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Sentencia RP-1342-22 — Registro 18983

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión, contra la sentencia condenatoria por el delito de secuestro, no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique; La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que esta sala; al argumentar su resolución establece claramente que en la sentencia que hoy se estudia en revisión penal se impuso a MANUEL ALAS LOPEZ Y OTROS, la pena de veintiún (21) años de reclusión por ser autor penalmente responsable de un delito de Secuestro, en perjuicio de RAFAEL GUERRA HERNANDEZ; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado MANUEL ALAS LOPEZ, está prevista en el Código Penal 130-2017 en los artículos 239 y 240 como delito de secuestro, cuyas penas principales son: prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. Según los hechos probados de la sentencia, este margen abstracto debe aumentarse de quince (15) a veinte (20) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena (de treinta (30) a cuarenta (40) años), en virtud de concurrir dos agravantes específicas, las contempladas en el artículo 240 numerales 4) y 7) del NCP 130-2017, las cuales establecen las circunstancias de que la persona secuestrada es menor de dieciocho años, mujer embarazada, Persona de avanzada edad, especialmente vulnerable., en este caso la víctima (José Rafael Guerra Hernández) es un señor de la Tercera Edad según se desprende de su número de identidad 1313-1948-00202; así mismo el numeral siete(7) que señala que el delito se cometa en el ámbito de un grupo delictivo organizado, entendiendo por este cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves (artículo 136 del NCP).CONSIDERANDO: Que El artículo 616 del Código Penal prevé (CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MÁS FAVORABLE) que: “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique; La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal.; que en el caso en revisión las penas de reclusión a imponer conforme el nuevo código seria en consideración al límite máximo dadas las circunstancias agravantes señaladas lo que corresponde a Veinte(20) años de Prisión; igualmente la nueva norma señala como pena menos grave que se debe imponer para este delito es la prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena (de treinta (30) a cuarenta (40) años); por lo que la pena impuesta en instancia de Veintiún (21) años se encuentra dentro del mismo margen de la pena de prisión a imponer conforme nuevo código, no así conforme a la pena de prohibición de residencia por el doble tiempo de condena; por lo que no resulta mas beneficiosa la nueva legislación penal, como lo invoca el revisionista. en consecuencia y conforme se desprende de la motivación de la sentencia impugnada, esta se encuentra apegada a derecho y en consecuencia procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones para proceder a su enmienda.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia.-Sala de lo Constitucional Sentencia de revisión penal En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil veinticuatro. En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-1342-2022, promovido por el Abogado OSCAR DANILO MADRID en favor de MANUEL ALAS LOPEZ contra la sentencia de fecha cinco (5) de Agosto de dos mil once (2011), dictada por Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copan mediante la cual falló: : “FALLA: “PRIMERO.- Condenar a MANUEL ALAS LÓPEZ, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como responsable penalmente a título de autor material de un delito de SECUESTRO, ya definido y circunstanciado, en perjuicio de JOSÉ RAFAEL GUERRA HERNÁNDEZ, a la pena de VEINTIUN (21) AÑOS DE RECLUSIÓN, debiéndose abonar el tiempo que ha permanecido privado de libertad por esta causa, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional, de esta ciudad, quedando sujeto a trabajar durante el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario……. CUARTO. - Condenar a MANUEL ALAS LOPEZ, ARLES RODNEY CHACÓN CRUZ y a MAYRA GUTIERREZ SOTO, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal. QUINTO. - Declarar a MANUEL ALAS LOPEZ, ARLES RODNEY CHACÓN CRUZ y a MAYRA GUTIERREZ SOTO, responsables civilmente por el delito en el que se les ha condenado. SEXTO. - No procede condenar en costas a MANUEL ALAS LOPEZ, ARLES RODNEY CHACÓN CRUZ y a MAYRA GUTIERREZ SOTO. SEPTIMO. - No procede el comiso. Son partes: 1) El Abogado OSCAR DANILO MADRID, en favor de MANUEL ALAS LOPEZ, como revisionista;2)La Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO, fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. PRIMERO: El día jueves doce de febrero, del año dos mil nueve, a eso de las siete de la mañana, varias personas armadas entraron a la Bodega Guerra, ubicada en el desvió a la Pintada en la Entrada, Nueva Arcadia, departamento de Copan, de donde sustrajeron al señor JOSE RAFAEL GUERRA HERNANDEZ y lo introdujeron a un vehículo de su propiedad, luego lo vendaron y lo trasladaron a una casa ubicada en aldea casa quemada en el Municipio de Maquelizo, departamento de Santa bárbara, donde lo mantuvieron sin su voluntad al cuidado y vigilancia de MANUEL ALAS LOPEZ,ARLES RODNEY CHACON CRUZ Y MAYRA GUTIERREZ SOTO. SEGUNDO: En la misma fecha, en horas de la tarde, en casa del señor JOSE RAFAEL GUERRA HERNANDEZ, José Rafael Guerra Santos, hijo del señor Guerra Hernández recibió una llamada al teléfono fijo, en la cual se le decía, que tenían a su padre y que diera un número telefónico móvil para llamarle después. TERCERO: El día viernes trece del mes y año, en horas de la mañana JOSE RAFAEL FUERRA SANTOS, de nuevo recibió una llamada a un tefono móvil 99-74-69-68 en la cual se le pedía la cantidad de ocho Millones de lempiras, a cambio de la liberación del señor JOSE RAFAEL GUERRA HERNANDEZ.ANTECEDENTES PRIMERO: Del inicio del proceso penal. Que en fecha catorce de febrero del dos mil nueve, el Ministerio Público, a través de su Agente de Tribunales, Abogada MERCEDES DUBON, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA, DEPARTAMENTO DE COPAN, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor MANUEL ALAS LOPEZ y otros por suponerlos responsables del delito de SECUESTRO, en perjuicio del señor JOSE RAFAEL GUERRA. (Folios 05 al 08 de la pieza de Primera Instancia.)SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Que seguido el procedimiento el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, dictó sentencia en fecha cinco de agosto de dos mil once, en la cual: “FALLA: “PRIMERO.- Condenar a MANUEL ALAS LÓPEZ, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como responsable penalmente a título de autor material de un delito de SECUESTRO, ya definido y circunstanciado, en perjuicio de JOSÉ RAFAEL GUERRA HERNÁNDEZ, a la pena de VEINTIUN (21) AÑOS DE RECLUSIÓN, debiéndose abonar el tiempo que ha permanecido privado de libertad por esta causa, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional, de esta ciudad, quedando sujeto a trabajar durante el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. SEGUNDO.- Condenar a ARLES RODNEY CHACÓN CRUZ, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como responsable penalmente a título de autor material de un delito de SECUESTRO, ya definido y circunstanciado, en perjuicio de JOSÉ RAFAEL GUERRA HERNÁNDEZ, a la pena de VEINTIUN (21) AÑOS DE RECLUSIÓN, debiéndose abonar el tiempo que ha permanecido privado de libertad por esta causa, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional, de esta ciudad, quedando sujeto a trabajar durante el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO.- Condenar a MAYRA GUTIERREZ SOTO do generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como responsable penalmente a título de autora material de un delito de SECUESTRO, ya definido y circunstanciado, en perjuicio de JOSÉ RAFAEL GUERRA HERNÁNDEZ, a la pena de VEINTIUN (21) AÑOS DE RECLUSIÓN, debiéndose abonar el tiempo que ha permanecido privado de libertad por esta causa, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional, de esta ciudad, quedando sujeto a trabajar durante el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. CUARTO. - Condenar a MANUEL ALAS LOPEZ, ARLES RODNEY CHACÓN CRUZ y a MAYRA GUTIERREZ SOTO, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal. QUINTO. - Declarar a MANUEL ALAS LOPEZ, ARLES RODNEY CHACÓN CRUZ y a MAYRA GUTIERREZ SOTO, responsables civilmente por el delito en el que se les ha condenado. SEXTO. - No procede condenar en costas a MANUEL ALAS LOPEZ, ARLES RODNEY CHACÓN CRUZ y a MAYRA GUTIERREZ SOTO. SEPTIMO. - No procede el comiso. OCTAVO.- Una vez firme la presente sentencia, que se envíe, junto con sus antecedentes al Juzgado de Ejecución Penal de esta sección Judicial y certificación de la misma al Director de la Penitenciaria Nacional de esta ciudad, para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE ESTA SENTENCIA A LAS PARTES PROCESALES.” (Folios 183 al 197 de los antecedentes) TERCERO: De la Interposición del recurso de revisión penal y su admisión por la sala de lo Constitucional. Que en fecha siete de septiembre del dos mil veintidós, comparecio ante la Sala de lo Constitucional el Abogado OSCAR DANILO MADRID presentando Recurso de Revisión Penal a favor del señor MANUEL ALAS LOPEZ, el cual fue registrado con el número SCO-1342-2022; contra la sentencia de fecha cinco de agosto de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan; manifestando el recurrente que promueve el presente recurso en base al principio de retroactividad de la ley penal, solicitando se apliquen las disposiciones más favorables contenidas en el nuevo Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo 130-2017 ya que el artículo 239 de la cita norma señala para este delito de Secuestro una pena abstracta de Ocho (8) a doce(12) años y prohibición de residencia por el doble tiempo de la condena; por lo que en comparación con el rango de pena en el código penal derogado decreto 144-83 que era de veinte(20) a treinta(30) años, razón por la cual es imperativo que esta sala revise oficiosamente la sentencia condenatoria y aplique de forma retroactiva las disposiciones más favorables al Condenado, fundamentando su acción en el artículo 96 de la Ley de Justicia Constitucional. (Folios 01 al 02 de la pieza de antecedentes) CUARTO: De la celebración de la audiencia de Oposición y presentación de pruebas. Que en fecha veintiséis de octubre del dos mil veintitrés, se celebró Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, en recurso registrado bajo el número SCO-1342-2022, habiendo comparecido el Abogado OSCAR DANILO MADRID, en su condición de apoderado legal del señor MANUEL ALAS LOPEZ y la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpuso los recursos de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de sus representados, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión que SE OTORGUE, la presente acción de revisión. (Folios 27 al 30 del recurso) Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”.El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” .CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha veintiséis de octubre (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado OSCAR DANILO MADRID, en favor de MANUEL ALAS LOPEZ, como revisionista; y, la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELSQUEZ fiscal del Ministerio Público. El abogado Oscar Danilo Madrid, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que de acuerdo a los artículos 615 y 616 del NCP 130-2017, favorece a su representado la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal, ya que de conformidad con el artículo 239 del NCP 130-2017 corresponde la imposición de una pena abstracta de ocho (8) a doce (12) años de prisión, por lo que solicita se dicte una nueva sentencia bajo los parámetros establecidos en la norma penal vigente.La agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que, de los hechos probados de la sentencia se desprende que la víctima fue privada de su libertad por parte del condenado MANUEL ALAS LOPEZ junto a otros individuos, por lo que los hechos se realizaron en el marco de una estructura criminal organizada aprovechando las circunstancias del lugar, en la Norma penal vigente en artículo 240 Secuestro Agravado, cuya pena es de doce a quince años, y prohibición de reincidencia por el doble tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes;7) el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado(artículo 136 del mismo cuerpo legal ) con el propósito de obtener una determinada suma de dinero; por lo que al comparar las penas entre las legislaciones penales referidas se Concluye que las disposiciones contenidas en el NCP 130-2017 son más favorables para el sentenciado, por lo que es procedente la aplicación del principio de retroactividad. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal se impuso a MANUEL ALAS LOPEZ Y OTROS, la pena de veintiún (21) años de reclusión por ser autor penalmente responsable de un delito de Secuestro, en perjuicio de RAFAEL GUERRA HERNANDEZ; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito.La conducta por la cual fue condenado MANUEL ALAS LOPEZ, está prevista en el Código Penal 130-2017 en los artículos 239 y 240 como delito de secuestro, cuyas penas principales son: prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. Según los hechos probados de la sentencia, este margen abstracto debe aumentarse de quince (15) a veinte (20) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena (de treinta (30) a cuarenta (40) años), en virtud de concurrir dos agravantes específicas, las contempladas en el artículo 240 numerales 4) y 7) del NCP 130-2017, las cuales establecen las circunstancias de que la persona secuestrada es menor de dieciocho años, mujer embarazada, Persona de avanzada edad, especialmente vulnerable., en este caso la víctima (Jose Rafael Guerra Hernández es un señor de la Tercera Edad según se desprende de su numero de identidad 1313-1948-00202; así mismo el numeral siete(7) que señala que el delito se cometa en el ámbito de un grupo delictivo organizado, entendiendo por este cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves (artículo 136 del NCP). A partir de lo expuesto, resulta evidente que de conformidad con el artículo 616 del NCP 130-2017 que señala que la comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular los beneficios penitenciarios que existan entre una y otra legislación, por lo que en este caso no corresponde la aplicación retroactiva del NCP, porque lejos de beneficiar al sentenciado con la aplicación de ambas penas principales más bien le perjudica. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado OSCAR DANILO MADRID, en favor del señor MANUEL ALAS LOPEZ. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA CONSTITUCIONAL, Tegucigalpa, M.D.C., siete de octubre de dos mil veintitres. VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el Abogado OSCAR DANILO MADRID contra la sentencia de fecha Veintiocho de agosto del dos mil veinticuatro, dictada por este Tribunal en el recurso de Revisión Penal interpuesto en favor del señor MANUEL ALAS LOPEZ, que declara sin lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal, contra la sentencia de fecha cinco de agosto del dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copan mediante la cual “FALLA: “PRIMERO.- Condenar a MANUEL ALAS LÓPEZ, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como responsable penalmente a título de autor material de un delito de SECUESTRO, ya definido y circunstanciado, en perjuicio de JOSÉ RAFAEL GUERRA HERNÁNDEZ, a la pena de VEINTIUN (21) AÑOS DE RECLUSIÓN, debiéndose abonar el tiempo que ha permanecido privado de libertad por esta causa, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional, de esta ciudad, quedando sujeto a trabajar durante el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario……. CUARTO. - Condenar a MANUEL ALAS LOPEZ, ARLES RODNEY CHACÓN CRUZ y a MAYRA GUTIERREZ SOTO, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal. QUINTO. - Declarar a MANUEL ALAS LOPEZ, ARLES RODNEY CHACÓN CRUZ y a MAYRA GUTIERREZ SOTO, responsables civilmente por el delito en el que se les ha condenado. SEXTO. - No procede condenar en costas a MANUEL ALAS LOPEZ, ARLES RODNEY CHACÓN CRUZ y a MAYRA GUTIERREZ SOTO. SEPTIMO. - No procede el comisoCONSIDERANDO: Que el acto por el cual el peticionario solicita reposición de la revisión; es al considerar que en el presente caso si procede aplicar la retroactividad de la ley penal ya que aun y con las agravantes, que enmarcan los hechos en el tipo penal vigente la pena a imponer seria de quince a veinte años; y que su representado fue condenado a la pena de veintiún años; por lo que procede a su criterio reponer el fallo y decretar en su favor la retroactividad en materia penal. CONSIDERANDO: Que esta sala; al argumentar su resolución establece claramente que en la sentencia que hoy se estudia en revisión penal se impuso a MANUEL ALAS LOPEZ Y OTROS, la pena de veintiún (21) años de reclusión por ser autor penalmente responsable de un delito de Secuestro, en perjuicio de RAFAEL GUERRA HERNANDEZ; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado MANUEL ALAS LOPEZ, está prevista en el Código Penal 130-2017 en los artículos 239 y 240 como delito de secuestro, cuyas penas principales son: prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. Según los hechos probados de la sentencia, este margen abstracto debe aumentarse de quince (15) a veinte (20) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena (de treinta (30) a cuarenta (40) años), en virtud de concurrir dos agravantes específicas, las contempladas en el artículo 240 numerales 4) y 7) del NCP 130-2017, las cuales establecen las circunstancias de que la persona secuestrada es menor de dieciocho años, mujer embarazada, Persona de avanzada edad, especialmente vulnerable., en este caso la víctima (José Rafael Guerra Hernández) es un señor de la Tercera Edad según se desprende de su número de identidad 1313-1948-00202; así mismo el numeral siete(7) que señala que el delito se cometa en el ámbito de un grupo delictivo organizado, entendiendo por este cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves (artículo 136 del NCP).CONSIDERANDO: Que El artículo 616 del Código Penal prevé (CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MÁS FAVORABLE) que: “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique; La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal.; que en el caso en revisión las penas de reclusión a imponer conforme el nuevo código seria en consideración al límite máximo dadas las circunstancias agravantes señaladas lo que corresponde a Veinte(20) años de Prisión; igualmente la nueva norma señala como pena menos grave que se debe imponer para este delito es la prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena (de treinta (30) a cuarenta (40) años); por lo que la pena impuesta en instancia de Veintiún (21) años se encuentra dentro del mismo margen de la pena de prisión a imponer conforme nuevo código, no así conforme a la pena de prohibición de residencia por el doble tiempo de condena; por lo que no resulta mas beneficiosa la nueva legislación penal, como lo invoca el revisionista. en consecuencia y conforme se desprende de la motivación de la sentencia impugnada, esta se encuentra apegada a derecho y en consecuencia procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones para proceder a su enmienda. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la república 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre los Derechos Humanos; 99, 119, 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado OSCAR DANILO MADRID Y MANDA: Que se extienda la certificación Al recurrente del fallo recaído en el recurso de mérito y en definitiva se de cumplimiento a lo ordenado en la sentencia.- NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, y Resolución de fecha siete de octubre de dos mil veinticuatro recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1342-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL