva para determinar los supuestos de hechos hipotéticos sancionables por la norma penal como última ratio, y los artículos convencionales invocados se refieren al decomiso e incautación de bienes de origen ilícito; por lo tanto, no establecen en sí un tipo penal conformado por una descripción objetiva que esté conminado con una pena. Por lo antes expuesto, la Sala de lo Constitucional concluye que es procedente la aplicación retroactiva de la ley penal en favor de los señores JORGE LUIS BULGUIN THORPE y CÁNDIDO MANA ORTEGA; pues la conducta por la que fueron condenados no tiene tipificación en la nueva norma penal, por lo que es procedente resolver de conformidad a lo establecido en el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que proceda a conceder la inmediata libertad de los sentenciados, sin perjuicio de otras causas penales que tengan pendientes; la restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa y el cese de la inhabilitación absoluta, con devolución de los efectos del comiso, si ello es posible. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la garantía constitucional de revisión penal interpuesta por los abogados Brenda Janeth Cruz Hernández y Rony Alfredo Lanza Cruz en favor de Cándido Mena Ortega y Jorge Luis Bulguin Thorpe. SEGUNDO: Anula Parcialmente la sentencia definitiva firme dictada por Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, en fecha veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021). TECERO: Modifica la sentencia revisada, en el sentido dejar sin valor y efecto las penas principales y accesorias impuestas contra los señores Cándido Mena Ortega y Jorge Luis Bulguin Thorpe, por el delito de lavado de activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, ordenando la inmediata libertad de los sentenciados, sin perjuicio de otras causas penales que tengan pendientes; la restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa y el cese de la inhabilitación absoluta, con devolución de los efectos del comiso, si ello es posible. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Bustillo Hernández. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA DE LO SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, recaídas en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-1388-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL